Rodolfo Soriano-Núñez Domingo, 01 de Octubre del 2023
Aunque hermanados por su condición, los obispos Seitz de El Paso y Torres Campos de Ciudad Juárez ofrecen respuestas opuestas entre sí al abuso sexual.
Religión y vida pública: Seitz publicó en El Paso una lista de clérigos que abusaron, pidió perdón en público y ha compensado a las víctimas; Torres Campos, en cambio, hostiga a las víctimas en Ciudad Juárez.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
Que Ciudad Juárez y El Paso son ciudades hermanas, unidas por algo más que la historia común de la fundación y la separación que vino después de la guerra de 1846-8, no impide que cualquier juarense o paceño sepa que también hay muchas diferencias entre ambas ciudades.
Las diferencias no acaban o empiezan con el idioma, la moneda, la manera de medir las distancias o las temperaturas. Se pueden observar de manera dramática en lo que hace a las historias de abuso sexual a manos de clérigos católicos. No es que el abuso sea peor en El Paso o en Ciudad Juárez. Cada una de las ciudades hermanas ha tenido su ración de depredadores sexuales.
La diferencia entre las ciudades separadas por el río Bravo o Grande, según de qué lado de la frontera esté uno, es que mientras El Paso, como muchas otras diócesis de Estados Unidos aceptó la realidad y entendió que atacar a las víctimas, humillarlas, desacreditarlas es peor para la Iglesia Católica, en Ciudad Juárez, como en muchas otras diócesis de México, se le apuesta a la amnesia, al olvido, a que las víctimas se mueran o a que la corrupción de las autoridades federales mexicanas y de Chihuahua resuelvan el problema a la Iglesia Católica.
Cuando se ve la frialdad de los números en la tabla 1, es posible advertir que las diócesis de El Paso y Ciudad Juárez son muy parecidas entre sí. La de El Paso reportó en 2021 a Roma que el 79.8 por ciento de los habitantes del territorio en el que opera esa diócesis son católicos, poco menos de 719 mil de un total de poco menos de 900 mil 400 habitantes en esa porción del estado de Texas.
Su hermana, la diócesis de Ciudad Juárez informó ese mismo año de 2021 que el 79.57 por ciento de los habitantes del territorio del estado de Chihuahua en el que opera esa diócesis eran católicos, poco menos de un millón 333 mil del casi un millón 700 mil personas que viven ahí.
Ciudad Juárez opera en casi 30 mil kilómetros cuadrados, poco menos de once mil 500 millas cuadradas, desde 77 parroquias con 121 sacerdotes, con un promedio de once mil católicos por cada uno de esos 121 sacerdotes. El Paso opera en un territorio de casi 70 mil kilómetros cuadrados, poco menos de 27 mil millas cuadradas, desde 99 parroquias con 118 sacerdotes, y un promedio de poco menos de seis mil 100 católicos por cada uno de esos 118 sacerdotes.
Uno puede asumir que los sacerdotes de El Paso, para cumplir con sus deberes, deben cubrir distancias mucho mayores que sus contrapartes de Ciudad Juárez que, en cambio, deben atender a un mayor número de personas en un territorio más reducido.
Fuera de eso, es difícil decir que las cosas sean radicalmente distintas en los siete templos católicos dedicados a Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad Juárez, Chihuahua, respecto de los templos de las dos parroquias dedicadas a Nuestra Señora de Guadalupe en El Paso, Texas.
Incluso los edificios, sus diseños, todos hablan de una misma religión, una cultura muy similar practicada, sin embargo, en dos contextos institucionales distintos. Eso es lo que cambia. Con todos los defectos que se le puedan imputar a la justicia en Estados Unidos y especialmente en Texas, empezando por sus sesgos de raza u origen étnico, que hace que latinos y afroamericanos estemos siempre en mayor riesgo de ser culpados de algún delito en Texas, la realidad es que el sistema judicial estadunidense ofrece mayores oportunidades a las víctimas de encontrar algún alivio y reparación.
Reflejos
Los 15 kilómetros o poco más de nueve millas que separan a las parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe, en Guadalupe, Chihuahua, de Our Lady of Guadalupe en Fabens, Texas, no cambian nada de la narración del hecho guadalupano, de la belleza de las fiestas del 12 de diciembre. Una es reflejo perfecto de la otra y viceversa.
Lo que cambia es que mientras en Texas las denuncias tienen alguna esperanza de prosperar, en Chihuahua, las denuncias de las víctimas terminan por convertirse en artefactos contra los denunciantes mismos.
