Lejos de ello, la UACM facilita la defensa legal de quien ejerce violencia de género contra una antigua académica de esa institución.
A pesar del discurso oficial de “llegamos todas”, instituciones como la UACM que dependen de gobiernos controlados por Morena no actúan con perspectiva de género.
Los Ángeles Press
Lejos de avanzar en la solución del caso que acumula ya años, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, insiste en prolongar la indefinición en un proceso que cuestiona seriamente la promesa de que la llegada de una mujer a la Presidencia de la República implica que “llegaron todas”.
Por el contrario, este caso —como tantos otros— evidencia que las instituciones públicas siguen teniendo una deuda profunda con las mujeres y, en términos más amplios, con las víctimas de diversas formas de violencia, ya sea sexual, institucional o de otro tipo.
No es un problema que competa sólo al Poder Judicial Federal, como lo plantea de manera reiterada la propia Claudia Sheinbaum en sus actividades matutinas. Es un problema que instituciones autónomas pero vinculadas mayormente a los poderes ejecutivos federal o de las entidades de la República, podrían resolver por su cuenta, pero que optan por dejar en la indefinición a las víctimas de Octavio Campuzano Cardona, profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
En Los Ángeles Press hemos dado seguimiento a este caso porque objetivamente, involucra una injusticia aceptada como tal por la propia Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que reconoce que hay problemas en sus estructuras, en sus órganos de autogobierno, lo que la hace autónoma en la tradición de la educación superior en México, pero que no está dispuesta a hacer algo más a favor de las víctimas de violencia sexual.
La carta abierta que se reproduce a continuación no es fruto de la casualidad o del capricho, ni de su autora ni de Los Ángeles Press. En los últimos dos años hemos dado seguimiento al asunto sin que Roxana pueda dar cuenta de algún avance sustantivo.
Quien desee explorar con mayor detalle cómo es que se llega al punto en el que se publica esta carta abierta, puede empezar por este texto del 12 de mayo de 2023 en el que dábamos cuenta de otra carta, recién publicada entonces por la propia víctima acerca de esta situación. Ya desde entonces pedía que cesara el hostigamiento, como se puede en el texto enlazado después de este párrafo.
Unos días después, Los Ángeles Press publicó un texto que da cuenta de la manera en que el hostigamiento contra la víctima afectó también al Centro de Investigación y Docencia Económica, una institución no autónoma, sometida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a intensa presión, que forzó la salida de varios de sus académicos. El texto aparece después de este párrafo.
Ese mismo día, Los Ángeles Press publicó en su totalidad el texto de la víctima de Octavio Campuzano Cardona en una actividad docente organizada por el CIDE y que provocó que esta institución dejara de transmitir actividades como ésta por el temor de sus académicos y estudiantes a las posibles represalias del gobierno federal en su contra.
Hacia finales de ese año, el 1 de diciembre, la víctima dio cuenta de la manera en que los organizadores de un foro en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión excluyeron una ponencia en la que la autora daba cuenta de la situación que enfrenta en su relación con la Autónoma de la Ciudad de México.
El texto, disponible después de este párrafo, da cuenta de los efectos desastrosos del actual diseño institucional en distintas universidades públicas mexicanas que, a pesar de las promesas del gobierno federal en materia de protección de los derechos de personas víctimas de violencia de género, en los hechos, hace poco para atajar el problema de fondo, que es la impunidad.
Casi once meses después, en septiembre de 2024, la víctima debió hacer uso del único instrumento de defensa a su alcance en estos momentos, su voz y su identidad, para insistir en que, en lo sustantivo, continúa sin resolverse el conflicto motivo de esta serie.
En el texto enlazado antes de este párrafo, da cuenta del alcance de lo que ella define como una cultura de negación que está detrás de los muchos casos en la UACM y en otras universidades públicas y privadas, en México y otros países de América Latina, que no tienen visos de estar siquiera próximos a resolverse y en los que parecería que la autoridad apuesta a la prescripción, a la amnesia, o al cansancio.
Otras académicas mexicanas, como Virginia Illescas, han dado cuenta de sus propias experiencias como víctimas de violencia de género en Los Ángeles Press, como puede leerse en el texto que aparece después de este párrafo, y que aborda el caso del Sistema de Universidades del Estado de Oaxaca, donde también existen incluso resoluciones en firme de la autoridad civil que no son atendidas por los directivos de esa institución.
Más recientemente, en noviembre pasado, Los Ángeles Press dio cuenta de la situación en el así llamado Tecnológico Nacional de México, uno de los sistemas educativos con mayor número de alumnos, con un número importante de campus distribuidos en todo el país, pero en el que, como en los casos de la UACM y el SUNEO, no se respetan los derechos de las estudiantes, profesoras y empleadas administrativas o de intendencia, que frecuentemente son víctimas de distintos tipos de violencia.
