Rodolfo Soriano-Núñez Lunes, 03 de Marzo del 2025
Si Trump y los republicanos imponen su agenda, podrían terminar 40 años de progreso en materia de abuso sexual en Estados Unidos.
En México, la elección judicial abre la puerta a que un abogado con vínculos con la Legión de Cristo sea ministro de la Suprema Corte con posibles consecuencias para fallos en materia de abuso sexual.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
En una de las horas más oscuras de la historia reciente del mundo, prestar atención a lo que sigue sucediendo en la crisis de abusos sexuales del clero es más relevante.
El caos actual en los pasillos del poder, desde Washington, D.C. hasta Londres, París y Berlín, hace que sea más fácil ignorar quejas legítimas, desestimar casos y el riesgo siempre presente de volver a una era de acallar las críticas sobre abusos, en entornos religiosos y en general.
Hace que sea más fácil para las coaliciones gobernantes en México, Argentina, Francia o España, entre otros países, desestimar acusaciones creíbles de abuso sexual, del clero y de otros tipos.
Paradójicamente, también permite destacar cómo la complacencia hacia el abuso sexual, como una marca de nacimiento de los grupos que apoyan a Donald Trump, y la destrucción del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial que, con todas sus deficiencias, permitió una comprensión sin precedentes de los derechos humanos.
El jueves 27 de febrero, el representante demócrata por Nueva York, Dan Goldman, destacó las relaciones existentes entre Elon Musk y otras figuras clave del movimiento Make America Great Again, con individuos y grupos con acusaciones creíbles de abuso sexual.
En el vídeo que sigue a este párrafo, Goldman repasa por un lado la relación entre Musk y Ghislaine Maxwell, figura clave en la compleja operación de abuso sexual a gran escala de Jeffrey Epstein, y luego, en la segunda parte del vídeo, aborda la relación entre Musk y los hermanos Tate.
La intervención de Dan Goldman en la audiencia en el Capitolio. Audio disponible sólo en inglés, puede pedir subtítulos desde el panel de control de YouTube.
Un jurado declaró a Maxwell culpable, a pesar del suicidio de Epstein, que dejó inconclusa la investigación sobre los abusos que pudo perpetrar durante muchos años con la complacencia de las fuerzas del orden en al menos el estado de Florida en Estados Unidos. En concreto, en 2021 se le señaló como cómplice de Epstein en el tráfico sexual de menores y otros delitos. Como consecuencia, un tribunal federal de la ciudad de Nueva York la condenó a veinte años de prisión en junio de 2021.
El caso de los hermanos Tate sigue abierto, al menos en el papel, pero la debilidad de los tribunales y la policía rumanos les permitió encontrar refugio en Estados Unidos, donde, es probable, encuentren algún tipo de "santuario", al menos durante el segundo mandato de Trump.
En diciembre de 2022, Rumania arrestó a los hermanos Andrew y Tristan Tate (abre un texto en inglés de The Associated Press) junto con dos mujeres. En junio de 2023, las autoridades acusaron a los hermanos y sus compañeras de “violación, tráfico de personas y formación de un grupo de crimen organizado para explotar sexualmente a mujeres”.
Acoso en línea
Sin embargo, un mes después, dos de sus acusadores desaparecieron tras una campaña de acoso en línea. La campaña surgió al mismo tiempo que los hermanos presentaron una demanda por difamación, reclamando cinco millones de dólares en daños y perjuicios contra una de sus acusadoras. Ahora que están en Estados Unidos, es casi imposible suponer que algún día regresen a Rumania para enfrentar los cargos.
El video del representante Goldman proviene de la audiencia completa de la sesión de ese comité disponible aquí (audio disponible sólo en inglés, es posible obtener subtítulos desde el Panel de Control de YouTube). Algunos de los documentos ofrecidos como evidencia o testimonio en esa sesión están disponibles aquí en el sitio web del Congreso de los Estados Unidos.