Lejos de que marquen el inicio de un proceso para ofrecer justicia y restituir el tejido social y la confianza, son fácilmente convertidas por abogados al servicio de quien puede pagarles en la pesadilla que ha vivido Javier, el padre de Margarita, la niña que fue enviada por los abogados de la diócesis de Ciudad Juárez al ahora extinto albergue del DIF en Pradera Dorada.
No es que Mark Joseph Seitz, el obispo de El Paso, Texas, tenga algún don que lo haga especialmente mejor que José Guadalupe Torres Campos, el obispo de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Es que, como lo atestiguan los muchos casos de culpables fabricados de los que ha dado cuenta Guadalupe Lizárraga en Los Ángeles Press, Chihuahua facilita que se cometan delitos; facilita que esos delitos permanezcan impunes y que los juicios no sean garantía de justicia, más bien abren la puerta a que se fabriquen culpables.
Mientras el obispo Seitz y sus abogados han debido reconocer la necesidad de ser transparentes, de escuchar y atender a las víctimas de abuso sexual al norte del río Bravo, el obispo Torres Campos tiene la capacidad para influir en las decisiones de policías municipales, policías ministeriales, fiscales y jueces y evadir cualquier reparación o responsabilidad.
No es que siempre pueda ganar, como lo demostró el caso de Aristeo Baca, pero como lo prueba ese mismo caso, Torres Campos se vale de un vasto repertorio de recursos para eludir cualquier responsabilidad al “convencer” a los familiares de las víctimas, de que él tiene todos los contactos en los lugares donde vale la pena tenerlos.
La diferencia
Y aunque la práctica del catolicismo es casi igual a ambos lados de la frontera, para las víctimas de abuso sexual la diferencia entre vivir al sur o al norte de la frontera México-Estados Unidos es relevante.
Basta considerar que ya desde la página de Internet de la diócesis de El Paso es posible saber de la existencia de 30 sacerdotes depredadores sexuales vinculados a esa diócesis texana desde la década de los cincuenta del siglo pasado. Y no es sólo El Paso. También la diócesis de Las Cruces, en Nuevo México, ha publicado una lista similar, como lo han hecho otras muchas diócesis de Estados Unidos.
Aquí se puede consultar la lista que publicó en 2019 la diócesis de El Paso, Texas, con los nombres de los 30 clérigos católicos con acusaciones de abuso sexual.
Aquí se puede consultar la lista que publicó en 2020 la diócesis de Las Cruces, Nuevo México, vecina de las de El Paso y de Ciudad Juárez.
En la página de Internet de la diócesis de Ciudad Juárez, ni siquiera es posible conseguir la información de las direcciones físicas, postales o electrónicas de todas las parroquias que la integran, algo que es extremadamente fácil de obtener en la página de la diócesis de El Paso que, además, ofrece su información tanto en inglés como, algunas porciones de ella, en español.
La cifra de 30 sacerdotes que la diócesis de El Paso reconoce como depredadores sexuales es disputable. Seguramente hubo más, como se probará más adelante. Sin embargo, esa cifra de 30 es mucho más cercana a lo que podría considerarse como más probable, alrededor de 47, cuando se le compara con lo que con muchísimas dificultades sabemos de los depredadores sexuales de la diócesis de Ciudad Juárez, que lo sabemos gracias a los medios ciivles y los procesos penales que se les siguieron y que se limitan a los casos de Aristeo Baca y Leopoldo Nevárez Erives.
De hecho, en lo que hace a la diócesis de Ciudad Juárez no hay alguna aceptación pública de que alguno de sus clérigos y/o empleados haya cometido algún error, mucho menos abuso sexual.
Y de nuevo, en ese sentido, el contraste entre la diócesis de El Paso y la de Ciudad Juárez es abismal, pues en lo que hace a la demarcación del lado mexicano es nada.
Hasta donde me ha sido posible acceder a la muy escasa información oficial, el señor obispo Torres Campos sigue sin reconocer error y mucho menos abuso alguno.
A diferencia de lo que se observa en la diócesis estadunidense de El Paso, que incluso presenta un vídeo del obispo Seitz en el que específicamente aborda el problema del abuso, tanto en inglés como en español, lo que la diócesis de Ciudad Juárez presenta como información son casi siempre materiales celebratorios, incapaces de ofrecer una autocrítica de sus errores.
Esa información está disponible, eventualmente, en la página de Facebook de la diócesis que, hasta donde es posible observarlo, es el vehículo principal de su política de comunicación, en la del seminario o en las páginas que sostienen los sacerdotes de Ciudad Juárez por su cuenta.
