Rodolfo Soriano-Núñez Lunes, 22 de Diciembre del 2025
Al encubrirse mutuamente, los clérigos, anglicanos, católicos o de otro tipo corren el riesgo de destruir iglesias y fieles.
La enfermedad ecuménica afecta a clérigos de distintas tradiciones religiosas. El síntoma más notable es la voluntad de los clérigos para ignorar y silenciar a las víctimas.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
Las últimas semanas de 2025 revelaron una enfermedad compartida en todo el mundo cristiano. Es la historia de cómo el silencio, los “errores administrativos” y las “soluciones geográficas” son parte de estrategias complejas para silenciar a las víctimas de abuso sexual y reducir el riesgo institucional, independientemente de las diferencias teológicas.
La historia es sorprendentemente similar, ya sea que se desarrolle en la sede anglicana de Canterbury o en las diócesis católicas de México o Paraguay: el problema clave es cómo el sistema de “clérigos que protegen a clérigos” se convierte en una estructura institucional.
En Canterbury, la sede de la Iglesia de Inglaterra, la arzobispa electa Sarah Mullally lucha contra un escándalo similar al que derribó a su predecesor. El 11 de diciembre de 2025, Lambeth Palace, equivalente anglicano de la Curia Vaticana, admitió que ignoraron una denuncia de 2020 del Sobreviviente N durante cinco años por “errores administrativos”.
Allí, Mullally se enfrenta a una tormenta que amenaza con hundir su mandato incluso antes de su toma de posesión. Lo que sucede en Canterbury es relevante para la Comunión Anglicana y para otras organizaciones religiosas, cristianas o no, que enfrentan problemas similares.
En la Ciudad de México, un sobreviviente cuyo caso hemos seguido lucha actualmente contra la Iglesia Católica y el gobierno local para lograr de justicia en un caso que involucra también al obispo de Huesca y Jaca, España, Pedro Aguado Cuesta. Su batalla por la justicia es similar a la de los sobrevivientes paraguayos de Juan Rafael Fleitas López, quien previamente buscó refugio en México para reiniciar su carrera.
Aunque Fleitas López no pudo establecerse en México, reapareció a principios de este mes concelebrando una misa por el centenario de los Oblatos junto al cardenal Adalberto Martínez Lozano, arzobispo de Asunción. Al estar en ese altar, la institución dejaba ve su manera de limpiar su historial.
Mister Bean es el obispo
El escándalo en la Iglesia de Inglaterra es doble. Por un lado, involucra al Sobreviviente N, víctima del prolífico abusador John Smyth, quien alega que Mullally (como obispa de Londres) violó códigos disciplinarios al enviar por correo electrónico sus acusaciones confidenciales a clérigos anglicanos implicados en los abusos de Smyth.
El caso es más complejo ya que, el 11 de diciembre de 2025, Lambeth Palace admitió que la denuncia formal presentada contra Mullally en 2020 fue ignorada durante cinco años. Mientras los burócratas anglicanos supuestamente "perdían" su papeleo, también impusieron una orden que impedía al Sobreviviente N hablar, mientras protegían a la jerarquía anglicana.
La excusa para "explicar" la mala gestión del caso,"errores administrativos" y una "suposición incorrecta" sobre los deseos de la víctima, refleja pretextos similares utilizados en las curias católicas de todo el mundo; podría merecer una comedia al estilo de Mister Bean, si no fuera por el costo humano. Para el Sobrerviviente N, ese error se extendió a lo largo de mil 800 días: casi cinco años de silencio absoluto mientras su expediente permanecía inactivo.
Dejar que un expediente “descanse” tanto tiempo no puede verse como un lapso momentáneo, sino como una barrera para agotar a las víctimas y proteger a la institución. En última instancia, el tiempo corre a favor de las instituciones, incluidas las iglesias, y en contra de las personas individuales.
No debería sorprender que los sobrevivientes vean las investigaciones, auditorías y otros procedimientos como armas que las instituciones usan contra ellos, combinadas con los efectos corrosivos del tiempo.
El escándalo anglicano va más allá de las fronteras de esa denominación y ofrece una moraleja a cualquier organización religiosa, cristiana o de otra tradición. Es la moraleja de cómo los procedimientos secretos rara vez logran evitar el escándalo y a menudo se convierten en tumores que dañan a instituciones con metas nobles.
