Rodolfo Soriano-Núñez Lunes, 27 de Octubre del 2025
Poco después, León XIV se reunió con ECA, una ONG global que apoya a las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual por parte del clero.
A pesar de la buena voluntad, errores menores pero notables en el manejo de la reunión amargaron la percepción del compromiso de León XIV y su curia para resolver el abuso sexual.
Por Rodolfo Soriano Núñez
A principios de octubre, Tutela Minorum, la entidad creada por el papa Francisco en 2014 para prevenir el abuso sexual del clero en la Iglesia Católica, publicó oficialmente su segundo informe anual sobre el estado del problema que explica su existencia.
Poco después de la publicación del informe, el lunes 20 de octubre, León XIV se reunió con Ending Clergy Abuse, una ONG global que apoya a las víctimas y supervivientes del abuso sexual del clero.
Aunque hubo buena voluntad en la reunión y en lo que Vatican News y otros medios católicos publicaron sobre la reunión, fue imposible pasar por alto cómo la burocracia vaticana abordó la reunión como tal. Más detalles sobre este tema aparecerán al final de este texto.
El Resumen Ejecutivo del informe aparece en formato PDF en el recuadro después de este párrafo, y el informe completo está disponible para descargar aquí, en el sitio web de lo que oficialmente es la Comisión Pontificia para la Protección de Menores conocida, para abreviar, como Tutela Minorum o simplemente Tutela.
Su mandato es bastante limitado. Cuando el papa Francisco la creó, por medio de un llamado quirógrafo, disponible aquí, la instituyó como “un órgano consultivo al servicio del santo padre”, con sede, sitio web, redes sociales, patrimonio y “personalidad jurídica” propios y separados.
A pesar de esas características, no es una institución poderosa en la Iglesia Católica, ya que estaba bajo el ámbito del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y carecía de los medios necesarios para lograr sus objetivos más bien modestos. Su autoridad, si la hay, es moral, y sólo para aconsejar al papa y a quien quiera prestar atención a lo que dicen sus miembros en un momento determinado.
En pocas palabras, Tutela no puede ordenar a un sacerdote del mundo católico que deje de abusar de otra persona. Esa fragilidad contrasta con la magnitud de la crisis y con el hecho de que, en línea con la tradición vaticana, la creación de Tutela estuvo cargada desde el principio de expectativas excesivas. Eso, y la falta de poder efectivo para resolver cualquiera de los problemas que configuran la crisis de abuso sexual del clero, es algo que en última instancia la ha socavado.
Es imposible repasar los numerosos problemas que Tutela enfrentó en sus primeros cuatro o cinco años. Baste decir en este punto que algunos de sus miembros originales, en particular la sobreviviente de abuso sexual del clero irlandés Mary Collins, abandonaron la comisión.
Collins lo hizo tres años después de su nombramiento original en 2014. Lo hizo, criticando la falta de voluntad de la curia romana para financiar el trabajo de Tutela y otorgar acceso a información sobre el tema que estaban tratando.
Escándalo tras fracaso
Después de que inicialmente no la financiaron adecuadamente, un escándalo empañó la suerte de relanzamiento de la entidad en 2021. Involucró al ahora secretario emérito, Andrew Small, un sacerdote oblato de María Inmaculada que solía ser el enlace de los obispos católicos de Estados Unidos con las correspondientes conferencias nacionales de obispos en América Latina.
Experto en finanzas, para dar con recursos, Small utilizó su acceso a otros fondos de la Iglesia Católica para conseguir el dinero necesario para convertir a Tutela de una etiqueta en una entidad capaz de pagar una pequeña nómina y desarrollar actividades regulares. Eso lo convirtió a él y a otro antiguo miembro de la entidad, el jesuita Hans Zollner, en protagonistas de una amarga discusión pública. El texto enlazado después de este párrafo, ofrece más detalles de lo ocurrido.
Con voz propia
El padre Andrew Small y el fardo de la desconfianza
A pesar de que parecía que Francisco hacía su mejor esfuerzo para hacer de Tutela un paso en la dirección correcta, más de diez años después, los fracasos de la comisión son, por mucho, más notables que cualquier posible éxito.
