Del pitazo a la cúpula: cómo sube el crimen al poder en Tecate

Hazael Sayavedra

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En Tecate, las denuncias alcanzan al gobierno municipal por sus proveedores, la reincorporación de policías señalados y los presuntos vínculos políticos con empresarios investigados.

Por Hazael Sayavedra

Parte 3 de 3

Dos entregas después, el lector tiene derecho a preguntar lo obvio: ¿y cómo se llega de un sicario en una brecha de Tecate a un despacho con aire acondicionado? En la primera conté lo que compró el Ayuntamiento mientras la ciudad contaba muertos; en la segunda, el mapa estatal de una red que Washington liga a Los Mayos. Hoy cierro con el mecanismo. Porque el crimen organizado no asalta el poder de un solo golpe. Lo sube por pisos, como quien sube a un edificio que nadie vigila.

Las reglas no cambian en la última entrega: la designación de la OFAC no es una sentencia, el congelamiento de la UIF no acredita responsabilidad, una acusación en Nueva York no es una condena y nadie en esta columna es culpable de nada mientras un juez no diga lo contrario. Lo que sigue son casos documentados por autoridades, organizaciones civiles y periodistas, cada uno con su atribución. Las conclusiones sobre Tecate, al final, son mías y van marcadas como tales.

Planta baja: los muertos

Empiezo por donde empezó esta serie, porque el edificio está construido sobre cadáveres. Baja California cerró septiembre como la entidad con más víctimas de homicidio doloso del país: mil 92 en nueve meses, según el Secretariado Ejecutivo. En Tecate, una familia asesinada en El Escorial, una agente antisecuestros abatida horas después, un ataque en Los Encinos con tres muertos y un despliegue de más de 500 elementos que llegó cuando ya había cuerpos que contar. El alcalde nos explicó que “no es una competencia” y que ha habido años con 200 homicidios. No, no es una competencia. Es una escalera.

Primer piso: el uniforme

El primer piso es el más barato y el más rentable: la policía municipal. Un agente cuesta menos que un regidor y avisa más rápido.

En junio, la fiscal María Elena Andrade explicó lo que encontraron en el celular de un sicario del CJNG detenido: al menos tres policías municipales de Tecate le mandaban fotos, nombres y horarios de los operativos. “Llegábamos a los domicilios, se encontraban armas y drogas, pero nunca a los delincuentes”, dijo. Y agregó dos frases que deberían estar enmarcadas en cada cabildo del estado: “van más de 20 agentes municipales detenidos” y “es el mismo fenómeno que pasó hace como un año en Ensenada”. No es una manzana podrida. Es un huerto.

En julio, el secretario de Seguridad, general Laureano Carrillo, dijo que se analizaba por qué la sindicatura de Tecate reinstaló a policías que habían reprobado el control de confianza y que después fueron señalados como informantes. La síndica lo niega. Pero el dato del general es el retrato del primer piso: el filtro existe, alguien lo reprueba y alguien más lo vuelve a contratar.

En Mexicali, según el Tesoro de Estados Unidos, el exdirector de Seguridad Pública Pedro Ariel Mendívil recibía sobornos de “El Ruso” a cambio del “control del Cártel de Sinaloa sobre la policía municipal”. En Rosarito, según la OFAC, la red de los Arzate tenía “protección” de la Dirección de Seguridad Pública. Y en Culiacán, según la acusación de la fiscalía federal de Nueva York, un excomandante de la policía habría cobrado unos 41 mil dólares al mes por darle a Los Chapitos acceso a patrullas y radios. Todos niegan o no han sido juzgados. El patrón, sin embargo, se repite con una monotonía que ya no sorprende: quien controla al policía controla la calle.

Segundo piso: la caja

Cuando el uniforme ya está en la bolsa, se sube a la tesorería. Hace más de una década, InSight Crime, con datos de la asociación nacional de municipios, describía el modelo sin rodeos: los grupos criminales “dictan a quién nombran los alcaldes como jefes de policía, cobran hasta un 10 % del gasto local e insisten en que sus empresas favoritas reciban contratos”. Leído en 2026, desde Baja California, parece menos un diagnóstico que un manual de instrucciones.