Basta mirar un ejemplo católico reciente en Guam, donde el 15 de diciembre un periódico local (contenido en inglés) publicó la noticia de la laicización de un sacerdote diez años después de que surgieran acusaciones contra él y otros líderes católicos en ese territorio estadounidense del Pacífico.
Y para ser claros: aunque John Smyth murió en 2018, su caso está muy vivo. La semana pasada, la menor de sus hijas, Fiona Rugg, reconoció el dolor de las 130 víctimas documentadas por el Reporte Makin (Makin Review) publicado en 2024 en una entrevista con la BBC.
El Reporte Makin (contenido en inglés) obligó a dimitir a Justin Welby, el entonces arzobispo de Canterbury, quien era amigo personal de Smyth y desempeñó un papel clave al autorizarlo a operar como líder espiritual laico de fieles anglicanos.
Muerte por suicidio
El otro elemento del escándalo anglicano involucra la muerte por suicidio de Alan Griffin. Al momento de su muerte, el 8 de noviembre de 2020, Griffin ya había dejado la Iglesia de Inglaterra y era, desde 2012, sacerdote católico.
Una de las razones para dejar la Comunión Anglicana fue que se convirtió en blanco de acusaciones de abuso, siendo una persona gay con VIH que sufrió las consecuencias de ser etiquetado como "enfermo de SIDA" y, más aún, de "poner en peligro a otros". Antes de su conversión al catolicismo, había intentado suicidarse dos veces en 2010.
Su muerte ocurrió tras una investigación calificada como “caótica” que inició en febrero de 2019 como parte de una auditoría interna anglicana conocida como el Informe de las Dos Ciudades o Two Cities Report (contenido en inglés), un documento no oficial, elaborado por un personaje desacreditado por su participación en al menos un fraude.
Lo que comenzó como una revisión amplia de expedientes de clérigos en Londres se convirtió en una plataforma para lo que se ha descrito como una “descarga de chismes” de un funcionario saliente que terminaría señalando a Griffin.
Según el informe de la Regla 28 del Servicio Forense británico, un procedimiento penal normal en el Reino Unido que investiga los suicidios con reglas similares a los homicidios para evitar ese tipo de muertes (contenido en inglés), Griffin se suicidó porque no soportó la presión de un proceso del que nunca conoció detalle alguno.
Aunque ya no estaba bajo la autoridad de la Iglesia de Inglaterra, pues ya era sacerdote católico, Griffin vivió bajo la sombra de este proceso administrativo durante 21 meses antes de su muerte. Aunque no existen acusaciones vigentes en su contra durante los ocho años que fue sacerdote católico, debe señalarse que ni la Iglesia Anglicana ni la Católica en Gran Bretaña fueron capaces de tratar abiertamente su situación.
La opacidad alimenta el cinismo...
A pesar de que era posible verificar su estado médico cuando estaba vivo, en un movimiento que ha sido calificado de "cinismo asombroso", la diócesis anglicana de Londres, durante el mandato de Richard Chartres (contenido en inglés), compartió el estado confidencial de VIH de Griffin con jerarcas católicos, pero omitió deliberadamente detalles relevantes de su historial de salud, incluidos problemas de salud mental e intentos previos de suicidio en 2010.
Sólo después de su muerte el forense británico aclararía que era VIH positivo con una carga viral indetectable: biológicamente incapaz de transmitir el virus.
Su suicidio ha sido descrito como una consecuencia de la difícil posición en la que se encontró, afectado por lo que él y otros clérigos anglicanos llaman una ola chismes y aislado en un proceso que carecía de toda transparencia.
Incluso si Mullally no fue responsable de compartir con la Iglesia Católica lo que era información de salud confidencial, está claro que careció de los reflejos para prever las posibles consecuencias del caso Griffin, ya que ha sido obispa de Londres desde enero de 2018. ¿Estaba al tanto de cómo se manejó ese asunto?
Ya sea que se mire el mandato de Chartres o el de Mullally en la diócesis anglicana de Londres, lo que se encuentra es que, incluso si la Iglesia de Inglaterra intentaba gestionar un escándalo, las decisiones de sus líderes mutilaron la capacidad de la organización para manejar la verdad.