Es notable, como se puede ver en la foto que aparece después de este párrafo que el representante Goldman enfatizó la manera en que el gobierno de Estados Unidos presionó al de Rumanía para que los Tate pudieran salir de su país donde estaban bajo una restricción judicial, que es lo que dice el encabezado de un diario británico que Goldman usó durante su participación en la audiencia para enfatizar la gravedad de la situación.

Además, cabe señalar que este no es el único comité del Congreso de Estados Unidos que se ocupa de la explotación, el tráfico y el abuso sexuales en este momento. Todo lo contrario, la nueva mayoría republicana en el Capitolio está haciendo todo lo posible para dificultar al máximo que se escuche a las víctimas de abuso sexual, sean clérigos o no.
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes tiene a Jim Jordan como presidente, a pesar de las acusaciones creíbles de encubrimiento de abusos sexuales mientras era entrenador del equipo de lucha libre de la Universidad Estatal de Ohio. Por si eso no fuera suficiente, mañana martes 4 de marzo a las 8 am de la Ciudad de México, 11 de la mañana de Buenos Aires, se celebrará una audiencia en ese comité para “poner fin a la guerra legal (lawfare) de los fiscales estatales y locales”.
Dada la vaguedad de esa convocatoria a poner fin al “lawfare”, ello podría significar el fin de investigaciones como las iniciadas en diferentes momentos por los fiscales estatales de Pensilvania, Illinois y Maryland que lidian con el abuso sexual del clero en las diócesis católicas de esos tres estados.
También podría significar el fin de las llamadas ventanas retrospectivas abiertas en California y Nueva York para tratar casos de abuso sexual en décadas anteriores.
En 2024, Los Ángeles Press publicó un texto sobre el papel de dichas “ventanas retrospectivas” en el estado de California (ver arriba) como parte de una comparación más amplia con la aparente calma en los estados mexicanos de Baja California y Baja California Sur cuando se habla de la crisis de abusos sexuales del clero, enlazada después de este párrafo.
Como se probó en esos textos, las diferencias observadas entre California, Estados Unidos y la Baja California y Baja California Sur en México no tienen que ver con la bondad o maldad de los obispos católicos en uno u otro país, sino con la eficacia y la capacidad de las instituciones de policía y del sistema judicial en California, donde incluso fue posible demandar a las diócesis católicas y a otras instituciones y actores individuales por casos ya prescritos, algo impensable en México o en cualquier país de América Latina.
Quien piense que la administración Trump o la nueva mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos interpretan su supuesto mandato como una herramienta para terminar con el abuso sexual, del clero o de otro tipo, no entiende el punto.
Utilizan el abuso sexual como una herramienta para manipular a las facciones en pugna de la Iglesia Católica, como lo prueba el texto enlazado antes de este párrafo.
Al abordaje de las cortes
Ese es el contexto que también hay que tener en cuenta en los acontecimientos que se están produciendo, al menos, en Argentina, México y España.
En Buenos Aires, la atmósfera ya enrarecida creada por Javier Milei en torno a su presidencia con sus operaciones sospechosas con criptomonedas de nulo o escaso valor, un elemento básico de la extrema derecha global y radical que las promueve como parte de la destrucción de gobiernos e instituciones públicas, empeoró después de que Milei utilizara un decreto para nombrar a un ministro de la Corte Suprema de Argentina.
Un fragmento del programa de María O'Donnell en Urbana Play de Argentina.
De hecho, nombró durante la última semana de febrero a dos ministros por medios heterodoxos. Es imposible repasar ambos nombramientos. El más relevante en este punto es el del antiguo abogado corporativo y profesor de la Universidad Austral de Buenos Aires Manuel García-Mansilla (ver este texto de Página 12 o este del verificador argentino Chequeado), o la breve nota de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Aquí se puede ver la audiencia que tuvo con el Senado de la República Argentina para presentar su candidatura a mediados del año pasado.