A la par de esa página está el periódico de la diócesis, Presencia, que sostiene un sitio con muchas de sus notas reportadas como no disponibles, en el que es imposible realizar búsquedas sistemáticas. Si alguien desea acceder al archivo de ese medio, sólo es posible hacerlo si se paga una suscripción.
El silencio como estrategia
Si sabemos de los dos casos de sacerdotes que han sido señalados de manera pública y oficial como depredadores sexuales en la diócesis de Ciudad Juárez es gracias a lo que publica la prensa civil.
Que la cifra de 30 clérigos depredadores sexuales es más cercana a la realidad no lo digo porque sea pro-gringo, porque crea que “el pasto siempre es más verde al otro lado de la cerca” o por alguna de las razones con las que personas cercanas a la diócesis de Ciudad Juárez atacan, por ejemplo, a quienes comparten las notas de esta serie dedicada a Ciudad Juárez en Facebook y otras redes sociales.
Se señala que la cifra de 30 clérigos depredadores que la diócesis de El Paso reportó en 2019 es más creíble, más probable o más cercana a la realidad que la de dos casos en Ciudad Juárez porque, al usar para ambas diócesis los criterios del Reporte Sauvé para calcular el número de clérigos depredadores y rangos del número de víctimas de abuso sexual, lo que se obtiene son los datos que se reportan en la Tabla 2 para el caso de Ciudad Juárez, inmediatamente antes de este párrafo y para El Paso, en la Tabla 3 que se presenta a continuación.
Las estimaciones son sólo eso. Estimaciones elaboradas en condiciones mucho más difíciles que las que tuvieron los autores del Reporte Sauvé para las diócesis católicas de Francia, que tuvieron acceso a los archivos de cada diócesis francesa para conocer con precisión los datos del número de clérigos varones, que es el factor determinante en el modelo desarrollado por el Reporte Sauvé.
A diferencia de otros documentos que operan en una lógica más casuística, como los de los fiscales de Pennsylvania, Illinois y otros estados de Estados Unidos, o los que han presentado algunas diócesis de Alemania, el que elaboró un medio polaco o el que más recientemente presentó la universidad suiza de Zúrich a petición de la conferencia nacional de obispos de la nación helvética, que han sido presentados en Los Ángeles Press, el Reporte Sauvé es el primero y hasta ahora el único que ofrece indicadores que permitan calcular el número de víctimas.
Ese número depende de una constante que el Reporte Sauvé estima del orden del tres por ciento del total de los clérigos varones en cualquier diócesis. Los autores del Reporte Sauvé consideran que ese valor es el mínimo para elaborar comparaciones relevantes de orden internacional.
En ese sentido, la cifra en la primera columna de las tablas 2 y 3 de este texto es el resultado de calcular el tres por ciento del total de los clérigos varones en las dos diócesis. Clérigos varones son los presbíteros o curas o sacerdotes, los religiosos o hermanos o monjes, así como los diáconos permanentes y el o los obispos.
Es el mismo procedimiento que seguí para presentar una estimación para 64 países del número total de víctimas de abuso sexual a manos de clérigos católicos que existen en la actualidad, que se puede consultar en el enlace que se presenta a continuación.
Ese ejercicio de alcance global, sin embargo, fue “estático” en el sentido que me limité a calcular las víctimas que podrían existir en la actualidad a partir del número de clérigos varones en cada diócesis.
Para este texto sobre las diócesis de Ciudad Juárez y El Paso he calculado las víctimas que existían, de acuerdo con este criterio, en los años 1966, 1980, 1990, 2003, 2013 y 2021. Las cifras que se reportan en la última fila horizontal, etiquetada como Totales, corresponde a una suma simple de los valores reportados para esos años.
Es claro que sería preferible contar con valores reportados de acuerdo con intervalos más estables, pero el Annuario Pontificio, un resumen estadístico de todas las diócesis del mundo que la Santa Sede publica ahora con alguna regularidad no lo hacía así antes. Durante los pontificados de Pablo VI y Juan Pablo II el Annuario Pontificio sólo reportó actualizaciones para estas dos diócesis en los años 1966, 1970, 1976, 1980, 1990 y 1999. A partir de este siglo las actualizaciones son más frecuentes, pero no son anuales. Por ello, considero intervalos de entre ocho y hasta 14 años en el cálculo de cada cohorte de depredadores y víctimas.
El número reportado por la diócesis de El Paso de 30 clérigos con acusaciones creíbles de abuso sexual es mucho más cercano a la estimación elaborada a partir de los criterios del Reporte Sauvé que la ficción a la que se aferra la diócesis de Ciudad Juárez de que sólo hay dos casos de clérigos depredadores sexuales en su historia.
