Cinthya Alvarado Enriquez Viernes, 13 de Septiembre del 2024, 12:14
Los trabajadores migrantes son contratados sin seguridad social en la construcción de un puente.
Por Cinthya Alvarado Enríquez
Obras Públicas del Estado de Chiapas contrata migrantes sin seguridad social.
Tras tres días de ayuno, se solicita compra de piezas para cirugía.
TAPACHULA, Chiapas. El 11 de septiembre, al mediodía, dos albañiles cayeron desde un andamio a trece metros de altura en la obra del puente elevado en la entrada principal de Tapachula. La Secretaría de Obras Públicas del Estado asignó contratos a varias empresas constructoras en total opacidad e ilegalidad, ya que no proporcionan seguridad social a los trabajadores.
El más afectado fue Raysel Fernández Patricio, un cubano de 47 años, quien sufrió una fractura expuesta en el pie izquierdo, que está unido únicamente por la piel y los tendones. El otro trabajador, Víctor Alexander Bonilla, de 49 años, originario de El Salvador, cayó sobre una camioneta roja Frontier estacionada en el lugar. El impacto rompió el parabrisas y aboyó el cofre, causándole desmayo y cortes en el brazo izquierdo.
Los encargados de la obra no resolvieron el asunto de inmediato. Fueron los comerciantes quienes, al ver la situación, llamaron al Grupo SAE, los rescatistas que trasladaron a Raysel al Hospital General. Después de una hora, lo atendieron, le colocaron un yeso y le administraron medicamentos. Sin embargo, le informaron que no había material ortopédico disponible para su cirugía.
Raysel permaneció en ayuno durante tres días sin recibir ningún procedimiento. Fue solo cuando se comunicó con Los Ángeles Press que los médicos autorizaron alimentos y explicaron su situación. Bajo la presión de que la información saliera en los medios, el ingeniero encargado de la obra le aseguró por teléfono que resolvería su atención médica.
La Secretaría de Obras Públicas permite que las constructoras realicen la obra sin proporcionar seguridad social a los empleados, lo que representa una grave ilegalidad. El puente, anunciado con un costo de 740 millones de pesos —400 millones para el puente de 700 metros de longitud y 340 millones de pesos para la remodelación de calles y mercados a lo largo de la obra— en realidad ha sido informado por un encargado de la obra que el costo ha superado los 950 millones de pesos.
En la obra se han producido diversos accidentes que han afectado tanto a trabajadores como a transeúntes, dado que es un paso obligado hacia el mercado San Juan, tiendas departamentales y el Seguro Social. No obstante, no hay supervisión por parte de Protección Civil, la Secretaría del Trabajo, ni la Fiscalía de Migrantes.
La periodista Cinthya Alvarado Enríquez, corresponsal de Los Ángeles Press, ha presentado una queja ante la Comisión de Derechos Humanos con el folio 108241/2024, solicitando la intervención de los visitadores para acelerar la atención de los dos accidentados.