Ello es así incluso si ahora tiene presupuesto, posee un pequeño palacio en Roma desde donde puede llevar a cabo sus propias actividades, ahora bajo un nuevo líder, desde que al cardenal Seán O'Malley lo reemplazó como presidente de la comisión el arzobispo francés Thibault Verny, allá por julio. Una entrega previa de esta serie, vinculada después de este párrafo, entró en más detalles sobre quién es Verny.
La idea de publicar informes anuales sobre cómo actúa la Iglesia Católica en materia de abuso sexual fue un avance tardío en la evolución de la crisis de abuso sexual del clero, y el papa Francisco necesitó de casi ocho años para darse cuenta de que sería una buena manera de comenzar a comprender mejor el problema.
Datos de baja calidad
Sin embargo, por muy buena que sea la idea, su primer informe fue, en su mayor parte, el subproducto de datos reportados por los mismos involucrados, de muy baja calidad, enviados por las conferencias de obispos católicos. En ese sentido, es casi imposible verlo como un ejercicio de transparencia o rendición de cuentas.
El año pasado, al repasar el primer informe, en una entrega anterior de esta serie (ver el texto después de este párrafo) fue imposible estar de acuerdo con lo que ese informe decía sobre un supuesto cumplimiento total basado en datos previamente proporcionados por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) con las políticas del papa Francisco.
Unos meses antes de la publicación del primer informe, una entrega anterior de esta serie encontró que, menos de la mitad de las 96 diócesis católicas mexicanas de rito romano (hay tres de rito oriental, ver aquí o también aquí), habían en realidad cumplió con la petición más importante para la política del papa Francisco: crear al menos una comisión para prevenir el abuso sexual del clero en cada diócesis, como detalla el texto vinculado después de este párrafo.
Hasta hoy, 25 de octubre de 2025, al visitar el sitio web de la CEM se encuentra una pequeña mejora, pero aún no hay evidencia para afirmar, como lo hizo el primer informe de Tutela, que los obispos mexicanos estén en pleno cumplimiento.
La captura de pantalla tomada de su sitio web (original disponible aquí) demuestra que, hasta el momento, sólo 53 comisiones están listadas y de ellas una fue creada por la provincia mexicana de los Hermanos Maristas, por lo que, en realidad, sólo 52 pertenecen a las diócesis mexicanas.
Respecto a las 96 diócesis, la tasa de cumplimiento se sitúa así en poco más del 54 por ciento, ocho comisiones más desde el informe publicado en abril de 2024, como demuestra la historia vinculada antes de este párrafo. Así, de “menos de la mitad” ahora la CEM pasa a “poco más de la mitad” del número total de diócesis.
La única otra mejora en el sitio web de la CEM es su diseño. Más allá de eso, es difícil creer que prevenir el abuso sexual por parte del clero, aunque sólo sea de menores, sea una prioridad. Y eso sin entrar en la cuestión de cómo cada diócesis pretende alcanzar el supuesto objetivo de salvaguardar.
Hay diócesis en México donde la comisión sólo la integran sus sacerdotes, la mayoría tienen algunos laicos, pero en algunos casos es difícil determinar si los laicos realmente lo son, o si son parte del Regnum Christi, Opus Dei o algún otro “nuevo movimiento”, cuyos miembros no son miembros de una orden religiosa pero que, en la práctica, carecen de la independencia de la diócesis necesaria para prevenir efectivamente el abuso sexual por parte de los clérigos.
Lo que quedó claro hace un año, al repasar la evaluación inconsistente de Tutela sobre el caso mexicano, fue que la Comisión fue engañada por su metodología, que la hace vulnerable a información de baja calidad por parte de los propios obispos, sean de México o de otros lugares. Y lo que es peor, el informe de este año no ofrece una reevaluación de lo dicho sobre México en 2024.
En cuanto al informe publicado este año, el documento de Tutela afirma estar “anclado en el marco de la justicia (y) conversión, con un enfoque específico en la reparación para las víctimas/sobrevivientes”.
