Rodolfo Soriano-Núñez Lunes, 24 de Noviembre del 2025
Casos de México, Brasil, Francia y EEUU obligan a repensar cómo la crisis de abuso cambia la percepción del papel de los sacerdotes.
Impedir esos cambios con el regreso a la opacidad al abordar los casos de abuso sólo erosionaría más la confianza en la Iglesia Católica.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
En los ochenta, cuando se sabía del asesinato de un sacerdote en América Latina, se pensaba en casos como el del argentino Carlos Mugica Echagüe (1974), o en los numerosos sacerdotes y monjas asesinados en El Salvador durante la guerra civil, como el ahora san Óscar Arnulfo Romero Galdámez (1980), así como en los casos de los países detrás de la cortina de hierro, como el polaco Jerzy Popiełuszko (1984).
De algún modo, se creía, tal vez incluso se inculcaba, la idea de que existía un motivo político detrás de lo que se percibía, mayormente, como un crimen atroz, fuera por regímenes en la órbita soviética, como la Polonia de la Guerra Fría, o por grupos militares o paramilitares de extrema derecha en América Latina.
Hoy en día, cuando se conoce la noticia de la muerte de un sacerdote, resulta cada vez más difícil no preguntarse qué motivó su muerte y más en meses como octubre y noviembre de 2025 en que se acumulan los fallecimientos. En los últimos dos meses, dos sacerdotes han sido asesinados en México, uno en Brasil, y el cuerpo de un cuarto sacerdote, un salesiano francés, apareció en Normandía, en la costa del Atlántico de ese país.
De los cuatro sacerdotes muertos en las últimas siete semanas, los motivos no son tan claros como con Mugica, asesinado a quemarropa tras oficiar misa en un oratorio de la que solía ser su parroquia, o el de Romero, asesinado a tiros mientras oficiaba misa en la catedral de San Salvador.
Geografías de muerte
En México, Bertoldo Pantaleón Estrada perdió la vida antes del 6 de octubre, tres semanas antes de cumplir 59 años y tres meses después de cumplir 31 años como sacerdote. Su cuerpo fue hallado ese mismo día y, según la diócesis de Chilapa-Chilpancingo, se le perdió la pista dos días antes.
La parroquia de Estrada, San Cristóbal Mezcala, Guerrero, se ubica en el llamado “Triángulo de Oro”, una región de México apta para el cultivo de amapola, lo que facilita la producción de heroína. Peor aún, se trata de un pequeño pueblo, aislado, a medio camino entre la capital del estado, Chilpancingo, e Iguala, donde en 2014 “desapareció” el grupo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Once años después de la violenta noche de septiembre en que esos jóvenes desaparecieron, no hay esperanza de que se resuelva este crimen. Aunque se hicieron un par de arrestos, el crimen de Bertoldo es todavía un misterio. Él vivía en una región muy violenta, y no es difícil imaginarlo como víctima de ese entorno, al igual que al menos otros tres sacerdotes en esa región de México en los últimos diez años.
Poco más de un mes después, el 12 de noviembre, otro sacerdote mexicano perdió la vida. A sus 43 años, 15 de ellos como sacerdote de la diócesis de Cuautitlán, Estado de México, Ernesto Hernández Vilchis era cura de la parroquia de la Santa Cruz, en Tultepec, en la periferia de la Ciudad de México, que se tragó a ese pequeño pueblo en los últimos cuarenta años.
Dos días después, el 14 de noviembre, un grupo de adolescentes asesinó a Alexsandro da Silva Lima, sacerdote de la diócesis de Dourados, en la ciudad epónima del estado de Mato Grosso do Sul, cerca de la frontera con Paraguay, a 880 kilómetros al poniente de São Paulo, Brasil.
Con 44 años y 14 como sacerdote, él era ya párroco de Nuestra Señora de Aparecida, coordinador general del clero, así como asesor de los diáconos permanentes de la diócesis. Los diáconos permanentes son varones casados quienes pueden cumplir con un número limitado de funciones sacerdotales, en bautismos y bodas, pero no son presbíteros o sacerdotes, como era la víctima.
