¿Qué pasó en septiembre de 2026 en la crisis de abuso sexual?

La visita del papa a Francia fue buena para fotografías oportunas y los “influencers” católicos, pero tuvo poco o ningún efecto en la crisis de abuso.

La Legión de Cristo ataca a una ONG que denuncia sus prácticas para evitar que se informe sobre sus abusos; mientras tanto, Roma aún no resuelve el futuro del Instituto del Verbo Encarnado.

Por Rodolfo Soriano-Núñez

A pesar de la reunión privada del papa León XIV con sobrevivientes de abusos sexuales en Francia, hubo pocas o ningunas mejoras en el manejo de la crisis. Para empeorar las cosas, mientras los sistemas de justicia aún son incapaces de ofrecer soluciones reales a los problemas, organizaciones con un largo historial de abusos y comportamiento contradictorio vuelven a confrontar a Roma y a los sobrevivientes.

Aunque la visita de León XIV a Francia aparentemente movilizó lo que queda de la vitalidad católica francesa, pues hubo multitudes dispuestas a aclamarlo y saludarlo, así como “influencers” católicos dispuestos a “jugar a ser Jesús” en las redes sociales, las preguntas sobre los efectos duraderos de la visita siguen sin respuesta.

En todo caso, la visita a Francia confirmó el deseo de León XIV de mantener el modelo de reuniones privadas con sobrevivientes que probó por primera vez en España, aunque la reunión en Lourdes fue menos conflictiva que la de Madrid.

Eso fue posible sobre todo gracias a una decisión de última hora de la Conferencia de Obispos Franceses de incluir a Jean-Marie Delbos, un sobreviviente de los abusos a gran escala en el ya desaparecido colegio de católico de Bétharram. Sin embargo, la reunión suscitó amargas acusaciones y se quedó corta al abordar las cuestiones de fondo.

Un problema importante de estas reuniones, que el Vaticano no parece dispuesto a reconocer, es que el proceso de selección de sobrevivientes cómodos o dóciles sólo alimenta resentimiento e intercambios amargos en las redes sociales y en los medios tradicionales.

La cuestión es más relevante dado que, ya en octubre, los medios argentinos comenzaron textos sobre una posible reunión con sobrevivientes durante el viaje previsto para principios de noviembre. Tal reunión es mucho más conflictiva en Argentina, ya que la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de ese país, la más antigua de América Latina, ha rechazado cualquier encuentro con el papa, como señaló esta serie hace unas semanas, y no hay señales de cambios reales en la forma en que tanto las autoridades como la jerarquía católica gestionan una cadena aparentemente interminable de casos en la patria del papa Francisco.

Es difícil criticar su negativa a participar en cualquier reunión, ya que estas son privadas, fuera de la agenda oficial, pero más aún cuando existe un pésimo historial tanto de Roma como de las diócesis argentinas a la hora de abordar los casos de abuso sexual.

Aunque en algunos casos las autoridades argentinas parecen dispuestas a reconocer la gravedad de la crisis, en otros no es así. Hace unos meses, un tribunal de apelación argentino estuvo dispuesto a revocar el fallo de un tribunal inferior que era equivalente a una exoneración de la exmonja Kumiko Kosaka.

Ella trabajaba en el Instituto Próvolo, un colegio católico supuestamente especializado en ayudar a niños sordos. Lejos de eso, en un caso que recuerda lo ocurrido en el Colegio para Sordos Saint John en Wisconsin, el Instituto Próvolo de Mendoza, en el oeste de Argentina, fue escenario de abusos sistemáticos a gran escala contra los estudiantes más vulnerables del lugar.

El fallo del tribunal de apelaciones identifica a Kosaka no solo como cómplice, sino como participante activa en los abusos allí perpetrados. Los sobrevivientes, sus familiares y aliados vieron el fallo como un paso adelante en el reconocimiento de la gravedad de la crisis del abuso sexual clerical en Argentina.

Sin consenso

Lamentablemente, el fallo sobre Kosaka se produce tras otros fallos judiciales que distan mucho de ser alentadores, ya que no parece haber consenso en la judicatura argentina sobre cómo abordar los efectos de la crisis de abuso sexual, que deja a muchos sobrevivientes sin acceso a la justicia, como en el caso de Hernán René Rausch, resumido en el texto enlazado abajo.

