Rodolfo Soriano-Núñez Lunes, 25 de Mayo del 2026
Pero los gestos de la jerarquía de la Iglesia Católica son ya algo común. Sin un compromiso real de los gobiernos, es difícil poner fin al abuso.
Ya sea en el Perú con el Sodalicio, en México con la Iglesia de la Luz del Mundo o en cualquier otro lugar, el abuso sólo es posible si el gobierno lo permite.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
Mayo llega a su fin con una avalancha de noticias y acontecimientos difíciles de desestimar si se quiere comprender el alcance de la crisis de abuso sexual en América Latina. Lamentablemente, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y, más recientemente, España, las noticias no siempre son propicias.
En su mayor parte, como demostraron las dos últimas entregas de esta serie, la cuestión clave es cómo los países latinoamericanos carecen de las herramientas, tal vez de la voluntad política que uno encuentra en otros lugares, para abordar las causas profundas del abuso sexual, en contextos religiosos o de otro tipo, que no es la moral sexual de la Iglesia Católica, sino la incapacidad de los sistemas de justicia de la región para resolver el problema.
Que el problema no es la teología de la Iglesia Católica se puede ver en las respuestas sorprendentemente diferentes que uno encuentra al comparar la diócesis de San Diego, California, con la arquidiócesis de Tijuana, Baja California, o las diócesis de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua.
Independientemente de la crisis política en curso en los Estados Unidos, la peor desde la Guerra Civil, está claro que su sistema de justicia es capaz de obligar a las diócesis católicas y a cualquier otra organización religiosa a rendir cuentas y ser transparentes de formas que uno no encuentra al cruzar la frontera con México.
Recientemente, el gobierno mexicano, en medio de un pleito callejero con Washington por el futuro de Rubén Rocha Moya, el “gobernador con licencia” de Sinaloa y nueve celebridades locales en ese estado mexicano, se vio obligado por el absurdo absoluto de su comportamiento a cambiar su postura al tratar con la Iglesia de la Luz del Mundo.
A pesar de la condena de 2022 en California de Naasón Joaquín García (contenido en inglés), el líder de esa organización religiosa, el gobierno mexicano se había mostrado indispuesto a tocarlo a él y a su círculo cercano.
Incluso la decisión del gobierno federal de Estados Unidos de 2025 de levantar cargos federales contra Joaquín García y sus cómplices en la cúpula de la Luz del Mundo no fue suficiente para que el gobierno mexicano fuera tras esa organización religiosa.
Absurdas decisiones
Por razones desconocidas, fue sólo después de que los medios de comunicación en español exhibieron el absurdo de la inminente decisión del gobierno mexicano a fines de 2025 de desestimar cualquier delito en México, que el gobierno de Claudia Sheinbaum obligó a la supuestamente autónoma Fiscalía General de la República a reconsiderar el asunto y usar lo que las autoridades en California ya habían descubierto sobre las redes binacionales de abuso sexual y tráfico de personas de Joaquín García para levantar cargos criminales en México.
Algunos dirían que es relativamente fácil entender por qué el gobierno mexicano no estaba dispuesto a ir tras Naasón Joaquín García y sus cómplices, ya que la Iglesia de la Luz del Mundo ha sido una pieza clave en estados mexicanos como Jalisco o Baja California, donde el partido de Sheinbaum se beneficia del comportamiento sectario de los miembros de la Luz del Mundo a la hora de votar.
Pero incluso si uno está dispuesto a conceder eso, el problema permanece: el abuso sexual, religioso o de otro tipo, difícilmente es una prioridad para México, como ocurre con otras violaciones de los derechos humanos, y México no es en modo alguno un caso aislado cuando se piensa en lo que sucede en el resto de América Latina.
Investigaciones
América Latina: abuso sexual sin consecuencias
Es por eso que las dos últimas entregas de esta serie prestaron atención a lo que sucede estos días en Chile y Argentina cuando los gobiernos de allí intentan decidir qué hacer con los muchos casos pendientes que obstruyen los juzgados.
No es que nada ocurra en América Latina. Las liturgias para pedir perdón y prometer acción expedita contra el abuso sexual son comunes. Al escribir estas líneas en la Ciudad de México es posible seguir las redes sociales de la Arquidiócesis de Lima, cuyo líder, el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, trata de expiar los muchos pecados de su predecesor en la capital peruana, el cardenal del Opus Dei Juan Luis Cipriani.