La idea de justicia (y) conversión es el modelo de Tutela sobre el tema. Para ellos, esta noción de justicia depende de cuatro pilares: verdad, justicia, reparación y reforma institucional (ver páginas 25-31 del informe).
Al hacerlo, se encuentra un intento de ampliar el alcance de la autoridad y el mandato de Tutela, lo que podría ser bueno para la cuestión, si realmente está respaldado por una comprensión profunda de lo que implican las reparaciones y si Tutela es capaz de convencer a las conferencias episcopales, a los obispos y a los laicos católicos de que sigan realmente algunas de sus recomendaciones.
El principal problema es que se puede encontrar cómo, en las redes sociales, hay esfuerzos activos de sacerdotes y laicos que rechazan que exista una crisis global de abuso sexual por parte del clero mientras intentan desacreditar a quien se atreva a compartir contenido que promueva esa noción.
Además, por mucho que el informe de Tutela resalte la necesidad de que la Iglesia se comprometa activamente con esta noción de “justicia de conversión”, la falta misma de datos sobre el alcance de la crisis hace difícil creer que la jerarquía católica esté realmente dispuesta a desarrollar tal modelo de “justicia (y) conversión” para abordar los abusos sexuales del clero.
¿Protocolo simplificado?
Basta ver cómo, al menos en dos páginas del informe (9 y 16), sus autores hablan de la necesidad de desarrollar un “protocolo simplificado para la renuncia y/o destitución de líderes o personal de la Iglesia en casos de abuso o negligencia” y compararlo con lo que está sucediendo actualmente en dos países con una larga tradición de práctica católica y cómo abordan el tema de las renuncias “anticipadas” de obispos acusados de ser depredadores o de encubrir a clérigos depredadores.
En Perú, donde León XIV se inició como obispo, y ya con él como papa, hace unas semanas se conoció la renuncia “anticipada” o “temprana” de un obispo que abusó de al menos diez mujeres en su diócesis.
Hace tres semanas, la sección Postdata del texto disponible después de este párrafo repasó el caso de la renuncia de Ciro Quispe López, de 52 años, como obispo de Juli, Perú.
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Católicos de América Latina pierden confianza en la iglesia
Allí uno encuentra una historia muy conocida: cualquiera que haya seguido, incluso desde la distancia, la crisis de abuso sexual del clero que acumula ya 40 años, sabe que algo muy malo debería suceder cuando Roma obliga a renunciar a un obispo de unos 50 años.
A pesar de esa conciencia de lo que hay detrás de “renuncias anticipadas” como la de Quispe López, como ocurre con otros obispos eméritos “jóvenes” no hay información oficial sobre las razones por las que fueron obligados a dejar el cargo.
El Bollettino de la Santa Sede del 24 de septiembre de 2025 se limitó a afirmar en una frase: “El santo padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la prelatura territorial de Juli, Perú, presentada por el obispo Ciro Quispe López”.
Medios católicos conservadores que atacaron a Francisco durante su papado reavivaron sus ataques contra el pontífice argentino al usar a Quispe López como excusa, pero con poco o ningún interés en las víctimas del obispo.
Para comprender los hechos había que acudir a medios peruanos, como el semanario Hildebrandt, y saber que Quispe López era un “célibe” promiscuo, que además de ser muy activo sexualmente, usaba programas fáciles de hackear como Whatsapp para concertar encuentros sexuales con sus numerosas parejas.
El caso de Quispe López ofrecía una excelente oportunidad para transparentar las razones para enviar a la jubilación anticipada a alguien que no sólo conservará los salarios que el gobierno peruano está dispuesto a pagar a los obispos católicos, sino que también conservará el título de “obispo emérito”, libre para presidir sacramentos y rituales con la única excepción, acaso, de las ordenaciones.
Después del artículo de Hildebrandt, sería difícil encontrar un peruano, católico o no, dispuesto a creer el viejo cuento sobre las “razones de salud”, como afirmó el predecesor de Quispe López cuando Francisco lo obligó a dejar el cargo.
