INM y Policía de Chiapas detienen ilegalmente a migrantes, denuncian obispos católicos de Ciudad Juárez y Tapachula

Redacción

La Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana denunció enérgicamente que el pasado sábado 29 de octubre, de forma ilegal, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Estatal de Chiapas, ingresaron a la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en Escuintla, Chiapas, donde privaron de la libertad a personas migrantes que se encontraban resguardadas por las autoridades eclesiásticas.

En medio de estos hechos, una mujer embarazada de nacionalidad colombiana salió lastimada por el uso excesivo de la fuerza por parte de los servidores públicos.

Lee más: Masacre de San Fernando, Tamaulipas, una investigación incompleta después de 12 años para víctimas migrantes

En el comunicado, firmado por los obispos José Guadalupe Torres Campos, de Ciudad Juárez, y Jaime Calderón Calderón, de Tapachula, enfatizaron que “la Iglesia Católica en México lleva más de 20 años acogiendo, protegiendo, integrando y promoviendo a las personas migrantes que transitan en el país, brindando alimento, hospedaje, vestimenta, atención médica, entre otros derechos que en principio deben ser garantizados por el Estado mexicano”.

Sin embargo, dice el comunicado, “en ausencia del Estado, han sido asumidos (estas gestiones) por la Iglesia católica; pese a esto la repuesta de instituciones como el INM es atacar la iglesia, mediante acciones incluso ilegales que no solo impiden el desarrollo de su labor humanitaria, sino el ejercicio de sus derechos a la asociación y libertad religiosa”.

La Dimensión Episcopal de la Pastoral de la Movilidad Humana solicitó en su denuncia que el Instituto Nacional de Migración y la Policía Estatal de Chiapas, se abstengan de realizar cualquier acción de hostigamiento y perturbación a las actividades humanitarias que realiza la Diócesis de Tapachula en favor de los migrantes.

No te pierdas: Migrantes temporales, entre la trata, el trabajo forzoso y la explotación

Así mismo, que investiguen a través del órgano Interno de Control, la forma en la que han actuado los servidores públicos encargados en la seguridad y que se han involucrados en los hechos. También solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que lleve a cabo una investigación acorde a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, y que permita realizar una recomendación a las instituciones involucradas con el objetivo de reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Finalmente, la Dimensión Episcopal se solidarizó por los hechos ocurridos con la Diócesis de Tapachula y con la Parroquia Santo Domingo de Guzmán en Escuintla.