Martínez de la Torre enfrenta el avance criminal entre opacidad institucional, corrupción municipal y falta de gobernanza.
Por Alejandro Pérez
Martínez de la Torre enfrenta una realidad que, desde hace varios años, dejó de explicarse únicamente con cifras. Los registros oficiales muestran un municipio donde el narcomenudeo, el robo de vehículos, la violencia familiar, los homicidios y, en menor frecuencia, el secuestro, mantienen una presencia constante en las carpetas de investigación. Cada expediente abierto representa el fracaso de una estrategia de seguridad que no ha logrado contener delitos que afectan el patrimonio, la integridad y la vida de los habitantes.
En esta administración de Modesto Velázquez Toral, todo se ha potenciado y ha salido de control. No hay gobernanza. El control que el crimen organizado ejerce sobre este municipio, que es clave para la Costa Esmeralda de Veracruz, no sería posible sin la permisividad del ahora alcalde.
En ese sentido, es evidente que el narcomenudeo se ha consolidado como uno de los delitos con mayor incidencia en Martínez de la Torre, Veracruz. Durante octubre de 2025 se iniciaron trece carpetas de investigación por este ilícito, ubicándolo entre los tres delitos más denunciados en el municipio. La comparación con el mismo periodo del año anterior muestra un incremento del 18.2 por ciento. Más allá del dato, el crecimiento refleja que la venta de drogas al menudeo continúa operando en espacios donde la autoridad no ha conseguido romper las cadenas de distribución ni desarticular de manera definitiva las estructuras que abastecen el mercado local.
Modesto Velázquez, al abrir la puerta al Grupo Sombra y a una fracción del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha permitido que Martínez de la Torre se convierta en un municipio cónclave de esos dos grupos criminales, que se disputan el control del territorio. Y es que, por su ubicación geográfica, este municipio es clave para el control territorial de la zona de la montaña y de las zonas norte y centro del estado de Veracruz. Incluso estando ahí la 26.ª Zona Militar, a través del 87 Batallón de Infantería y el Campo Militar No. 26-C “Gral. Bgda. José María Mata Reyes”, el crimen organizado sentó sus reales. Le apostaron a las campañas políticas, es decir, patrocinaron económicamente a candidatos que ahora, como en el caso de Modesto Velázquez Toral, son alcaldes y les permiten delinquir a puertas abiertas en todo su territorio.
Aquí, en el caso específico de Martínez de la Torre, el problema trasciende la simple comercialización de narcóticos. El narcomenudeo suele convertirse en el punto de partida para otros delitos de alto impacto. Las redes de distribución generan disputas territoriales, reclutan jóvenes de Martínez de la Torre y de municipios aledaños, fortalecen economías criminales y alimentan una espiral de violencia que termina afectando barrios completos. Mientras las carpetas aumentan, la percepción ciudadana mantiene la idea de que las detenciones no modifican la operación de quienes controlan este negocio ilícito.
Otro de los delitos que aumentó tras la llegada de Modesto Velázquez Toral ha sido el robo de vehículos, que representa otra expresión de la vulnerabilidad del municipio. Martínez de la Torre es un centro agrícola y comercial cuya economía depende del movimiento permanente de automóviles particulares, camionetas de carga y unidades utilizadas por el sector citrícola. Cada vehículo robado significa pérdidas económicas para productores, comerciantes y familias que dependen de esas unidades para trabajar. La ubicación geográfica del municipio, conectado con importantes vías de comunicación, también convierte a la región en un punto atractivo para quienes buscan movilizar vehículos robados hacia otros destinos.
Las estadísticas oficiales mantienen este delito dentro de la incidencia patrimonial del municipio, aunque la información pública requiere un procesamiento específico para conocer con precisión la evolución anual. Esa limitación estadística no modifica el impacto económico que produce cada robo ni la sensación de vulnerabilidad que enfrenta una población obligada a convivir con un delito que afecta directamente su patrimonio.