Fuera de Perú, en el mundo de habla inglesa, medios africanos estuvieron muy dispuestos a difundir la noticia de Quispe López. Además, después de la temprana revelación de Hildebrandt, la escala del abuso aumentó. Un medio de Ghana, que cita a la periodista peruana Paola Ugaz, elevó a 17 parejas sexuales “secretas” (abre contenido en inglés).
A pesar de eso, Roma decidió procesar el caso de Quispe López con la misma opacidad con la que maneja muchos casos de renuncias “tempranas” de obispos desde que inició la crisis de abuso sexual del clero a principios de los años 1980.
En 2023, esta serie publicó la entrega vinculada antes de este párrafo que trata sobre el número total de obispos obligados a dimitir en las últimas cuatro décadas antes de alcanzar la marca habitual de 75 años. Por lo tanto, existe una necesidad de informar sobre las verdaderas razones detrás de las renuncias “tempranas”.
A principios de este año, otro texto de esta serie fijó en 30 el número total de obispos que Francisco obligó a dimitir en 2023 y 2024. El texto está vinculado luego de este párrafo.
Investigaciones
Papa Francisco obliga a renunciar a 30 obispos en dos años
Cabe señalar, sin embargo, que con Quispe López el carácter “anticipado” de su renuncia sólo es tal si se considera su edad. En cualquier otro aspecto, perdió su tiempo y el de su diócesis al permanecer como obispo durante los poco menos de siete años que estuvo al frente de Juli.
Francia, una vez más
Más recientemente, el 23 de octubre, medios franceses publicaron textos sobre Jean-Michel Alain di Falco Léandri. Él está a punto de cumplir 84 años y, sin embargo, todavía aparece en las primeras planas, después de que el medio digital Mediapart (contenido en francés y de pago), reveló su “relación equívoca” con un varón menor de edad.
La evidencia de la “relación equívoca” de Di Falco proviene de 130 cartas (contenido en francés) escribió a Aurélien desde 1987, cuando tenía 15 años, hasta 1993.
Además, Di Falco escribía dichas cartas mientras pasaba de ser sacerdote en la arquidiócesis de Marsella, en el sur de Francia, a la de París, donde fue designado portavoz de la Conferencia de Obispos de Francia, entonces encabezada por Albert Decourtray, arzobispo de Lyon.
Di Falco ocupó ese cargo durante más de nueve años, hasta 1996. El año siguiente, el cardenal Aron Jean-Marie Lustiger, entonces arzobispo de París y una figura poderosa en la curia de Juan Pablo II, lo hizo su obispo auxiliar en 1997.
En la capital francesa, Di Falco estaría a cargo del proyecto para lanzar la KTO, la cadena nacional de televisión católica francesa. Su trabajo le permitió ser un actor importante en otros medios católicos de comunicación, incluido el desaparecido Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, ahora Dicasterio para las Comunicaciones.
Di Falco permaneció como obispo auxiliar en la capital francesa hasta 2003. Ese año, en un movimiento bastante extraño, se convirtió en obispo auxiliar de Gap, una diócesis sufragánea de Marsella, asumiendo el cargo dos meses después de su nombramiento como auxiliar. Eso sucedió cuando el entonces obispo Georges Lagrange renunció poco más de un año antes de cumplir 75 años.
El problema actual para el obispo emérito Di Falco es que, a principios de este año, Aurélien decidió suicidarse, a los 53 años. Cuando eso sucedió, detalles de las cartas de Di Falco a Aurélien estuvieron disponibles para los medios franceses.
Antes de que las cartas se hicieran públicas en Mediapart, el diario francés Libération publicó en julio información sobre Di Falco como una persona de interés en una investigación que señala a Di Falco por abuso espiritual de un nonagenario que murió en 2013. De algún modo, Di Falco heredó su fortuna de 17 millones de euros, a pesar de no tener ningún parentesco.
Además de las cartas que escribió a Aurélien, ya durante su mandato como obispo auxiliar de París, en 2001 y 2002, Di Falco enfrentó acusaciones de agresión sexual, cuando era un joven sacerdote en los años 1970 (contenido en francés). Se benefició de la prescripción en ambos casos, por lo que Di Falco pudo permanecer en el cargo.
