La operación de Luis Torres, cuñado y socio de Marina del Pilar Ávila, se realizó cuatro meses antes del anuncio de Toyota.
Los Ángeles Press
Tijuana, Baja California.— Luis Alfonso Torres Torres, hermano del entonces esposo de Marina del Pilar Ávila Olmeda y socio comercial de la gobernadora, adquirió por 400 mil pesos un terreno de más de 13 mil metros cuadrados junto a la planta de Toyota en Baja California, cuatro meses antes de que la empresa anunciara una inversión multimillonaria para fortalecer sus operaciones en México.
La compra fue reportada primero por el diario unomásuno, con base en documentos registrales y datos inmobiliarios que sitúan el predio en una zona industrial de Valle Redondo, entre los límites municipales de Tijuana y Tecate.
Los registros indican que Torres Torres pagó en efectivo 400 mil pesos por una superficie de 13 mil 174 metros cuadrados. El precio asentado equivale a poco más de 30 pesos por metro cuadrado.
La propiedad se encuentra detrás de la planta donde Toyota ensambla la camioneta Tacoma y tiene acceso a la carretera federal Mexicali-Tijuana y a vialidades como Camino a Valle Redondo. Imágenes satelitales compartidas con unomásuno muestran que el terreno permanece sin construcciones.
La operación se concretó en julio de 2024. En noviembre de ese año, Toyota anunció una inversión de mil 450 millones de dólares para fortalecer sus plantas de Baja California y Guanajuato, producir la nueva generación de la Tacoma y ampliar la fabricación de su versión híbrida.
El monto anunciado oficialmente fue de mil 450 millones de dólares para las dos plantas, y no de 150 millones, como ha sido reproducido en algunas publicaciones. La inversión estaba asociada con la creación de mil 600 empleos y se sumaba a los casi 2 mil millones de dólares que la automotriz había destinado a sus operaciones en México.
Hasta ahora no se ha presentado evidencia pública que demuestre que Torres Torres conociera anticipadamente los planes de Toyota. La cercanía temporal entre la adquisición y el anuncio, el vínculo empresarial del comprador con la gobernadora y el precio registrado exigen esclarecer si la operación respondió a una oportunidad inmobiliaria ordinaria o si existió acceso a información reservada.
La propiedad ya había sido documentada
El terreno no aparece por primera vez en los registros periodísticos.
En agosto de 2025, medios locales documentaron que Luis Alfonso Torres había registrado en julio de 2024 un predio rústico de 13 mil 174.781 metros cuadrados en El Jojobal, dentro de Valle Redondo.
Los documentos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio consultados por ese medio establecieron que la compraventa se realizó entre particulares. Los vendedores fueron Arsenio David Otáñez y Javier Soto Pablos, quienes habían adquirido el inmueble en 2006 mediante un juicio de prescripción.
La escritura reportó un precio de 400 mil pesos y un avalúo de 383 mil 68 pesos. El valor utilizado para formalizar la operación quedó así en aproximadamente 31 pesos por metro cuadrado.
Un profesional inmobiliario estimó entonces que los terrenos de Valle Redondo podían alcanzar precios muy superiores. El cálculo colocaba el posible valor del predio hasta en 47 millones de pesos, aunque el propio medio advirtió que no había podido confirmar sus condiciones físicas, los servicios disponibles ni la regularidad de sus accesos.
La investigación de unomásuno presenta una estimación más conservadora. Con base en ofertas inmobiliarias actuales, calcula que el terreno tendría un valor cercano a los 13 millones de pesos.
Ambas cifras son estimaciones de mercado y no acreditan una ganancia realizada. Torres Torres no ha vendido el predio, por lo que no puede afirmarse que haya obtenido una utilidad de 3 mil por ciento. Lo documentado es la diferencia entre los 400 mil pesos asentados en la operación y los precios con los que actualmente se ofrecen terrenos industriales en la zona.
El valor fiscal o registral de un inmueble tampoco corresponde necesariamente a su precio comercial. La distancia obliga a revisar el avalúo utilizado, las características del predio, sus condiciones de acceso y el impuesto pagado por la adquisición.
El socio de la gobernadora
Luis Alfonso Torres Torres no era únicamente integrante de la familia política de Marina del Pilar cuando compró el terreno. También mantenía una sociedad mercantil con ella.
En noviembre de 2020, Marina del Pilar, su entonces esposo Carlos Torres Torres y Luis Alfonso constituyeron, junto con otros socios, la empresa Vida Orgánica Tijuana, dedicada a la comercialización de productos orgánicos.
Los Ángeles Press documentó que en esa sociedad también participaron María del Socorro Terrazas Ciapara y miembros de la familia Lameiro Camacho, vinculados con empresas de bares, hoteles, moteles y desarrollos inmobiliarios en Baja California.
Luis Alfonso Torres también fue socio mayoritario de Desarrolladora Plaza Revolución y participó en The Woods Bar junto con empresarios relacionados con otros establecimientos de Tijuana y Mexicali.
Su trayectoria incluye cargos dentro de la administración pública. Fue administrador de la Aduana de Tijuana durante el gobierno de Felipe Calderón, ocupó puestos en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y llegó a asumir la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California en 2019.
La adquisición junto a Toyota agrega una operación inmobiliaria a la red empresarial construida alrededor de la familia Torres Torres. El vínculo mercantil con la gobernadora permanecía registrado cuando se realizó la compra, aunque para entonces Luis Alfonso también era hermano del hombre que ocupaba una posición política informal dentro del gobierno estatal.
Toyota cambiará la producción en 2030
El anuncio de noviembre de 2024 fortaleció en ese momento las expectativas económicas alrededor de las plantas de Toyota en Baja California y Guanajuato. La inversión estaba dirigida a la producción de la nueva generación de la Tacoma y de su versión híbrida.
El escenario cambió en julio de 2026, cuando Toyota anunció que trasladará a San Antonio, Texas, la producción de la Tacoma que actualmente se realiza en Baja California. El cambio está previsto para 2030 y forma parte de una inversión de 3 mil 600 millones de dólares en Estados Unidos. La planta de Guanajuato continuará fabricando el modelo.
La decisión futura no elimina el incremento inmobiliario generado durante los años de expansión industrial, pero introduce incertidumbre sobre el valor que conservarán los terrenos situados alrededor de la armadora después del traslado.
El silencio sobre la operación
El gobierno de Baja California no ha explicado si alguna de sus dependencias conoció anticipadamente la inversión anunciada por Toyota en noviembre de 2024. Tampoco ha informado si Luis Alfonso Torres tuvo acceso a reuniones, proyectos de infraestructura, modificaciones urbanas o documentos relacionados con la expansión de la planta.
La revelación aparece cuando Marina del Pilar enfrenta una crisis por las grabaciones en las que manifiesta su disposición a proporcionar información y cooperar con interlocutores vinculados con agencias de Estados Unidos. Los Ángeles Press documentó que la gobernadora había sostenido varias conversaciones relacionadas con las investigaciones abiertas en ese país y que expresó temor de volver a ingresar a territorio estadounidense.
La gobernadora ha presentado esos contactos como gestiones personales relacionadas con la cancelación de su visa. Los audios muestran conversaciones sobre cooperación e información, dentro de un proceso cuyos alcances las autoridades mexicanas no han investigado públicamente.