El caso de Rausch es emblemático de la forma en que los tribunales de Argentina y de otros lugares de América Latina buscan dar por concluidas las acusaciones pendientes por abusos sexuales clericales. No es que los jueces y fiscales se nieguen rotundamente a reconocer la magnitud de los daños. En casos como el de Rausch y muchos otros, se trata de que las autoridades invocan la prescripción para declararse incapaces de juzgar los casos como tales. En otros casos, como ocurre con la organización similar a una orden brasileña conocida como Arautos del Evangelio, los fiscales utilizan la misma excusa de la prescripción, además de aferrarse a los precedentes para declararse incapaces de llevar los casos de abuso a juicio, como probó el texto enlazado tras este párrafo.

Como se señala en ese texto, el último de cuatro dedicados a esa organización brasileña, la fiscal reconoció tanto la gravedad del daño como la necesidad de abordar este tipo de cuestiones.

Aun así, se declaró incapaz de llevar el caso ante un juez, lo que deja a las numerosas víctimas de esa y otras organizaciones religiosas depredadoras sin más recurso que el sistema interamericano de derechos humanos, donde lamentablemente los casos pueden tardar hasta diez años en ser considerados por los magistrados, en un momento en que algunos países latinoamericanos ya buscan salir de ese sistema, atraídos por la postura de la administración Trump contra la Corte Penal Internacional, entre otros organismos multinacionales similares.

Antes de eso, esta serie profundizó en el caso del sacerdote chileno Felipe Berríos en el texto enlazado tras este párrafo. Como se relata en esa entrega, la antigua orden religiosa de Berríos, los jesuitas, reconoció que este había abusado de feligreses bajo su cuidado. Esa organización religiosa decidió expulsarlo.

A pesar de ello, otros jerarcas católicos, muy especialmente el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, no parecen dispuestos a interpretar las pruebas del caso Berríos como lo hicieron los superiores jesuitas, por lo que aún es sacerdote.

Berríos no está solo en semejante escenario, un verdadero limbo canónico, pues también está el caso de Marko Rupnik, quien fue expulsado por los jesuitas, pero aún es sacerdote. En el caso de Rupnik, evitó el limbo canónico porque hubo un obispo en Eslovenia, su país natal, dispuesto a incardinarlo.

En teoría, las reformas del papa Francisco hicieron imposible que los sacerdotes continúen siéndolo sin ser miembros de una “orden” o sin estar “incardinados” en una diócesis. Cómo Berríos es todavía un sacerdote sin filiación a una “orden” ni a una diócesis, en Chile o en cualquier otro lugar, es un misterio que sólo contradice la adhesión de la Iglesia Católica a una política de “tolerancia cero”, al igual que el tiempo aparentemente interminable que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe parece dispuesto a dedicar al segundo juicio canónico de Rupnik.

Tomados en conjunto, los casos mencionados de Argentina, Brasil y Chile obligan a una doble constatación. Al analizar la cuestión desde una mirada puramente civil, los sistemas de justicia latinoamericanos parecen seguir lógicas muy diversas en el cumplimiento de sus funciones. A nivel nacional, los jueces, fiscales y demás actores de los sistemas de justicia siguen aferrados a una concepción extremadamente estrecha del derecho, lo que los lleva a mantener la prescripción, entre otros fósiles judiciales.

Eso ocurre mientras tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte del mismo nombre han acumulado ya suficientes casos y fallos que descartan el argumento de la prescripción y otros similares en su planteamiento. Cuesta entender por qué jueces y fiscales insisten en seguir una lógica que ya ha sido descartada tanto por la Comisión como por la Corte.

El ejemplo más reciente de este choque proviene de nuevo de Argentina, donde la fiscalía de Tucumán desestimó un caso por considerar que la víctima, que tenía 16 años en el momento del abuso, era capaz de consentir a una relación con un sacerdote de 54 años a quien había buscado durante un periodo difícil de su vida, cuando ya era víctima de acoso y otras prácticas similares en su escuela.

Al examinar la cuestión desde el lado de la Iglesia Católica, resulta aún más difícil entender cuál es la lógica que siguen los obispos de la región. Más aún cuando la región se dispone a recibir a León XIV para su visita a Uruguay, Argentina y Perú.

