Además de presumir los datos de Michoacán, Sheinbaum negó que el arresto de Gilda Lozoya tenga un trasfondo político.
Harfuch aseguró que el gobierno ya investiga a Juan José Farías Álvarez, líder de grupos criminales en Michoacán desde los noventa del siglo XX, arrestado en 2026.
Los Ángeles Press
Claudia Sheinbaum llevó este 3 de julio la actividad presidencial a Morelia, Michoacán, uno de los estados donde la violencia sigue marcando la vida pública. Desde ahí, ella y su gabinete insistieron en que la estrategia de seguridad avanza según los resultados previstos por el gobierno federal. La jornada incluyó también la presentación de programas federales en la entidad, entre ellos el plan de recuperación del Lago de Pátzcuaro.
El mensaje volvió a apoyarse en estadísticas de corto plazo, un recurso habitual en las actividades dedicadas a seguridad. Con esos datos, Sheinbaum busca colocarse como vencedora en una comparación limitada a su propio gobierno y al de Andrés Manuel López Obrador.
Ello es así cuando se analizan los datos de seguridad pública, sea a escala federal o de las 32 entidades de la República. Lo que resulta es una situación en la que el número de homicidios que se reportan durante el actual gobierno sigue siendo similar o incluso superior a los que ocurrían durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y muy superior a los que se reportaban en cualquiera de los gobiernos previos.
Baste señalar que al inicio de este mes de julio, el mes número 22 del gobierno de Sheinbaum, su gobierno acumula ya 42 mil 519 homicidios contra los poco más de 40 mil de Peña Nieto al concluir ese mismo periodo, los 19 mil 325 de Felipe Calderón Hinojosa e incluso los 27 mil 909 con los que cerró Ernesto Zedillo Ponce de León ese lapso, como se puede ver en la gráfica de TResearch International de México que aparece después de este párrafo.
Ello deja ver que cuando a julio le quedan 26 días más, el número de homicidios reportados por las autoridades son superiores a cualquiera de los ocurridos en los gobiernos previos, salvo el de López Obrador que, acumulaba, a pesar de la pandemia, la cifra dantesca de 66 mil 928 homicidios al cerrar el mes 22 de su gestión.
Lejos de ofrecer una visión de largo plazo, Sheinbaum y su equipo en el gabinete de seguridad optaron, como es la costumbre en estas actividades, por limitar la comparación a lo que ocurría a mediados de 2024, cuando concluía el gobierno de López Obrador e iniciaba la actual administración, como se puede ver en la gráfica que aparece después de este párrafo, centrada en los datos para Michoacán.
Al limitar la comparación a lo ocurrido con López Obrador, se insiste en una narrativa según la cual lo peor ha pasado y habría que esperar que de aquí en adelante algo ocurra que pueda resolver el problema de fondo.
Ésa fue la interpretación dada por Sheinbaum, su secretario Omar García Harfuch, y el resto de los funcionarios que, junto con Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, insistieron en que las medidas impulsadas hasta ahora para pacificar a la entidad han logrado con creces sus objetivos.
El problema es que lo que se observa en las estadísticas del propio gobierno a escala estatal es un patrón similar al que ocurre en el ámbito federal: sí, la violencia se ha reducido, pero se estabiliza en patrones similares a los que existían al final del gobierno de Felipe Calderón o inicios del de Peña Nieto.
En Michoacán, como se puede ver en la gráfica que aparece después de este párrafo, al finalizar junio se reportaron un total de 408 homicidios. Incluso si esa misma tendencia se mantuviera hasta el final del año, es difícil imaginar que la entidad pudiera terminar 2026 con menos de 800 homicidios, lo que la colocaría en una situación similar a la que existía en 2011 o 2012, cuando cerró con poco más de 800 homicidios, como se puede observar en la siguiente gráfica, también de TResearch International de México.
En todo caso, como suele suceder los martes en que los funcionarios presentan su interpretación de los datos disponibles, en Morelia no hubo voces que criticaran lo dicho por Sheinbaum, por García Harfuch o por algún otro. Solo tomaron la palabra para defender la idea de que todo va bien con el modelo de seguridad del actual gobierno.
En este sentido, García Harfuch regresó al caso de Juan José Farías Álvarez, a quienes algunos identifican como “El abuelo”, quien ganó notoriedad en agosto de 2025 cuando las autoridades de Estados Unidos ofrecieron una recompensa de diez millones de dólares por información que pudiera llevar a su arresto.
El arresto ocurriría en abril de este año. Como suele ser el caso cuando Estados Unidos pide que se arreste a alguien, García Harfuch dijo que a Farías Álvarez ya lo investigaban las autoridades mexicanas.
Ello es absolutamente cierto. De hecho, había órdenes de arresto contra el líder de una organización autodenominada como “Cárteles Unidos” desde 2009, luego del fracaso estrepitoso del Michoacanazo de Felipe Calderón Hinojosa.
Por razones que sólo los funcionarios que han pasado de ocupar cargos públicos en gobiernos del PRI, a gobiernos del PAN y ahora con Morena, como en el caso de García Harfuch y muchos de sus colaboradores, las órdenes de arresto contra Farías Álvarez nunca se “cumplimentaron” como gusta decir la jerga de la abogacía en México. Fue sólo poco más de seis meses después de que el gobierno de Estados Unidos ofreció la recompensa que las ruedas de la justicia en México encontraron la fuerza para rodar.
De hecho, si uno examina con algún cuidado la prensa, todavía en papel, de los noventa del siglo pasado, encontrará que Farías Álvarez ya se había ganado un lugar en las páginas de información policiaca de medios de Michoacán, Guerrero y el sur del Estado de México.
En aquellos años aparecía en reportes como uno de los lugartenientes de lo que era entonces el así llamado Cartel del Milenio, de donde pasaría luego de muchos conflictos a integrarse al Cartel Jalisco Nueva Generación. De hecho, las autoridades federales lo arrestaron en 2018, aunque el arresto fue declarado ilegal, por lo que lo debieron liberar.
En todo caso, García Harfuch insistió en que el gobierno de México investiga ya a Farías Álvarez y a la compleja estructura familiar que le acompañó en una carrera criminal de más de 30 años que acabó en abril de este año cuando se le volvió a arrestar.
En otros asuntos, Claudia Sheinbaum negó que el arresto de Gilda Lozoya, hermana de Emilio, quien fuera director de Petróleos Mexicanos con Enrique Peña Nieto, obedezca a razones políticas.
Según Sheinbaum, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, le informó que “hay pruebas de su participación en el fraude de la empresa Agronitrogenados. El fraude fue una compra de una planta de fertilizantes, que en su momento se había privatizado, Pemex la compra a un precio alto de más de 200 millones de dólares”.
Al final de la actividad, Sheinbaum insistió en la idea de que todo sigue igual con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, a pesar de las reacciones negativas que se han expresado tanto en Ottawa, como en Washington D.C. y en la Ciudad de México por la decisión de Donald Trump de no renovarlo y dejarlo en el limbo en el que se encuentra desde ayer.