Debe señalarse, por último, antes de presentar el texto íntegro con la posición de la víctima de violencia de género de la UACM que son tres años que se acumulan de impunidad en este caso. Tres años de incertidumbre, de revictimización por la indiferencia institucional, de tener que revivir el trauma y de ver cómo la universidad que debería protegerla apoya la defensa legal de quien la agredió. Es un periodo que tiene consecuencias devastadoras para la salud física y mental, y para la vida personal y profesional de cualquier persona.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de la víctima que dirige al rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Carta abierta al rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Juan Carlos Aguilar y VII Legislatura del Consejo Universitario (7 CU)
Por medio de esta carta me permito informarle al Rector de la UACM, Mtro. Juan Carlos Aguilar, y al 7 CU la situación que guardan las violencias de género en la universidad y del mismo modo exijo una respuesta y resolución inmediata a las más de 350 denuncias que su antecesora, Dra. Tania Rodríguez Mora dejó a la deriva después de haberse creado la Defensoría de los Derechos Universitarios e implementarse el Protocolo de Atención a las Violencias. El citado protocolo se comenzó a implementar en 2020; sin embargo, el Consejo de Justicia, mano ejecutora de la normatividad no se creó hasta 2024, lo que como es de suponerse creó una situación de indefensión, revictimización y violencia institucional sin precedentes para todas las víctimas de violencia de género ejercida por profesores y trabajadores de la universidad. Yo soy una de esas víctimas, exprofesora por obra y tiempo determinado (2019-2022) que llevamos ya casi cuatro años luchando primero porque se implementara el Consejo de Justicia y demandando que la universidad no defienda a ultranza a los violentadores.
En marzo de 2022, me presenté en la Defensoría de los Derechos Universitarios para denunciar a mi agresor, profesor de tiempo completo desde 2004, Octavio Campuzano Cardona. Mi denuncia es de carácter extraterritorial, de acuerdo con el protocolo. Desde el primer día que presenté la denuncia, el proceso en la UACM ha estado marcado por la revictimización, lentitud y violencia institucional. Tanto yo como otros compañeros y compañeras que hemos luchado por obtener justicia y porque se creara el Consejo de Justicia fuimos objeto de persecución, amenazas y violencia por parte de la anterior administración de Tania Rodríguez, sobre todo a través de la Coordinación de Comunicación encabezada por Mario Viveros, de quien recibí amenazas después de presentarme en un foro académico para hablar sobre el tema. Aprovechando la cercana amistad entre Tania Rodríguez y mi agresor, quien me amenazó tanto a mí como a varias instituciones con levantar denuncias por “daño moral”. Señalo que, en junio de 2022, el agresor fue denunciado en la Fiscalía de Justicia del Estado de México y que, en noviembre de 2023, la carpeta de investigación pasó a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
Después de exigir la conformación del Consejo de Justicia, éste se creó en 2024 en medio de la destitución del Defensor y otros conflictos por el mal desempeño de la oficina. Tanto yo como otras víctimas lo vimos como un avance. Mi caso personal se resolvió en mayo de 2024, sin embargo, la anterior Rectora detuvo se me entregara la resolución hasta septiembre de 2024, supongo para no ensuciar la salida de la Rectoría.
El 14 de septiembre recibí la resolución del Consejo de Justicia que sanciona al agresor con las siguientes medidas: firma de una carta compromiso de no repetición, tomar un curso de sensibilización de lenguaje y violencia de género y una disculpa “privada”. Lo anterior, va en contra de la misma reglamentación de la UACM y de la normatividad institucional, ya que las disculpas como recurso de reparación de daño deben ser públicas. Impugné esa parte del dictamen.
En octubre de 2024, el 7 CU resolvió la creación de la oficina de litigios, adjunta a la Oficina del Abogado General con la finalidad de dar acompañamiento legal a miembros de la comunidad que necesitaran este apoyo. Desde su creación, estuve convencida que esta oficina solo serviría para que los agresores con denuncias penales y procesos legales recibieran representación gratuita por parte de la universidad. Así ha sido. A través de la oficina de litigios, el agresor sexual Octavio Campuzano Cardona, tramitó un “amparo” en contra de la resolución del Consejo de Justicia lo que lo deja blindado para acatar la resolución que me costó 3 años obtener. Pero no sólo eso, el agresor está siendo representado por abogados de la UACM en el proceso legal de la Fiscalía CDMX y ya le tramitaron un amparo para dilatar el proceso.
Dicho sea de paso, yo no me he podido costear la representación legal privada porque no tengo a mi disposición el equipo legal que la UACM les proporciona a los agresores. Mi caso no es único, tengo datos que avalan que al menos en cinco casos de procesos penales por violencia de género, los agresores están siendo representados por abogados de la universidad.
Con lo anterior se violan principios flagrantes de derechos humanos y de leyes de protección a las víctimas. Pero al parecer, ni a usted como nuevo Rector ni al 7 CU les preocupa, lo que les preocupa es defender a sus agresores hasta las últimas consecuencias y seguir perpetuando el círculo de la violencia contra profesoras, exprofesoras, estudiantes y otras personas que forman parte de la comunidad universitaria.
Exijo que la UACM deje de dar asesoría legal a los agresores y deje de costear sus procesos legales. No más encubrimiento y protección a ultranza a violentadores que siguen en las aulas y espacios universitarios. La UACM no puede ser juez, parte, defensor y sobre todo abogada de agresores para seguir violentando víctimas.
Atentamente:
RRB
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Nota del editor: En Los Ángeles Press, con sede en el estado de California, nos regimos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de prensa y la identidad de las víctimas, no de los agresores; por lo que referimos el nombre completo del agresor sexual identificado como Octavio Campuzano Cardona, al tratarse de un profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y porque su nombre ha sido confirmado de agresión sexual en documentos públicos en instituciones mexicanas de los que tiene copia este medio, así como una petición en línea con sede en Estados Unidos que exige de su parte una disculpa pública.