México-EEUU: de la Operación Halcón a la Operación Portero

De Veracruz a Washington: la DEA reabre la guerra en México, de la Operación Halcón activa la Operación Portero y la Casa Blanca lanza una advertencia sin precedentes: “Si México no puede, Estados Unidos lo hará”.

La DEA volvió, la confianza murió en Veracruz… y hoy Washington ya no está pidiendo permiso.

Despacho 14

El violento oficio de escribir

Por Alfredo Griz

A principios de los años noventa, mientras en México se hablaba de cooperación, soberanía y combate frontal al narcotráfico, en Washington ya existía otra lectura: el Estado mexicano había perdido el control de buena parte de su espacio aéreo y los cárteles operaban con una libertad que sólo podía explicarse por la corrupción institucional. Los radares estadounidenses detectaban aeronaves provenientes de Colombia entrando a territorio mexicano con una regularidad alarmante. La cocaína de Pablo Escobar cruzaba el Pacífico y aterrizaba en pistas clandestinas protegidas por policías, militares, operadores políticos y estructuras criminales que ya empezaban a consolidarse.

En el centro de esa maquinaria aparecía un nombre que marcaría una época: Amado Carrillo Fuentes. Mientras su organización perfeccionaba el uso de flotas aéreas para mover toneladas de droga, Estados Unidos entendió que la interdicción convencional había fracasado. Entonces nació uno de los programas más agresivos de cooperación binacional jamás implementados: la Fuerza de Respuesta de la Frontera Norte, mejor conocida como Operación Halcón.

Halcón no era un operativo cualquiera. Era una arquitectura de guerra. Estados Unidos puso inteligencia táctica, aeronaves Cessna Citation II equipadas con sensores, sistemas de visualización JVIDS, helicópteros Huey, comunicaciones encriptadas, procesamiento de datos en tiempo real y equipos de análisis instalados directamente dentro de la embajada estadounidense en Ciudad de México. México puso agentes de la entonces PGR, pilotos en entrenamiento y presencia armada en tierra. En papel, era cooperación. En los cables diplomáticos desclasificados, era otra cosa: Washington confiaba en su tecnología, pero nunca confió del todo en quienes estaban recibiéndola.

La operación empezó a producir resultados inmediatos. Los radares detectaban entre 20 y 22 vuelos mensuales vinculados al narcotráfico en rutas del Pacífico hacia México y Centroamérica. Aeronaves aseguradas, cargamentos decomisados, rutas desplazadas hacia Guatemala y el sur del país. Los traficantes comenzaron a perder activos que no podían reemplazar fácilmente. Los informes del Pentágono hablaban de “éxito operacional”. Los reportes internos de la DEA hablaban de algo más delicado: filtraciones desde dentro de estructuras mexicanas.

El 7 de noviembre de 1991, en el llano de La Víbora, en Tlalixcoyan, Veracruz, esa sospecha se convirtió en certeza. Siete agentes mexicanos adscritos a la Operación Halcón fueron ejecutados por elementos del Ejército Mexicano durante una intercepción aérea. No fue fuego cruzado. No fue error táctico. No fue confusión operativa. Un avión estadounidense Cessna Citation II estaba documentando todo desde el aire. La grabación destruyó la narrativa oficial del gobierno mexicano y detonó una crisis que, en realidad, nunca se resolvió.

El entonces administrador de la DEA, Robert Bonner, informó al embajador John Negroponte que la versión mexicana simplemente no era sostenible. Los archivos posteriores confirmaron lo que Washington ya sospechaba: altos mandos militares mexicanos estaban comprometidos con estructuras criminales. Operación Halcón murió ahí. Pero lo más importante fue otra cosa: ahí murió la confianza.

Treinta y cinco años después, Washington volvió. Pero esta vez con reglas distintas.

Hoy la DEA opera en México bajo un nuevo esquema de inteligencia conocido internamente como Operación Portero. A diferencia de Halcón, Portero no busca avionetas ni pistas clandestinas. Busca gobernadores, alcaldes, jueces, empresarios, operadores financieros, jefes policiacos, mandos militares retirados y estructuras políticas completas vinculadas con organizaciones criminales. Halcón perseguía cargamentos. Portero persigue sistemas.

Halcón era visible, bilateral, táctico y dependía del consentimiento mexicano. Portero es silencioso, compartimentado, financiero, judicial y, en muchos casos, opera con niveles de información que ni siquiera son compartidos con las autoridades mexicanas hasta que los expedientes están cerrados. Halcón cazaba aeronaves. Portero sigue dinero, contratos públicos, propiedades, transferencias internacionales, criptomonedas, compañías fachada, vínculos familiares y redes de protección institucional.

Y la razón es simple: para Washington, el problema ya no son solamente los cárteles. El problema es la infiltración del Estado.

En 2026, esa desconfianza dejó de ser diplomática y se convirtió en política pública. Esta misma semana, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó que vendrán más acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico, después de los casos abiertos contra operadores políticos en Sinaloa.

Horas después, el presidente Donald Trump elevó todavía más el tono desde la Casa Blanca. Frente a cámaras y hablando ya de operaciones terrestres contra estructuras criminales, lanzó una frase que cimbró la relación bilateral:

“Si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”.

La declaración fue emitida el 6 de mayo de 2026, en medio de la presentación de la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, documento que coloca a México como epicentro operativo del tráfico de fentanilo, metanfetamina y lavado de activos, y que abre la puerta a campañas militares y policiales contra organizaciones consideradas terroristas por Washington.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió en su audiencia de confirmación que existen regiones completas de México bajo control operacional del crimen organizado y que la penetración institucional de los cárteles no puede seguir siendo subestimada.

Lo que comenzó en los noventa con avionetas cargadas de cocaína y pistas clandestinas en Veracruz evolucionó hacia algo mucho más grande. Ya no se trata de interceptar droga. Se trata de determinar hasta dónde llega la captura criminal del Estado mexicano.

Operación Halcón buscó detener vuelos.

Operación Portero busca identificar quién abre la puerta.

Lo que comenzó en 1991 con siete agentes ejecutados en un llano perdido de Veracruz nunca terminó. Sólo cambió de forma, de nombres y de objetivos. La Operación Halcón murió entre balas, corrupción y expedientes enterrados. Pero en Washington nadie olvidó.

Treinta y cinco años después, esos mismos archivos volvieron a abrirse. Sólo que ahora ya no buscan avionetas cargadas de cocaína ni pistas clandestinas escondidas entre cañaverales. Ahora buscan cuentas bancarias, contratos públicos, campañas políticas, generales retirados, gobernadores en funciones, empresarios intocables y operadores que durante décadas aprendieron a moverse detrás del poder.

Operación Portero no está diseñada para detener cargamentos.

Está diseñada para identificar quién abre la puerta… quién cobra… quién protege… y quién da la orden.

La diferencia es brutal: en 1991, Estados Unidos todavía pedía cooperación. En 2026, la Casa Blanca ya habla de actuar sola.

Y mientras Donald Trump lanza una advertencia pública a México, mientras la DEA acelera expedientes y mientras en Washington se revisan nombres que hace apenas meses parecían intocables, una pregunta comienza a recorrer oficinas de inteligencia, consulados, cuarteles y palacios de gobierno de ambos lados de la frontera:

¿Quién será el primero en caer… y qué tan alto llegará esta vez la metralla judicial de Estados Unidos?

Porque, si algo aprendió Washington en aquel llano de La Víbora… es que en México el narco no siempre aterriza en pistas clandestinas.

A veces… despacha desde oficinas oficiales.