Clérigos y abuso sexual, a la búsqueda de una geografía

Rodolfo Soriano-Núñez Lunes, 19 de Enero del 2026

Nombrar nuevos obispos, mejorar la formación en los seminarios y la transparencia en el abuso son los retos clave de León XIV.

A pesar del reciente llamado de León XIV, a atender a las víctimas, hay dudas acerca de qué tan lejos irá al atender las causas de la crisis de abuso

Por Rodolfo Soriano-Núñez

Durante las últimas tres semanas, esta serie ha ofrecido tres entregas que abordan datos clave sobre la sustentabilidad de la Iglesia Católica en el contexto de la crisis de abuso sexual a manos de clérigos.

Primero, se analizó los 400 nombramientos de obispos que León XIV deberá hacer próximamente, algunos de ellos en sedes clave como Ciudad de México, Guadalajara, Chicago o Miami, entre otras.

Después, se examinó la ruta de la formación de seminaristas a sacerdotes y los desafíos que enfrentan León XIV y la Iglesia Católica: desde seminarios vacíos en Alemania, Canadá e incluso regiones de Estados Unidos y Francia, hasta el auge de vocaciones en contextos de sistemas educativos y mercados laborales disfuncionales en África o la difícil relación Iglesia-Estado en Vietnam.

Finalmente, la semana pasada, la serie revisó los datos de nombramientos de administradores apostólicos, un funcionario nombrado por la Iglesia Católica como una suerte de interventor o encargado de una diócesis, y cómo esos nombramientos aumentan en número y opacidad lo que hace difícil seguir su pista.

Más, porque solían ser una rareza, el tipo de nombramiento realizado en condiciones bastante extremas, como en la República Popular China o los países de la llamada Cortina de Hierro en Europa a finales del siglo XX.

Como se señaló ahí, lo que surge de una muestra no probabilística de los nombramientos de administradores apostólicos en los meses de enero de 1979 a 2025, es que, aunque todavía se usan en países con una difícil relación Iglesia-Estado, ahora la Iglesia Católica los usa para gestionar diócesis afectadas, al menos parcialmente, por la crisis de abuso sexual clerical.

A diferencia de lo que ocurre en gobiernos democráticos, donde existe algún registro público del tipo de decisiones tomadas para abordar ciertos problemas, la Iglesia Católica, al igual que muchas otras organizaciones religiosas, usa administradores apostólicos como una solución opaca para abordar el problema.

La opacidad como norma

La necesidad misma de rastrear el uso de este tipo de nombramiento refleja la opacidad con la que la Iglesia Católica maneja su gobernanza interna. Si la Iglesia explicara abiertamente por qué algunas diócesis permanecen vacantes y bajo administradores apostólicos, no habría necesidad de realizar este trabajo forense.

Más aún, si la Iglesia Católica abiertamente admitiera la necesidad de recurrir a administradores apostólicos para lidiar con los efectos de la crisis, habría un registro más transparente, mejor, de lo que han hecho el papado y otros órganos de la Iglesia Católica para abordar la crisis. Como ha ocurrido, todo lo que hay son hipótesis acerca de la verdadera escala de la crisis y las herramientas que la jerarquía ha usado para abordarla.

Entregas previas de esta serie han seguido un enfoque similar para tratar de calibrar el alcance de la crisis de abuso sexual en la Iglesia Católica al observar las "renuncias anticipadas" de los obispos católicos. Teóricamente, después del Concilio Vaticano II, una reunión de aproximadamente dos mil obispos en los sesenta, los obispos deben presentar su renuncia el día en que cumplen 75 años.

Por lo general, por una cuestión de disciplina y decoro, la carta se envía algunas semanas antes, aunque sólo se haga pública una vez que el obispo alcanza los 75. Una renuncia anticipada se ha convertido, en ese sentido, en una señal reveladora de algún tipo de problema en la diócesis donde ocurre la renuncia.

El texto enlazado antes de este párrafo, publicado en 2023, rastreó las primeras 100 de tales renuncias anticipadas. Es imposible saber si son realmente todas, ya que en estos estos temas, Roma prefiere esconder tras todo tipo de eufemismos las renuncias anticipadas de sus obispos.

Sólo cuando los obispos se apartan de la doctrina establecida en temas como la ordenación de mujeres al sacerdocio, Roma anuncia abiertamente las causas de tal renuncia, pero incluso en esos casos, el registro carece del detalle necesario.

