En Ecuador, el aborto sólo es legal en casos de violación o riesgo para la vida o salud de la mujer. Sin embargo, miles lo practican fuera del sistema de salud, expuestas al miedo, la estigmatización y la cárcel.
Por Mariana Fernández Camacho
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Ecuador abortan 61.320 mujeres al año. Es decir: 168 por día, siete cada hora. La mayoría lo hace en la clandestinidad, arriesgando su vida y su libertad.
Un año después de haber presentado una demanda para eliminar el aborto del Código Penal ecuatoriano, el movimiento nacional Justa Libertad envió a la recientemente renovada Corte Constitucional 168 cartas que buscan visibilizar las voces y experiencias de quienes abortaron o acompañaron abortos, pese a la criminalización.
“Soy una de las miles de mujeres que abortaron en la clandestinidad en 2019. Tenía 21 años, un embarazo no deseado y una pareja que me amenazó de muerte. Abortar no fue fácil. La criminalización nos deja en manos de quienes lucran con nuestro miedo. Lo hice sola, en la clandestinidad. Sentí dolor y alivio. Aborté un domingo y el lunes volví al trabajo. Seis años después, sigo sanando. Nunca me arrepentí de elegirme a mí. Las mujeres que abortamos necesitamos apoyo, no cárcel. Juezas y jueces no deben desviar la mirada de quienes claman por sus derechos. Atentamente, Valeria”.
Valeria es el seudónimo de una persona que abortó de manera clandestina en Ecuador, y su experiencia formó parte de las 168 cartas que el movimiento nacional Justa Libertad hizo llegar a las y los magistrados de la recientemente renovada Corte Constitucional, para agregar a la extensa demanda que hace más de un año presentó solicitando la eliminación del Art. 149, que sanciona el aborto en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. El objetivo es que el aborto sea reconocido como un derecho y un servicio de salud esencial, y no como un delito.
La cantidad de cartas no es azarosa. Por el contrario, representa a las 168 mujeres que, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se someten cada día a abortos clandestinos en el país. Siete por hora, en condiciones desconocidas y muchas veces riesgosas, debido a una normativa que, desde 1938, castiga de seis meses a dos años de cárcel a la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo practique, y de uno a tres años de prisión a quien realice la práctica.
Otros datos que destacan en el movimiento señalan que, entre enero de 2014 y diciembre de 2023, 493 personas fueron criminalizadas por abortar. El 61% eran mujeres: 21%, niñas y adolescentes (de 12 a 17 años); el 48%, mujeres jóvenes (de 18 a 29 años); y el 14% eran mujeres adultas (de 30 a 64 años). Aquellas de bajos ingresos tuvieron más probabilidades de ser procesadas, incluso en casos de aborto espontáneo o atención postaborto. Frente a este escenario, 8 de cada 10 personas en Ecuador están en contra de la criminalización por abortar.
“Nos interesa visibilizar que la prohibición y penalización del aborto no hace que las mujeres dejemos de abortar. En cambio, lo que sí causa es que tengamos que hacerlo en la clandestinidad, muchas veces poniendo en riesgo nuestras vidas, nuestra salud, nuestra integridad, por tomar una decisión que debería ser libre y voluntaria”, subraya Ana Cristina Vera Sánchez, abogada, socióloga y vocera de Justa Libertad, movimiento conformado por organizaciones con un histórico trabajo territorial por los derechos humanos, la garantía de los derechos reproductivos de las mujeres ecuatorianas y su autonomía sobre su proyecto de vida.
Narrar abortos
“Corrí muchos riesgos, pero agradezco que el lugar donde lo hice y el doctor que me practicó este procedimiento fue de lo más humano. Las consecuencias psicológicas fueron las más difíciles de sanar; sin embargo, luego de mucha terapia, puedo decir que lo logré (…) Si queremos un mundo mejor, debemos criar infancias con amor y, si las condiciones familiares no dan para eso, debemos tener la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. ¡Déjennos decidir sobre nuestros cuerpos! Diana”.
Diana también es un seudónimo, pero la vivencia de tener que afrontar un aborto clandestino es real, y por eso formó parte de la iniciativa “168 cartas por el aborto”, enviadas a la Corte Constitucional, en Quito, el pasado 19 de marzo. La acción fue acompañada en simultáneo por manifestaciones y expresiones a favor del derecho a decidir en las ciudades de Lago Agrio, Imbabura, Esmeraldas, El Oro, Cuenca, Guayaquil, Loja y San Cristóbal, en Galápagos.