Dejando de lado su relación con las petroleras de Argentina, que sería suficiente para cuestionar su nombramiento, es su relación con la Universidad Austral la que encendió todas las alarmas en Buenos Aires y Argentina. La Universidad Austral es una de las muchas universidades asociadas en España y América Latina al Opus Dei, la secretista “orden” religiosa española que enfrenta acusaciones de abuso espiritual y laboral a gran escala en Argentina y en otros lugares de los mundos angloparlante e hispanohablante.
Hace cinco años, en el mundo de habla inglesa Steven Hassan, un experto en abuso religioso, que ha documentado las infinitas variedades del abuso en la el grupo de los Moonies, la llamada Iglesia de la Unificación, en las sectas más radicales del mormonismo y en el catolicismo, entrevistó a la antigua supernumeraria británica del Opus Dei, Eileen Johnson.
El “fuero interno”
En la versión de esa entrevista enlazada después de este párrafo, es posible ver el intercambio entre ambos con subtítulos en español. Basta con pedirlos desde el panel de control de YouTube para poder leer la manera en que el Opus Dei la reclutó en Gran Bretaña para convertirse en una sirvienta en las casas de esa organización en Europa continental, especialmente en Francia.
Hassan y y Johnson en entrevista. Audio en inglés. Subtítulos en español disponibles en el Panel de Control de YouTube.
Su narración es similar en todo a la de las sobrevivientes argentinas de abuso en el Opus Dei, de las sobrevivientes peruanas del Sodalicio de Vida Cristiana o de las sobrevivientes mexicanas de abuso en el Regnum Christi, un apéndice de la Legión de Cristo.
En Argentina, esa historia es contada por víctimas locales que fueron llevadas a Buenos Aires para convertirse en sirvientas con hábitos religiosos, al servicio de las necesidades de la élite de la orden, las numerarias y supernumerarias, como narra el texto que publicó Los Ángeles Press hace poco más de dos años.
Es la historia de grupos que se asemejan a una orden religiosa católica, cuyos miembros son reclutados bajo falsas ofertas, mientras son arrojados a un muégano de grupos, subgrupos y jerarquías confusas que facilitan el abuso y un estado permanente de manipulación psicológica y desorientación de sus miembros.
Se les ofrece la oportunidad de alcanzar la perfección espiritual, de convertirse en parte de una familia, mientras tienen la oportunidad de seguir una educación formal, pero en realidad se les obliga a lidiar con prácticas secretas, impidiéndoles tener acceso a medios impresos, libros, medios por medio de internet y redes sociales, además de que su correo postal y electrónico está sujeto a censura y revisión, y donde se les asignan asesores espirituales, confesores o no, independientemente de su preferencia, con poco o ningún respeto por el llamado “foro interno”.
El “foro interno” es el espacio de autonomía personal reconocido por la enseñanza y la normativa católica, como se resume en esta nota de la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede, que permite el ejercicio del libre albedrío.
Los clérigos, los miembros de las órdenes católicas y los laicos tienen derecho a elegir quiénes son sus confesores y asesores religiosos. Sin ese derecho, es fácil caer presa de abusos espirituales y de otro tipo.
Uno de los marcadores de la Legión de Cristo y otras órdenes radicales y depredadoras es permitir “excepciones” a esa regla, por lo que los miembros de esas organizaciones supuestamente estaban dispuestos a renunciar a su derecho a elegir a su confesor y consejeros espirituales, es decir, renunciaban a su derecho a elegir a sus formadores y/o confesores.
La carta citada en este texto de 2020 explica cómo la Legión de Cristo (al igual que otras órdenes depredadoras como el Sodalicio peruano, el Instituto del Verbo Encarnado argentino y el Opus Dei español) no respetaba el fuero interno de sus miembros.
No debería sorprendernos que algunos sobrevivientes de la Legión de Cristo mexicana hablen de su tiempo en esa orden como un “secuestro”, como lo prueba esta publicación en un grupo de sobrevivientes en Facebook.