El secuestro en el municipio de Martínez de la Torre no ha disminuido su incidencia, a pesar de que oficialmente se diga que es menor en comparación con otros delitos. Su impacto social resulta devastador. Un solo caso basta para alterar la vida de comunidades enteras, sembrar miedo y generar desconfianza. Durante 2025, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de un presunto integrante de una célula delictiva, relacionado con un secuestro agravado derivado de la compraventa de un vehículo entre Martínez de la Torre y Tecolutla. El caso confirmó que este delito continúa presente en la región y que las organizaciones criminales siguen aprovechando operaciones cotidianas para captar víctimas.
Y, como si estos males de la sociedad no fueran suficientes para los ciudadanos de Martínez de la Torre, al alcalde Modesto Velázquez Toral le estallan todos los días, en su ayuntamiento, casos de violencia familiar. Este delito constituye uno de los problemas más profundos y menos visibles. Aunque suele recibir menor atención pública que los delitos vinculados con la delincuencia organizada, sus consecuencias afectan diariamente a mujeres, niñas, niños y adultos mayores. Las cifras estatales muestran que Veracruz mantiene este delito entre los de mayor incidencia, mientras que Martínez de la Torre reproduce esa tendencia. El incremento de las denuncias refleja tanto una mayor disposición para denunciar como la persistencia de agresiones que durante años permanecieron ocultas dentro de los hogares.
En Martínez de la Torre, la violencia doméstica destruye el tejido social desde su núcleo más básico. No requiere armas largas ni enfrentamientos públicos para dejar secuelas permanentes. Produce víctimas silenciosas, reproduce ciclos de agresión y genera consecuencias psicológicas que se extienden durante generaciones. Cuando un municipio acumula expedientes por violencia familiar, el problema deja de ser exclusivamente judicial y se convierte en un asunto de salud pública y de gobernabilidad. Pero lo más trágico es que todas las víctimas que produce este flagelo social son invisibles para el ayuntamiento.
El homicidio doloso continúa siendo el indicador más contundente para medir los niveles de violencia. En octubre de 2025, las denuncias por homicidio registraron un incremento del cincuenta por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Aunque se trata de una variación mensual y no de un acumulado anual, el aumento evidencia que la violencia letal continúa presente. Cada asesinato representa la ruptura absoluta del orden público y confirma que persisten condiciones capaces de producir hechos de extrema gravedad.
Las autoridades suelen destacar reducciones estatales o nacionales como evidencia de avances en materia de seguridad. Sin embargo, esos promedios pierden significado cuando municipios específicos mantienen incrementos en delitos de alto impacto. La realidad local rara vez coincide con los discursos oficiales. La población evalúa la seguridad por lo que ocurre en sus calles, en sus colonias y dentro de sus hogares, no por porcentajes agregados que diluyen la gravedad de los hechos.
La información pública también exhibe una debilidad institucional importante. Obtener cifras históricas completas para cada delito exige descargar, depurar y procesar las bases municipales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los datos existen, pero no se presentan de forma consolidada para facilitar el análisis ciudadano. Esa fragmentación limita la transparencia y dificulta evaluar con precisión la eficacia de las políticas públicas implementadas por los distintos niveles de gobierno.
Cabe mencionar que la seguridad no puede medirse por comunicados oficiales, operativos esporádicos ni conferencias de prensa. Se mide por la capacidad del Estado para impedir que un joven termine distribuyendo droga; que un productor pierda el vehículo con el que sostiene a su familia; que una mujer viva aterrorizada dentro de su propia casa; que una persona desaparezca durante una compraventa, o que un homicidio se convierta en una cifra más dentro de una base de datos. Mientras esos hechos continúen formando parte de la vida cotidiana de Martínez de la Torre, cualquier discurso que hable de avances será apenas una narrativa administrativa incapaz de ocultar una realidad que las estadísticas oficiales siguen documentando año tras año.
Martínez de la Torre no enfrenta un problema aislado ni circunstancial. La permanencia del narcomenudeo, la vulnerabilidad frente al robo de vehículos, la persistencia de la violencia familiar, la presencia del secuestro y los incrementos registrados en homicidios revelan un escenario donde las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes frente a la complejidad del fenómeno delictivo. Lo que Martínez de la Torre enfrenta es la opacidad institucional, la negligencia de los tres niveles de gobierno y, sobre todo, los elevados índices de corrupción municipal.