El escándalo en curso en la Iglesia de Inglaterra revela lo difícil que es para las organizaciones religiosas, independientemente de la teología, dejar en manos de sus líderes la gestión de los informes de abuso sexual, pero también por qué la transparencia es probablemente la respuesta clave para abordar estos reportes.
Para los católicos, estos “desastres” anglicanos dignos de un episodio de una cinta de Mister Bean deberían resultar familiares. Demuestran que la crisis no radica en el género, el estado civil o incluso en la teología específica del sacerdocio.
Sarah Mullally, quien fue directora de Enfermería de Inglaterra y Gales y fue la funcionaria de más alto rango responsable de los estándares profesionales de aproximadamente 400 mil enfermeras, debía convertirse en la encarnación misma de una nueva era de cuidado en la Comunión Anglicana.
Más aún cuando es casi imposible ignorar el hecho de que su nombramiento tiene una “ironía letal” en su núcleo: ella, una enfermera con un historial gestionando un sistema de salud complejo, ignoró durante casi cinco años, mil 800 días, un expediente clave sobre un caso importante de abuso sexual. ¿Es posible no verlo como un error para alguien con su experiencia administrativa de alto nivel?
En lugar de mostrar su capacidad para cuidar a los fieles anglicanos, incluso antes de su toma de posesión, ha consumido su tiempo en pantalla por la necesidad de lidiar con los males del secreto de los procesos de abuso sexual que plaga tanto a las diócesis católicas como a los ministerios mormones o de la Luz del Mundo.
Lo que surge es una advertencia para las organizaciones religiosas: apostar a protocolos en los que clérigos se vigilan a sí mismos no son suficientes, pues se convierten en máquinas que protegen a quienes las dirigen.
Y alimenta más suicidios
El miércoles pasado, 17 de diciembre, Michelle Burns, una laica anglicana que fue integrante de la comisión responsable de los abusos en la diócesis de Londres, ya con Mullally al frente, ofreció una entrevista devastadora a Channel 4 News, donde detalla cómo desarrolló ideación suicida como consecuencia de la falta de voluntad de la comisión para abordar realmente los problemas. Durante la Semana Santa, como señala el video enlazado a continuación, intentó suicidarse.
Audio en inglés, subtítulos disponibles en el Panel de Control de YouTube.
Al hacerlo público, Burns viola un Acuerdo de Confidencialidad (NDA) que la jerarquía anglicana la obligaron a firmar.
Cuando la confidencialidad es la directiva principal, se convierte en un arma contra los fieles, pero eventualmente contra la propia iglesia. El resultado no es la seguridad, sino la destrucción de la confianza, el capital social y, en muchos casos, de vidas, todo en nombre de la preservación institucional.
Para la Iglesia de Inglaterra, el problema es más dañino ya que Mullally fue criticada por las diócesis más conservadoras de su iglesia en el Sur Global, donde alimentan el resentimiento contra las actitudes europeas liberales en materia sexual a las que presentan como traición a principios bíblicos. Por ello, desde su nombramiento, las congregaciones anglicanas en África han rechazado a Mullally.
Esas congregaciones anglicanas, insatisfechas desde principios de este siglo con la idea de nombrar obispas y aceptar abiertamente a personas homosexuales en posiciones de liderazgo, rechazaron a Mullally. Ahora, usan la incapacidad de Mullally para abordar el problema antes de que el problema la golpeara a ella.
El rechazo de esas comunidades a Mullally no es natural ni es fruto de las culturas locales africanas. Ha sido alimentado por campañas sistemáticas financiadas por grupos conservadores de Estados Unidos como Family Watch International, promotor de severas leyes anti-LGBTQ en África y América Latina, como prueba este texto de CNN de 2023.
Family Watch International tiene su sede en Arizona. Se ha documentado que trabaja con grupos como la Heritage Foundation, autores del llamado Project 2025, y Alliance Defending Freedom (ADF) para exportar las guerras culturales de Estados Unidos al Sur Global.
En ese sentido, Mullally, como le sucedió al finado papa Francisco durante la rebelión por Fiducia Supplicans, el documento que autoriza la bendición católica informal de parejas irregulares, sufre ataques simultáneos. Por una parte, le falló a las víctimas por “errores administrativos” para evitar una ruptura interna en su iglesia, pero los grupos conservadores atrincherados en el Sur Global, financiados por la extrema derecha estadunidense, le atacan por su propia identidad.