La entrada del obispo australiano William Martin Morris en Catholic Hierarchy establece claramente que fue "removido" de su cargo en 2011, se sabe que fue por sus posiciones en materia de ordenación de mujeres, pero no hay un registro claro de ello.

Pero incluso los registros de depredadores notorios, como el chileno Francisco José Cox Huneeus, permanecieron impecables por muchos años.

Oficialmente, lo de Cox Huneeus fue sólo una renuncia; una "renuncia anticipada" a los 63 años durante muchos años hasta que, en un movimiento tardío tras el "Waterloo chileno" del papa Francisco, como lo demostraron los lugares vacíos en los sitios que el pontífice argentino visitó durante su viaje pastoral de 2018, Roma reabrió el caso del depredador y antiguo arzobispo de La Serena, Chile.

Así es como lo expulsaron del "estado sacerdotal" o lo degradaron a la condición de laico, según la preferencia teológica de quien lea, y cambió su registro en Catholic Hierarchy a "Señor Francisco José Cox Huneeus, P. Schönstatt", como tenue reconocimiento de que algo hizo mal.

Cabe señalar que, como señal de cómo han cambiado las cosas en este tema, uno encuentra algo similar al revisar la página de Catholic Hierarchy que alberga los datos del "Señor Theodore McCarrick".

Diferencia importante

Una diferencia importante, sin embargo, es que los sobrevivientes de abuso en Estados Unidos supieron por qué McCarrick fue secularizado después de que Roma publicara un informe detallado (disponible en inglés aquí), acaso el más específico de la historia, sobre lo que el Vaticano sabía en diferentes momentos sobre los crímenes de McCarrick.

Existe la posibilidad de que los detalles fueran una respuesta a las afirmaciones hechas en 2018 de que el papa Francisco era de alguna manera cómplice de McCarrick. Las afirmaciones eran, en ese momento, peligrosas, porque estaban respaldadas por un antiguo nuncio en los Estados Unidos, Carlo María Viganò, un individuo ahora excomulgado que difunde todo tipo de teorías de conspiración, desde alegatos sin fundamento sobre las vacunas hasta el rechazo del Concilio Vaticano II y las reformas que hizo en materia de teología y liturgia.

Las acusaciones también eran peligrosas pues surgieron cuando se acababan de publicar investigaciones en Estados Unidos (Pennsilvania, contenido en inglés) o estaban a punto de comenzar (Illinois, contenido en inglés).

Pero incluso si uno acepta el reporte sobre McCarrick como una pizca de transparencia para proteger al entonces papa reinante, el hecho es que cuando Juan Pablo II "aceptó" la renuncia de Cox Huneeus en 1997, un año antes de que estallara el escándalo en Palm Beach, en Estados Unidos, no hubo reconocimiento de la escala de la crisis de abuso en Chile.

Todo lo contrario: los siguientes diez años vieron al episcopado chileno y a sus jefes en Roma suprimir tanto como fue posible cualquier evidencia de lo que realmente sucedía allí, en La Serena y en otras diócesis en Chile.

En 2010, el cardenal Tarsicio Bertone, oficialmente enviado a Santiago por Benedicto XVI para participar en las celebraciones de Nuestra Señora del Carmen, lanzó un ataque total contra las personas gay para explicar los abusos de Fernando Karadima y otros depredadores, al tiempo que minimizaba los errores y encubrimiento hechos por Roma y la conferencia de obispos en Chile.

Sería sólo después de la desastrosa visita pastoral del papa Francisco a Chile, en 2018, cuando Cox Huneeus, ya retirado en Alemania en una suerte de jaula de oro canónica, fue secularizado, es decir, despojado de la condición de sacerdote, pero sin transparencia por parte de Roma o de la conferencia de obispos chilena, como sí ocurrió con McCarrick ese mismo año de 2018.

Sólo la provincia de la Compañía de Jesús en Chile estuvo dispuesta a ofrecer alguna medida de transparencia al dar cuenta sus propios depredadores, de manera anotable Renato Poblete y, más tarde, Felipe Berríos.

El hecho de que Roma necesitara 21 años y un escándalo global para hacerlo es una señal reveladora de por qué es tan difícil evaluar la escala real de la crisis de abuso sexual, y por qué es necesario de buscar otros “síntomas” o "señales" de lo que ocurre.

El hecho es que, al perpetuar este comportamiento, Roma ayuda a los depredadores mientras socava su propia autoridad y credibilidad al tratar estos temas, lo que hace necesario este tipo de enfoque forense, indirecto y detectivesco de lo que realmente ocurre en una institución que, se supondría, tiene un interés en la honestidad y en proteger a sus propios miembros.