Los asesinatos de Hernández Vilchis y Da Silva Lima son prácticamente idénticos. Ambos fueron víctimas de grupos que les emboscaron para despojarlos de sus pertenencias, principalmente sus automóviles.
Sin embargo, el caso de Hernández Vilchis es más complejo. Las primeras etapas de la investigación tienen como protagonista a una trabajadora sexual con quien tuvo contacto previo, quien finalmente lo drogó para facilitar su asesinato.
Si uno se atiene a la información oficial disponible, se reportó primero su desaparición a las autoridades el último día de octubre. El último contacto fue con alguien que lo vio el lunes 27 de octubre, de modo que hubo cuatro días entre el reporte y el último contacto y al menos doce hasta el día en que lo asesinaron. Hasta el momento se sabe poco de lo ocurrido durante esos lamentables 16 días entre la última ocasión en que alguien se encontró con él y la fecha estimada de su asesinato.
Aunque el caso aún no se ha resuelto, las autoridades actúan con una celeridad inusual, propia de los asesinatos políticos, ausente en asesinatos menos publicitados. Más dado que la rapidez ocurre en medio de un intenso debate nacional sobre la violencia generalizada. La expedita investigación del caso Hernández Vilchis ofrece una conveniente narrativa política para las autoridades mexicanas que enfrentan muchos otros asesinatos, al menos igual de brutales.
La velocidad con la que se ha investigado el caso de Hernández Vilchis hasta ahora es al menos similar a la de la autopsia de Jean-Marie Petitclerc, un sacerdote francés, cuyo cuerpo se encontraba en la playa de Langrune-sur-Mer, en la costa atlántica de Normandía, el lunes 17 de noviembre.
A diferencia de los otros tres sacerdotes latinoamericanos, el sacerdote francés era a sus 72 años, una figura pública en su país, con el rango de Caballero en la Orden Nacional del Mérito en Francia desde 1996, doce años después de su ordenación y páginas en las ediciones en francés e inglés de la Wikipedia desde antes de que muriera, algunos de sus libros incluso han sido traducidos al español y a otros idiomas.
Adquirió notoriedad por su trabajo para resolver problemas de violencia en barrios marginados de Francia. Fue, por ejemplo, uno de los primeros representantes de una institución nacional francesa en abordar la violencia que, en última instancia, se convirtió en lo que conocemos ahora como los “Disturbios de 2005”.
El lunes, los medios franceses, tanto católicos como civiles, informaron del hallazgo del cadáver de Petitclerc. Inicialmente, no había evidencia ni reportes de violencia durante su muerte.
Pero ya se sabía que en octubre había sido declarado culpable por un juez de voyerismo (voyeurisme sur mineur) de un menor varón, aunque descartó un cargo de agresión sexual (atteinte sexuelle), según el medio católico Famille Chrétienne (texto en francés) o en el boletín que publicaron los salesianos de Francia cuando se conoció la sentencia (contenido en francés).
Curiosamente, pocas horas después de que apareciera el cadáver de Petitclerc, Xavier Ernst, superior de los salesianos en Francia y el sur de Bélgica, parecía convencido de que no había forma de esclarecer su muerte. Según informó el diario católico francés La Croix, cuando Ernst respondió una pregunta sobre la muerte de Petitclerc dijo: «Nunca lo sabremos; el mar se llevó el último aliento de Jean-Marie».
No está claro cuál era el objetivo de Ernst al hacer esa declaración. Dada la forma en que murió Petitclerc y lo que la ley penal francesa estipula para la «muerte sin asistencia», se impuso un Obstáculo Médico-Legal (OML) a los restos de Petitclerc, lo que obligó a realizar una autopsia para determinar si su muerte fue un suicidio, un accidente o un homicidio, antes del entierro.
En ese sentido, la cita del superior salesiano, recogida por La Croix, fue al menos prematura, si no es que fue un intento flagrante de cortar de raíz una investigación sobre la muerte de Petitclerc que podría haber revelado una realidad más inquietante para el ahora difunto sacerdote y, quizás, para su orden.
