El problema para Sheinbaum y Harfuch es que, a finales de 2025, decían estar plenamente convencidos de que eran otros los responsables de matar a Manzo.
Sheinbaum anunció que Luisa María Alcalde “dialogará” con empresas de radio y TV para insistir en su idea de tutelar los derechos de las audiencias.
Los Ángeles Press
La actividad de Claudia Sheinbaum de este viernes 31 de julio, una de las más breves con poco menos de una hora de duración efectiva, estuvo centrada, casi en su totalidad en presentar como un éxito sin precedentes el arresto del nuevo sospechoso principal en el asesinato de Carlos Manzo, quien fuera el presidente municipal de Uruapan, Michoacán.
Manzo murió en uno de los hechos de mayor violencia simbólica de los que se tenga memoria en México porque él había compartido por redes sociales, minutos antes de su ejecución, parte de sus actividades en el contexto de las celebraciones populares del Día de Muertos en la plaza principal del municipio, el así llamado “Festival de las Velas”.
Según se informó hoy, el nuevo principal sospechoso de asesinato de Manzo es Ramón Ángel Álvarez Ayala, a quien las propias autoridades federales identificaron con el alias de R1. Junto con él estarían involucrados otras 30 personas más, que incluyen a dos de los elementos que en teoría eran responsables de garantizar la seguridad de Manzo.
Cuando ocurrió ese hecho, la Secretaría de Seguridad del gobierno federal se apresuró a fabricar culpables para pretender una respuesta rápida y eficaz a una de las muchas expresiones de violencia vinculada a las actividades de las organizaciones criminales que operan en México. Hoy, Omar García Harfuch, reconoció—aunque sólo de manera implícita— que los anuncios espectaculares que hizo en su momento la dependencia a su cargo, fueron un error.
El problema, sin embargo, es que en ningún momento de sus muchas intervenciones este viernes en el atril de Palacio Nacional ni García Harfuch ni Sheinbaum reconocieron que las acusaciones que formularon originalmente carecían de sustento. Tampoco ofrecieron una disculpa a las personas que se vieron afectadas por la manera en que las filtraciones que el propio gobierno federal hacía a sus medios más cercanos y leales, sólo sirvieron para provocar dolor en las familias de quienes fueron presentados, a finales de 2025, como los responsables del asesinato de Manzo.
Tampoco hubo algún reconocimiento de parte del gobierno federal de la campaña que las huestes de Morena en Michoacán orquestaron en distintos momentos en el último año contra la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, quien ahora ejerce como alcalde de Uruapan, pero a quien el congreso estatal en Morelia le ha prohibido entrar al recinto legislativo, sin perder de vista las muchas publicaciones de redes sociales que los grupos más leales a Morena impulsaron contra ella y sus familiares que, además de mofarse de su duelo, la presentaban como traidora a la patria.
Aunque Sheinbaum hizo todo lo posible por presentar el arresto ocurrido ayer por la tarde como un avance sin precedentes en la lucha contra el crimen organizado en México.
Lo que es peor, aunque García Harfuch mismo adujo este viernes que el asesinato de Manzo fue una respuesta de las organizaciones criminales a los señalamientos que el finado alcalde hacía acerca de las actividades de esos grupos, no se reconoció que el asesinato de Manzo, como muchas otras acciones criminales similares, tienen como propósito generar, infundir, terror en la sociedad para que se acepte en silencio los excesos que cometen.
En lugar de ello, Sheinbaum, García Harfuch y el resto del gabinete de seguridad del gobierno federal, trataron de presentar el arresto del nuevo presunto responsable de los hechos como un parteaguas que les permitió colmarse a sí mismos de elogios.
Según Sheinbaum poco antes de terminar la información sobre este tema, todos los arrestos y los procesos abiertos contra los 31 presuntos implicados en este asesinato, “tienen sustento científico, documental”, aunque ella misma reconoció que “ahora viene el proceso”.
El problema, sin embargo, es que ya en noviembre de 2025 le decían a la consternada opinión pública del país cosas similares, luego de lo cual los casos empezaron a caerse por las inconsistencias flagrantes que Los Ángeles Press documentó en su momento durante noviembre y diciembre del año pasado.
