Guadalupe Lizárraga Martes, 25 de Junio del 2024, 23:01
En entrevista, Isabel Miranda, con la impunidad de tres sexenios pese a denuncias formales de tortura, sigue lanzando acusaciones y calumnias a sus víctimas, ahora a propósito del cambio de medida cautelar de Brenda Quevedo.
Aquí las respuestas a los alegatos de Isabel Miranda.
Por Guadalupe Lizárraga
El Instituto Federal de Defensoría Pública ha informado sobre el cambio de medida cautelar para Brenda Quevedo Cruz, sobreviviente de tortura y acusada del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, fabricado en 2005, cuyo caso ha mantenido en prisión a ocho personas inocentes desde 2006 al presente.
En respuesta por la decisión de Defensoría, Isabel Miranda Torres, en una entrevista con la conductora Azucena Uresti, volvió a lanzar una serie de acusaciones infundadas y afirmaciones imprecisas sobre la situación de Brenda Quevedo Cruz, una de los ocho sobrevivientes de tortura y víctimas de las falsas acusaciones de secuestro y delincuencia organizada. Estas acusaciones han sido ampliamente desacreditadas desde 2014, incluso mediante pruebas judiciales en los siguientes años por defensores públicos. Entre éstos, el abogado Alejandro Garduño Real, quien sufrió persecución política y dos atentados, por lo que tuvo que exiliarse del país, fue quien promovió el cambio de medida cautelar, por lo que respecta a Jacobo Tagle Dobin y el abogado Ángel Alonso en el caso de Brenda Quevedo.
A raíz de la decisión judicial de darle prisión domiciliaria a Quevedo, Isabel Miranda Torres volvió a difamar a George Khoury Layón, quien fue falsamente acusado de un homicidio perpetrado en 2004 en otro proceso y que debido al tráfico de influencias ejercido por Miranda y Eduardo Margolis Sobol con la jueza de la ciudad de México, hoy en retiro, Hermelinda Silva, lo sentenció culpable con la confesión bajo tortura de Jacobo Tagle en 2010, confesión obtenida por Braulio Robles Zúñiga, agente del Ministerio Público y mano derecha de Isabel Miranda.
En cuanto al delito de secuestro agravado:
No existe evidencia judicial que respalde la afirmación de que Hugo Alberto Wallace Miranda fue secuestrado por las personas que su madre, Isabel Miranda, acusó y torturó en prisión. La supuesta "prueba maestra", una gota de sangre encontrada en el baño de Juana Hilda González se demostró que fue plantada, y el ADN correspondía a Enrique Wallace y a ella misma, lo que sugiere que era sangre de su hija Claudia. Lo que ella llama "pruebas" todo fue fabricado con la ayuda de la Siedo-PGR.
PGR ayudó a fabricar pruebas a Isabel Miranda de Wallace
Respecto a las conexiones de Brenda Quevedo con la delincuencia organizada:
¿Acaso no es cierto que Isabel Miranda fue amiga cercana del narcotraficante Genaro García Luna, quien usó las instituciones del Estado para el tráfico de drogas, conspiración internacional y fabricación de culpables para mantener llenas las cárceles federales? García Luna fue el principal apoyo de Isabel Miranda para la fabricación de los culpables del caso Wallace. Pero otro de los amigos cercanos, con quien interactuó su hijo, relacionado con el cártel de los Beltrán Leyva, fue Edgar Veytia, conocido como "El Diablo", exfiscal de Nayarit, también preso en Nueva York por narcotráfico, y a quien Isabel Miranda reconoció como "fiscal ejemplar".
El testimonio de esta relación entre los Miranda, madre e hijo, fue dada a esta periodista por el extinto narcotraficante Héctor Ríos Huerta, alias La Burra, ejecutado el 4 de julio de 2019, varias horas después de haber informado directamente al fiscal Alejandro Gertz Manero.