A pesar del intento de Ernst de dejar al océano Atlántico el secreto de la muerte de Petitclerc, las autoridades locales de Normandía realizaron una autopsia y dictaminaron su muerte como suicidio el martes 18 de noviembre (contenido en francés).
Si las muertes recientes de sacerdotes no fueran suficientes, el lunes 17 de noviembre, en National Catholic Reporter (contenido en inglés), Jason Berry rescató un caso de los ochenta, en que un sacerdote murió cuando dos de sus víctimas terminaron con el abuso y la manipulación que ejercía sobre ellos.
Los medio hermanos Bernard Joseph y Marcus Hamilton cumplen cadenas perpetuas en la tristemente célebre Penitenciaría de Angola en Luisiana por el asesinato de Patrick McCarthy en 1988. McCarthy era sacerdote y miembro de la orden de los josefitas, al igual que Paul Oberg, su cómplice en el abuso de ambos medio hermanos cuando eran menores de edad.
Es imposible repasar los detalles del relato de Berry sobre lo sucedido, pero en algún momento, con uno de ellos bajo los efectos de narcóticos, pusieron fin al abuso, al asesinar a McCarthy, que entonces tenía 37 años.
Como era de esperar, el texto de Berry recibe elogios para él como autor, pero también mucha simpatía por los hermanos Bernard y Marcus, pues se les percibe como víctimas de un caso complejo que, aunque legalmente impecable, más de 30 años después evolucionó de forma que sólo la pluma de Berry puede describir.
Pérdida de confianza
Lo que importa para este texto es cómo se ha deteriorado la imagen del sacerdote católico, incluso católicos devotos como los lectores de National Catholic Reporter como fruto de la crisis de abuso sexual.
Es la historia de la pérdida de confianza en la capacidad de la institución para proteger a sus fieles, pero también el resultado del constante intento de la jerarquía católica y sus aliados en las élites políticas por encubrir crímenes, proteger el buen nombre de los sacerdotes y el prestigio institucional de la Iglesia Católica a costa de las víctimas de abuso.
Basta con observar los debates que se han generado en las redes sociales francesas tras la muerte de Petitclerc. Otro sacerdote francés, Philippe de Kergorlay, utilizó su cuenta de Facebook para publicar, la madrugada del jueves 20 de noviembre, una acusación contra su propia iglesia, que culpa de la muerte de Petitclerc y de la pérdida de confianza en la Iglesia Católica al Reporte Sauvé.
En varias entregas, esta serie se ha basado en gran medida en las conclusiones del Reporte Sauvé o Reporte CIASE. El acrónimo proviene de la Comisión Independiente Francesa sobre Abusos Sexuales en la Iglesia (contenido en francés), creada por los obispos de Francia tras enfrentar la cruda realidad creada por su incapacidad para resolver el abuso sexual cuando seguían el enfoque de las «Tres D o 3D»: Denegar, Desviar y Desestimar.
Investigaciones
Hacerse la víctima: un modelo en la Legión de Cristo
Dicho enfoque se ha explicado a detalle en entregas previas de esta serie, cuyos enlaces se encuentran antes y después de este párrafo. A pesar de sus numerosos fracasos y efectos negativos, el mensaje de De Kergorlay y las reacciones que suscitó entre los católicos francófonos prueban que todavía hay un deseo de mantener ese enfoque para “abordar” el abuso sexual del clero.
A pesar de que entidades de la Iglesia Católica reconocen la crisis de credibilidad que la entrega de esta serie vinculada antes documenta, De Kergorlay no duda que Petitclerc fue acosado por la opinión pública y casi obligado a lo que él, desde antes de que se conociera el resultado de la autopsia, calificaba como un suicidio.