Como los obispos africanos usaron los secretos del Vaticano para atacar a Francisco, las congregaciones anglicanas ahora usan la incapacidad de Mullally para abordar el abuso sexual clerical. Como consecuencia, ahora ella está en riesgo de verse obligada a dimitir antes de asumir el cargo.
Aunque Mullally sigue programada para suceder a Welby, ya es víctima de un escándalo similar al que forzó, hace un año, la renuncia de Welby.
Y quizás en cualquier otra circunstancia, la obispa Mullally merecería una oportunidad para asumir realmente los poderes de la sede de Canterbury, pero dado el hecho de que su predecesor renunció en medio de su propio escándalo por la mala gestión de las acusaciones de abuso, hay un elemento de déjà vu, de Día de la Marmota, en el desarrollo de la crisis en Lambeth Palace que hace muy difícil no pensar que tal vez sería mejor para la obispa Mullally evitar más daños a la segunda iglesia cristiana más grande en medio de lo que puede convertirse en el agujero negro de un escándalo.
Lo que emerge es una advertencia: el secreto se convierte en un arma que cualquier facción puede usar. Al final, el sacerdocio masculino y “célibe” católico es tan vulnerable a esta patología como la jerarquía anglicana. La transparencia es la única cura.
Los espejos católicos
Aunque en el otro lado del mundo, en la Ciudad de México, no hay señales de un movimiento sísmico tan profundo como el que desgarra a la Comunión Anglicana estos días, es imposible asumir que las cosas están bien.
El 17 de junio de 2025, una historia de esta serie analizó el caso de un sobreviviente mexicano en ese momento identificado solo como Hernán, disponible a continuación.
Investigaciones
Nuevos casos “viejos” de abuso sexual en la Ciudad de México
Recientemente, decidió dar a conocer su nombre para seguir buscando justicia tanto en la Iglesia Católica como en los tribunales civiles. Como se relata allí, Javier Fernando Alcántara Cruz fue víctima de Miguel Flores Martínez, un sacerdote escolapio o de las Escuelas Pías, cuando era un niño de 11 años y monaguillo bajo el cuidado de Flores Martínez en la primera década de este siglo.
Como suele ser el caso en el mundo católico, los sacerdotes religiosos, es decir, los sacerdotes que son miembros de órdenes religiosas, tienen doble afiliación. Por un lado, son miembros de su orden, pero también son autorizados por el obispo local, en este caso el jefe de la arquidiócesis de la Ciudad de México, para presidir sacramentos y ceremonias y, en algunos casos, incluso son nombrados párrocos o vicarios de una parroquia determinada, o capellanes en otras entidades como escuelas, prisiones, hospitales o funerarias.
En aquel entonces, el jerarca de la arquidiócesis era el cardenal Norberto Rivera Carrera, y el vicario episcopal de la parroquia donde estaba asignado Flores Martínez era el actual obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch, así como el actual obispo de Puerto Escondido, Oaxaca, Florencio Colín Cruz.
Javier Fernando ha podido presentar una denuncia formal ante la Fiscalía en la Ciudad de México. Aunque el proceso sigue siendo incierto, las autoridades locales reconocieron la posibilidad de abrir un expediente para su caso.
En la vía eclesiástica de su caso, la arquidiócesis de la Ciudad de México también ha estado dispuesta a reconocer su propia responsabilidad en el asunto, ya que el abuso ocurrió en una parroquia dentro de esa entidad en la capital mexicana.
No está claro en este momento hasta dónde estará dispuesto a llegar el equipo del cardenal Carlos Aguiar Retes encargado de los casos de abuso sexual, pero él ya se encuentra probablemente en los últimos años de su mandato, ya que a los cardenales se les permite permanecer en el cargo hasta que cumplen 80 años, pero sería saludable para la arquidiócesis exorcizar los demonios del mandato de su predecesor.