Ninguna de las acusaciones melló su nombramiento como obispo de Gap, una pequeña ciudad, 148 kilómetros al norte de Marsella.
Entonces, sea que uno vea a Juli, Perú o a Gap, Francia, existe una necesidad real de mejorar la investigación de antecedentes de los futuros obispos, también de informar sobre por qué algunos pueden ascender a pesar de acusaciones en su contra o sobre la verdadera razón detrás de renuncias “tempranas”.
El informe de este año
El informe de Tutela de este año añade algo de contexto externo a la evaluación. Para cada uno de los países que cubre, un total de 22, reconoce la información ofrecida por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. No está claro cuánto confían realmente los obispos católicos en dicha fuente, ya que es, como muchas otras comisiones y comités del sistema de las Naciones Unidas, blanco de críticas por la adopción de lo que los obispos católicos más conservadores han interpretado como uno de sus enemigos existenciales: la llamada “ideología de género”.
A pesar de la tensión implícita allí, es notable que el informe de este año agregue ese elemento a la evaluación general que hace Tutela de lo que hace la Iglesia Católica para prevenir abusos en cada uno de los países considerados.
Sería imposible repasar cada uno de los 22 países y dos órdenes religiosas consideradas en el informe de este año: los Hermanos de Instrucción Cristiana de San Gabriel, exclusivamente masculinos, los llamados Monfortains y las Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de África, exclusivamente femenina.
En general, el informe parece indicar que al menos Tutela es consciente de las problemas clave. Entre los más notables a escala global, lo que llama “el papel parcial y a menudo insuficiente de la compensación financiera para las víctimas.
Por eso, la mayor parte de esta sección se centrará en lo que dice sobre las medidas tomadas hasta ahora por las conferencias de obispos de Italia y Portugal.
A pesar de que el informe contiene ideas valiosas sobre la difícil situación de las víctimas y hace repetidos llamados a la jerarquía católica para reconocer la necesidad de cambiar, es difícil entender por qué Tutela llama “grupos focales” a lo que, según sus palabras, son sesiones de escucha con víctimas individuales.
Tutela dice en la p. 32 del informe lo siguiente:
- En primer lugar, si bien el término utilizado es «grupo focal», la metodología consiste en sesiones individuales de escucha con las víctimas/sobrevivientes, quienes no interactúan entre sí. En segundo lugar, este grupo focal no se refiere a una forma de investigación basada en las ciencias sociales. Tampoco es una forma de terapia -aunque la Comisión ciertamente reconoce la importancia de esta-, pero la metodología del grupo focal incluye medidas para evitar daños, dada la vulnerabilidad de las víctimas/sobrevivientes. Por último, el grupo focal no sustituye a otras formas de compromiso continuo con las víctimas/sobrevivientes y, por lo tanto, no está concebido para constituir la única o incluso la principal forma de compromiso de la Comisión con las víctimas/sobrevivientes.
No hay explicación de por qué identifican lo que hicieron, lo cual es útil, con un concepto usado por las ciencias sociales para recopilar información al reunir a pequeños grupos de individuos que comparten rasgos comunes (edad, género, origen nacional o étnico, ingresos y educación, los más comunes).
Si la sección se hubiera llamado “Perfiles de víctimas/sobrevivientes” o “experiencias” o “relatos”, sería tan útil como la sección actual que comienza en la página 32, sin obligar al lector a comprender para qué llama “grupos focales” a lo que el informe admite que no son grupos focales o de enfoque o, peor aún, ¿por qué usar esa noción para etiquetar su propia estrategia de acopio de información?
¿Se trata de una extraña “apropiación cultural”? ¿Es un intento de generar más confusión en el manejo que hace la Iglesia Católica del abuso sexual del clero?
Si es así, entonces Tutela Minorum realmente progresa, aunque es imposible entender qué podría ser. Más aún, cuando uno repasa lo que han publicado los académicos que han usado, probado, y acreditado esta metodología durante más de 40 años, como se resume en este artículo de Sage Research Methods Community (abre contenido en inglés).