La triste realidad es que el enfoque seguido por Roma consolida la noción de que no es realmente posible confiar, y que hay una necesidad de descubrir, por cuenta propia, cuál es la escala real de la crisis de abuso sexual clerical.

Más recientemente, en enero de 2025, la serie publicó una actualización de esa lista, identificando a los 30 obispos que el papa Francisco obligó a dejar el cargo durante 2023 y 2024, disponible después de este párrafo.

La magnitud del daño

Uno de los muchos ejemplos posibles de la opacidad con la que ocurren estas renuncias es el del ahora fallecido cardenal y antiguo arzobispo de Boston, Bernard Law. Cuando el escándalo en la capital de Massachusetts fue insoportable, Juan Pablo II “aceptó la renuncia de Law”.

El 13 de diciembre de 2002, el Bollettino (contenido en italiano), un resumen oficial de información para nombramientos y renuncias en la Iglesia Católica, reconoce la renuncia de Law, pero no hay explicación de por qué lo hizo cuando tenía 71 años.

Ese mismo día, Juan Pablo II nombró a Richard Gerard Lennon, uno de los auxiliares de Law en Boston, como administrador apostólico, cargo que ocupó hasta el 1 de julio de 2003, cuando Seán Patrick O’Malley se convirtió en el jefe de la arquidiócesis.

Se sabe que, tras su renuncia en Boston, Law se fue a Roma, aunque no fue sino hasta dos años después cuando fue nombrado arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, donde pasaría sus últimos años como clérigo activo hasta 2011, cuando cumplió 80 años.

Permaneció en Roma hasta su muerte en 2017, pero no hay rastro en los registros oficiales del Vaticano de las muchas fechorías, por decir lo menos, que quebraron a la arquidiócesis de Boston al reducir casi a la mitad el número de sacerdotes activos en esa arquidiócesis: de 1,678 en 2002, cuando Law se fue, a 949 en 2023, según sus propios registros publicados en Catholic Hierarchy.

Eso representa, por cierto, una pérdida del 43 por ciento en el número de sacerdotes, reflejo de otras pérdidas en esa sede de Nueva Inglaterra y ofrece una especie de indicador de la escala de lo que Law permitió que sucediera allí desde que asumió control de Boston, a mediados de los ochenta, cuando tenía 52 años, al alcanzar la cúspide de su carrera luego de que Pablo VI lo promoviera como “novato de oro” o "niño prodigio", cuando tenía 42, a obispo de Springfield-Cape Girardeau, Mississippi en 1973.

En un revés de fortuna que refleja el destino de la Iglesia Católica en general, la huida de Law a Roma fue el intento de Juan Pablo II de protegerlo de una posible investigación en los Estados Unidos sobre su papel en el abuso sexual clerical a gran escala en la arquidiócesis de Boston.

Incluso si existen mecanismos para seguir las renuncias anticipadas de los obispos, el sigilo con el que se registran estos cambios y el hecho de que no haya transparencia sobre las razones reales hacen que sea difícil captar la verdadera escala de la crisis.

En ese sentido, este texto ofrece evidencia adicional sobre el uso de los administradores apostólicos y su papel potencial como un indicador para comprender el alcance real de la crisis de abuso sexual clerical y sus posibles implicaciones para el futuro de la Iglesia Católica.

Hallazgos adicionales

Aunque incompleto, el libro de Excel con los datos de las instantáneas de todos los últimos 46 meses de enero está disponible aquí en Scribd. Más adelante, si es posible, se agregarán los datos de los otros once meses de cada año.

Los datos documentan 267 nombramientos. Hay un cambio significativo en el volumen de los nombramientos, un antes y un después de la crisis en Palm Beach y más luego de que Francisco promulgara en 2019 Vos Estis Lux Mundi.

La tabla que aparece a continuación presenta la información con un número similar de “lentes” u ópticas: la frecuencia y lo que motiva los nombramientos de administradores apostólicos. La expectativa es dejar que sea quien lea estos textos quien evalúe la magnitud del cambio como lo reportan los datos para los meses de enero del periodo bajo consideración.

Hubo 118 nombramientos entre 2019 y 2025 comparados con 40 en los meses de enero de 1979 a 1997, es decir, antes de Palm Beach. La tabla resume estos hallazgos y enfatiza que la frecuencia se ha acelerado. Si en las primeras dos décadas de su papado Juan Pablo II nombró poco más de dos administradores por año, él y sus sucesores nombraron 5.19 al año entre 1998 y 2019 y en la segunda parte del papado de Francisco esa métrica explotó con casi 17 al año. Eso es un incremento de más 800 por ciento respecto del periodo 1979-1997.