Los muchos casos que los obispos latinoamericanos no parecen dispuestos a abordar sólo aumentan las dudas sobre la pertinencia de la visita como tal. Más aún cuando parece que en Argentina la visita incluirá una vez más un encuentro privado con víctimas que resolvieron sus casos en los canales internos de la Iglesia Católica.

Posible solución

Esos canales podrían ser una posible solución para la crisis en América Latina, si los líderes católicos de la región hubieran estado dispuestos a seguir el ejemplo de sus colegas de Francia, Alemania y España, donde la prescripción es también un fósil judicial que impide el acceso a la justicia a los sobrevivientes de abuso.

Lo que cambió en esos tres países europeos es la voluntad de los obispos de reconocer los hechos, reconocer que la crisis es real y poner en marcha mecanismos para hacer frente a las consecuencias. Existe la posibilidad de que el cambio fuera fruto del cálculo político, ya que en cualquiera de esos tres países es posible encontrar grupos y partidos políticos con raíces en las viejas tradiciones jacobinas, que buscan políticas cada vez más restrictivas para evitar que la Iglesia Católica ejerza influencia política, pero grupos similares existen también en América Latina.

Lo que importa es que los obispos europeos parecen más dispuestos a reconocer el carácter potencialmente perturbador de la crisis de abuso sexual a manos de clérigos, mientras que sus colegas latinoamericanos parecen percibirse más capaces de descartar las consecuencias negativas de la crisis en general.

Estas consecuencias negativas eran ya evidentes en 2025, cuando León XIV se reunió con miembros de Ending Clergy Abuse (ECA o Terminar con el Abuso Clerical), una ONG multinacional que se ocupa del asunto, reunión cubierta en la entrega enlazada a continuación.

Por qué León XIV relegó a la categoría de privadas tales reuniones, como ocurrió más tarde con una con sobrevivientes belgas, y en junio con los sobrevivientes españoles en Madrid, es una incógnita. Lo que no da lugar a conjeturas es el hecho de que el papa Francisco ya en 2015 reconoció la necesidad de dejar constancia de esas reuniones, como demostró el texto publicado por esta serie sobre la visita de León XIV a España, enlazado tras este párrafo.

Aun si se deja de lado la cuestión de si las reuniones son privadas o públicas y, por tanto, cubiertas por los medios oficiales del Vaticano, los encuentros con sobrevivientes son por su propia naturaleza un asunto conflictivo. Pero si lo son, ¿por qué no se tiene más cuidado con la forma en que se planifican, se organizan e incluso las anuncian las partes implicadas?

El papel de tales reuniones durante los viajes de León XIV a España y Francia formó parte de las entrevistas que esta serie mantuvo con María Teresa Compte Grau, directora de Acogida Betania, una ONG especializada que trabaja en España con sobrevivientes de abuso sexual clerical, y con Camille Rio, un sacerdote católico francés, uno de los críticos más severos de las políticas de Roma al abordar el abuso sexual, disponibles antes y después de este párrafo.

No es que no ocurra nada además de las reuniones del papa. El principal problema es que el motor clave de lo que cambia para las víctimas no son las reuniones o cualquier gesto que un papa esté dispuesto a realizar en Roma o en cualquier otra parte del mundo. El obispo de Roma podría y probablemente debería desempeñar un papel, pero corresponde a los obispos y a las conferencias episcopales inducir cambios reales cuando se trata de abordar realmente la crisis de abuso sexual.

En Francia, la conferencia de obispos católicos encargó el informe más ambicioso sobre abuso sexual, clerical o de otro tipo, de su país, el Reporte Sauvé, y, como una de las muchas consecuencias allí, crearon una comisión para reconocer, tramitar y resolver los casos, incluso cuando la prescripción ya había expirado.

En Alemania, aunque hubo un intento de elaborar un informe nacional similar, fracasó, pero unos años más tarde los obispos decidieron pedir informes diocesanos independientes y elaborados por profesionales, en los que cada diócesis reconoce la escala de la crisis en su territorio, y ahora muchas están en proceso de resolver la mayoría de las numerosas reclamaciones.