Sería perfectamente válido que Tutela ofreciera sus hallazgos, etiquetándolos como “entrevistas individuales”, en lugar de llamarlas “grupos focales”, y reconocer que su método, cualquiera que sea, no tiene nada que ver con la comprensión estándar actual de lo que son los grupos focales o de enfoque.
Esto sugiere una falta de comprensión técnica de los métodos de investigación estándar o un intento deliberado de tomar prestado el lenguaje académico sin cumplir con sus requisitos. Y lo que es peor, al hacerlo, esta entidad de la Iglesia Católica sólo se perjudica a sí misma.
El caso italiano
Dejando a un lado estas y otras cuestiones, la sección que trata de la Conferencia Episcopal Italiana (contenido en italiano), o CEI según su acrónimo italiano) en el informe es importante. Principalmente porque hay algunos informes importantes que tratan sobre el abuso sexual del clero en entornos católicos en Francia, Alemania, Irlanda, España y el Reino Unido.
En algún momento durante la pandemia, hubo un informe de Portugal, pero como reconoce el informe de Tutela, ese informe ha sido retirado de circulación sin ninguna señal sobre cuándo los obispos portugueses volverán a hacerlo disponible. En ese sentido, de los países europeos más poblados y con mayor población católica, los únicos dos que faltan son precisamente Italia y Portugal.
No hay forma de comparar lo que Tutela hizo con Italia en este informe con lo que es el Informe Sauvé en Francia, pero al menos lo que Tutela pone en blanco y negro en este punto ofrece una visión más precisa del problema en Italia.
El informe es resultado de reuniones con varias delegaciones regionales y de las respuestas dadas a los cuestionarios enviados por Tutela. A pesar de las pésimas respuestas, un aspecto positivo de lo que Tutela hizo en Italia es la posibilidad de expandir este modelo a otros países, donde es contraproducente depender únicamente de la conferencia de obispos como única fuente de información.
Incluso si Tutela reconoce una proliferación de oficinas diocesanas y centros de escucha para informes y asistencia, lo que refleja un cierto reconocimiento de la magnitud de la crisis allí, también destaca “recursos y personal inconsistentes” y disparidades en el personal y los recursos disponibles.
Tutela alerta de que muchas de las oficinas carecen de “personal y recursos económicos estables y suficientes”, mientras que otras sólo están activas “cuando es necesario”. Asimismo, Tutela destaca la ausencia de una “oficina centralizada” para manejar los informes y la prestación de los servicios esperados.
Además de estas cuestiones logísticas y financieras, el informe destaca el papel de la “resistencia cultural”, incluida una característica notable de la cultura católica mundial: el silencio. Esto es relevante, entre otras razones por el papel que desempeña al reforzar los tabúes culturales asociados al clericalismo católico.
El informe reconoce el papel que desempeña como obstáculo para discutir el abuso, lo que dificulta que las víctimas incluso hablen con sus familias sobre el abuso, y aún más difícil denunciarlo a las autoridades.
También influye en la dificultad que tiene la Iglesia Católica para dialogar realmente con las víctimas/sobrevivientes, sus familiares y sus defensores.
La adhesión a una cultura de silencio, en la que todavía se percibe que el sacerdote merece un trato especial, conduce a lo que el informe identifica como “un diálogo deficiente con las víctimas”.
Historia de Lisboa
En lo que respecta a la Conferencia Episcopal Portuguesa, CEP, el informe sigue una ruta similar, aunque en realidad la CEP encargó un informe menos ambicioso sobre el abuso sexual, pero ofreció una visión diferente del enfoque criminológico seguido por el informe pionero del informe que los obispos de Estados Unidos pidieron al John Jay College of Criminal Justice.
También se diferencia del Reporte Sauvé de los obispos de Francia, ya que desarrolló su conocimiento sobre la base de una encuesta con una muestra suficientemente robusta para ser representativa de cada municipio de Francia.