Los nombramientos de los últimos siete años de la muestra (2019-25) representan el 44.19 por ciento de los 46 años considerados en la muestra.

Si los datos considerados representan un estetoscopio puesto en el pecho de la Iglesia Católica sólo en los meses de enero, lo que se escucha es un latido errático y acelerado. Sería mejor un electrocardiograma pero, en ocasiones, todo lo que hay es un estetoscopio.

Los 267 casos no son el total del universo, son una aproximación forense a los puntos de fricción. El que 44.19 por ciento de los nombramientos en los 46 años considerados ocurran entre 2019 y 2025 es una tendencia y un síntoma de la necesidad de un nuevo método para nombrar obispos.

La Santa Sede interviene ahora diócesis a una tasa ocho veces superior a lo que ocurría en la primera mitad del papado de Juan Pablo II. Lo que era un recurso extremo para lidiar con figuras como Mao Zedong, es ahora una herramienta de uso común para lidiar con diócesis con problemas.

A pesar de las limitaciones del modelo usado en esta entrega, el considerar sólo el mes de enero de 46 años, es posible encontrar tendencias que hablan de un cambio mayúsculo en la manera en que la Iglesia Católica se gobierna a sí misma.

No hay nada “estacional” en enero en la Iglesia Católica. No hay algo único en enero para que se nombre un administrador, pues las muertes y renuncias ocurren todo el año. A pesar de sus limitaciones, usar los datos de enero permitió explorar los papados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, para comprender lo que ha cambiado después del fiasco en Palm Beach y luego de Francisco.

¿Quiénes son los administradores?

El perfil del administrador ha cambiado de sacerdotes locales a prelados de alto rango en funciones o ya jubilados capaces de resolver problemas en las diócesis. Aunque es imposible ofrecer una evaluación cabal, el análisis de los datos limitados disponibles de los meses de enero habla de una menor participación de sacerdotes mientras que los prelados de alto rango asumen esas tareas. Es notable que un número creciente de cardenales y obispos eméritos, prelados de más de 75 años ya jubilados, asumen como administradores en diócesis con “temas”.

Es notable que hay una suerte élite o grupo de tarea, un pequeño grupo de “especialistas” enviados a las diócesis con problemas. Algunos de ellos asumen varias diócesis de manera simultánea, como el cardenal Besungu o lo hacen en una cascada de nombramientos, como el mexicano Rogelio Cabrera López, el jesuita canadiense Terrence Prendergast o el obispo de Estados Unidos Kurt Richard Burnette con tres nombramientos cada uno.

Los datos demuestran que la herramienta del administrador apostólico ha migrado de ser una táctica para sobrevivir conflictos geopolíticos a una política de administración global. Al considerar las “instantáneas” de los 46 meses de enero se observa que, hasta los ochenta, Roma los usó mayormente en países como la República Popular China o Corea del Norte para lidiar con las restricciones institucionales que el catolicismo y otras religiones enfrentan allí.

Así se deben interpretar los 24 casos de China y Corea del Norte, más de ocho por ciento del total. Históricamente estos son los nombramientos más prolongados como los 24 años de Joseph Li Mingshu o los 22 años de Wang Chengli, que eran el último recurso cuando no era posible consagrar a un obispo. Algo similar ocurre en países en los que el catolicismo es una fe de minorías, como en Irán, Irak, Turquía, Líbano, Israel y Grecia.

La naturaleza política de esos nombramientos era más evidente cuando ocurrió la reunificación alemana y el mapa de las diócesis católicas ahí tomó su actual forma. Lo mismo puede decirse de países con minorías católicas en países de Europa del Este liberados de regímenes alineados con la antigua Unión Soviética.

Hacia una geografía de la crisis católica

Es en ese contexto que esta serie observa los nombramientos de administradores apostólicos como un indicador de la escala de la crisis global de abuso sexual clerical. No es que la Iglesia Católica sea la única institución o "entorno social" donde ocurre el abuso sexual.

Hace unas semanas, esta serie repasó la crisis actual en la Comunión Anglicana, donde el papel del clero femenino en altos cargos ofrece poco o ningún consuelo a quienes esperan en la Iglesia Católica que un cambio en las reglas de ordenación proporcione alivio a la crisis en su organización religiosa; más bien al contrario.