Algunas de las órdenes religiosas con mayor presencia en Alemania han elaborado informes propios. Aunque tanto los reportes diocesanos como de órdenes germanas carecen de la perspectiva nacional presente en el Reporte Sauvé o, anteriormente, en la primera década de este siglo, cuando la Conferencia de Obispos de Estados Unidos encargó el Informe del John Jay College, ofrecen información completa sobre cada diócesis u orden religiosa.

En España, tras un intento fallido de elaborar un informe propio, los obispos pidieron al defensor del pueblo del país que tramitara las numerosas acusaciones surgidas allí a lo largo de las tres últimas décadas, y aunque a un ritmo extremadamente lento, es posible ver algún avance.

En América Latina, los obispos parecen dispuestos a apostar por la fragilidad de la salud de las víctimas o por una especie de amnesia colectiva que haga desaparecer mágicamente las numerosas reclamaciones. Está claro que la Iglesia Católica no es la única beneficiaria de semejante enfoque. Las autoridades de casi todos los países de la región parecen tener poco o ningún interés en perseguir los casos de abuso sexual clerical por su cuenta, para resolver graves injusticias en sus países.

El ejemplo más notable de esta actitud procede de México, donde la Fiscalía General de la República (FGR), al igual que las de los estados de Jalisco y Baja California, tuvieron la oportunidad de levantar cargos contra los líderes de la Iglesia de La Luz del Mundo después de que el estado de California logró sentencias contra algunos de sus líderes.

Lejos de aprovechar la oportunidad, las fiscalías en México trataron de dar por cerrada una investigación que en realidad nunca se llevó a cabo, como señaló hace unas semanas el texto enlazado después de este párrafo.

Sólo la indignación provocada después de que el gobierno mexicano insistiera en ese enfoque, a pesar de que el gobierno federal de Estados Unidos había puesto en marcha una investigación propia, basada en la de California pero independiente de ella, lo que hizo que aparentemente algo esté a punto de suceder en México con la Iglesia de La Luz del Mundo.

¿La fórmula de la Coca-Cola?

Para comprender mejor lo ocurrido durante septiembre de 2026 en la crisis de los abusos sexuales clericales, hay que tener en cuenta también las noticias procedentes de la Legión de Cristo. La organización religiosa, similar a una orden fundada por Marcial Maciel en México en los cuarenta, parece dispuesta a entrar en el negocio de atacar a quienes ya fueron victimizados por su fundador.

A finales de septiembre de 2026, John Paul Lennon, antiguo miembro de la Legión de Cristo y voz destacada en las redes sociales tanto en inglés como en español al hablar de las múltiples formas en que esa organización perpetró y perpetra abusos, publicó un artículo en el sitio web de ReGAIN Inc.

ReGAIN, acrónimo de la Red Internacional para Alertar sobre Grupos Religiosos por sus siglas en inglés, es una de las muchas ONG surgidas a lo largo de los últimos 40 años para advertir sobre cómo ocurren los abusos en grupos sectarios y depredadores y cuáles son las consecuencias potenciales de convertirse en sus presas. Según resumen sus objetivos, se esfuerzan por “proporcionar información y estudios serios sobre la doctrina y las acciones de tales grupos”.

Quizá por eso la rama estadounidense de la Legión de Cristo ha acosado a Lennon. Su sitio web ha sido objeto de una demanda y de ataques en las redes sociales. Como consecuencia, Lennon envió una carta a Simona Brambilla, la religiosa que es prefecta del así llamado dicasterio que regula los numerosos tipos de organizaciones religiosas que existen en la Iglesia Católica.

La publicación de Lennon está disponible aquí en inglés. No hay un mensaje real para la hermana Brambilla, sino una copia de la “solicitud de medida cautelar” presentada por la Legión de Cristo en Estados Unidos para obligar a Lennon a dejar de utilizar y distribuir los valiosos materiales históricos sobre los orígenes de la obra de Maciel que ha reunido a lo largo de muchos años, algunos mientras era miembro de la propia Legión.

La “solicitud de medida cautelar” recuerda a lo que el Opus Dei hizo hace muchos años en España contra exmiembros de esa otra organización cuando estos utilizaron la Internet 1.0 para dar a conocer al mundo la forma en que fueron reclutados y acosados por esa organización.

