Contra lo señalado previamente, la Fiscalía sólo identificó las nacionalidades de cinco de las seis víctimas de la masacre: tres de Egipto, una de Honduras y una de Perú
La condena de la Iglesia Católica por la masacre de migrantes ocurre poco más de un mes después de que el cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini denunciara que los cárteles controlan la frontera entre México y su país.
Los Ángeles Press
Al mediodía de este jueves 3 de octubre, la Fiscalía General de la República y la Iglesia Católica en México se pronunciaron respecto de la masacre de migrantes ocurrida en la comunidad de Villa Comaltitlán, a menos de 60 kilómetros al norte de la frontera de México y Guatemala.
La Fiscalía inició su comunicado relacionando la masacre con hechos ocurridos en “la frontera entre Tapachula, México y Tecún Umán, Guatemala”. Dice que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), recibió un reporte sobre personas armadas en la región.
Por ello, elementos del Ejército acudieron a la “carretera federal número 200, cercana a Tapachula, donde encontraron tres vehículos, cuyas personas a bordo, al ver al personal de la autoridad, se dieron a la fuga, a pesar de haber sido conminadas para que se detuvieran, ignorando dicha orden que es obligatoria frente a un acto de autoridad”.
La Fiscalía insistió en que los elementos del Ejército fueron objeto de una agresión y en que el vehículo de carga en que se transportaba a 33 personas trató de eludir a las autoridades mexicanas.
Debe señalarse que el vehículo es una camioneta de carga con redilas, con capacidad para transportar tres y media toneladas de peso. Si, como señala la Fiscalía ese vehículo llevaba a 33 personas, ello implica un peso aproximado de mil 980 kilos, asumiendo que cada persona en la camioneta pesara 60 kilos.
Lo dicho por la Fiscalía General de la República se puede consultar en un hilo que la cuenta de esa institución en la red social X publicó alrededor del cuarto para las tres de la tarde y que se presenta después de este párrafo o en este enlace.
El vehículo es una camioneta Ford F350 de los años noventa, por lo que resulta poco probable que pudiera eludir a elementos del Ejército mexicano.
En la siguiente imagen están dos fotografías del vehículo como se encontró en la escena de la masacre.
Y, efectivamente, el vehículo portaba placas del Estado de México, como se puede observar en la imagen previa, por lo que resulta difícil de creer que pudiera ser un vehículo que cumpliera con todos los requisitos legales para circular a más de mil kilómetros del lugar donde estaba registrado.
Sin embargo, eso no justifica el uso de la violencia que causó la muerte de entre cinco y seis personas y heridas a entre 14 y hasta 17 más.
Uso desproporcionado de fuerza: CEM
Ése es el punto principal que señala la declaración dada a conocer por el responsable de la pastoral de la migración de la Iglesia Católica en México, el obispo de Ciudad Juárez, Chihuahua, José Guadalupe Torres Campos, un comunicado en el que “rechaza de manera enfática” lo que califica como “uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de agentes del Estado lo que ocasionó, hasta el momento, la muerte de seis personas migrantes”.
Torres Campos, quien es el responsable de la llamada Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el organismo cúpula de la Iglesia Católica en México señala además que la tragedia no es un “hecho aislado”. Es consecuencia de “una mayor presencia de fuerzas armadas en la frontera sur del país la cual ha sido una constante”.
Nueva violencia contra migrantes en Chiapas por militares
Torres Campos también vincula los hechos del lunes por la noche, de los que Los Ángeles Press ha dado cuenta en distintos textos, uno de los cuales se vincula antes de este párrafo, con lo que él define, a nombre de su iglesia como “un contexto de violación sistemática de derechos humanos”.
Otros obispos, mexicanos y de otros países, han denunciado la actuación del gobierno de México en términos similares. En la nota que se vincula antes de este párrafo se da cuenta de lo dicho, hace unas semanas, en Panamá por el cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini, quien denunció la situación en la frontera de su país con México en términos similares.
Antes de este párrafo se vincula otro texto en el que se dio cuenta previamente de la posición de Jaime Calderón Calderón, antiguo obispo de Tapachula, actual arzobispo de León, Guanajuato, en un comunicado con el que se despidió de la diócesis de Chiapas.
Torres Campos continúa con su denuncia de lo que llama “una política migratoria basada en la militarización”. Por ello, llama al Estado mexicano “a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva; de lo contrario, si estos hechos no son investigados con la debida diligencia, resultaría de algún modo, auxiliados por el poder público comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado mexicano”.
También pide “al Estado mexicano adoptar medidas de no repetición para limitar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de orden público y en materia de control y revisión migratoria a situaciones excepcionales y asegurar el cumplimiento de medidas preventivas en el uso de la fuerza”.
Torres Campos señala que él y los obispos de su iglesia hacen este llamado “en nombre de la dignidad fundamental de cada persona” por lo que llama a “esforzarse para preferir soluciones que sean alternativas a la contención de las personas en situación migratoria irregular que entran en el territorio nacional y la militarización de la frontera”.
Expresa su solidaridad con “las personas migrantes que murieron en este operativo del Ejército mexicano”.
El texto del comunicado del obispo de Ciudad Juárez se puede consultar, como PDF después de este párrafo.
En las primeras horas del día, la presidente Claudia Sheinbaum contestó una pregunta del corresponsal de The Associated Press en México Mark Stevenson sobre la masacre, diciendo que su gobierno cooperaría con la investigación, como se puede ver en el siguiente vídeo. La atracción de la pesquisa judicial se oficializó poco antes de las 3 de la tarde de este jueves 3 de octubre por la Fiscalía General de la República.