Sobre la evasión de la justicia de Brenda Quevedo en 2007
Los testimonios de la vecina y amiga íntima de Hugo Alberto Wallace, Laura Domínguez, junto con su expareja el investigador privado José Luis Moya confirmaron que Hugo Alberto Wallace estaba vivo en 2006. Incluso lo reportaron en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva y Laura dijo que incluso llegó a reunirse con él en el aeropuerto de la Ciudad de México.
José Luis Moya también señaló en entrevista para Los Ángeles Press que él puso en contacto a Miranda de Wallace con un diputado de Guerrero, a fin de que les ayudara en la búsqueda en Acapulco, donde otras dos personas ya habían dado su testimonio de haber visto a Hugo Alberto, tiempo después de la fecha de supuesta muerte. Pero al enterar a Miranda, señala Moya, que empezaron a percatarse de las inconsistencias y mentiras de la señora Wallace, por lo que decidieron mantenerse al margen de la situación.
Otro testimonio fue el de Claudia Patricia Muñoz Acosta, expareja de Hugo Alberto Wallace, quien reveló en 2019 que habían procreado una hija y que en 2007 aún mantenían comunicación. La expareja sentimental de Hugo Wallace dijo que se había ido a vivir a Estados Unidos por presión de Isabel Miranda Torres, y la existencia de la primera hija, Andrea Isabel, de 25 años, quien tiene problemas congénitos en la columna vertebral y "requería la atención del padre".
Incluso señaló que Isabel Miranda había interferido para evitar que Hugo Alberto registrara a su hija con el apellido Wallace, y que él la había dejado plantada en el Registro Civil de la alcaldía de Coyoacán, delegación donde vivía. Muñoz precisó que el apellido Wallace se lo puso a su hija alterando la escritura a Wallas.
Para entonces, en 2007, Juana Hilda González, César Freyre, George Khoury Layón, Albert y Tony Castillo ya habían sido detenidos arbitrariamente, torturados y encarcelados en prisión preventiva. En contraste, con la referencia respecto a que Brenda había evadido la justicia, Isabel Miranda ha eludido la justicia durante tres sexenios consecutivos; ya que pese a denuncias formales por los delitos de tortura con carpetas de investigación abiertas, no ha sido llamada a cuentas.
Sobre presuntas amenazas que recibió Isabel Miranda
¿No es acaso la forma en la que ella ha operado durante tres sexenios para legitimarse como víctima indirecta del supuesto secuestro de su hijo? ¿Con mentiras, e incluso, con montajes de atentados para simular que corre riesgo mientras torturaba ella personalmente en prisión a las verdaderas víctimas? Incluso ha admitido haberlos mandado torturar, y los inculpados han dado su testimonio sobre cómo ella entraba a las prisiones a golpearlos y escupirlos.
Isabel Miranda dice estar igual que cuando empezó el caso de su hijo.
Sí, efectivamente, se encuentra igual en absoluta impunidad, como en los sexenios anterios, sin enfrentar la justicia. Protegida por los mismos gobiernos federales, incluyendo el actual de Andrés Manuel López Obrador, ante quien se denunció reiteradamente los casos de injusticia de las víctimas. Y que él mismo pudo haber indultado, al menos en el caso de los sentenciados, y promover la libertad de los tres que han estado en prisión preventiva, en el caso de Brenda por 15 años; en el caso de Jacobo Tagle, 14 años; y en el caso de Jael Malagón, 18 años sin sentencia.
Respecto a las sentencias condenatorias de los procesados en este caso
Isabel Miranda afirmó en la entrevista con Uresti que las largas sentencias que tienen algunas de las víctimas demuestran la culpabilidad de Brenda. Nada más alejado de la verdad. Sin embargo, lo que realmente evidencian esas sentencias es la corrupción judicial y el quiebre del Estado de derecho que ella misma ha fomentado, con el respaldo de cada presidente de la república en los últimos tres sexenios. Estas sentencias condenatorias se dieron pese a la serie de irregularidades violentando el debido proceso de cada víctima, obtenidas sin pruebas y basadas en confesiones arrancadas bajo tortura con amenazas a las familias de los acusados.