La vehemente defensa de Petitclerc por De Kergorlay está en francés en su cuenta de Facebook aquí. Una traducción aparece luego de este párrafo por ser representativa de las defensas que hacen clérigos católicos de colegas que enfrentan estas acusaciones:
«Muerte de sacerdotes
«El ahogamiento del padre Jean-Marie Petitclerc, un notable educador, nos entristece a todos y obliga a plantear muchas preguntas. Al parecer, se vio muy afectado por la acusación de “voyerismo” y la suspensión del ministerio a la que se le sometió. Apeló de inmediato una decisión que le pareció totalmente infundada.
«No es el primero.
«En pocos años, hemos contabilizado una docena de suicidios de sacerdotes, acusados con razón o sin ella. Nunca antes visto.
«Desde el Reporte del CIASE (Sauvé), la jerarquía sigue una política de tolerancia cero. Los sacerdotes acusados son suspendidos de inmediato y su nombre aparece en los medios para provocar posibles denuncias. Antes de que concluya la investigación judicial, se somete al sacerdote a un intenso escrutinio. Jamás encontrará su lugar. Aunque no haya un caso en su contra, su carrera se acabó.
«El sacerdote es un hombre de misericordia. El papa Francisco solía repetir a los confesores: “Perdonen, perdonen siempre”. Pero esto probablemente no se aplica a los acusados de delitos sexuales.
«En este caso, la misericordia que predicaba se esfuma ante el sistema judicial con una justicia más severa que la penal civil. En la Iglesia, no hay prescripción ni presunción de inocencia. Primero castigamos, quizá Dios perdone después.
«Pensamos en aquel hadiz donde Mahoma apedreó primero a una mujer adúltera para que pudiera beneficiarse de la misericordia de Alá. Cuando se trata de abuso sexual, nuestras autoridades se convierten en musulmanas.
«Nos preguntamos por qué Jesús nunca habla de culpables y víctimas, por qué habla tanto de misericordia y tan poca justicia, por qué eligió apóstoles con un pasado turbio como el publicano o el zelote, dispuestos a traicionar como Judas o a negar como Pedro. Jesús era muy ingenuo y no sabía del abuso sexual.
«La Educación Nacional o el ministerio de Juventud y Deportes prestan más atención a su personal. Saben que los docentes y entrenadores tienen una labor difícil y pueden tener vulnerabilidades. No hay necesidad de arriesgar una ola de suicidios por una exposición mediática temprana. Las investigaciones son más discretas, pero no menos rigurosas.
«La jerarquía católica acaba de cambiar, tanto a nivel de obispos como de religiosos. Cabe esperar mayor sensibilidad y atención a los problemas realmente contemporáneos. Las alertas emitidas por CIVIISE sobre los 300 mil niños que sufren abusos cada año en Francia, el preocupante aumento de agresiones sexuales cometidas por menores o el crecimiento exponencial de la ciber-pedo-delincuencia requieren de la movilización de todos.
«Y, sobre todo, enseñar sobre el verdadero amor es una prioridad donde la Iglesia tiene su lugar.
«Padre Philippe de Kergorlay, sacerdote.»
Abusar a Said
De Kergorlay es un sacerdote francés que reside en Izmir, Turquía. Quizás esto influya en su postura contradictoria sobre el abuso sexual; su “edición” de pasajes bíblicos que hablan de un “Mahoma” que lanza la primera piedra contra la mujer adúltera y su uso despectivo de “musulmán” para criticar a su propia iglesia.
Está dispuesto a «orientalizar», siguiendo la intuición de Édouard Said sobre el orientalismo, a su propia iglesia para preservar los privilegios de los sacerdotes en la gestión de los casos de abuso, lo que erosiona aún más cualquier posibilidad de creer en el compromiso de la Iglesia Católica de prevenir y castigar los abusos sexuales del clero.
Como residente en Turquía, De Kergorlay es un sacerdote que ejerce fuera de su país y de la principal área de influencia de su iglesia; sin embargo, lejos de mostrar una comprensión más matizada de las sociedades con mayoría musulmana, usa el término «musulmán» como adjetivo para atacar a los obispos franceses, al tiempo que intenta una defensa bastante contradictoria de Petitclerc.