El sábado fue posible ver al cardenal Castillo, otros prelados peruanos y notablemente al sacerdote español Jordi Bertomeu, un funcionario de alto rango en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y ahora "enviado especial" de León XIV en Lima para tratar, entre otros asuntos, con la supresión del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización depredadora similar a una orden considerada en distintas entregas de esta serie.
A diferencia de otras ocasiones o casos, donde los medios de comunicación tienen dificultades para intentar extraer una declaración de los jerarcas católicos que tratan estos asuntos, el sábado, Bertomeu estuvo más que dispuesto a entretener una serie de preguntas de una estación de radio local que casi inmediatamente subió el fragmento de vídeo a sus redes sociales, dejando saber al mundo que, por ahora, y al menos por lo que respecta a León XIV y a sus leales en la Conferencia Episcopal Peruana, son conscientes de cuánto daño causó el Sodalicio en Catacaos y otras ciudades y regiones peruanas.
Complejidad
La situación en Catacaos revela una crisis estructural difícil de encontrar en otros lugares, ya que allí el Sodalicio se involucró en el tipo de actividad que uno encuentra habitualmente en Perú, México, Bolivia, Colombia y otros países latinoamericanos que sufren los efectos de la producción de drogas a gran escala.
El Sodalicio intentó usar en su beneficio las muy generosas leyes y regulaciones peruanas que tratan sobre los cementerios; para hacerlo, necesitaban tierras, de la misma manera que las operaciones de minería clandestina y los cárteles de la droga necesitan el control total de la tierra, por lo que se dirigieron a las comunidades marginadas de Catacaos.
Como suele ser el caso en América Latina, surgen movimientos de resistencia y, como también suele ser el caso, personas que intentaban defender sus tierras ancestrales murieron. Ese fue el caso de Guadalupe Zapata Sosa quien, 15 años después de su muerte, se convirtió en el foco principal de una misa fúnebre presidida por el cardenal Castillo Mattasoglio, entre otros miembros de la jerarquía católica peruana.
Zapata Sosa murió en diciembre de 2011 y, aunque hay evidencia del tipo de violencia que los grupos vinculados al Sodalicio ejercieron para apoderarse de aproximadamente mil 200 hectáreas, el equivalente a 187 Estadios Azteca de la Ciudad de México, hay poca o ninguna evidencia de que haya la voluntad para abordar y resolver la compleja disputa que involucra a campesinos de Catacaos y a grupos ligados al Sodalicio.
En ese sentido, el viaje del cardenal Castillo a Catacaos, su voluntad de presidir la misa fúnebre de Zapata Sosa y su mensaje destacando el retraso de 20 años de la dirigencia católica en reconocer la magnitud del abuso son señales de que el gobierno peruano entrante puede no estar equipado para reconocer o manejar este nivel de complejidad.
Keiko Fujimori ganó con relativa facilidad su boleto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales; sin embargo, en este punto es imposible que gane sin, al menos, la aquiescencia del miembro del Opus Dei Rafael López Aliaga.
López Aliaga, el actual alcalde de Lima, Porky, como le gusta llamarse a sí mismo, quedó en tercer lugar en la primera vuelta de las elecciones y se ha mostrado poco dispuesto a respaldar a Fujimori, quien representa, por un lado, la propia variedad de autoritarismo y populismo de su padre, pero también la última esperanza de la derecha peruana para evitar una segunda victoria consecutiva del partido de Pedro Castillo.
Votar entre escombros
Incluso si hay diferencias entre las variedades del conservadurismo peruano de Fujimori y López Aliaga, existe un enfoque de tierra arrasada en la forma en que tanto Fujimori como Roberto Sánchez, el otro candidato presidencial en la segunda vuelta, abordan la elección. La perspectiva de Gonzalo Banda sobre la elección explica el problema ya desde el título: “Votar entre escombros” .
Al enmarcar la elección presidencial una vez más como una confrontación apocalíptica entre el bien y el mal, tanto Fujimori como Sánchez invitan a los extremos de sus coaliciones a chantajearlos, a intercambiar votos por impunidad, como lo ha hecho la Iglesia de la Luz del Mundo en Guadalajara, México, durante los últimos 40 años.