Asimismo, al prestar atención a lo que ocurre actualmente en Estados Unidos y Francia. En California, por ejemplo, hay un gran número de víctimas de terapeutas seculares, cuyas víctimas tratan de que recaudar fondos para producir una serie documental que narre sus casos de violencia de parte de quienes juraron protegerlos. En Francia, hay evidencia creciente de abusos en hogares, escuelas y federaciones deportivas.

Es difícil pensar en algún ambiente o contexto que esté efectivamente libre de abusos. Simplemente ocurre que el objetivo principal de esta serie ha sido la crisis de abuso sexual en la Iglesia Católica, y por ello busca las causas fundamentales del problema y cuáles son las respuestas específicas de la institución involucrada.

Lo que los datos muestran en los siguientes tres mapas es cómo, tras analizar únicamente los datos de los nombramientos de administradores apostólicos en el mes de enero de 1979 a 2025, lo que surge es evidencia potencial de cuáles son las regiones más afectadas por la crisis.

Está claro que en las dos primeras décadas, desde 1979 hasta 1998 —el año en que surgió la crisis en la diócesis de Palm Beach, Florida— el nombramiento de administradores apostólicos era una herramienta utilizada principalmente para lidiar con problemas que afectaban a China y algunos otros países con conflictos profundos entre Iglesia y Estado.

Tras las revelaciones en Palm Beach y hasta 2019 —el año en que el papa Francisco promulgó Vos Estis Lux Mundi, su intento de reformar la forma en que la Iglesia Católica maneja el abuso sexual clerical— hubo un cambio en los patrones. China sigue siendo un punto crítico para el nombramiento de administradores apostólicos, pero surgen otros países, como lo demuestra el mapa a continuación.

Incluso si fuera posible pensar en otras razones para el nombramiento de tales figuras, como sucedió en Caracas en 2018, las diócesis donde ocurrieron los nombramientos no son tan representativas de un conflicto Iglesia-Estado profundamente arraigado como lo era la capital de Venezuela en ese momento.

Finalmente, en el mapa más abajo, es posible ver la nueva geografía del uso del administrador apostólico, como una herramienta reutilizada por la Iglesia Católica para frenar algunos de los aspectos más negativos de su propio modelo de autogobierno.

Dada la incertidumbre asociada al uso de una muestra no probabilística y la opacidad con la que la Iglesia Católica utiliza esta y otras herramientas, es imposible afirmar que el mapa del uso del administrador apostólico es un reflejo exacto del mapa de la crisis de abuso sexual clerical, pero existe la posibilidad de que lo sea.

La tabla que se prensentó párrafos arriba resume la información de los tres mapas anteriores.

Los hallazgos parciales derivados del análisis de los nombramientos de administradores apostólicos para los meses de enero en el período en consideración no son lo suficientemente robustos como para cantar victoria, es decir, la capacidad de conectar plenamente las renuncias anticipadas derivadas de la crisis de abuso sexual clerical y conectar esas, en última instancia, con el nombramiento de administradores apostólicos, pero es un paso en la dirección correcta ya que hay solapamientos cuando uno revisa las historias publicadas primero en 2023 y 2025 sobre las “renuncias anticipadas” de obispos que enfrentan problemas en sus diócesis.

Algunas diócesis de Estados Unidos, Chile, México, Francia e Irlanda se encuentran entre las más notables, pero para afirmar plenamente esa noción se requeriría un análisis completo de cada año.

Un caso concreto sería, en lo que respecta a Chile, el de Osorno. En algunos aspectos, esa diócesis sería un sitio importante de la crisis de abuso sexual. Vio a un obispo nombrado, Juan de la Cruz Barros Madrid, obligado a dejar su cargo cuando le faltaban unos días para cumplir 62 años.

Su renuncia fue el subproducto de movilizaciones sostenidas nunca vistas, especialmente en el mundo católico de habla hispana, por parte de laicos locales que lo repudiaron públicamente durante más de tres años (2015 a 2018). Después de eso, la diócesis estuvo bajo el mandato extendido, casi dos años, de un administrador apostólico, Jorge Enrique Concha Cayuqueo, quien ahora es, después de cinco años en Osorno, el obispo de Temuco.

Relaciones peligrosas

Sin embargo, lo que obligó a Barros Madrid a dejar su cargo no fueron crímenes o fechorías en Osorno. Fue su asociación de larga data con el superdepredador chileno Fernando Karadima, quien tuvo en Barros a un discípulo y un cómplice para el abuso sostenido de menores varones en Santiago de Chile.

