Grupos de protesta y exrefugiados luchan por el cumplimiento de los derechos humanos y la reactivación del programa de reasentamiento de refugiados suspendidos por Trump.
Por Gene Johnson
SEATTLE (AP) — Un juez ordenó este lunes al gobierno de Trump admitir a unos 12.000 refugiados en Estados Unidos, en virtud de una orden judicial que bloquea parcialmente los esfuerzos del presidente por suspender el programa nacional de admisión de refugiados.
La orden del juez federal de distrito Jamal Whitehead se emitió tras los argumentos presentados por el Departamento de Justicia y las agencias de reasentamiento de refugiados sobre cómo interpretar un fallo de un tribunal federal de apelaciones que redujo significativamente una decisión anterior del propio Whitehead.
Durante una audiencia la semana pasada, la administración argumentó que solo debería procesar a 160 refugiados para su ingreso al país, y señaló que probablemente apelaría cualquier orden que la obligara a admitir a miles. Sin embargo, el juez rechazó el análisis del gobierno, afirmando que requería “no solo leer entre líneas” el fallo del Noveno Circuito, sino “imaginar un nuevo texto que simplemente no existe”.
"Este tribunal no aceptará la reinterpretación interesada del Gobierno de una orden judicial que claramente dice lo que dice", escribió Whitehead el lunes. "El Gobierno es libre, por supuesto, de solicitar una aclaración adicional al Noveno Circuito. Pero no es libre de desobedecer la ley constitucional y estatutaria —ni las órdenes directas de este tribunal y del Noveno Circuito— mientras busca dicha aclaración."
El programa de refugiados, creado por el Congreso en 1980, es una forma de migración legal a Estados Unidos para personas desplazadas por guerras, desastres naturales o persecución — un proceso que suele tomar años e implica una rigurosa verificación de antecedentes. Es distinto del asilo, que permite a personas recién llegadas al país solicitar permiso para permanecer si temen ser perseguidas en su lugar de origen.
Al comenzar su segundo mandato el 20 de enero, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para suspender el programa.
Esto desencadenó una demanda judicial por parte de refugiados individuales, cuyos procesos de reasentamiento en EEUU fueron detenidos, así como por parte de importantes organizaciones de ayuda a refugiados, que argumentaron haber tenido que despedir personal. Las organizaciones afirmaron que el gobierno congeló los fondos destinados a procesar solicitudes de refugiados en el extranjero y a ofrecer apoyo, como asistencia temporal para el alquiler a quienes ya se encuentran en Estados Unidos.
Whitehead, nombrado en 2023 por el expresidente Joe Biden, bloqueó la aplicación de la orden de Trump, señalando que equivalía a una “anulación efectiva de la voluntad del Congreso” al establecer el programa nacional de admisión de refugiados.
Sin embargo, en marzo, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU suspendió en gran medida la decisión de Whitehead, al considerar que era probable que el gobierno ganara el caso, dado el amplio poder del presidente para determinar quién puede ingresar al país.
No obstante, el tribunal de apelaciones también indicó que el gobierno debía continuar procesando a quienes ya habían sido aprobados para viajar a Estados Unidos, algunos de los cuales habían cambiado drásticamente sus vidas en el extranjero al vender propiedades o renunciar a sus empleos. El tribunal concluyó que esas personas confiaron en las promesas del gobierno federal de que serían admitidas.
El fallo estableció que el gobierno debía seguir procesando a los refugiados que ya tenían planes de viaje "confirmados y organizados" antes del 20 de enero para ingresar a Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, ese grupo incluye a unas 12.000 personas.
Durante una audiencia la semana pasada sobre cómo interpretar y aplicar el fallo del tribunal de apelaciones, el abogado del Departamento de Justicia, David Kim, afirmó que el gobierno entendía que solo debían procesarse para ingresar a EEUU los refugiados que estaban programados para viajar dentro de las dos semanas posteriores a la orden de Trump. Según el departamento, solo 160 refugiados cumplían con esa definición.
El juez y los abogados de las organizaciones de reasentamiento de refugiados discreparon con esa interpretación. Señalaron que la orden del Noveno Circuito no mencionaba ningún plazo de dos semanas. En cambio, el juez Whitehead sostuvo que la orden debía aplicarse a todos los refugiados que hubieran sido aprobados para ingresar a EEUU y que tuvieran planes de viaje establecidos, sin importar para cuándo estuviera programado ese viaje.
Whitehead ordenó a la administración que, en un plazo de siete días, instruya a las oficinas y personal de las agencias, incluidas las embajadas estadounidenses, para que reanuden el procesamiento de los casos de refugiados amparados por la orden judicial. También indicó al gobierno que tome medidas inmediatas para facilitar el ingreso a EEUU de aquellos refugiados cuyas autorizaciones —incluidas las médicas y de seguridad— aún estén vigentes.