
Los Ángeles Press
La presidente municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda fue cuestionada en el Foro Legislativo Justicia Terapéutica en la Frontera Sur, coordinado por el diputado Raúl Bonifaz Moedano, por el incumplimiento de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas por los abusos y tortura a la periodista Cinthya Alvarado Enríquez y a 42 indígenas de Pavencul cometidos el 27 de enero de 2020.
La alcaldesa señaló en el evento que celebraba y reconocía la importancia del foro, y enfatizó “su trascendencia para dinamizar los avances de la sociedad y las instituciones en favor del bienestar de quienes están involucradas en el sistema de justicia”.
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Sin embargo, a esta palabras, la periodista Cinthya Alvarado Enríquez exigió a la alcalde ser congruente, «porque la afrenta del «Lunes negro» del 27 enero 2020 sigue pendiente y las víctimas -dijo- tenemos derecho a que se sepa la verdad».
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La recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas incumplida por la alcalde es en referencia a 43 personas torturadas y detenidas arbitrariamente por órdenes de los funcionarios municipales de las que no se les ha reparado el daño económico, moral ni psicológico, explicó la periodista. No obstante, Urbina Castañeda respondió que tenía que esperar una resolución judicial.
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Los derechos civiles y humanos de los indígenas de Pavencul fueron vulnerados tras una manifestación pacífica donde pedían la reparación de una carretera, mientras la periodista Cinthya Alvarado daba cobertura a los hechos, cuando fueron detenidos con violencia por más de 150 policías y agentes de la Guardia Nacional.
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Los agentes de seguridad gasearon y sometieron a más de 80 personas, 42 de las cuales recibieron golpes y fueron arrastrados con total abuso de la fuerza policíaca y los aventaron en el sótano del Palacio de Gobierno. Allí continuaron golpeándolos, amenazándolos de muerte, y humillándolos por ser indígenas, para al final llevarlos detenidos a la Fiscalía Estatal, acusados de incitación a la violencia y daños a inmuebles.
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La acusación contra los indígenas y la periodista fue hecha por la sindicatura, en ese entonces, a cargo de Rosa Irene Urbina Castañeda, hoy presidente municipal.
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