Entregas anteriores de esta serie han analizado el legado de Rivera Carrera en la Ciudad de México (ver la historia anterior, especialmente la sección titulada “Cientos de víctimas”), y también algunos de los asuntos pendientes en el mandato de Aguiar Retes aquí, algunos de los cuales fueron la columna vertebral de la historia enlazada a continuación.
Debe señalarse que Flores Martínez ya falleció, por lo que el problema no es el de un escándalo prolongado por el juicio penal de un depredador sexual. Lo que está en juego son las responsabilidades institucionales de la arquidiócesis de México durante el mandato de Rivera Carrera, la de la orden de los escolapios en México y otros países latinoamericanos, ya que el de Flores Martínez no es el único caso.
Pero también está el asunto, no menor, de la responsabilidad del actual obispo de las diócesis de Huesca y Jaca en España, Pedro Aguado Cuesta. Él está involucrado en este y otros casos de abuso sexual a manos de miembros de su orden, porque fue, desde 2009 hasta 2025, el superior general de su orden.
En esa condición, ofreció asistencia a Javier Fernando Alcántara Cruz aunque, en cierto punto, incumplió.
El asunto podría involucrar a algunas otras diócesis mexicanas, ya que Flores Martínez permaneció activo en el ministerio a pesar de las supuestas restricciones establecidas por algunos de sus superiores.
Como demostró el texto original de este caso, cuando Flores Martínez murió, tanto sus compañeros escolapios como su hermano, quien dirige una escuela privada en el estado mexicano de Tlaxcala, en el centro de México, parte de la diócesis homónima, lo elevaron al estatus de sacerdote fiel.
En las redes sociales, su hermano, utilizando los perfiles de la escuela privada, presentó a Flores Martínez como alguien que pasó su vida “haciendo el bien”, como proclama el aviso de fallecimiento a continuación al informar a la gente en Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, sobre los servicios funerarios que se ofrecerían en la Basílica Menor de ese municipio.
La misa no fue una actividad común y corriente. Por un lado está el tema de usar una ubicación como una basílica menor para celebrar el funeral. Luego, el de tener al menos tres sacerdotes escolapios como celebrantes del funeral el 9 de agosto de 2022. Al hacerlo, no solo estaban administrando los últimos ritos a un compañero católico.
En un comunicado oficial publicado en octubre los escolapios califican el hecho de "imprudencia" pero incluso si, como dicen, no estaban al tanto de sus actividades quedan pendientes las responsabilidades de la diócesis de Tlaxcala.
Los escolapios que fueron a celebrar ahí, en esas condiciones, blanqueaban en Tlaxcala el legado de una persona que estaba lejos de ser un ejemplo a seguir y que, al menos en teoría, estaba bajo restricciones para el ejercicio de su ministerio.
Y no fue sólo después de su fallecimiento. Su hermano facilitó el acceso de Flores Martínez a estudiantes menores de edad en la escuela, donde actuaba como una especie de capellán. En teoría, cuando Flores Martínez hacía esto, ya estaba bajo algún tipo de restricción.
En este punto, no está claro si Julio César Salcedo Aquino, el obispo de Tlaxcala, estaba al tanto de dichas restricciones o si, a pesar de tales restricciones, autorizó el desempeño de Flores Martínez como capellán en la Preparatoria Latinoamericana, el bachillerato propiedad de su hermano, o si el hecho de que Flores Martínez presidiera misas y, cabe suponer, escuchara confesiones allí, fue un asunto decidido finalmente sólo por el clan Flores Martínez.
El asunto no es menor. León XIV nombró recientemente, en junio de 2025, a Salcedo Aquino como miembro del dicasterio encargado en Roma de las órdenes religiosas (contenido en italiano), como lo son los escolapios. Esa es la entidad directamente responsable de regular las órdenes religiosas, no sólo en asuntos de abuso, pero su autoridad incluye ese tema.
Incluso si uno es consciente de que existe la posibilidad de que su nombramiento en ese dicasterio no sea más que un “reloj dorado por jubilación”, ya que cumplirá 75 años en abril de 2026, por lo que, en el mejor de los casos, será miembro de la junta del dicasterio por dos años aproximadamente, queda el tema del mensaje subyacente que envía el Vaticano al nombrar a obispos como Salcedo Aquino para esos cargos, aunque sea sólo como recuerdo del final de su carrera eclesiástica.