Las empresas favoritas son el segundo piso. Lo vimos en las dos entregas anteriores: un mismo círculo empresarial, que la OFAC atribuye a Santelices, le vendió patrullas, uniformes, cámaras, software de reconocimiento facial y herramientas de intervención de comunicaciones a la Fiscalía, al Gobierno del Estado y a varios municipios, en buena parte por adjudicación directa. Aquí hay que separar con bisturí. Lo documentado son los contratos y la sanción. Lo que afirma Washington, sin haberlo probado ante un tribunal, es que esas empresas lavan dinero para el Cártel de Sinaloa. Si la acusación es cierta, el negocio es redondo: el cártel no solo infiltra a la policía; le vende el uniforme, le renta la patrulla y le instala el software.

El facilitador de este piso tiene nombre: opacidad. Según Zeta, los comités de adquisiciones dejaron de publicar actas y videos en 2024 y 2025, y muchos contratos aparecen como “reservados”. En Tecate, un contrato con una empresa sancionada desapareció del portal de transparencia después de que la prensa preguntó. La Fiscalía reservó la información del software de intervención. Un politólogo citado por InSight Crime resumió la tentación del municipio: “millones de pesos a su disposición con pocos controles”. Donde no hay controles, el cártel no necesita pistola; le basta una factura.

Tercer piso: la boleta

El tercer piso es el que convierte el negocio en poder: las campañas. Aquí se juega quién firma los contratos de los próximos tres años.

El Tesoro acusa a Luis Alfonso Torres, hermano del exesposo de la gobernadora, de lavar sobornos “a través de empresas y campañas políticas”. Él y su hermano niegan cualquier vínculo. Según Zeta, el empresario Fernando Salgado, que no está sancionado, invirtió en campañas de Morena en Baja California y eso le dio influencia en los gobiernos. Es una afirmación periodística, no un hallazgo judicial.

En Sinaloa, la acusación de Nueva York presentada el 29 de abril va más lejos: sostiene que el gobernador Rubén Rocha Moya se reunió con Los Chapitos antes de la elección de 2021, que les aseguró que pondría funcionarios afines y que el cártel “robó urnas y secuestró o intimidó a opositores”. Rocha lo niega “categóricamente”, y la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que las solicitudes de extradición carecen de “pruebas suficientes”. Ni lo doy por cierto ni lo descarto: lo cito como lo que es, una acusación formal de otro país contra un gobernador en funciones.

Y la semana pasada, el 5 de noviembre, la UIF bloqueó a 25 personas y 15 empresas vinculadas a proveedores electorales por indicios de lavado, con prestanombres, cuentas de estudiantes y de adultos mayores y dinero de paso rápido. Presentó denuncia ante la FGR. La lona, el templete y el acarreo también pueden ser lavandería. Ahí sí, la autoridad mexicana actuó. Ojalá la FGR muestre la misma diligencia con las campañas de Baja California que hoy están bajo sospecha.

La planta de selección: decidir quién compite

Hay una forma más brutal de ganar una elección que comprarla: eliminar al rival antes. Data Cívica contó 34 candidatos o aspirantes asesinados en el proceso 2023-2024, el doble que en 2021. Integralia registró 889 víctimas de violencia política y 39 aspirantes o candidatos asesinados; el 75 % de los ataques fue en el ámbito municipal y el 92 % de los asesinados buscaba un cargo municipal. Su conclusión es la tesis de esta serie: “El crimen organizado sometió a muchos municipios para fortalecer sus redes de impunidad”. Según Laboratorio Electoral, más de mil candidatos renunciaron solo en Michoacán y Chiapas. InSight Crime lo llama, sin eufemismos, un “gobierno en la sombra”.

El 1 de noviembre de 2025 asesinaron a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan: el décimo presidente municipal asesinado en lo que va del sexenio, según El Economista. En Tecate, en julio, atacaron a la regidora morenista María Quijada y mataron a su esposo; ella se refugió en Estados Unidos. No hay atribución oficial del móvil, y no voy a inventarle uno. Pero cuando una integrante del Cabildo tiene que cruzar la frontera para seguir viva, la pregunta de quién manda en el municipio deja de ser retórica.