Ello sin perder de vista que no me fue posible dar con algún documento oficial de la diócesis de Ciudad Juárez en el que por lo menos reconozca esos dos casos, además de que, a diferencia de El Paso, la diócesis mexicana no ha publicado un reporte sobre los abusos ocurridos en esa demarcación religiosa.
En ese sentido, es notable que ni Ciudad Juárez, ni ninguna otra diócesis del estado de Chihuahua hayan siquiera reportado a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) sobre la creación de sus comisiones de tutela de menores. De hecho, sólo 48 diócesis mexicanas, poco más de la mitad de las 99 que existen en la actualidad han creado ese tipo de comisiones en sus territorios, como se puede ver en la página cuya captura de pantalla presento a continuación que se puede visitar desde el portal del episcopado mexicano (también se puede consultar en el Internet Archive aquí).
Que ninguna de las cinco diócesis y una arquidiócesis del estado de Chihuahua hayan creado sus comisiones de protección de los menores es sólo un síntoma más de los problemas que afectan al catolicismo chihuahuense. Si en los ochenta del siglo pasado era un catolicismo que veía para adelante y estaba dispuesto a entender “los signos de los tiempos”, como suele decirse en la jerga de los movimientos apostólicos del catolicismo, en la actualidad es un catolicismo reaccionario, incapaz de imitar a las diócesis de Texas o Nuevo México en Estados Unidos o a las de Coahuila, Nuevo León e incluso Durango en México, que sí están representadas en esa página del sitio de la CEM.
No sorprende, en ese sentido que, así como el obispo Torres Campos elude tanto como puede cualquier acción que apunte a atender a las víctimas de abuso sexual en su diócesis, su superior jerárquico en la estructura de la Iglesia Católica, el arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Wechmann tampoco mueve un dedo.
Esta dinámica perversa queda de manifiesto en el caso de Javier y su hija Margarita y en los otros casos que seguramente existen, pero de los que no sabemos más porque es pública la manera en que la diócesis de Ciudad Juárez procede contra quienes denuncian.
Como documenté en la primera entrega de esta serie, a Javier lejos de recibirlo, de reconocerlo como lo que es, el padre de una víctima, se le hostigó al arrancarle a su hija y enviarla a un lugar inseguro, tan inseguro que el albergue de Pradera Dorada ya no existe.
Ciudad Juárez, una historia de impunidad de sacerdotes
Lo que existen, en cambio, son las secuelas del abuso que Margarita sufrió ahí.
Fue en este sentido que platiqué con Erika Espinoza quien, junto con la también abogada Angélica Torres, representa a Javier y Margarita en el proceso ante las autoridades civiles.
Prioridades
Al preguntarle sobre la situación en la que se encuentra el caso, la licenciada Espinoza señaló que su primera prioridad es que en esta situación en que la víctima es una niña que fue abusada sexualmente por un sacerdote “no quede impune; se busca que se esclarezcan los hechos y esperamos obtener una sentencia condenatoria hacia el agresor.
“La ley en Chihuahua y en México dice que el objeto del procedimiento es proteger al inocente y reparar el daño. En este caso es necesario preguntarse ¿cómo se puede reparar el daño de la violencia sexual en la niñez? Yo considero que reparar el daño es difícil de lograr, ‘no es dable’ se diría en la jerga.
“¿Qué buscamos entonces? En primer lugar, que se reconozca el valor de lo dicho por la víctima. No es sólo la voz de Margarita. Son las voces de muchas niñas, de muchos niños y adolescentes. Queremos, ante todo, que deje de discriminarse a la niñez. Queremos que deje de discriminarse a las mujeres.
“Queremos que deje de asumirse que las niñas o los niños que denuncian la violencia contra ellos mienten, que es lo que, de distintas formas ha alegado la diócesis de Ciudad Juárez.
“Queremos que deje de asumirse que personas que dicen que hacen una labor o un servicio a Dios son incapaces de cometer estos actos. Queremos que se deje de darle preferencia a lo que dicen personas que dicen tener una misión tan especial por sobre lo que dicen niños, niñas, adolescentes y otras víctimas que no pueden ampararse en realizar ese tipo de labor o servicio a Dios.
“Queremos que se crea en la palabra de Margarita y en la de cualquier otra niña o niño que denuncien a quienes les agreden, a quienes abusan de su condición, de su tamaño o de otros factores.
“Queremos que no sean ellos quienes deban enfrentar las dudas, la descreencia. Queremos la abogada Torres y yo que Margarita obtenga justicia, a pesar del camino plagado de trabas que ha recorrido. Queremos que se le escuche y se le crea a lo que ella dice y que, en consecuencia, se sancione a su agresor”.
