Guatemala mantiene una estructura judicial utilizada para perseguir a periodistas, fiscales y jueces que investigan redes de corrupción.
Por Inés M. Pousadela
MONTEVIDEO – José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, el desaparecido medio de investigación más importante de Guatemala, pasó 1,295 días detenido antes de que un tribunal le concediera el arresto domiciliario el 12 de febrero. Sufrió largos periodos de aislamiento en una cárcel militar, recluido en una oscuridad casi constante y sometido a un trato que, según advirtieron seis expertos de la ONU, podría constituir tortura.
Su delito consistió, sencillamente, en hacer su trabajo. Durante décadas, sacó a la luz las prácticas corruptas de las élites económicas y políticas de Guatemala. La Fiscalía del país sigue intentando enviarlo nuevamente a prisión.
La Policía detuvo a Zamora en julio de 2022 a raíz de una denuncia presentada por un antiguo banquero que era investigado por delitos financieros, después de que el periodista documentara la corrupción durante el mandato del entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).
En cuestión de meses, elPeriódico cerró tras la intimidación a sus anunciantes y la criminalización de su plantilla. Un tribunal condenó a Zamora por lavado de dinero en junio de 2023. Cuando un tribunal de apelación anuló la condena, un segundo proceso lo mantuvo en prisión.
Los tribunales ordenaron su puesta en libertad en varias ocasiones, pero las salas de apelación revocaron cada una de esas decisiones. La Corte Suprema trasladó a otra jurisdicción al juez que había dictaminado su liberación. Al menos 10 abogados que asumieron su defensa se vieron obligados a abandonarla bajo presión. Algunos fueron procesados y encarcelados.
En mayo de 2024, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria declaró que la detención de Zamora era arbitraria y constituía una represalia, por lo que recomendó su puesta en libertad inmediata.
Tardó casi dos años más en poder volver a casa. En marzo de este año, la Corte Suprema anuló las resoluciones que lo habían devuelto a prisión, al considerar que violaban las garantías procesales. La Corte de Constitucionalidad examinó en junio el último recurso de la Fiscalía para enviarlo nuevamente a la cárcel, pero aún no ha dictado su fallo.
La maquinaria de la impunidad
El calvario de Zamora no es una aberración; así están diseñadas para funcionar las instituciones secuestradas en este país centroamericano. El Estado guatemalteco lleva mucho tiempo en manos de lo que los guatemaltecos denominan «el pacto de los corruptos», una coalición de líderes empresariales, narcotraficantes, militares y políticos que se ha apoderado del sistema judicial para garantizar su propia impunidad.
Cualquiera que amenace ese acuerdo se arriesga a ser procesado mediante cargos falsos, reforzados por una campaña coordinada de desprestigio. Entre las personas perseguidas se encuentran periodistas que investigan la corrupción, jueces y fiscales que la combaten, activistas indígenas, defensores de los derechos sobre la tierra y activistas climáticos que se movilizan contra sus consecuencias.
El objetivo, como lo expresó un líder de la sociedad civil guatemalteca, es infundir miedo para que nadie se atreva a cuestionar nada. Más de 100 personas, entre ellas unos 50 jueces y fiscales, se han exiliado antes que enfrentarse a acusaciones falsas.
Dado que el sistema judicial está al servicio del pacto de los corruptos y no de la ley, cualquier intento serio de desmantelar la corrupción ha requerido apoyo externo.
En 2006, la ONU y el Gobierno guatemalteco acordaron crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
A lo largo de 12 años, la CICIG y la Fiscalía General investigaron más de 70 estructuras delictivas complejas y presentaron cargos contra más de 1,540 personas, entre ellas expresidentes, ministros, diputados y figuras del mundo empresarial. Su trabajo puso en entredicho la percepción de que los poderosos eran intocables.
El propio éxito de la Comisión selló su destino. Cuando la CICIG investigó al entonces presidente Jimmy Morales en 2017, este tomó medidas para desmantelarla: se negó a renovar su mandato y nombró como fiscal general a Consuelo Porras, una funcionaria afín a sus intereses.
El presidente Giammattei ratificó a Porras, quien procesó o destituyó a decenas de jueces y fiscales que habían colaborado con la CICIG.
Porras convirtió la Fiscalía General en un instrumento de persecución y desestimó, sin investigarlas, 74 % de las denuncias presentadas ante la institución. Cuando su mandato finalizó en mayo, más de 40 Estados la habían sancionado a ella y a algunos de sus colaboradores. La institución creada para perseguir el delito se había convertido en una herramienta clave del Estado guatemalteco para cometerlo.
Nuevo presidente, mismo sistema
Los guatemaltecos eligieron a Bernardo Arévalo en 2023 con el mandato de desmantelar este sistema. Desde entonces, el propio sistema ha intentado neutralizarlo constantemente. La victoria de este sociólogo, diplomático y político de centroizquierda resultó inesperada. Llegó a la segunda vuelta por un estrecho margen, en gran parte porque el establishment no lo había considerado una amenaza suficientemente seria como para bloquearlo.
Su triunfo definitivo desencadenó lo que la sociedad civil describió como un intento de golpe electoral, con denuncias legales espurias, redadas en la sede de su partido y al menos dos complots de asesinato creíbles. Fueron necesarios 106 días de resistencia pacífica, encabezada por las autoridades indígenas, para garantizar que tomara posesión del cargo.
Asumir el cargo no significó tomar el poder. El partido de Arévalo, Semilla, solo contaba con 23 de los 160 escaños del Congreso, y su personalidad jurídica fue posteriormente anulada por orden judicial.
El Congreso bloqueó la reforma legislativa que le habría permitido destituir a Porras. La Corte Suprema —cuyos 13 magistrados fueron seleccionados en 2024 mediante un proceso plagado de candidatos vinculados con redes de corrupción— se negó a levantar su inmunidad.
A lo largo de lo que va del mandato de Arévalo, la Fiscalía General continuó criminalizando la disidencia e intentó en repetidas ocasiones privar al presidente de su inmunidad.
Una estrecha ventana de oportunidad
El mandato de Porras finalmente expiró. Su sucesor, Gabriel García Luna, un juez de carrera sin vínculos con redes de corrupción, ha actuado con rapidez: destituyó a los fiscales vinculados con Porras y cerró la fiscalía especial que fabricó casos contra Zamora y muchas otras personas.
Su llegada ofrece la primera oportunidad genuina en ocho años.
La oportunidad es estrecha. El Congreso sigue en manos de la oposición y este año deben renovarse la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General y la autoridad electoral. Los intereses corruptos están bien posicionados para aprovechar estos procesos y afianzar su control.
Ahora depende, en gran medida, de que Arévalo respalde políticamente los esfuerzos de García Luna para reconstruir la institución que Porras convirtió en un arma y de que los organismos pendientes de renovación permanezcan fuera del alcance del pacto corrupto.
La señal más clara de cambio se producirá cuando Zamora y las decenas de personas criminalizadas por denunciar la corrupción y defender los derechos dejen de ser objeto de persecución judicial, y sus perseguidores sean quienes enfrenten a la justicia.
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Inés M. Pousadela es directora de Investigación y Análisis de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil. También es profesora de Política Comparada en la Universidad ORT Uruguay.
Fuente: ipsnoticias.net