El penthouse: los nombramientos

Arriba de todo está el piso que no se ve: quién nombra a quién. En Rosarito, según la OFAC, el operador Candelario Arcega podía “nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel”. En Sinaloa, según la acusación de Nueva York, el vicefiscal estatal habría recibido unos 11 mil dólares al mes por avisar de operativos. En Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública, está vinculado a proceso por desaparición forzada, secuestro, extorsión y asociación delictuosa, señalado como líder de “La Barredora”; sigue siendo inocente mientras no haya sentencia. Y en Baja California, el Tesoro acusa a Carlos Torres, exfuncionario estatal, de usar “su influencia política para facilitar actividades del cártel”. Lo niega.

Cuando el crimen nombra al jefe de policía, al vicefiscal o al secretario de Seguridad, ya no necesita infiltrar nada. Ya es la estructura.

Y Tecate, ¿en qué piso va?

Aquí dejo de citar y opino, con las etiquetas puestas.

El primer piso está documentado. Lo dijo la fiscal: hubo policías municipales de Tecate trabajando para el CJNG. Lo dijo el general: hubo reprobados reinstalados. No es hipótesis; es expediente.

El segundo piso tiene contratos documentados y una acusación sin probar. El Ayuntamiento le rentó patrullas y le compró asesoría a empresas que el Tesoro atribuye a una red de lavado. Eso consta. Que ese dinero haya servido para lavar es una afirmación de Washington, no una sentencia mexicana. Y que el alcalde haya recibido algo a cambio no lo afirma nadie con pruebas. Yo tampoco.

El tercer piso, en Tecate, descansa solo en testigos anónimos: que Santelices habría sido “partícipe y financiador” de la campaña de Román Cota, que habría prestado una camioneta, que habría facilitado un avión, de lo cual el propio semanario admitió no encontrar pruebas. No hay respaldo documental publicado ni denuncia formal conocida. Lo consigno como lo que es: una acusación sin probar, que el alcalde tendría todo el interés en desmentir con hechos.

Mi hipótesis, y es mía: Tecate no necesita que se pruebe el tercer piso para estar en problemas. Con el primero y el segundo basta para exigir cuentas. Por eso, desde este artículo, lo que pido no es un linchamiento, sino cinco cosas concretas. Que el Ayuntamiento publique completa la revisión de proveedores que prometió para “la siguiente semana” y hace más de un mes que lo prometió. Que reponga en el portal el contrato que desapareció. Que la Fiscalía estatal, por conflicto de interés, deje la investigación de su proveedor en manos de la FGR. Que el Congreso ordene una auditoría independiente del software de intervención y reconocimiento facial que se compró a la red. Y que el alcalde, que hoy quiere ser diputado federal, conteste una pregunta que le tomaría tres segundos: ¿es o no es amigo de Santelices?

Las preguntas que nadie ha contestado

Del primer piso al penthouse, una pregunta por cada escalón.

Al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch: ¿Va a atender el exhorto unánime del Congreso para intervenir en Tecate? ¿Cuántos policías municipales y estatales de Baja California investiga hoy el gobierno federal por colusión?

A la Guardia Nacional y a la Defensa: ¿Cuántos elementos federales patrullan hoy Tecate y qué resultados medibles tienen?

Al Sistema Estatal de Seguridad Pública: ¿Cuántos policías de Baja California, municipales y estatales, tienen el control de confianza reprobado o vencido y siguen en la calle con arma y placa?

A los partidos políticos: ¿Quién revisa el origen del dinero de sus candidatos antes de registrarlos? ¿Alguien piensa postular a Román Cota a una diputación federal sin que antes conteste lo que se le ha preguntado?

Al INE: ¿Hay alguna queja o revisión abierta sobre el financiamiento de la campaña de Cota?

Al alcalde, otra vez: ¿Es o no es amigo de Santelices?

La última línea

Empecé esta serie con un pueblo que vendía pan de Tecate, cerveza y paisaje. La termino con un edificio donde en la planta baja se cuentan muertos y en el penthouse se firman nombramientos. Entre uno y otro hay policías que avisan, proveedores que facturan, campañas que nadie audita y funcionarios que juran no saber nada.

El crimen sube por las escaleras que el poder deja abiertas. En Tecate, las escaleras siguen abiertas. Y el alcalde, en lugar de cerrarlas, anda buscando boleto para otro edificio: el de San Lázaro.

Pueblo Mágico, decían. Lo mágico es que nadie, nunca, sabe nada.

Parte 2

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