En todo caso, habrá que ver cómo transcurren los procesos judiciales de los 31 señalados por el gobierno federal. Quizás, con un poco de suerte, Ramón Ángel Álvarez Ayala está en alguna de las listas que, de cuando en cuando, publican el Buró Federal de Investigaciones o la Agencia para el Control de las Drogas, la DEA por sus siglas en inglés, y el gobierno de México logra extraditarlo rápidamente a Estados Unidos.
En ese sentido conviene destacar que ayer por la tarde el Senado de Estados Unidos ratificó como nuevo responsable de la máxima instancia de la inteligencia en ese país a Jay Clayton, quien era hasta hace unos días el fiscal federal que pidió el arresto y extradición de Rubén Rocha Moya, el “gobernador con licencia” de Sinaloa, al que el gobierno de México protege, así como de otros nueve “coacusados”, dos de los cuales optaron por evitarse problemas y se entregaron al gobierno de ese país.
¿Tutelar derechos?
Fue notable, que Sheinbaum hizo todo lo posible por limitar los temas considerados este viernes, probablemente porque tenía interés en salir hacia Oaxaca donde se espera que realice una serie de actividades este fin de semana, pero también por la incertidumbre que despierta el deseo del gobierno federal de intervenir las operaciones de los medios de comunicación en México.
Una vez más, Sheinbaum insistió en que su gobierno no desea imponer censura. Que se trata sólo de tutelar “el derecho de las audiencias”. Lamentablemente, quienes elaboraron el documento base e hicieron la presentación a principios de esta semana insistieron en cobrar multas a quienes no se alineen con la idea, del todo noventera, que tiene el gobierno federal de lo que debe ser la comunicación.
La propuesta del gobierno es tan anacrónica y ajena a la realidad que, por ejemplo, una misma empresa de comunicación que publique algo en las cuatro modalidades que plantea la propuesta del gobierno: prensa escrita, redes sociales, radio y televisión, podría tener problemas en radio y televisión, pero no los tendría en prensa escrita y redes sociales.
Si un mismo contenido enfrentaría ese tipo de problemas, ¿qué se puede esperar cuando se trate de contenidos que sólo aparezcan en radio y televisión? No en balde, hay quienes ven el intento del gobierno de Sheinbaum como una propuesta anacrónica y que desconoce los cambios que han ocurrido en los mercados de la información y el entretenimiento.
Como sea, Sheinbaum anunció hoy en el breve periodo que dedicó a ese asunto que le ha pedido a su consejera jurídica y vocera oficiosa, Luisa María Alcalde, que “aclare” y que se reúna con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión.
El problema, desde luego, es que es Alcalde quien cada miércoles por la tarde hace un listado de lo que ella considera que son mentiras de los medios de comunicación y reprocha el que se publiquen esos contenidos.
Desde que Alcalde abrió la actividad de los miércoles identificada por el gobierno federal como “Derecho de réplica”, se señaló en estos espacios lo peligroso que era que la consejera jurídica de la Presidencia fuera quien, según ella, desmintiera lo que ella considera que es mentira de los textos o contenidos que los medios de comunicación publican en México.
¿En Palacio Nacional se tomarán la molestia de calibrar qué tanta disposición habrá de los medios a no ver las palabras de Alcalde sobre esta ley como una amenaza?
Sheinbaum insistió es que es una propuesta y que es una consulta, pero la realidad es que si algo ha caracterizado a los gobiernos de Morena es su indisposición a escuchar las objeciones que se les plantean acerca de su manera, siempre atropellada, de tomar decisiones.
Cuando el antiguo Poder Judicial de la Federación hizo la propuesta de escalonar el proceso para elegir a los jueces, entre otras muchas propuestas, López Obrador y su círculo más íntimo, en el cual siempre han estado Sheinbaum y Alcalde, rechazaron cualquier sugerencia y, sin importar las consecuencias, impusieron su modelo de reforma del Poder Judicial.
¿Qué podría ofrecer alguna esperanza de que en el caso de la supuesta protección de los “derechos de las audiencias” no se trata simplemente de otro arrebato de la dirigencia de la Cuarta Transformación?