Determinar si Salcedo Aquino, él mismo miembro de una pequeña orden mexicana conocida como los Misioneros de San José en México, estaba al tanto de la situación de Flores Martínez es algo con lo que una investigación canónica profunda sobre este caso tendría que lidiar.
Luego, para la orden de los escolapios y la arquidiócesis de México está el tema de las reparaciones, que es el más contencioso y controvertido de todos. Más aún porque los obispos católicos en México, quizás tanto como Sarah Mullally, la obispa anglicana de Londres, apuestan fuerte por cansar a los sobrevivientes y hacerles ver lo pequeños que son comparados con las instituciones.
De regreso a Paraguay
En el otro lado del continente americano, en Asunción, capital de Paraguay, hay otra forma de percibir la sensación de un Día de la Marmota.
El sábado 13 de diciembre, la parroquia de San Blas de Loma de Pyta fue el sitio de una celebración, una tan festiva que cuando uno mira los videos e imágenes compartidos en las redes sociales de las actividades allí, queda claro que la nave relativamente amplia de la parroquia local no era suficiente para recibir a los muchos sacerdotes y fieles que se unieron al cardenal Adalberto Martínez Flores, arzobispo de la capital, para celebrar el centenario de la llegada de los Oblatos de María Inmaculada a Paraguay.
La misa se trasladó a un atrio más espacioso, donde los rigores del verano del hemisferio sur son menos exigentes para los fieles y el clero que asisten a la misa y luego al festejo.
Lamentablemente, la celebración del centenario de los oblatos en Paraguay proporciona evidencia de cómo, a pesar de las denuncias documentadas de abuso contra Rafael Fleitas López, para los jefes de la Iglesia Católica en Paraguay, trasladar a un sacerdote de una parroquia a otra es “castigo” suficiente.
En 2023, Los Ángeles Press ofreció un relato detallado de cómo Fleitas López había abusado de una mujer adulta en el municipio de General Artigas, en el sur de Paraguay, justo en la frontera con Argentina.
A pesar de las acusaciones, los informes y el esfuerzo realizado por los familiares de la víctima para proporcionar un registro claro de lo ocurrido, los oblatos intentaron enviar a Fleitas López a México. No a la Ciudad de México, sino a una parroquia administrada por los oblatos en la zona rural de Oaxaca, como relata el texto enlazado a continuación.
Investigaciones
De Paraguay a Oaxaca, nueva ruta de riesgo del abuso sexual
Los oblatos son una orden originalmente francesa con un terrible historial de abusos contra personas de los pueblos originarios de Canadá como lo resume este texto en español o como lo detalla el reporte disponible en el Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación de la Universidad de Manitoba en Canadá (contenido en inglés).
Si eso no fuera suficiente, sus abusos han sido documentados en otros lugares en el Sur Global, tanto que el sitio Bishop Accountability (contenido en inglés), ha identificado un mínimo de 60 clérigos acusados hasta ahora. Un detalle devastador es que muchos de los incluidos en esa lista tienen largos registros con distintas asignaciones en diferentes puntos del mundo.
El texto logró evitar que Fleitas López fuera asignado a tareas pastorales en la diócesis de Tehuantepec, una de las muchas diócesis en México que ignoran la instrucción del papa Francisco de 2019 a todas las diócesis de establecer al menos una comisión para prevenir el abuso sexual de clérigos en sus territorios.
En ese sentido, el hecho de que Fleitas López reaparezca públicamente asistiendo al cardenal Martínez Flores en San Blas de Loma de Pyta es un recordatorio doloroso para los familiares de la víctima en General Artigas de lo irrelevantes que son para los jerarcas tanto de la orden de los Oblatos de María Inmaculada como los de la arquidiócesis de Asunción.
Esta no es la primera vez que Fleitas López reaparece en público, no sólo con vestimenta clerical, sino como concelebrante de misas en actividades importantes de la Iglesia Católica en Paraguay.
Unos meses después del primer texto, en 2024, el texto enlazado a continuación, que da cuenta de siete casos globales notorios de abuso sexual, incluyó a Fleitas López como una adición de último minuto cuando los familiares de una de sus víctimas enviaron a Los Ángeles Press fotos y detalles de su participación en una misa para la ordenación de un miembro de los Oblatos de María Inmaculada en la parroquia de San Carlos de Borromeo en la diócesis de Villarrica.
