Guadalupe Lizárraga Domingo, 24 de Mayo del 2026, 10:43
La ASF documentó la adquisición de un Lear Jet 31-A por 7.6 millones de pesos mediante un gasto diverso sin número de contrato. La aeronave no aparece como propiedad personal de Marina del Pilar, sino como patrimonio estatal.
Por Guadalupe Lizárraga
La polémica por el avión usado para traslados de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda requiere una precisión de fondo: la evidencia documental disponible no sostiene que se trate de una aeronave personal de la mandataria. Lo que acredita la Auditoría Superior de la Federación es que el Gobierno de Baja California compró un Lear Jet 31-A, serie 191, modelo 2000, por 7 millones 642 mil pesos, con recursos de Participaciones Federales 2023, mediante un expediente reportado como “gasto diverso sin número de contrato”.
La prensa local que atribuye a Marina del Pilar la propiedad privada del avión cae en una imprecisión. La auditoría federal no registra una compra personal de la gobernadora, sino una adquisición del Gobierno de Baja California, pagada con recursos públicos e incorporada al patrimonio estatal. El punto verificable está en la opacidad del expediente: una aeronave de 7.6 millones de pesos reportada como gasto diverso sin número de contrato, sin que el documento público permita conocer quién ordenó el pago, con qué justificación se autorizó y qué dependencia emitió materialmente la erogación.
La nota difundida por Más Información, se hizo con base en una publicación de Semanario Zeta, que presentó el caso bajo el encabezado “Gobernadora tiene jet de 7.6 millones”. En el cuerpo de la información, sin embargo, se reconoce que la compra fue realizada por el Gobierno de Baja California para uso oficial de la gobernadora.
La publicación de Zeta presenta varios tropiezos documentales. El primero es atribuir el avión a Marina del Pilar bajo una forma que sugiere propiedad personal, cuando la ASF documenta una compra del Gobierno de Baja California e incorporación al patrimonio estatal. El segundo es omitir que la venta del Lear Jet 31-A inició el 13 de enero de 2021, cuando Jaime Bonilla todavía gobernaba el estado, aunque la operación se concretó en 2023, ya durante la administración actual. El tercero es dejar fuera el reporte mensual del INDEP de julio de 2023, donde Baja California aparece junto con Quintana Roo en la compra de aeronaves Lear Jet 31-A provenientes de la Secretaría de Marina.
El dato de SEMAR abre otra línea. La dependencia federal informó que la venta del Lear Jet 31-A, serie 191, ex matrícula ANX-1206, inició el 13 de enero de 2021, cuando Jaime Bonilla todavía gobernaba Baja California. La ASF confirma que “el estado” envió una oferta de compra al INDEP, sin publicar la fecha, el oficio ni el nombre del funcionario que la firmó. La operación quedó consumada en 2023, durante el gobierno de Marina del Pilar, pero el origen administrativo de la solicitud sigue sin documento público.
La ASF revisó el expediente dentro de la fiscalización a las Participaciones Federales a Entidades Federativas de la Cuenta Pública 2023. En el informe, el órgano auditor señaló que el estado envió una oferta de compra al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, INDEP; que el avión fue dado de alta en el inventario como patrimonio estatal; y que se realizaron trámites ante la Agencia Federal de Aviación Civil para la asignación de matrícula y la solicitud de inspección para obtener el certificado de aeronavegabilidad.
La ruta de origen también aparece en documentación federal. El Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Marina señala que, por instrucción presidencial y por conducto del INDEP, el 16 de diciembre de 2023 se entregó al Gobierno de Baja California la aeronave Lear Jet modelo 31-A, número de serie 191, ex matrícula ANX-1206. El mismo documento indica que el proceso de venta había iniciado el 13 de enero de 2021.
El reporte mensual de ventas directas del INDEP de julio de 2023 agrega otro dato omitido por Zeta: Baja California no fue el único gobierno estatal que compró una aeronave proveniente de la Secretaría de Marina. En la misma relación aparece el Gobierno del Estado de Quintana Roo como comprador de un Lear Jet 31-A, serie 174, por 7 millones 555 mil pesos. Baja California adquirió otro Lear Jet 31-A, serie 191, por 7 millones 642 mil pesos. El comparativo coloca la operación dentro de un esquema de ventas directas del INDEP a gobiernos estatales, no como una compra personal de la gobernadora.
El informe de auditoría también permite ubicar a la Secretaría de Hacienda estatal dentro de la ruta de administración de los recursos. La ASF señaló que el Gobierno de Baja California, a través de esa dependencia, recibió de la Federación los recursos de Participaciones Federales 2023 y administró la parte correspondiente al estado. En ese mismo universo fiscalizado aparece el pago del Lear Jet.