El Opus Dei logró tener éxito en su intento porque utilizó la interpretación muy restrictiva de los derechos de autor en la legislación europea, especialmente en Francia y España, para evitar que las primeras ediciones de las obras publicadas por Josemaría Escrivá de Balaguer, su fundador, se propagaran a través de los medios digitales y por Internet.

El Opus Dei logró parcialmente su objetivo al asustar a sus exmiembros con amenazas de acoso judicial en los tribunales de España, pero se les escapó el hecho de que existen formas de evitar ese tipo de censura.

Hasta qué punto la Legión de Cristo será capaz de imitar el comportamiento del Opus Dei en Estados Unidos es algo que nadie sabe. Como hizo el Opus Dei en su momento, intentan hacerlo con el argument de los derechos de propiedad intelectual, pero a diferencia de la comprensión más bien ciega de los derechos de autor en España, en Estados Unidos existe una larga tradición de libre discurso e intercambio de ideas con fines informativos y educativos, la llamada Doctrina del Uso Justo.

Dicha doctrina es más relevante en el caso de organizaciones depredadoras, ya que lo que Lennon y otros como él intentan hacer no es robar el equivalente a la “fórmula de la Coca-Cola”.

ReGAIN y otras ONG tienen como objetivo evitar que vuelva a repetirse el tipo de abusos ocurridos en la Legión de Cristo, el Opus Dei y muchas otras organizaciones similares.

Lamentablemente, el poder judicial de Estados Unidos vive un momento difícil, por lo que es difícil prever cuál será la resolución si la Legión de Cristo consigue salir adelante con esta “solicitud de medida cautelar”, pero si se honran las tradiciones que situaron a la Unión Americana por delante de muchas otras economías avanzadas, la medida cautelar debería ser denegada, y permitir que Lennon y ReGAIN hagan lo que han hecho desde hace muchos años: educar al público sobre los riesgos que representan las organizaciones depredadoras.

Cabe señalar que, además del Opus Dei, los fundadores del hoy suprimido Sodalicio de Vida Cristiana lograron una jugada similar en su Perú natal. Las razones eran parecidas, aunque cuando Luis Fernando Figari lo hizo en los años ochenta Internet no era aún una realidad. Lo hizo para purgar sus propios escritos de sus referencias a organizaciones fascistas y de corte fascista como la Falange en España y logró tener un éxito parcial, pues hubo exmiembros del Sodalicio indispuestos a entregar sus ejemplares de los documentos fundacionales de esa organización.

Reveladoramente, la “solicitud de medida cautelar” de la Legión de Cristo pone de manifiesto lo efímera que fue la llamada del papa Francisco a una “espiritualidad de la reparación”. La Legión de Cristo litiga su pasado para fingir que nunca ocurrió nada en sus casas y colegios de México, España, Irlanda, Estados Unidos o Chile. Quizá sea eso lo que Lennon intenta recordar a la hermana Brambilla al enviarle una copia de la “solicitud de medida cautelar” iniciada por la Legión de Cristo en los tribunales de Estados Unidos.

En México, la Legión de Cristo ha tenido éxito al censurar su propia historia, porque el gobierno del país y la jerarquía católica nunca han estado dispuestos a reconocer realmente las atrocidades que Maciel cometió para satisfacer su ininterrumpido apetito sexual.

Todas ellas han sido convenientemente encubiertas por un gobierno que se proclama “laico” y por una Iglesia Católica siempre dispuesta a hacerse la víctima, porque ninguno de ellos ha estado dispuesto a abrir realmente una investigación, civil o canónica, cuyos resultados pudieran publicarse para futura referencia sobre cómo los grupos depredadores reclutan, operan y cubren sus propias huellas.

Sólo en Estados Unidos ha sido posible rastrear algunos aspectos, algunos detalles de lo que ocurrió realmente en la Legión de Cristo, y sólo gracias al tipo de libertades y derechos que la “solicitud de medida cautelar” de la Legión pretende suprimir o al menos poner en pausa.

¿Cuántas intervenciones más?

Unos días antes de que se conociera la noticia sobre la “solicitud de medida cautelar” de la Legión, el mundo conoció también el aparente interés de Roma por llevar a cabo una cuarta o quinta, según se miren, intervención en el Instituto del Verbo Encarnado, una versión argentina tanto de la Legión de Cristo mexicana como del Sodalicio peruano.