En lugar de reconocer los muchos casos en los que sacerdotes y sus aliados en la jerarquía y el laicado han destruido la vida de las víctimas de abuso sexual, sus familiares y amigos, al describirlos como «enemigos de la Iglesia», «comunistas» y la habitual retahíla de «cortesías», redobla su apuesta por el privilegio sacerdotal, al pedir implícitamente el regreso de los “buenos tiempos” del secretismo y de ataques apenas velados a las víctimas y sus aliados como procedimiento estándar de una iglesia reacia a reconocer sus errores.
Según la hoja de cargos que De Kergorlay publicó en redes sociales, no hay suficiente misericordia para sacerdotes como Petitclerc. Afirma esto a pesar de que las autoridades no impusieron restricciones al ministerio de Petitclerc, ni siquiera con menores, y de que, según Famille Chrétiene, fue él y su orden quienes decidieron, en cuanto se le acusó, apartarlo de dicho ministerio.
¿Política o eslogan?
Así pues, a pesar de las afirmaciones infundadas de De Kergorlay sobre la política de tolerancia cero en el caso de Petitclerc, pues es más fácil encontrar casos de rechazo de una verdadera política de tolerancia cero que ejemplos de obispos demasiado celosos al aplicarla, tacha de «musulmán» cualquier intento de transparencia y rendición de cuentas en los casos de abuso sexual clerical.
Esto cobra mayor relevancia dado que entregas anteriores de esta serie (véase arriba y abajo) demostraron que la política de tolerancia cero en la Iglesia Católica es más un eslogan que una política real en materia de abuso sexual del clero.
Investigaciones
¿Qué tan real es la tolerancia cero de la Iglesia Católica?
Lejos de una política uniforme, lo que se descubrió en esos informes fue un mosaico de excusas para evitar la aplicación de una verdadera política de tolerancia cero al tratar con denuncias, acusaciones e incluso en casos donde un sacerdote ha sido condenado y se encuentra o se ha encontrado en prisión por su conducta, como ilustra el caso de Julio César Grassi.
Grassi, un sacerdote argentino, es el primero de los siete casos resumidos en el texto enlazado abajo. A pesar de haber sido encarcelado tras una sentencia ratificada después del proceso de apelación, aún es sacerdote y sus superiores le permiten asistir a sus audiencias de libertad condicional usando el cuello romano.
Investigaciones
Siete casos de abuso sexual a manos de clérigos
Resulta difícil creer la crítica de De Kergorlay sobre una interpretación demasiado estricta de la tolerancia cero, y más aún cuando afirma, sin pruebas, que «en pocos años, se contabilizan una docena de suicidios de sacerdotes, acusados con razón o sin ella. Algo nunca visto».
La postura de De Kergorlay presenta varios problemas. En primer término, como se ha demostrado en entregas previas dedicadas a casos en Francia, la tolerancia cero es esquiva, incluso en Marsella, la sede del cardenal Jean-Marc Aveline, actual presidente de la conferencia de obispos de Francia, como se puede ver en la sección “El exorcista” del texto enlazado después de este párrafo.
De Kergorlay tampoco ofrece prueba alguna que respalde su afirmación de que «docenas de sacerdotes» murieron a causa del excesivo celo de obispos dispuestos a castigarlos de inmediato. Petitclerc, por cierto, ya había sido investigado en dos ocasiones previas por delitos sexuales, en 1999 y 2014.
Por si fuera poco, entre los pocos casos de sacerdotes que se suicidaron, algunos fueron claramente identificados por víctimas de abuso sexual como sus agresores.
Pesadillas argentinas
Un caso estremecedor proviene de la arquidiócesis de La Plata, Argentina, durante el breve mandato del actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Tucho Fernández.
En 2019, ante la inminencia de su arresto, el sacerdote diocesano argentino Eduardo Lorenzo se suicidó de un disparo al corazón en las oficinas de Cáritas. Una voz "amiga" le informó que la policía local ya tenía una orden de arresto en su contra y que estaba acorralado.
