Rodolfo Soriano-Núñez Viernes, 09 de Enero del 2026, 03:32
El acuerdo permite a las víctimas presentar sus casos incluso si el delito ha prescrito o si el presunto perpetrador ya ha fallecido.
El procedimiento previsto en el acuerdo estará abierto por un máximo de dos años. La compensación a las víctimas estará exenta de impuestos.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
El gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española anunciaron un acuerdo preliminar para compensar a las víctimas de abusos sexuales por parte del clero. El acuerdo incluye disposiciones para reconocer casos cuyos presuntos perpetradores ya han muerto, o donde los crímenes han prescrito de acuerdo con las leyes vigentes.
El gobierno nacional aceptó reconocer la existencia de abusos en entornos no religiosos y, más específicamente, en contextos no católicos. También se acordó que el gobierno emitirá una exención del pago de impuestos sobre el dinero que la Iglesia Católica ofrecerá como parte del acuerdo preliminar.
El jueves, Luis Argüello García, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobospo de Valladolid, Félix Bolaños, ministro de Justicia y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego celebraron el acuerdo como un paso significativo para proporcionar una medida de justicia a un número desconocido de víctimas.
Un estudio de 2023 del Defensor del Pueblo español estimó que el 1.1 por ciento de la población había sufrido abusos sexuales a manos de miembros del clero o individuos vinculados a la Iglesia, equivalente a 440,000 personas. Más detalles sobre ese estudio y la propia estimación de los obispos españoles sobre el número de víctimas en su país están disponibles en la historia enlazada después de este párrafo.
Una entrega, publicada en 2023 de la serie en curso sobre abuso sexual en Los Ángeles Press, enlazada después de este párrafo, estimó un mínimo de menos de 29 mil y más de 73 mil víctimas de sacerdotes o miembros masculinos de órdenes religiosas.
Dicha estimación siguió el algoritmo desarrollado por el Reporte Sauvé en Francia. Como tal, limita el análisis a las víctimas de sacerdotes y miembros de órdenes religiosas masculinas, mientras que la estimación desarrollada por el Defensor del Pueblo incluye a maestros, profesores y otro personal vinculado a la Iglesia Católica y sus escuelas.
Un obstáculo importante eliminado como consecuencia del acuerdo preliminar es que las víctimas podrán presentar sus casos ante el gobierno de España y no ante la Iglesia Católica, como era necesario anteriormente.
Bajo el acuerdo, las víctimas podrán acercarse a una nueva entidad que el Ministerio de Justicia creará para presentar el reclamo. El ministerio la remitirá al Defensor del Pueblo, quien la estudiará y propondrá un paquete de compensación que un comité conjunto de la conferencia episcopal y la conferencia de órdenes religiosas evaluará para hacer una oferta.
Si no se llega a un acuerdo, el caso pasará a un comité conjunto con representantes de la Iglesia Católica, la oficina del Defensor del Pueblo y asociaciones de víctimas. Si ese comité tampoco logra alcanzar un acuerdo, prevalecerá la decisión del Defensor del Pueblo.
Esto es relevante en el contexto de España, ya que la Iglesia Católica renuncia así a su poder de veto sobre los acuerdos individuales, una concesión masiva probablemente forzada por los muchos casos que han sido desestimados en los tribunales en España debido a la prescripción que fijan las leyes vigentes y el creciente reconocimiento entre los prelados católicos de los efectos perversos del negacionismo como su estrategia preferida para lidiar con estos asuntos.
El acuerdo preliminar concluye efectivamente un ciclo de negociación abierto en octubre de 2024, cuando Pedro Sánchez, presidente de gobierno, visitó el Vaticano para instar a una resolución que la Conferencia Episcopal Española había pasado años resistiendo, como detalla la historia enlazada después de este párrafo.
El plazo para presentar reclamaciones estará abierto durante un año. Después de eso, el acuerdo puede prorrogarse por un año adicional si es necesario, según Bolaños, quien agradeció a los obispos, al tiempo que reconoció al finado papa Francisco, a su sucesor, León XIV, y a las asociaciones de víctimas por sus contribuciones para alcanzar el acuerdo.
Aunque no es claro cuál será el monto de las indemnizaciones, otros países europeos han ofrecido hasta 63 mil euros por víctima, como en el caso de Irlanda, aunque Bélgica apenas ofreció menos de un diez por ciento de esa suma, un total de seis mil euros por víctima.
Antes del acuerdo, la Iglesia Católica en España había resuelto un total de 114 casos, con un total de 1.9 millones de euros, para una compensación promedio de 16 mil euros por víctima, según lo publicado ayer por las cuentas de redes sociales de la conferencia episcopal.
A finales de 2025, el ahora obispo emérito de Cádiz, una diócesis en la costa mediterránea del sur de España, Rafael Zornoza Boy terminó su mandato, a los 76 años, en medio de un escándalo cuando la Conferencia Episcopal aceptó que existe una acusación en curso contra Zornoza que se remonta a sus días como rector y profesor en el seminario de la diócesis de Getafe, un suburbio de Madrid.
La diócesis ha sido puesta bajo el control de Ramón Darío Valdivia Jiménez, obispo auxiliar de Sevilla, como administrador apostólico de la llamada sede vacante. Zornoza fue el primer obispo en funciones acusado de abuso sexual en España, como explicó la historia enlazada después de este párrafo en la sección “Un parteaguas en España”.
Investigaciones
¿León XIV traza una nueva estrategia para combatir el abuso?
El texto del acuerdo aparece después de este párrafo como archivo PDF.