Investigaciones
Siete casos de abuso sexual a manos de clérigos
Debe señalarse que los familiares de la víctima en Paraguay no habían recibido respuesta ni de los Oblatos ni de las diferentes diócesis allí donde esa orden gestiona parroquias.
Y, como suele ser en América Latina, las autoridades en Paraguay siempre tienen algo más importante que hacer, por lo que descartan los casos de abuso sexual por cualquier razón que crean que justifica su inacción al tratar este tipo de delitos.
Postdata
Cuando se escribían los últimos párrafos de este texto, medios franceses informaron de una acusación por abuso sexual contra una de las nuevas figuras de la intelectualidad católica francesa, el economista y sacerdote jesuita Gaël Giraud (contenido en francés, posiblemente detrás de un muro de pago).
Él representaba a una nueva generación de jesuitas que ganaron fama durante el pontificado de Francisco. Giraud intentaba integrar de manera sistemática tanto en el análisis económico como en la lógica de la doctrina social de la Iglesia, las intuiciones contenidas en los documentos sociales del papa Bergoglio.
Dos mujeres, una de ellas vinculada a las así llamadas Vírgenes Consagradas, una organización similar a una orden, le acusan y un varón que estudió bajo su guía en Georgetown University, la universidad jesuita en Washington, DC, le acusa de crear o nutrir un ambiente similar al de una secta en torno suyo.
La facilidad con la que nutría ese ambiente es evidente en los análisis que la prensa francesa hace de su caso, con medios como el semanario católico La Vie obligados a investigar “las sombras de un prodigio” (contenido en francés y detrás de un muro de pago), una etiqueta que antes elevó a Giraud en medios francófonos y ahora sirve para explicar el ambiente similar al de secta.
La Compañía de Jesús impuso medidas preventivas a Giraud que incluyen la prohibición de que publique textos con su nombre desde enero del año pasado. Entrevistado por medios franceses, Giraud niega las acusaciones al calificarlas de alegatos o insinuaciones. Su caso ahora pone a prueba la transparencia de una orden que, en 2021, publicó un reporte con el número de sus miembros acusados de abuso en la provincia franco-belga de los jesuitas. La versión más reciente está disponible aquí (contenido en francés).
De manera simultánea, en el mundo anglicano, la enfermedad ecuménica descrita aquí detonó un intento final, desesperado de defensa. En las últimas horas del 19 de diciembre de este año, miembros del Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra intentaban advertir de los posibles riesgos que plantea el caso de Mullally.
Críticos, sobrevivientes y sus aliados exigían que Stephen Cottrell, el arzobispo de York y segundo en la compleja estructura de poder de la Comunión Anglicana renunciara a su cargo como “juez de la queja”.
Como “juez de la queja (adjudicator of the complaint)” puede salvar o ahogar a Mullally, la arzobispa electa de Canterbury que, en teoría, debe asumir el 28 de enero próximo. La petición a Cottrell se basa en sus vínculos profesionales cercanos con la todavía ahora obispa de Londres, por lo que estiman hay el riesgo de conflictos de interés.
Es imposible perder de vista, a finales de diciembre de 2025, el sentimiento de vivir un Día de la Marmota al hablar de Mullally y recordar lo que ocurría en noviembre de 2024, cuando Justin Welby finalmente aceptó que debía renunciar como arzobispo de Canterbury.
Tanto Welby como Mullally son ejemplos perfectos de la “enfermedad ecuménica” que va más allá de las iglesias Anglicana o Católica. La moraleja para quien quiera aprender de lo que ocurre en Londres, Ciudad de México o Asunción, Paraguay, es que el demonio del abuso sexual sólo podrá ser exorcizado cuando se termine con sistemas basados en el secreto en los que clérigos dicen investigar pero casi siempre acaban por encubrir los crímenes y errores de otros clérigos.
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Un resumen de este texto está disponible en audio después de este párrafo.
Nota de producción: El texto del resumen, como el principal, fueron escritos y editados sólo por el autor. La grabación de la lectura del audio se hizo con una herramienta de texto-a-habla de alta calidad (Voicertool). La IA se usó sólo para generar la voz y no para la creación del contenido.