Vera Sánchez comparte cómo fue elegir la escritura, ese proceso de escupir y acomodar palabras para narrar lo vivido: el miedo / la angustia / la impotencia / la desesperación / el terror / la duda / la seguridad.
“Organizamos talleres de escritura para que las mujeres de los distintos territorios pudieran poner en palabras sus experiencias. Muchas de ellas escribieron porque permitimos que lo hicieran en el anonimato, y muchas de las cartas hablan justamente sobre el silencio al que te fuerza el marco legal. Contaron la soledad en que tuvieron que vivir sus abortos, cuando les hubiera gustado estar con amigas, con sus mamás, hermanas, parejas... Mientras que otras decidieron escribir con nombre, apellido y hasta cédula, para que la Corte sepa de sus demandas. Muchas hablaron de lo difícil que fue nombrar el aborto, pero cómo luego, en colectivo, fueron construyendo valor para hacerlo. Y creo que eso es súper interesante, porque permite mirar cómo hemos avanzado en materia de imaginarios sociales y la importancia de hablar entre nosotras de abortos, algo que está muy presente en general en la vida de las mujeres y de las personas que podemos gestar”.
En Ecuador, el aborto es legal cuando está en riesgo la vida o la salud de una mujer o persona con capacidad de gestar y, desde 2021, cuando el embarazo es producto de una violación. Pese a las tres causales justificadas, Human Rights Watch denuncia que existen obstáculos para el acceso a la práctica y a la atención postaborto. Por ejemplo: judicialización innecesaria de casos, estigmatización, maltrato por parte de profesionales de la salud e interpretación acotada de las causales.
“Soy Jenny y quiero compartir mi historia. Después del aborto, un mar de emociones me envolvió. Pero en lo profundo de mi corazón, tenía la certeza de que había hecho lo correcto. Aun así, vivir en una sociedad que te juzga, que te señala, que te llama asesina sin saber nada de ti, hizo todo aún más difícil. Veía comentarios, escuchaba opiniones, y sentía que cada palabra de odio iba dirigida a mí. Que me estaban apuntando con el dedo. Y lo peor era el miedo. Miedo de hablar. Miedo de que alguien se enterara. Miedo de que, en cualquier momento, me acusaran de un delito por haber decidido sobre mi propio cuerpo. Y ese miedo aún no se va (…) Porque una mujer que aborta no es una criminal. Es una mujer que tomó una decisión sobre su vida. Y yo no me siento una criminal, aunque la sociedad me señale como tal. Soy una mujer que hizo lo mejor que pudo con las opciones que tenía.
Estimada Corte, hablo por mí y por todas las mujeres que han pasado por esto. Pedimos que se despenalice el aborto. No queremos que otras vivan lo que nosotras vivimos: el miedo, la culpa impuesta, el peligro de morir por hacerlo en la clandestinidad. La penalización del aborto no evita que suceda. Solo hace que ocurra en condiciones más crueles, más injustas, más inhumanas”.
Jenny tampoco se llama Jenny. Pero su relato sigue siendo similar al de demasiadas ecuatorianas.
Estadísticas y contexto actual
Abortos clandestinos: Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente siete mujeres ecuatorianas se someten a abortos clandestinos cada hora. Además, en 2022, 54 personas fueron hospitalizadas diariamente por complicaciones relacionadas con abortos inseguros. (El País).
Criminalización y prosecuciones: Entre 2009 y 2019, Human Rights Watch documentó 148 casos judiciales relacionados con el aborto en Ecuador. El 81% de las personas procesadas eran mujeres, la mayoría jóvenes, pobres y de origen indígena o afrodescendiente. En muchos casos, los médicos violaron el derecho a la confidencialidad al denunciar a las pacientes. (Al Jazeera).
Embarazos en niñas y adolescentes: En 2023, de las 4.937 niñas embarazadas, solo 247 optaron por el aborto. Las barreras legales y el temor de los profesionales de salud a enfrentar repercusiones legales dificultan el acceso a servicios de aborto legal, incluso en casos de violación. (El País).
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