Hay que considerar que mucho antes de la elección de Jorge Mario Bergoglio como papa Francisco, Buenos Aires ha sido un importante centro de actividad religiosa. Es allí donde muchas órdenes en América del Sur tienen sus sedes regionales. Por ello, entre las “sirvientas” del Opus Dei en el relato publicado por Los Ángeles Press ya referido previamente, hay personas de países vecinos como Paraguay y Bolivia.
Y en México también
Aunque en México el ataque al Poder Judicial sigue un rumbo totalmente distinto, pues el país se prepara para su primera oportunidad de elegir jueces, magistrados y los mismos magistrados de la Suprema Corte, los riesgos son similares a los de Estados Unidos o Argentina.
Entre los muchos candidatos a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de México, compuesta por once miembros, hay un ex abogado que trabajó para el superdepredador mexicano Marcial Maciel.
Se trata de Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, quien hasta enero fue titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Hace cinco años, sus pares del Poder Judicial del estado más grande de México lo eligieron para dirigir el Tribunal Superior del Estado de México.
Él, como muchos otros jueces de otras jurisdicciones mexicanas, renunció el 20 de enero a sus cargos locales para ser elegible para puestos en el Poder Judicial federal, y Sodi Cuéllar espera ocupar una de las codiciadas sillas en el máximo tribunal mexicano.
En 2020, el portal mexicano de noticias Proceso publicó un texto en que Sodi Cuéllar afirmó que nunca conoció a Marcial Maciel (disponible aquí), pero sobrevivientes de abuso sexual del clero a manos de sacerdotes de la orden de Maciel, los Legionarios de Cristo, disputan esa noción. Ellos afirman que Sodi Cuéllar desempeño un papel en la defensa de sus depredadores.

Sodi Cuéllar fue, en algún momento de su carrera, profesor y luego decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, la institución insignia de los Legionarios de Cristo en México.
Según fuentes que pidieron el anonimato, Sodi Cuéllar desempeñó un papel en el diseño de las maniobras y estrategias legales después de que la cloaca máxima que solía ser la Legión de Cristo explotara a fines de la década de 1990.
Esa explosión, posible sólo porque periodistas estadounidenses como Jason Berry pudieron conectar los puntos entre lo que ya estaba sucediendo en Estados Unidos con la Legión de Cristo en Nueva Hampshire y lo que había estado sucediendo en México desde fines de la década de 1930, forzó la discusión del tema del abuso sexual del clero en México. Si hubiera sido por los medios mexicanos de la década de 1990, nada se habría publicado.
Tan recientemente como en 2022, el campus Cancún de la Universidad Anáhuac le otorgó a Sodi Cuéllar una medalla que celebra su "liderazgo", al tiempo que enfatiza sus estrechos vínculos con la Escuela de Derecho de la Universidad de la Legión de Cristo.
En la imagen principal de este texto, al centro aparece Sodi Cuéllar, a su izquierda, portando un pequeño crucifijo, el rector de ese plantel, Jesús Quirce Andrés, sacerdote y miembro de la Legión de Cristo de Maciel. El comunicado de prensa relativo a esa actividad se puede leer aquí.
¿Estado laico?
También obligó a reconocer que, a pesar de la actitud de los políticos mexicanos al hablar del llamado “Estado Laico”, México era tan vulnerable a los males del abuso religioso, sexual o de otro tipo, católico, mormón o de las iglesias llamadas Luz del Mundo, como lo han sido otros países latinoamericanos con una Iglesia establecida como Perú, Panamá, República Dominicana o Colombia.
En vísperas de las elecciones judiciales mexicanas, se encuentra la misma arrogancia del establishment político mexicano cuando los sobrevivientes del abuso del clero, sexual o de otro tipo, advierten sobre la falta de salvaguardas reales para prevenir, por un lado, el abuso del clero y, por otro, castigarlo cuando sucede.
Vídeo de Sodi Cuéllar durante una audiencia en que defendió su candidatura a ministro de la SCJN.