Sobre el supuesto pacto entre Arturo Zaldívar y George Khoury Layón
Según Isabel Miranda, existe un pacto entre Zaldívar y Khoury, pero entre ellos nunca ha habido una sola comunicación de ningún tipo. Quien tuvo injerencia con Zaldívar fue Ricardo Raphael, incluso con sobornos al exministro denunciado por ella misma. Khoury tampoco tiene relación con Raphael, por el contrario lo ha evitado por el plagio de El falso caso Wallace, de la que es autora esta periodista.
George Khoury fue acusado de un homicidio perpetrado en 2004, del que demostró su inocencia, logró llevar a juicio a uno de sus torturadores, el expolicía federal de Genaro García Luna, Porfirio Sánchez Mendoza, se le expidió constancia de no antecedentes penales por parte del Poder Judicial, un reconocimiento de inocencia por parte de la Segob y obtuvo una opinión de libertad inmediata por parte de la ONU; sin embargo, por tráfico de influencias de Isabel Miranda y Eduardo Margolis, sigue en prisión habiendo cumplido el 60 por ciento de la condena por un delito que no cometió.
¿A quién se refiere Isabel Miranda cuando alude a "Ellos"?
Arturo Zaldívar, y los jueces involucrados en los casos, fueron amigos y servidores públicos que favorecieron en otro momento a Isabel Miranda. Mientras que George Khoury lleva preso 12 años con ninguna influencia política, es sobreviviente de tortura y se ha defendido de un proceso viciado. Sin embargo, si la afirmación de Miranda fuera cierta, ¿por qué se le negó el beneficio de preliberación a Khoury en la audiencia del 10 de junio de 2024, derivada de una audiencia previa que se le postergó por dos años, tras la tortura más reciente el 12 de junio de 2022?
Khoury, además de los recursos de inocencia y los protocolos de Estambul positivos en tortura, enfrenta la condena de 20 años en la causa fabricada 80/2012, donde la juez Hermelinda Silva, amiga de Isabel Miranda, lo sentenció con base en un testimonio obtenido bajo tortura de Jacobo Tagle en 2010, inculpado por el caso Wallace, y del que no tiene relación alguna la causa fabricada de Khoury.
Por otra parte, ¿por qué Khoury estaría interesado en la liberación de Juana Hilda González y Brenda Quevedo Cruz, si no las conoce, nunca ha tenido interacción con ellas, y es ajeno al delito del que ellas están acusadas?
Sobre los protocolos de Estambul que asegura son negativos
Isabel Miranda afirma que hay dos protocolos de Estambul negativos en tortura para Brenda Quevedo y Jacobo Tagle. Sin embargo, esto es falso. Los protocolos de Estambul han resultado positivos para César Freyre, Jacobo Tagle y George Khoury. En el caso de Jael Malagón Uscanga, cuenta con otras evidencias documentales de tortura, incluyendo quejas de derechos humanos tras las golpizas pagadas por Isabel Miranda que lo dejaron parcialmente ciego, y también se encuentra en espera de los resultados del protocolo aplicado por la FGR hace más de un año. En el caso de Brenda Quevedo tiene una valoración positiva por estrés postraumático realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución que dio una recomendación en su favor.
Las declaraciones de Isabel Miranda Torres a los medios cómplices en torno a los casos de Brenda Quevedo y los demás acusados revelan una narrativa desafiada por pruebas contundentes y testimonios judiciales. Estos casos ponen al descubierto la red de corrupción que aún es solapada por los poderes públicos, incluyendo el Poder Ejecutivo durante tres sexenios, afectando profundamente a personas inocentes, a sus familias y sus patrimonios.