Eduardo Lorenzo cometió el pecado que no tiene perdón en la teología católica el 16 de diciembre de 2019, nueve meses después de que el ahora cardenal Fernández lo apoyara públicamente a pesar de las numerosas acusaciones contra el sacerdote, que ya se encontraba en una situación delicada dadas las acusaciones de abuso de varones menores de edad marginados.
A pesar de las numerosas peticiones de los fieles de La Plata, capital de la provincia más poblada de Argentina, Fernández concelebró una misa pública con Lorenzo, como para respaldar su labor pastoral, aunque se mostró reacio a nombrarlo capellán de una escuela católica local.
Fernández actuó así a pesar de su relativa novedad en el cargo, ya que había sido nombrado apenas en junio de 2018, y de que la mayoría de los delitos de Lorenzo ocurrieron durante los 20 años de Héctor Rubén Aguer como arzobispo de La Plata (1998-2018), un mandato que se vio empañado por otros casos con procesos judiciales abiertos hasta la fecha en las cortes argentinas.
Las acusaciones contra Lorenzo por el abuso de varones menores se acumularon durante la gestión de Aguer quien, fiel al modelo 3-D, las desestimó al tiempo protegía a Lorenzo y otros sacerdotes.
Lorenzo fue, hasta su muerte, confesor de Julio César Grassi, de modo que no es difícil suponer que las mismas poderosas redes clericales que protegen a Grassi todavía ahora e impiden su laicización, también se hubieran movilizado para proteger a Lorenzo hasta que ya no pudieron hacerlo.
Una larga tradición de conocimiento y jurisprudencia en la tradición de la Common Law o derecho consuetudinario considera a los suicidios de acusados de crímenes atroces como una admisión de culpa, o como lo expresan los autores de esta nota de 1957 (contenido en inglés) sobre la interpretación judicial del suicidio:
- «El intento de suicidio de un acusado entre su presunto delito y su juicio se ha admitido sistemáticamente en su contra bajo la teoría de que demuestra un arrepentimiento justificado o un deseo de escapar del castigo merecido».
Así, a diferencia del enfoque “teológico” de De Kergorlay, quien llama a su iglesia “musulmana” por promover la rendición de cuentas, el derecho secular, al menos en la tradición de la Common Law o derecho consuetudinario y en el mundo angloparlante, tiene un principio arraigado que considera este tipo de suicidio, especialmente cuando se ejecuta antes de un juicio, como prueba presuntiva de culpabilidad y temor a las consecuencias.
Este principio, aunque más claramente en la tradición de derecho consuetudinario que en los sistemas judiciales de América Latina de “admisión por conducta”, es el que explica la necesidad de investigar los casos de suicidio con estándares similares a los de un homicidio, para determinar qué motivó la decisión de un presunto culpable de quitarse la vida. Eso es más relevante si el o la suicida tenía cómplices y/o víctimas.
El principal problema para clérigos como De Kergorlay es que su anhelo de una jerarquía cómplice, dispuesta a respaldar a sacerdotes acusados, fue la norma de la Iglesia Católica durante la mayor parte del siglo XX.
Recuerdos de Sevilla
Aunque es imposible rastrear con precisión la prevalencia del abuso sexual clerical en el siglo XIX, en América Latina existe un registro escrito, aunque incompleto, de cómo la Iglesia Católica abordaba este problema entre los siglos XVI y XVIII, cuando la Santa Inquisición era una entidad del Imperio Español, que desde Sevilla tenía la autoridad para investigar y castigar a sus propios sacerdotes.
El registro histórico de la Inquisición demuestra que la Iglesia sí contó, en su momento, con sistemas formales de investigación penal, similares a los seculares ahora. La estrategia de «cerrar filas» del siglo XX fue, por tanto, una evasión de responsabilidades, adoptada durante la Guerra Fría con el pretexto de proteger a la institución de regímenes autoritarios y como la excusa perfecta para desarrollar y aplicar la mencionada estrategia de las 3D: «Denegar, Desviar, Desestimar».