Para quien haya sido maldecido por el demonio de la memoria, resulta realmente difícil creer en la sinceridad de Roma cuando se trata de una organización similar a una orden fundada por Carlos Miguel Buela, un sacerdote argentino que gozó, entre otros, del patrocinio de Theodore McCarrick.

McCarrick fue un ya fallecido obispo laicizado y cardenal defenestrado del Colegio de Cardenales cuando surgieron noticias sobre los abusos a gran escala que cometió desde sus días como sacerdote en la Nueva York de los años sesenta hasta sus días como arzobispo emérito de Washington, D.C., cuando tuvo como secretarios personales y choferes a un número indeterminado de seminaristas del Instituto del Verbo Encarnado, designados para tal tarea por el propio Buela.

Resulta aún más difícil cuando ese mismo demonio recuerda a quienes viven con su picadura que la Conferencia Episcopal Argentina pidió sin éxito a Juan Pablo II la supresión de la orden de Buela a finales del siglo XX.

Más de un cuarto de siglo después, Roma está dispuesta ahora a reconocer abiertamente a Buela como un depredador, a pesar de que Roma era consciente, al menos desde 1995, de cómo Buela y otros líderes del Instituto abusaban de las personas a su cargo.

Está claro que los discípulos de Buela en el Instituto no están dispuestos a rendirse. Por eso el actual comisario de la organización, José Antonio Satué Huerto, que es también obispo de Málaga, España, se vio obligado a crear una ciberestructura totalmente nueva, con un nuevo sitio web y nuevos correos electrónicos, y a reafirmar públicamente su autoridad al enviar una carta a la ya referida prefecta Brambilla, disponible aquí en el nuevo sitio web del Instituto.

En la carta, Satué Huerto afirma que solo en 2026 fue posible certificar las prácticas depredadoras y abusivas de Buela. Si se es extremadamente amable con el obispo Satué Huerto, habría que felicitarle por su disposición a decirlo así.

Pero aun si hubiera disposición a hacerlo, resulta casi imposible entender por qué Juan Pablo II y su curia, Sodano, Ratzinger, Rodé y el resto de los sospechosos habituales a principios de siglo en Roma, estuvieron dispuestos a desestimar la petición de los obispos argentinos de 1999 para la supresión del Instituto, Jorge Mario Bergoglio incluido, y a proteger activamente a Buela permitiéndole llevar su “orden” de Argentina a Italia, desde donde simplemente volvió a interpretar el guión depredador y sectario tan común durante el pontificado de Juan Pablo II.

La naturaleza depredadora y el “carisma” del Instituto ya estaban establecidos a mediados de la década de 1990, cuando tuvieron lugar la primera (¿y la segunda?) Visita Apostólica. Fue reafirmada por una tercera (o segunda, según el criterio) Visita Apostólica llevada a cabo por Alfonso Rogelio Delgado Evers, hoy arzobispo emérito de San Juan de Cuyo, Argentina, que es miembro de número del Opus Dei y que respaldó, como la gran mayoría de los obispos argentinos en 1999, la solicitud de supresión del Instituto.

Otra intervención se produjo durante el pontificado de Benedicto XVI, y sólo reafirmó lo que ya se sabía. Otra fuente para comprender el carácter depredador y sectario del Instituto procede del informe publicado por la Secretaría de Estado de la Santa Sede sobre lo que se sabía en el Vaticano acerca de Theodore McCarrick. Tomadas en conjunto, las cuatro o cinco intervenciones, más el informe sobre McCarrick, sólo han reafirmado los mismos hechos a lo largo de cuatro pontificados: Buela era un depredador.

Roma ha postergado una decisión clara sobre el Instituto del Verbo Encarnado al menos desde principios de los años noventa, cuando tuvo lugar la primera intervención, lo que permitió que reclutaran más víctimas y se causaran más daños a sus familias y comunidades.

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Un resumen de este texto está disponible en audio después de este párrafo.

Nota de producción: El texto del resumen, como el principal, fueron escritos y editados sólo por el autor. La grabación de la lectura del audio se hizo con una herramienta de texto-a-habla (Microsoft Word vía Web). La IA se usó sólo para generar la voz y no para la creación del contenido.