Hasta ahora, la auditoría pública no permite identificar la póliza específica, la cuenta bancaria, el comprobante SPEI, la unidad administrativa que ordenó materialmente el pago ni el servidor público que autorizó la erogación. Tampoco aparece en el fragmento auditado el expediente completo de la oferta enviada al INDEP. Esa documentación resulta indispensable para determinar la cadena de autorización, la justificación presupuestal y la responsabilidad administrativa de la compra.
Zeta atribuyó al avión 111 vuelos en un año, un costo promedio de operación de 4 mil 500 dólares por hora y más de 3 millones de pesos en mantenimiento previo a su incorporación al servicio. En la publicación consultada no exhibe bitácoras, facturas, contratos, reportes de operación ni documentos oficiales que permitan verificar esas cifras. El dato queda como afirmación del semanario, no como hecho probado.
El rastro independiente de los últimos tres meses aparece en Flightradar24. El historial visible de la aeronave XC-GBC, identificada como Learjet 31A del Gobierno de Baja California, muestra vuelos registrados durante marzo, abril y mayo de 2026. En las capturas revisadas aparecen al menos 41 movimientos, con rutas entre Mexicali, Tijuana, Calexico, Imperial, San Diego, Ensenada y Monterrey, Nuevo León.
En marzo aparece una ruta larga entre Mexicali y Monterrey Norte, con regreso cinco días después a Mexicali. En abril y mayo predominan vuelos cortos dentro de Baja California y hacia aeropuertos del sur de California. Algunos registros requieren revisión técnica, como tramos con duración inusual para distancias muy cortas o vuelos con destino no desplegado por la plataforma.
El vuelo más reciente en el registro corresponde al 19 de mayo de 2026. Ese día, la aeronave salió de Mexicali y el trazo de Flightradar24 ubica su aterrizaje en Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey, después de 2 horas con 25 minutos de vuelo.
La tabla registra salida a las 7:12 AM y el estatus de aterrizaje a las 10:37 AM. Flightradar24 muestra la salida de Mexicali a las 7:12 AM y un tiempo real de vuelo de 2 horas con 25 minutos. El estatus de aterrizaje aparece en la imagen a las 4:37 PM, pero esa hora corresponde a UTC. Convertida a horario local, la llegada a Nuevo León habría ocurrido alrededor de las 10:37 AM. El registro no muestra una escala intermedia; el desfase proviene de la zona horaria usada por la plataforma.
El campo de destino no aparece desplegado en la captura, pero el dato verificable es la ruta Mexicali–zona metropolitana de Monterrey, sin precisar aeropuerto.
Los vuelos localizados prueban operación reciente de la aeronave oficial. No identifican pasajeros, motivo del traslado, dependencia usuaria, autorización de salida ni costo real de operación. Esa información debe estar en las bitácoras, órdenes de vuelo, registros de pasajeros, facturas, reportes de combustible, mantenimiento y comprobantes administrativos del gobierno estatal.
El uso de aeronaves oficiales por gobernadores es común en México. En Puebla, Alejandro Armenta admitió el uso de un helicóptero oficial para traslados cuando “no le da tiempo” a llegar a las diligencias; en Oaxaca, el gobierno de Salomón Jara, según la prensa local, mantiene a su disposición un hangar oficial y una flota aérea que incluye un jet Hawker 400XP (modelo 400A) de ocho plazas, dos helicópteros Bell 407, un Augusta A109 y otros medios de transporte aéreo; y en otros estados se han documentado controversias por el uso de aeronaves públicas en actividades ajenas a funciones estrictamente gubernamentales. Ese contexto sirve para dimensionar el caso, pero la discusión en Baja California tiene un punto concreto: una aeronave adquirida con recursos públicos, incorporada al patrimonio estatal y registrada por la ASF bajo un expediente sin número de contrato y sin transparencia en el uso con cruces binacionales.
Este contexto adquiere relevancia porque el registro de cruces binacionales es un año después de que la gobernadora reconoció la revocación de su visa estadounidense; aunque los registros prueban movimientos del avión, no pasajeros.
Presentar la aeronave como “jet de la gobernadora” puede resultar atractivo para el impacto político de la línea editorial del Semanario Zeta, pero desplaza la parte verificable del caso: una compra realizada por el Gobierno de Baja California, con recursos públicos, registrada como patrimonio estatal y documentada por la ASF bajo una modalidad que impide conocer, de entrada, el contrato, la autorización completa y la ruta exacta del pago.
En la ruta administrativa y en el uso de vuelos binacionales de la aeronave está la zona opaca del caso. Lo que permanece fuera del expediente público es quién promovió la oferta ante el INDEP, qué dependencia ordenó el pago y bajo qué criterios se justifica el uso frecuente binacional de una aeronave ejecutiva para traslados oficiales.
Mientras esos documentos no sean públicos, el caso seguirá abierto por la opacidad de una operación gubernamental que la propia auditoría federal dejó identificada como gasto diverso sin número de contrato.