Dados el sigilo y la escasa información con la que la Iglesia Católica informa sobre la renuncia anticipada de obispos como Barros Madrid, tanto como el nombramiento de administradores apostólicos, como Concha Cayuqueo, no hay forma de que el lector no entrenado de los registros de cualquiera de esos dos obispos en Catholic Hierarchy, GCatholic, o en fuentes oficiales del Vaticano como el Bollettino, el Annuario Pontificio o el Acta Apostolica Saedis, comprenda qué hay detrás de sus renuncias y nombramientos, por lo demás, pasteurizados.

Para comprender realmente lo que sucedió allí y en otros lugares de Chile con los llamados “obispos de Karadima” y con otros obispos acusados de abusar o de ayudar y encubrir el abuso, uno necesita el trabajo forense que ofrece esta serie.

No debería sorprender que los sobrevivientes de abuso sexual estén menos dispuestos que nunca a creer que Roma esté realmente dispuesta a atender sus necesidades. En países que, al menos hasta 2024, tenían sistemas de justicia funcionales, como Estados Unidos, había la expectativa de que una solución pudiera venir del gobierno, ya fuera nacional o subnacional.

Tal como está ahora la situación política en los Estados Unidos, es difícil imaginar alguna mejora, al menos no a nivel nacional. Si ocurren, será a nivel subnacional, estatal, donde todavía existe el apetito y la capacidad de los poderes legislativo y judicial locales para abordar los problemas.

En otros lugares, es aún más difícil imaginar escenarios posibles, lo que deja a los sobrevivientes y a sus familiares en un estado de profunda desesperación. Uno supondría que Francia seguirá beneficiándose de la renovada conciencia sobre la escala real de la crisis traída por el caso Bétharram.

En Alemania hay alguna esperanza con los informes diocesanos publicados hasta ahora, pero incluso en otros países de Europa no está claro qué sucederá después, acaso con las excepciones de España y Francia. En la primera gracias al acuerdo logrado entre el ministerio de Justicia y la Conferencia Episcopal Española, del que da cuenta el texto después de este párrafo.

¿Dentro o fuera de la agenda?

En Francia gracias al proceso iniciado por el Reporte Sauvé (disponible en inglés aquí) que ha sido un tópico en distintas entregas de esta serie al abordar casos franceses.

Peter Isely, directivo de SNAP, la Red de Sobrevivientes de los Abusados por Sacerdotes, publicó en Facebook una declaración que pide a los gobiernos nacionales abordar el problema (disponible aquí).

Qué tan efectivo será es ahora una incógnita, pero se debe prestar atención a su devastadora evaluación de dónde está ahora el liderazgo global católico:

La justicia no está en la agenda. Este consistorio reúne a los mismos hombres que ingeniaron el encubrimiento global del abuso sexual clerical, sin embargo, no hay un plan para disciplinar a los perpetradores, ni transparencia, ni rendición de cuentas para los obispos que protegieron a los abusadores.

Si la evaluación de Isely es cierta, es posible esperar el empeoramiento de la situación que entregas previas de esta serie han documentado: un aumento en la presión sobre el papa para encontrar perfiles adecuados para ser obispos, y quizás la consecuencia más reveladora de la crisis es el vaciamiento de los seminarios, como efecto de la desconfianza creada por la crisis de abuso sexual.

Cabe señalar, por cierto, que León XIV inauguró el 7 de enero de 2026 el consistorio, una reunión oficial del Colegio de Cardenales, con un llamado a construir lo que la agencia de noticias Reuters calificó como una Iglesia “más inclusiva” (contenido en inglés). No es que Prevost mismo usara esa frase. Siguió el “lenguaje vaticano”, al hablar de fomentar la unidad. Lo que es relevante, sin embargo, es que tanto la mayor inclusión como la unidad requieren, al menos, algún grado de verdad y transparencia.

Ya sea que uno se quede con la interpretación de Reuters o con las palabras de León XIV, ambas requieren un compromiso profundo para abordar realmente la crisis de abuso y eso implica más transparencia y evitar en lo posible los ataques a las víctimas dispuestas a denunciar, tanto como a sus familiares.