El informe portugués siguió un enfoque más psicoanalítico. Originalmente se publicó tanto en portugués como en inglés y estaba alojado en un sitio web propio.
Alguien en Lisboa no quedó satisfecho con los hallazgos, que confirmaban, desde una perspectiva diferente, lo que otros estudios habían dicho sobre los abusos sexuales del clero, por lo que el informe desapareció y en estos días sólo es posible encontrar, si acaso, el resumen ejecutivo en portugués.
Por lo tanto, no sorprende al leer la p. 94 cuán disgustados están los autores del informe de Tutela con lo que llaman la “inaccesibilidad del informe completo”. El informe destaca cómo, actualmente, el único documento disponible públicamente es el resumen ejecutivo.
Siguiendo la línea crítica utilizada al abordar el caso italiano, la comisión expresa su preocupación por lo que denominan la “falta de claridad sobre el apoyo a las víctimas”. Como muchas otras conferencias episcopales en todo el mundo, los obispos portugueses ofrecen algunos “servicios terapéuticos” a través del llamado Grupo VITA (abre contenido en portugués).
Ese grupo ha sido blanco de críticas en el mundo de habla portuguesa por la falta de transparencia de sus vínculos con la Iglesia Católica en Portugal. Incluso en su propio sitio web reconocen el hecho de que carecen de un “objetivo declarado”, y a pesar de ello desempeñan un papel destacado en la configuración de la respuesta de la Iglesia Católica el abuso sexual del clero en ese país.
Reivindican una estrecha “colaboración con el Equipo Coordinador Nacional de las Comisiones Diocesanas, esas comisiones, los institutos de vida consagrada, las sociedades de vida apostólica y otras estructuras eclesiásticas”, sin indicar realmente cuál es su propio estado canónico o civil en su sitio web.
No debería sorprender que, al abordar el caso portugués, Tutela advierta sobre la existencia de lo que llama “lagunas de transparencia e información”, que incluyen, entre otras, la “falta de claridad sobre el presupuesto y la sostenibilidad de la salvaguarda de la formación”.
Y lo mismo podría decirse de la ausencia de un “mecanismo de auditoría” eficaz para evaluar las políticas, prácticas y reclamos de salvaguardia de la Iglesia local. Lo que existe es el Grupo VITA que dice ser cercano pero no dependiente de la conferencia episcopal portuguesa, y eso es todo.
El informe también destaca la “falta de claridad sobre la relación y la cooperación con la Conferencia de Religiosos y la Conferencia de Institutos Seculares”. En otras palabras, existen dificultades cuando los obispos y superiores de órdenes religiosas tienen que lidiar con casos de abuso sexual por parte del clero y, por lo general, los efectos de tales dificultades afectan a las víctimas, no a las diócesis ni a las órdenes.
En general, hay 13 “recomendaciones críticas” para el CEP, que enfatizan la necesidad continua de transparencia y un enfoque centrado en las víctimas.
Por último, cabe señalar que tanto los medios de comunicación como los defensores de las víctimas en Italia y Portugal están de acuerdo con las conclusiones del informe. Ven el informe como una especie de validación oficial de sus quejas de larga data sobre negligencia y encubrimiento institucional por parte de los obispos locales.
Reunión con Ending Clergy Abuse
Poco después de la publicación del informe, el lunes 20 de octubre, el papa León XIV se reunió con miembros de la organización no gubernamental global Ending Clergy Abuse, ECA (Terminar con el abuso sexual), que agrupa a sobrevivientes de todo el mundo. Normalmente, este tipo de reuniones las informa el llamado Bollettino. A finales del siglo XX, era un boletín real, impreso en papel y luego enviado por télex o fax a los medios acreditados ante la Sala Stampa de la Santa Sede.
Hoy, el Bollettino se publica en tres idiomas en el sitio del Vaticano: italiano, español, e inglés.
Normalmente, las tres ediciones del Bollettino se reflejan entre sí, por lo que la información es la misma. Algunos días, sin embargo, las cosas no van bien.
