Presunción de Inocencia y Derechos Humanos denuncia muerte de dos presos en penales del Estado de México

El presidente y fundador de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH), José Humbertus Pérez Espinoza, denunció que las muertes de dos presos en penales del Estado de México ocurridas en menos de un mes que no han sido aclaradas por las autoridades penitenciarias estatales.

Uno de las víctimas fatales llevaba el nombre de Juan Ángel Ayala González, quien falleció el 19 de agosto pasado, de muerte cerebral después de una tortura, y en menos de un mes otra víctima fue el interno Luis Antonio Cruz Velázquez. Ambos fallecimientos denunciados por la organización de derechos humanos sin que las autoridades respondan a las familias de las víctimas.

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El activista Pérez Espinoza refirió que el Poder Judicial del Estado de México ha protegido al director de penales de esa entidad, Jaime Echartea Mojica, pues a través del acuerdo para colocar brazaletes se ha deslindado de su responsabilidad, permitiendo que se cometan graves violaciones a los derechos humanos.

El último asesinato ocurrido en un penal del Estado de México fue el pasado 3 de septiembre, cuando el interno Luis Antonio Cruz Velázquez falleció presuntamente por un problema de úlcera. Sin embargo, la madre de la víctima señaló que sufrió violencia por parte de los custodios.

El interno del penal de Chiconautla habría sufrido la violencia por parte de las autoridades penitenciarias con la tolerancia del director de los penales del Estado de México, expuso el fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, quien relató que a la madre del joven le trataron de dar diferentes versiones sobre la forma en la que su hijo perdió la vida.

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El defensor de derechos humanos Humbertus también especificó que se trataba de un falso culpable que no pudo obtener el derecho a la libertad que contempla la Ley de Amnistía de la entidad, por lo que criticó el desempeño de las autoridades estatales por permitir este crimen al interior del centro de reclusión.

La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos se opuso a la expedición de un nuevo código penal para el Estado de México, debido a que aseguró que el Sistema Penal de Justicia Penal Acusatorio no se consolidó, aunado a que los ministerios públicos, peritos y policías no conocen el Código Nacional de Procedimientos Penales.

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