Un día después, en su mensaje final a los cardenales en Roma, el papa Prevost reconoció la necesidad de prestar atención al dolor de las víctimas:

Aunque no haya sido un tema de diálogo específico de nuestro encuentro, quiero mencionar aquí el problema —que hoy sigue siendo una verdadera herida en la vida de la Iglesia en tantos lugares—, que es precisamente la crisis a causa de los abusos sexuales. No podemos cerrar los ojos ni los corazones. Quisiera decirles, también animándolos a ustedes a compartirlo a su vez con los obispos, que muchas veces el dolor de las víctimas ha sido más fuerte por el hecho de que no han sido acogidas y escuchadas. El abuso mismo causa una herida profunda que quizá dura toda la vida; pero muchas veces el escándalo en la Iglesia está en que la puerta fue cerrada y las víctimas no fueron sido acogidas, acompañadas con la cercanía de auténticos pastores. Hace un tiempo, una víctima me dijo que para ella lo que verdaderamente era más doloroso, era precisamente que ningún obispo quería escucharla. Y por eso también allí la escucha es profundamente importante.

A la espera de lo que podría suceder, lo que esta subserie ha probado es que incluso con la cantidad muy limitada de datos (8.33 por ciento) de todos los nombramientos de administradores apostólicos, hay una nueva “Cortina de Hierro” para la Iglesia Católica. Ya no es la que construyeron los líderes comunistas de la segunda mitad del siglo XX. Es una nueva cortina de hierro que la propia Iglesia Católica se ha construido por su gestión de la crisis de abuso sexual.

Como lo reconoce el propio León XIV, la crisis hiere a viejos baluartes del catolicismo, como Bélgica, y a otros países europeos que fueron clave para convertir a esa Iglesia Católica en una institución capaz de influir a escala global. En el texto que trata sobre la presión derivada del nombramiento de obispos, Bélgica ofreció un ejemplo del tipo de estrés que la Iglesia Católica enfrenta allí, similar a los de otros países europeos e incluso latinoamericanos.

También existe una clara necesidad de determinar cuáles son las prioridades reales para generar confianza con los fieles: ¿Castigar a obispos como Morris por su postura heterodoxa sobre la ordenación de mujeres o reconocer el tipo de daño causado por Cox Huneeus, McCarrick y muchos otros que, aunque expulsados del sacerdocio antes de morir, conservan un historial limpio en los archivos católicos?

Luego, está el tema de la sustentabilidad de largo plazo de la formación en los seminarios. ¿Son países como Angola y Madagascar una “apuesta segura” para el futuro de la Iglesia Católica?

Es inevitable preguntarse qué tan sofisticada debe ser a corto plazo la formación en seminarios de esos y otros países del Sur Global para compensar de manera confiable las pérdidas en los Estados Unidos, Francia, Alemania e incluso América Latina, donde cada vez es más frecuente encontrar sacerdotes de África al frente de tareas que, hace menos de 30 años, eran propias del clero local.

¿Cuántos muchachos africanos y asiáticos tendrían que entrar en los seminarios de Luanda o Hanói para reemplazar a los sacerdotes necesarios para presidir misas en iglesias vacías en Francia, Canadá o Alemania?

Actitudes sectarias

De igual modo, dado lo ocurrido en México y otros países de América Latina donde las vocaciones florecieron como producto de una conflictiva relación Iglesia-Estado, con órdenes como la Legión de Cristo dispuestas a usar esos problemas para legitimar el abuso y las prácticas sectarias, ¿cuánto tardará la Iglesia Católica en África o Asia en tropezar con la misma piedra?

Es posible encontrar rastros de esas actitudes sectarias en los ataques de obispos, los sacerdotes e incluso seminaristas al papa Francisco cuando aprobó Fiducia Supplicans, el documento que autorizó las bendiciones informales de “parejas irregulares” por sacerdotes católicos. Los ataques coqueteaban con temas comunes en las prácticas sectarias católicas, como poner en duda la identidad o la cordura del papa en funciones.

Los datos parecen sugerir que no es un modelo sustentable, ya que el auge vocacional en el Sur Global parece depender del desempleo, la violencia y la inestabilidad política, pero también porque las bancas en las iglesias en el Norte Global están cada vez más vacías.

Los datos parecen implicar que nombrar administradores apostólicos ya no es una herramienta para sobrevivir contextos políticos adversos como China en la segunda mitad del siglo XX. Es una herramienta para disimular delitos o por lo menos crisis. La tasa de crecimiento del 800 por ciento en esos nombramientos evidencia la escala de la crisis.

Y la razón por la que es imposible presentarla como una herramienta para en realidad atender la crisis de abusos sexuales es por la opacidad con la que se usa la herramienta, como ocurre también con el nombramiento de un coadjutor. El único tipo de intervención del Vaticano que reconoce que algo anda mal en alguna diócesis u orden es la visita apostólica.