Es imposible culpar a Sodi Cuéllar por los resultados de todos los casos de abuso sexual por parte del clero en el Estado de México, la jurisdicción más poblada del país, similar en ese sentido a California en los Estados Unidos, Ontario en Canadá o la Provincia de Buenos Aires en Argentina, pero debe notarse que al menos un tribunal de primera instancia falló un caso a favor de la víctima, pero permanece ahora en una especie de limbo.
Ese es el caso de Joana. Ella era una niña menor de edad cuando un grupo de sacerdotes que trabajaban en el seminario de la diócesis de Atlacomulco, en la zona rural del norte del Estado de México, 130 kilómetros al norte de la Ciudad de México, como muestra el mapa después de este párrafo, abusaron repetidamente de ella.

Su madre trabajaba en el seminario, por lo que Joana solía estar allí con su madre. Después de un juicio amargo, con todos los adornos habituales de los abogados contratados por las diócesis católicas romanas en México, ella y su equipo legal pudieron demostrar que fue víctima de abuso. Como es habitual, el caso pasó a un tribunal de apelación, y el caso sigue ahí en una especie de limbo.
Los Ángeles Press publicó un texto que trata sobre su caso, disponible antes de este párrafo, y una actualización sobre ese caso, disponible después de este párrafo, donde mostramos cómo el sacerdote que abusó de ella ya está de vuelta en el servicio público como ministro de culto.
Desde que Joana convocó una conferencia de prensa en la Ciudad de México en diciembre de 2023, no ha habido ningún avance en su caso. El atraso en el poder judicial mexicano se ha visto agravado por la crisis en curso tras el golpe realizado por el Poder Legislativo mexicano contra el Judicial, y no hay información sobre lo que sucederá después de las elecciones de este año.
Denegar, desestimar, distraer
Finalmente, en España, la Conferencia Episcopal Española, incapaz de comprender el daño que los abusos han causado al catolicismo en su propio país, decidió poner fin a la breve apertura que permitió la elaboración de un informe bastante defectuoso e incompleto sobre los abusos sexuales del clero en sus diócesis, nada parecido a lo que hicieron sus colegas del otro lado de los Pirineos, en Francia, con el Reporte Sauvé.
A pesar del intento muy limitado de los obispos españoles, había esperanza en su voluntad de reconocer los muchos errores cometidos a lo largo de las décadas en esta cuestión, pero en lugar de hacerlo decidieron cerrar cualquier vía para un posible acuerdo con los supervivientes de los abusos sexuales del clero allí, dejando los tribunales como último recurso para las víctimas.
Lamentablemente, a diferencia de lo que ha estado sucediendo en Francia, Alemania y otros países europeos, España está mucho más cerca de América Latina en ese aspecto que de las prácticas de la Unión Europea. Las normas de prescripción se aplican con mucha fuerza, y las víctimas tienen que pasar por la ordalía habitual de sufrir la revictimización, viéndose obligadas a litigar sus casos en los medios de comunicación.
En Los Ángeles Press publicamos el texto después de este párrafo, que trata sobre la última decisión de la Conferencia Episcopal Española de desestimar las denuncias de las víctimas, mientras apuesta su futuro a la judicialización de los casos.
Una vez más, esta serie demuestra que desde los pasillos del poder en Washington hasta las parroquias rurales de México y los tribunales de Argentina y España, el abuso ocurre a escala global.
Estos casos, aunque distintos, comparten un hilo conductor: el abuso de poder y el silenciamiento de las víctimas. La lucha contra el abuso no se limita a una sola nación o institución; es una lucha global que exige nuestra atención y determinación colectivas, de ahí la preocupación por el impacto potencial de la prisa por silenciar a las víctimas en Estados Unidos, que es donde los avances clave han estado sucediendo durante los últimos 40 años, así como por las posibles implicaciones de los procesos para nombrar integrantes de los poderes judiciales en Argentina y México.