Rosario Martínez De la Vega Martes, 23 de Diciembre del 2025
En medio del estigma social y la desesperación de las familias, los centros de rehabilitación en Guanajuato se han consolidado como una solución de facto a las adicciones, aun cuando múltiples denuncias evidencian prácticas violentas.
Por Rosario Martínez De la Vega
León, Guanajuato.– Lo que debería ser un refugio para la recuperación de personas con problemas de adicciones se ha convertido en un escenario de pesadilla. Testimonios de maltrato, encierros forzados y condiciones inhumanas emergen de los llamados anexos, espacios donde, bajo engaños o contra su voluntad, son recluidas personas vulnerables.
Familias desesperadas, sin alternativas públicas y atrapadas en el estigma social que rodea a las adicciones, entregan a sus seres queridos a un sistema que, lejos de sanar, reproduce el abuso.
Uno de los casos más emblemáticos es el del anexo “Comunidad Terapéutica Espíritu Santo”, propiedad de la familia Enríquez Vanderkam. El centro fue anunciado en redes sociales por el activista Adolfo Enríquez Vanderkam, asesinado hace dos años, y permaneció en operación durante tres, hasta su cierre bajo el argumento de una “remodelación”.
La dueña, Aranza Enríquez Mayagoitia, se quejó públicamente del cierre en sus redes sociales: “Mis niños me preguntaban: ¿y ahora qué voy a hacer?”. Sin embargo, detrás de esa narrativa, tres exinternas —que pidieron anonimato por temor a represalias— denunciaron graves violaciones a sus derechos humanos, negligencias y abusos que, según sus testimonios, podrían configurarse como tortura.
Uno de los relatos más estremecedores refiere que en la Nochebuena de 2023, un interno de avanzada edad y con problemas de salud murió de broncoaspiración tras cenar la discada preparada para la celebración navideña. Sin médicos ni enfermeras presentes, fue una interna con conocimientos básicos de enfermería quien intentó reanimarlo con RCP en una patrulla estacionada afuera del centro, custodiado desde el asesinato de Adolfo Enríquez.
Otros testimonios apuntan a hostigamientos y acosos sexuales por parte del psicólogo del anexo, quien ofrecía supuestos privilegios a cambio de favores: “Si aceptas, puedo hacer que vengan a arreglarte las uñas y pintarte el cabello”, relató una de las denunciantes.
Las acusaciones también alcanzan a la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkam, madre de Aranza, señalada por un presunto esquema de fraude. Según las internas, recomendaba a un mismo abogado —Juan Carlos Arenas Bonilla— para atender problemas legales derivados del encierro. El litigante cobraba cientos de miles de pesos y luego abandonaba los juicios, dejando a las mujeres indefensas.
Al ser cuestionada, la magistrada negó todo: “No lo han cerrado, no es cierto”, dijo en tono amenazante, exigiendo a esta reportera mostrar el documento de clausura. Sobre la recomendación del abogado, se limitó a negar: “Yo nunca lo recomendé a Mayra” —nombre que no corresponde a la denunciante—, aunque entregar un contacto y un teléfono constituye, en sí mismo, una recomendación.
El encargado de Comunicación Social de León, Enrique Avilés, confirmó que el cierre fue decisión de la dueña, aunque reconoció la existencia de quejas. Por su parte, el exdirector de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, Mario de Alba, aseguró que había antecedentes de irregularidades, incluyendo la caída de un interno que intentó escapar.
La crisis no es aislada. En los últimos cuatro años, 49 anexos han sido clausurados en Guanajuato por operar fuera de la ley. Los números revelan un patrón: espacios que deberían ofrecer atención profesional y digna se convierten en lugares de violencia, hacinamiento y negligencia.
Uno de los casos más recientes es el del anexo Ovejas de Dios, en la carretera Guanajuato–Juventino Rosas, clausurado el 25 de julio por carecer de permisos y acumular denuncias de abuso físico y psicológico. El operativo involucró a Seguridad Ciudadana, Salud, Protección Civil y Desarrollo Urbano.
Mientras tanto, el Congreso de Guanajuato rechazó hace unos días una propuesta para otorgar descuentos del 50% en trámites de protección civil, obra pública y desarrollo urbano a anexos y centros de rehabilitación. La medida buscaba incentivar su regularización. Tras la negativa, representantes de estos espacios y jóvenes en proceso de rehabilitación denunciaron discriminación y abandono. Advirtieron que, con gastos operativos de hasta 50 mil pesos mensuales, pronto será imposible atender a los más de 8 mil jóvenes con adicciones que hoy reciben apoyo, en medio de una crisis creciente por el consumo de cristal mezclado con fentanilo.