Curiosamente, el lunes 20 de octubre de 2025, el día en que León XIV se reunió con ECA, luego de reunirse con un acérrimo defensor de los depredadores sexuales en Chile, el arzobispo y cardenal de Santiago, Fernando Natalio Chomalí Garib, fue uno de esos días.
Aunque sea menor, el error recuerda cómo, allá por los años 1990, Juan Pablo II y su curia hacían todo lo posible para fingir que los abusos eran sólo un tema que debía preocupar en el mundo de habla inglesa.
Es casi imposible tratar de entender por qué las diferencias en las tres versiones del llamado Bollettino, los miembros de Ending Clergy Abuse hicieron todo lo posible para no convertir la discrepancia en un problema, y compartieron en las redes sociales la expectativa de tener una relación productiva con el papa León XIV después de la reunión.
Hasta el sábado 25 de octubre, la discrepancia se mantuvo como se puede ver en las capturas de pantalla en italiano, arriba de este párrafo, donde se encuentra la referencia a Ending Clergy Abuse, pero no aparece en inglés o español, como lo demuestran las capturas de pantalla después de este párrafo.
Uno de los líderes de ECA es Matthias Katsch, un sobreviviente alemán de abuso sexual por parte del clero, preside Eckiger Tisch en su país y en agosto publicó en Los Ángeles Press un texto, vinculado después de este párrafo, que resume su experiencia sobre cómo abordar el abuso sexual por parte del clero en Alemania.
Esta discrepancia en el medio oficial del Vaticano fue notada por la prensa, ya que contrastaba con la importancia de la reunión: era la primera vez que el papa León XIV se reunía con un grupo global organizado de sobrevivientes. La demora y la discrepancia en la presentación de la agenda del día del pontífice fueron interpretadas como un reflejo de la actual tensión interna y la resistencia institucional dentro del Vaticano que el informe de Tutela Minorum critica.
Después de la reunión, ECA emitió un comunicado y celebró una conferencia de prensa en la que elogiaron la reunión como una “conversación profundamente significativa” que reflejaba un “compromiso compartido con la justicia, la sanación y el cambio real”.
ECA presentó su papel como el de “constructores de puentes, listos para caminar juntos hacia la verdad, la justicia y la curación”, indicando su objetivo de colaborar con León XIV centrándose en la necesidad de una verdadera Tolerancia Cero universal.
ECA compartió su Iniciativa de Tolerancia Cero, enfatizando la necesidad urgente de estándares globales consistentes donde cualquier acusación creíble de abuso resulte en una destitución permanente del ministerio. El cofundador Tim Law señaló que el papa se mostró comprensivo pero reconoció que “hay una gran resistencia” para que eso suceda. Su declaración completa está disponible aquí.
Katsch consideró que el papa estaba dispuesto a “ayudar a sanar el abuso sexual infantil en la Iglesia”, pero añadió de manera realista: “se acabaron los tiempos en los que un papa decía algo y todo se arreglaba”.
Posteriormente, el viernes 24 de octubre, Matthias Katsch publicó el texto que aparece después de este párrafo en su cuenta de Facebook o, si no se despliega, está disponible aquí:
El lunes fue un momento histórico: por primera vez, un papa recibió no a víctimas/sobrevivientes individuales sino a una alianza de afectados y activistas. Esto tiene una nueva cualidad.
Junto con Sergio Salinas, Evelyn Korkmaz, Janet Aguti, Timothy Law y Gemma Hickey de Ending Clergy Abuse (ECA), nos reunimos con el papa por primera vez.
En la audiencia privada con el papa León XIV, hablamos abiertamente sobre lo que nos ha conmovido a muchos de nosotros durante décadas: justicia para los afectados, la implementación de una política de tolerancia cero, una compensación adecuada y una protección genuina para los niños y adultos necesitados.
Desde que se creó, Ending Clergy Abuse ha insistido en la necesidad de crear mecanismos de rendición de cuentas independientes, promover el acceso a archivos eclesiásticos como parte del proceso de reparación y sanación, así como la inclusión de sobrevivientes en procesos de reforma.
Puede escuchar un resumen de este texto aquí.