La defensa corrosiva que hace De Kergorlay del privilegio clerical, aunque aparentemente dirigida a proteger a los sacerdotes franceses acusados, usando la muerte de Petitclerc para extender la culpa a las víctimas que se niegan a guardar silencio, revela los problemáticos fundamentos que permiten la tóxica legitimación y naturalización del abuso sexual. Esto se deriva de la errónea comparación entre el abuso sexual clerical y el abuso cometido por familiares, médicos, profesores y amigos de las familias donde ocurren estos delitos.
Sin duda, cualquier abuso sexual merece ser condenado, más aún cuando la víctima es menor de edad, pero es imposible comparar la protección institucional que reciben los líderes religiosos católicos, anglicanos o mormones por sus crímenes con la protección bastante limitada que un depredador dentro de una familia podría obtener por su cuenta al abusar de un familiar.
Y lo que es aún peor, De Kergorlay se contradice. Lo hace al elogiar la postura de CIVIISE sobre el abuso en contextos no religiosos en Francia, pero esa entidad, la Comisión Independiente sobre Incesto y Violencia Sexual contra Menores, De Kergorlay atribuye a CIASE, la entidad responsable del Informe Sauvé, su propia inspiración para alcanzar sus objetivos, tal como se indica en su sitio web (abre contenido en francés) al describir así su origen:
Inspirada en el modelo de la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia, busca escuchar a todas las víctimas de incesto y violencia sexual durante su infancia y desarrollar propuestas políticas.
Además, De Kergorlay no propone nada nuevo. En realidad, parece buscar un retorno al enfoque de las 3D, «Denegar, Desviar, Desestimar», que ha llevado a la Iglesia Católica y a muchas otras instituciones religiosas a su situación actual.
¿Confiar en la Iglesia Católica?
En septiembre, una entrega de esta serie, cuyo enlace se encuentra después de este párrafo, se dedicó a un análisis muy básico de las cifras de la serie Latinobarómetro sobre la confianza y la pertenencia a la Iglesia Católica.
Investigaciones
Católicos de América Latina pierden confianza en la iglesia
Se encuentran cifras similares en Canadá, Estados Unidos y Europa, como se indicó en la entrega posterior a este párrafo, por lo que resulta difícil discernir el aspecto positivo que De Kergorlay busca al analizar la compleja descripción que hace de su iglesia como “musulmana” cuando atiende a las víctimas de abuso.
El retorno al secretismo institucional que De Kergorlay propone como solución para Francia es el mismo tipo de secretismo que se observa en México por parte de las iglesias Católica y de La Luz del Mundo, lo que obliga a las víctimas a buscar la protección de la justicia de Estados Unidos siempre que sea posible.
Pero también resulta preocupante la entrevista de León XIV con Crux, donde ofreció una perspectiva muy similar a la de De Kergorlay sobre los «sacerdotes inocentes», convertidos en blanco de víctimas hiperactivas demasiado dispuestas a tachar cualquier interacción con sacerdotes de abuso sexual. El texto enlazado tras este párrafo analiza los riesgos de que León XIV adopte este enfoque.
Investigaciones
León XIV y el abuso sexual: ¿lapsus o profecía?
En América Latina, sin embargo, es necesario estar alerta ante la precipitación con la que se resuelven crímenes como el asesinato de Ernesto Hernández Vilchis cerca de la Ciudad de México. Este asesinato, que convenientemente coincide con la necesidad del gobierno de calmar el debate nacional sobre la violencia generalizada, es la máxima expresión de este fracaso.
El caso Hernández Vilchis, ubicado cerca la capital, parece avanzar hacia una solución rápida y fácil, mientras que el caso Estrada, en el corazón del territorio de los cárteles en Guerrero, avanza con la usual lentitud de la justicia en México.
Unos meses atrás esta serie profundizó en la crisis de abuso sexual en la vecina diócesis de Izcalli, una “hija” de la diócesis de Cuautitlán, de la que tomó su territorio en 2014 y donde estaba adscrito o incardinado Hernández Vilchis.
La sección “Asesinato en la vicaría” del texto enlazado después de este párrafo ofrece más detalles de lo que es ahora un “caso olvidado” para las autoridades mexicanas, el asesinato del entonces vicario judicial de la diócesis de Izcalli en 2018.
