Una vez más, Sheinbaum minimizó el alcance de decisiones tomadas por Trump. Este jueves fue el caso de los controles a las remesas.
Frente a Sheinbaum, Alcalde y Delgado defendieron la asignación de candidaturas a cargos de elección popular en Morena durante sus gestiones como líderes ahí.
Los Ángeles Press
La actividad de Claudia Sheinbaum este jueves 21 de mayo en Palacio Nacional marcó un nuevo intento del gobierno federal por presentarse como ajeno a los vínculos con los grupos criminales que el gobierno de Donald Trump declaró organizaciones terroristas.
En una medida insólita, dado el carácter supuestamente autónomo del Instituto Nacional Electoral, fue la propia Presidencia de la República la que anunció que buscará que ese órgano electoral cree una instancia encargada de investigar, a solicitud de los partidos políticos, los posibles vínculos de sus candidatos con el crimen organizado.
Qué llevó a que fuera la Presidencia y no el Instituto Nacional Electoral quien hiciera este anuncio es algo que sólo puede comprenderse dentro de la lógica más amplia de los distintos frentes abiertos por el gobierno de Estados Unidos en su manera de entender la lucha contra las drogas.
El anuncio de los cambios que la Presidencia busca imponerle al otrora autónomo INE lo hizo la hasta hace unos días, a principios de este mes, líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Luisa María Alcalde, quien fue la última titular de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Aunque acudió a Palacio Nacional para hablar de otros asuntos, también estaba presente Mario Delgado, antecesor de Alcalde en la dirigencia nacional del partido creado por López Obrador y responsable de validar candidaturas como las de Rubén Rocha Moya —hoy “gobernador con licencia”— y la del ahora senador por Tabasco, Adán Augusto López.
En ese sentido, fue posible escuchar, hacia el final de la actividad a Delgado ofrecer alguna explicación, en todo caso insuficiente, de cómo validó en términos generales candidaturas a cargos de elección popular que permitieron que Rocha Moya, Adán Augusto López y muchos otros señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado o quienes, por lo menos, han visto canceladas sus visas de ingreso a Estados Unidos por estar sujetos a sospecha.
Es el caso, entre otras figuras de la vida pública de Baja California, de la gobernadora de esa entidad Marina del Pilar Ávila, además de una diputada y otros funcionarios o exfuncionarios de los gobiernos estatal y municipales, por señalar sólo algunos de los casos más evidentes en los que si hay filtros en Morena, es claro que sirven para poco.
En todo caso, en el diseño que la Presidencia de la República le busca imponer al Instituto Nacional Electoral, será la nueva instancia que este organismo deberá crear la que se encargue, si los partidos se lo solicitan, indagar los historiales criminales y financieros de sus candidatos a cargos de elección popular.
El anuncio de esta nueva reforma electoral ocurrió, por cierto, el mismo día en que Sheinbaum se reunirá con Markwayne Mullin, titular del Departamento de Seguridad Interna, y apenas horas después de que el gobierno de Trump impusiera severos controles al envío de remesas de Estados Unidos a México.
Aun así, Sheinbaum se niega a interpretar esas decisiones como acciones directamente atribuibles a Trump. Según su versión, responden más bien a la influencia de sus asesores y no a una postura personal del presidente estadounidense. Incluso sostiene que, en sus conversaciones privadas, Trump no hace ese tipo de señalamientos, como pudo verse en el texto publicado el 18 de este mes, enlazado después de este párrafo.
Fue notable, en ese sentido, que incluso hoy al comentar brevemente sobre la decisión de Trump de imponer controles al envío de remesas, Sheinbaum minimizara los posibles efectos negativos e insistiera, una vez más, en la idea de que sólo afectaría al diez por ciento de los mexicanos que viven Estados Unidos en situación irregular.
Ella prefirió, en cambio, celebrar el que Washington haya dado el placet, el visto bueno, al nuevo embajador de México en ese país, Roberto Lazzeri, que tendría que ver este y otros asuntos con el Departamento del Tesoro.
Sheinbaum evitó dar detalles sobre el alcance del encuentro con Mullin, pero señaló que la migración de mexicanos a Estados Unidos se encuentra en mínimos históricos, con una reducción que ella misma estimó en más de 97 por ciento respecto de lo que había en años previos. De igual modo, descartó que pudiera abordar con él los temas del conflicto actualmente en curso en Sinaloa por la solicitud de extradición de Rocha Moya y siete de los nueve “coacusados” originales.
Sheinbaum dijo desconocer las razones que pudieran haber llevado a los dos “coacusados” de Rocha Moya que optaron por entregarse, el general en retiro y exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, del mismo modo que dijo desconocer si el aún senador de Morena por el estado de Sinaloa, Enrique Inzunza Cáceres, ha solicitado algún tipo de protección especial, aunque sí dijo que Rocha Moya sigue residiendo en Sinaloa y él sí cuenta con resguardo de la Guardia Nacional.
Rechazó, además, una pregunta específica acerca de las posibles razones detrás de una rotación significativa de los mandos de zonas militares del país. El asunto llama más la atención porque, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el general Mérida Sánchez tenía un cargo como “comandante de mando especial” al tiempo que fungía como jefe de la Escuela Militar de Inteligencia.
Conviene recordar, además, que el responsable de la Secretaría de la Defensa Nacional en ese momento era el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue protagonista de un inusual arresto y más inusual aún su liberación en las últimas semanas del primer gobierno de Donald Trump.
Lo que sí es un hecho es que en Baja California se ha dado rápida cabida a mandos con experiencia previa en Sinaloa. Es el caso de la alcaldía de Tijuana, donde, sin importar el contexto nacional ni la crisis de violencia que atraviesa ese estado, se abrieron las puertas de la seguridad regional a personajes como el general brigadier Sinhué Téllez López, como se documenta en el texto enlazado después de este párrafo.
Sheinbaum señaló que se había pospuesto su reunión con Sarah Carter, titular de la lucha contra las drogas en Estados Unidos, originalmente programada para la próxima semana.
En Palacio Nacional, en semanas previas, Sheinbaum dedicó repetidos elogios a la estrategia nacional contra las drogas del gobierno de Trump por, según ella, haber introducido cambios en el enfoque que se sigue para reducir el consumo de estupefacientes allá, aunque en ninguna parte del documento se incluía algún capítulo sobre la manera en que en el último mes Estados Unidos exigió la entrega de diez figuras de la vida pública de Sinaloa, incluido el “gobernador con licencia” Rocha Moya.
En distintos puntos de la actividad, Sheinbaum insistió en la idea de exigir pruebas para que proceda la entrega de Rocha Moya, aunque hoy ya no hubo reproches por la falta de reciprocidad en las extradiciones.
Al inicio de la actividad, Mario Delgado, en su condición de secretario de Educación Pública informó de la entrega de becas de esa dependencia a estudiantes de distintos niveles, así como de las conversaciones que sostiene con los distintos grupos que dan forma al llamado “magisterio nacional” para evitar conflictos y destacó los casos de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Al concluir, Sheinbaum defendió su negociación, que ella misma calificó de “directa”, con los productores de maíz del país y celebró el acuerdo firmado ayer como fruto de esa negociación.