No es que nombrar un administrador apostólico sea negativo en sí mismo. Probablemente es lo mejor que se puede hacer en lugares como Tijuana, México, Juli, Perú, Verdún, Francia o Cádiz, España, donde existe clara evidencia de problemas, reconocidos de manera expresa en Cádiz y Verdún por la conferencia de obispos de España y por la nunciatura en Francia, respectivamente, pero no así en Tijuana y Juli, donde es necesario atar cabos, como quien sigue una novela policiaca.

El problema es que no hay claridad acerca de por qué Roma o cuándo usa ese tipo de nombramiento. En Juli, por ejemplo, la prensa civil informó de los excesos del promiscuo Ciro Quispe López que, de todos modos, retiene el título de emérito. En Tijuana, la muerte súbita del arzobispo Francisco Moreno Barrón facilitó la intervención, pero no se reconoce la magnitud del problema ahí.

El observador interesado debe permanecer alerta a lo poco que Roma filtra acerca de estos nombramientos y vinular hechos aparentemente inconexos pero vinculables por sus síntomas a lo que ocurre en esas y otras sedes en que se opta por este tipo de intervención. Incluso si la visita apostólica deja mucho a la imaginación, es un reconocimiento de que alguna investigación está a punto de ocurrir.

Detrás de la estadística

Es vital recordar que detrás de cada estadística y maniobra administrativa se encuentra la experiencia vivida de sobrevivientes y comunidades que aún lidian con el trauma del abuso. Las respuestas institucionales de la Iglesia Católica, si bien son capaces de identificar los “incendios” y enviar allí a sus bomberos, carecen de enfoques más proactivos en al menos tres áreas.

La primera es la de las reparaciones. Dejando de lado a Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda, Alemania y, más recientemente, Francia y España, existe un déficit real en ese ámbito. Incluso en el caso de España y Francia, existe el problema de sacerdotes con acusaciones creíbles en varios países. Si un sacerdote atacó a un fiel de su parroquia en Francia, es probable que se llegue a un acuerdo. Si ese mismo sacerdote atacó a un miembro de su congregación en América Latina, África o Asia, es probable que nunca haya un acuerdo. Probablemente ni siquiera una disculpa formal.

La segunda es la de la prevención real. Es difícil lograr resultados diferentes cuando la Iglesia Católica prioriza el rechazo al cambio, más aún cuando es evidente que, hasta ahora, la prevención no ha logrado sus objetivos.

Por último, existe una necesidad real de transparencia sobre los motivos de las renuncias anticipadas y otras medidas disciplinarias impuestas por la Santa Sede. La forma en que se utilizan actualmente las renuncias anticipadas resulta contraproducente, ya que los obispos con razones legítimas de salud para dimitir se enfrentan ahora al problema de cómo convencer a sus feligreses de que no son depredadores que intentan evadir su responsabilidad.

Otros motivos de preocupación son los procesos canónicos extremadamente largos y la renuencia a imponer restricciones a los sacerdotes con acusaciones creíbles.

Algo similar podría decirse del entusiasmo con el que ciertas diócesis están dispuestas a facilitar la impunidad de los sacerdotes acusados. Al analizar algunos de estos procesos, es inevitable preguntarse cuánto dinero debería gastar una diócesis en la defensa de un sacerdote en tribunales civiles o penales.

El tema es relevante no sólo al considerar otras áreas de interés donde se necesita dinero en cualquier diócesis, sino también al considerar la asimetría entre una víctima, con dificultades para contratar un abogado por su cuenta, y cómo algunas diócesis tienen abogados contratados por iguala para ayudar a su clero.

Aunque muchos obispos no están dispuestos a reconocerlo porque están más interesados en ayudar a sus sacerdotes, estos problemas erosionan la confianza en la Iglesia Católica pues revelan cómo, cuando los obispos se ven obligados a elegir, casi siempre se alinean con su clero y no con los laicos.

En suma, mientras la Iglesia Católica no asuma con seriedad la reparación a las víctimas, la prevención efectiva y la transparencia en sus procesos, la desconfianza y el descrédito crecerán todavía más. La historia reciente demuestra que, cuando la institución debe elegir, suele priorizar la protección del clero sobre la justicia para los laicos y las víctimas. Sin cambios profundos, la sostenibilidad de la Iglesia Católica seguirá en duda.

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Un resumen de este texto está disponible en audio después de este párrafo.

Nota de producción: El texto del resumen, como el principal, fueron escritos y editados sólo por el autor. La grabación de la lectura del audio se hizo con una herramienta de texto-a-habla (Microsoft Word vía Web). La IA se usó sólo para generar la voz y no para la creación del contenido.