Investigaciones
Izcalli, ¿la tercera es la vencida?
La pérdida de autoridad moral y transparencia de la Iglesia Católica permite a la élite política manipular la narrativa en torno a la muerte de un sacerdote para obtener rédito político inmediato. Es demasiado pronto para saber qué sucederá. ¿Acaso los medios mexicanos revelarán una relación más compleja entre Ernesto Hernández y sus asesinos?
De ser así, a la Iglesia Católica mexicana, con su adhesión al enfoque de las 3D, le resultará difícil presentarse nuevamente como víctima de una conspiración para perjudicarla. Hace poco más de un año, el país pasó en menos de 48 horas del dolor por la presunta desaparición de Salvador Rangel Mendoza, el anciano obispo emérito de Chilapa-Chilpancingo, al sufrimiento y las burlas contra el prelado, quien apareció en un hospital público de Cuernavaca, Morelos, tras haber sido drogado durante una visita a un motel en esa región, como lo relataba entonces el texto enlazado a continuación.
Lo que queda claro es que tanto la Iglesia Católica como las repúblicas de América Latina necesitan mejores enfoques para abordar sus propios problemas, y no las soluciones populistas que De Kergorlay difunde en sus redes sociales.
Las percepciones del papel de los sacerdotes como líderes sociales y religiosos han cambiado. Si en los setenta y ochenta el asesinato de un sacerdote tenía el potencial de conmocionar a comunidades e incluso países, como los de Mugica, Romero y Popiełuszko, hoy en día la percepción se ve empañada por las dudas sobre su papel real en actividades públicas y privadas.
Sería ingenuo descartar el papel que ha tenido el abuso sexual en este cambio, pero hay que construir un pasado idealizado sería también peligroso, como lo demuestra el caso de los hermanos Bernard y Marcus en Luisiana. La violencia ha existido durante muchas décadas, tal vez incluso más. La cuestión clave es cómo las instituciones la abordan y tratan de prevenirla.
Lo que debería quedar claro, sin embargo, es que la visión de clérigos como De Kergorlay sobre el tema, que aspiran a regresar a la opacidad y lo que esta serie ha identificado como el “enfoque 3D” al abordar el abuso sexual del clero están afectadas por inconsistencias y contradicciones y sería contraproducente para todas las partes involucradas.
Postdata
En las primeras horas de la tarde del sábado 22 de noviembre se supo gracias a la edición en italiano del Bollettino de la Santa Sede que el papa León XIV había aceptado la renuncia del obispo de Cádiz, España, Rafael Zornoza Boy. La entrega anterior de esta serie trató su caso con mayor detalle. Tristemente, el récord del ahora obispo emérito queda limpio, al menos por ahora. Catholic Hierarchy, una fuente confiable para este tipo de información lo reporta como "emérito" y "retirado".
Mientras tanto, el papa Prevost nombró a Ramón Darío Valdivia Jiménez, obispo auxiliar de Sevilla como administrador apostólico de la diócesis de Cádiz. El texto enlazado después de este párrafo ofrece los detalles del caso Zornoza.
Investigaciones
¿León XIV traza una nueva estrategia para combatir el abuso?
Un resumen de esta entrega de la serie está disponible como audio después de este párrafo.
Nota: Esta entrega de la serie usa un detalle de la obra La jurisprudencia del artista plástico Gustave Klimt (1918) como la imagen de fondo de la mayoría de las ilustraciones de este texto. La ilustración principal usa fotos de los sacerdotes Bertoldo Pantaleón Estrada, Alexsandro da Silva Lima, y una tarjeta de felicitación para el pbro. Hernández Vilchis (todas obtenidas de sus respectivas diócesis), así como una fotografía del salesiano francés Petitclerc de Claude Truong-Ngoc/Wikimedia Commons, de 2015. La imagen del antiguo párroco de San Cristóbal Mezcala, Guerrero, Estrada se utiliza en dos ocasiones en dos tamaños distintos.