Una característica que hace especialmente difícil litigar estos casos, explica la abogada Espinoza es que en México “los procesos judiciales en sí tienen a los adultos como protagonistas, son adultocéntricos y son, por supuesto, infinitamente machistas.”
A ello agrega el problema de la revictimización: “han revictimizado en distintas oportunidades a Margarita. Como resultado se han tenido acciones condenables, desdeñables, por decirlo de alguna manera.
“Margarita ha sido más castigada por decir la verdad respecto de lo que ocurrió con ese sacerdote. Y lamentablemente, así como ha ocurrido en este caso ocurre en otros casos en que acompañamos la abogada Torres y yo a mujeres y a niñas víctimas de violencia sexual”.
Dejar de simular
La abogada abunda: “la pelea es por ella; es para que deje de simularse la aplicación de la ley; para que deje de simularse con la existencia de un protocolo para juzgar con perspectiva de género, pero que no se aplica en la práctica a pesar de que en este y otros casos que involucran a niñas, niños y adolescentes se invocan las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Es necesario dejar de simular durante los procesos, necesario que se apliquen a fondo esas tesis, esos criterios en los casos en los que niñas, niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual.
“Es necesario que se haga realidad la aplicación de los tratados internacionales que México ha suscrito, como la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención de Belén do Pará, es decir, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre otros tratados que están ahí, pero que o no se acatan o ni siquiera se reconocen en la práctica en los juzgados”.
-¿Qué tanto se simula el uso de esa perspectiva de género o de edad en México?
“Tristemente, aunque se diga que son tomados en cuenta no es cierto que deje de simularse. Eso es algo que ocurre. Se cita frecuentemente esa Convención, entre otras, cuando es un caso relacionado con niñas, niñas y adolescentes.
“Todas las partes citan un principio de la ley, el del “interés superior de la niñez”, pero en los hechos hay simulación con los protocolos y las leyes específicas que reconocen los derechos reconocidos a niñas, niños y adolescentes.
“Deseamos que en lo que resta de este y otros casos pendientes en tribunales del estado de Chihuahua se sigan los procedimientos con un verdadero apego al espíritu y la letra de la perspectiva de los derechos de las infancias, de niñas, niños y adolescentes, así como con una verdadera perspectiva de género.”
-¿Y hay empatía de parte de las autoridades?
“No. Deseamos que haya empatía de las autoridades. Que se reconozca en la práctica, en la aplicación de la ley, la dignidad de las niñas y de las mujeres víctimas de violencia sexual.
“Es lamentable darse cuenta de que los obstáculos son tantos, la ausencia de empatía y de efectivas perspectivas de género y de infancia es tan clara que por eso el proceso tiene más de tres años y ni siquiera ha terminado de iniciar.
“No puedo entrar a los detalles del caso, pero eso mismo deja ver lo difícil que es litigar para que se reconozca el derecho de las niñas, de los niños y de los adolescentes a que las autoridades les crean.
“Es triste, pero lejos de creerles a las niñas, los niños, los adolescentes e incluso a posibles víctimas adultas de abuso en la Iglesia Católica o en otros espacios, las autoridades demuestran que si denuncian van a tener serios problemas para que las autoridades siquiera les crean”.
En este punto termina mi conversación con la abogada. No puedo dejar de pensar que, así como en el ámbito civil hay este abismo entre la supuesta adhesión a la perspectiva de género y de edad, en el ámbito canónico, la diócesis de Ciudad Juárez hace un papalote con la "espiritualidad de la reparación" del papa Francisco.
Lejos de que el obispo Torres Campos siga las ideas plasmadas en esa espiritualidad de la reparación, ni siquiera ha creado el órgano diocesano que prevenga los abusos, a pesar de que se le veía tan solícito a él cuando concelebró con el papa Francisco en 2016, en la cercanía de la frontera.
Ni siquiera imita la actitud realista, sensata de su tocayo, su colega en el episcopado, el obispo Seitz de El Paso de aceptar que efectivamente hay depredadores sexuales en su diócesis. Seitz recientemente debió desembolsar más de millón y medio de dólares para llegar a un arreglo en uno de los casos que involucran a sacerdotes de su diócesis.
No en balde, incluso los miembros de la Comisión para la Protección de Menores, la así llamada Tutela Minorum, han hecho un llamado dramático a que cese la simulación dentro de la Iglesia. ¿Los escucharán el arzobispo Miranda Wechmann de Chihuahua capital y el obispo Torres Campos de Ciudad Juárez?
