Alfredo Griz Cruz Lunes, 27 de Julio del 2026, 00:00
En Quintana Roo, contratos millonarios y obras con retrasos apuntan al entorno de corrupción del titular de Obras Públicas, José Rafael Lara Díaz.
Despacho 14El violento oficio de escribir
Por Alfredo Griz
La corrupción no siempre deja huellas de sangre. También deja concreto agrietado, edificios inconclusos, contratos entregados entre familiares y expedientes que terminan archivados, mientras el dinero público desaparece sin consecuencias. En Quintana Roo, la Secretaría de Obras Públicas comienza a exhibir un patrón que rebasa la discrecionalidad administrativa y entra en el terreno donde el poder político, los intereses personales y el presupuesto estatal parecen caminar en la misma dirección. Las denuncias ya alcanzaron a los órganos anticorrupción. Los documentos oficiales comienzan a dibujar una estructura donde las adjudicaciones directas, las obras deficientes y la ausencia de castigos aparecen una y otra vez bajo los mismos nombres.
El 16 de julio de 2026 quedó registrada una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo, bajo el expediente 00905/2026, contra el secretario de Obras Públicas, José Rafael Lara Díaz, por presuntas irregularidades relacionadas con su declaración patrimonial. La investigación apenas abre un frente. De acuerdo con la información disponible, también se preparan denuncias ante la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción federal por posibles conductas relacionadas con enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, corrupción y ejercicio irregular del servicio público.
La dimensión del caso cambia cuando aparecen los documentos elaborados por la propia autoridad fiscalizadora.
El oficio SABGOB/SFSOPAS/CGFOPAS/CSVOPSR/00101/XI/2025, firmado por el coordinador general de Fiscalización de Obra Pública, Ángel Leopoldo Sánchez González, contiene observaciones que desmontan el discurso oficial sobre la ejecución de infraestructura estatal. La revisión detectó fallas constructivas e irregularidades documentales en nueve obras públicas financiadas mediante los fondos FAFEF, LDOE y FISE 2025, proyectos cuyo valor conjunto asciende a 149 millones 105 mil 402 pesos con 87 centavos.
No se trata de simples errores de integración de expedientes. Las observaciones alcanzan la calidad de las obras, los tiempos de ejecución y el cumplimiento contractual.
Entre las empresas observadas aparece ONE CRL INOVEX, S. de R.L. de C.V., propiedad de David Arturo Castillo Pérez, señalado en la documentación como familiar de Sihomara Alejandra Ruiz Pérez, pareja sentimental del secretario José Rafael Lara Díaz.
El vínculo familiar adquiere otra dimensión cuando se revisa la forma en que fue asignado uno de los contratos.
La empresa recibió, por adjudicación directa, el contrato FISE-DIF-OP-055/2025, correspondiente a la rehabilitación y construcción del Centro de Asistencia Social para las Infancias, Casa Hogar de las Niñas, Niños y Adolescentes, en Chetumal. El monto autorizado asciende a 25 millones 595 mil 348 pesos con 73 centavos.
El contrato establecía fechas precisas: inicio de trabajos, el 31 de julio de 2025; terminación, el 28 de octubre del mismo año.
Los papeles oficiales cuentan otra historia.
Cuando la autoridad fiscalizadora realizó la inspección física el 29 de octubre, un día después del vencimiento contractual, encontró una obra con un retraso del 53,47 por ciento. El incumplimiento quedó asentado oficialmente y dio origen a la recomendación de aplicar las penas convencionales previstas en el contrato.
Las sanciones nunca llegaron.
La información disponible sostiene que el secretario José Rafael Lara Díaz habría impedido que la empresa fuera penalizada, pese al incumplimiento plenamente documentado. El caso tampoco sería un hecho aislado. Los documentos consultados señalan un conjunto de adjudicaciones directas entregadas a familiares vinculados con el entorno de su pareja sentimental, cuyo monto, en conjunto, supera los 300 millones de pesos.
La cifra resulta imposible de ignorar.
Mientras los expedientes acumulan observaciones, la obra de la Casa Hogar continúa ejecutándose fuera del plazo originalmente contratado. El retraso permanece. La empresa sigue trabajando. Las penalizaciones siguen ausentes.
En cualquier sistema de control administrativo, una obra con más de la mitad del avance incumplido al concluir el plazo contractual activa procedimientos de responsabilidad. Aquí ocurrió lo contrario. La documentación muestra que la maquinaria institucional siguió funcionando sin consecuencias visibles para el contratista.
Las responsabilidades también alcanzan a quienes tenían la obligación de supervisar la obra.
La subsecretaria de Obras, Keyla Estefanía Reyes Soto, aparece como la funcionaria encargada de verificar la calidad de los trabajos, vigilar el cumplimiento de los plazos y garantizar la correcta ejecución de los contratos. La permanencia de una obra observada, sin sanciones y con retrasos oficialmente acreditados, coloca inevitablemente bajo escrutinio el desempeño de la estructura técnica responsable de la supervisión.
La documentación también menciona a la directora general del Sistema DIF Estatal, Abril Alcérreca Sabido, dentro del contexto administrativo relacionado con el proyecto, ampliando el círculo de funcionarios cuyas actuaciones podrían ser revisadas por las instancias competentes. Los números contradicen el discurso político.
Nueve obras observadas.
- 149 millones 105 mil 402 pesos con 87 centavos bajo observación.
- Un contrato de 25 millones 595 mil pesos adjudicado directamente a una empresa ligada al entorno familiar del secretario.
- Un retraso físico del 53,47 por ciento documentado oficialmente.
- Más de 300 millones de pesos en adjudicaciones directas que, según la documentación disponible, habrían beneficiado al mismo círculo de relaciones personales.
Las cifras no corresponden a una falla administrativa menor. Describen un posible modelo de operación donde los vínculos personales aparecen antes que la competencia, la calidad de las obras queda relegada y los mecanismos de control dejan de funcionar cuando los intereses políticos entran en juego.
La infraestructura pública deja, entonces, de cumplir su propósito social. Cada contrato entregado sin competencia efectiva, cada obra retrasada y cada sanción omitida representan recursos que dejaron de servir a la población para convertirse en privilegios protegidos desde el poder.
La siguiente entrega
La siguiente investigación revelará la ruta completa de las adjudicaciones directas, las empresas que concentran contratos públicos, los vínculos familiares y políticos que aparecen detrás de cada asignación, así como la red de funcionarios, operadores, empresarios y personajes cercanos a Morena y al Partido Verde que, de acuerdo con la documentación obtenida, forman parte del engranaje que controla una parte importante de la obra pública en Quintana Roo. Los expedientes apenas comienzan a abrirse. Los nombres apenas empiezan a aparecer.