Pedro Castillo se encuentra actualmente en la cárcel, acusado de haber intentado un golpe de Estado. Aunque destituirlo fue relativamente fácil para un Congreso donde Keiko Fujimori es la líder real indiscutible, más de una década de inestabilidad política ha tenido efectos devastadores en la vida pública peruana. El último presidente capaz de terminar su mandato fue Ollanta Humala, quien asumió el cargo en 2011, unos meses antes de que Zapata Sosa fuera asesinado en Catacaos, y terminó, en medio de un escándalo y con un Congreso profundamente dividido, en 2016.
Desde entonces, tanto Pedro Pablo Kuczynski (elegido en 2016) como Pedro Castillo (elegido en 2021) han debido dejar el cargo. Según el criterio que uno siga, desde 2006, cuando Alan García regresó al cargo, Perú ha tenido once distintos presidentes, y eso es algo que es imposible desestimar cuando se piensa en el tipo de toma de decisiones de gran envergadura requerida para lidiar con el legado del Sodalicio.
Nuevamente, la supresión ya ocurrió en Roma en abril de 2025. Lo que no está claro es si el gobierno peruano entrante desmantelará las estructuras que hicieron posible lo que sucedió en 2011 en Catacaos.
Roma puede disolver una orden religiosa, pero no puede disolver escrituras de propiedad civil ni congelar activos corporativos protegidos por la ley peruana. Eso requiere una voluntad política y judicial que actualmente se encuentra como rehén de la mecánica de la segunda vuelta.
Con el bloque legislativo de Rafael López Aliaga posicionado para actuar como un voto decisivo crucial para quien gane la presidencia, sus legisladores se convierten en el escudo definitivo para proteger a sus aliados en la organización suprimida, lo que hace de la responsabilidad judicial una moneda de cambio en el piso del Congreso peruano.
Entre los aliados de Porky destacan los miembros del Sodalicio. En 2021, la candidata a la vicepresidencia de Porky fue Neldy Mendoza, una mujer con sólidos vínculos con las estructuras del Sodalicio. Fue tan intransigente en su conservadurismo que se convirtió en un lastre para la campaña, pero esas lealtades no son efímeras, mucho menos en el tipo de paisaje político peruano hiperpolarizado, reminiscente de los de Buenos Aires y Washington, D.C., en estos días.
Como enfatizan varias entregas de esta serie, formalmente el Sodalicio no está dispuesto a reconocer vínculo alguno con las firmas involucradas en Catacaos y cómo llegaron a apoderarse de esa tierra. Sería imposible repasar aquí más de 15 años de violencia y disputas legales y políticas; basta decir en este punto que, aunque Zapata Sosa es el único peruano asesinado directamente como consecuencia de esta disputa, hay otras víctimas.
Catacaos está a 200 kilómetros al norte de Chiclayo, la ciudad peruana donde Robert Prevost llegó a ser obispo en 2015, por lo que él es muy consciente de la magnitud de los abusos, el tipo de violencia que los socios del Sodalicio estaban dispuestos a ejercer en esa región bastante aislada del Perú.
Incluso el Vaticano
Al observar la misa de exequias presidida por Castillo en la parroquia San Juan Bautista de Catacaos, es imposible no preguntarse por qué aquellos que favorecieron activamente las prácticas depredadoras del Sodalicio no estaban allí.
Algunos verían un lado positivo en el hecho de que la dirigencia de la Iglesia Católica estuviera dispuesta a presentarse y admitir pública y abiertamente los muchos errores cometidos al permitir e incluso promover el crecimiento del Sodalicio y sus fachadas, sea como organizaciones sin fines de lucro fantasmas o como firmas.
Y para ser claros, la relación entre la muerte de Zapata Sosa en 2011 y los grupos y firmas vinculados, directa o indirectamente, al Sodalicio fue reconocida por el propio Vatican News.
El sábado 23 y el domingo 24 de mayo, cuando los propios medios del Vaticano suelen impulsar la mezcla común de noticias con detalles de las actividades del papa León XIV durante la misa dominical y el Ángelus, especialmente en el domingo de Pentecostés, la operación de medios de la Santa Sede publicó un par de textos que señalan abiertamente, incluso en sus títulos, al Sodalicio como la entidad detrás de los abusos en Catacaos. Es imposible pasar por alto cómo los mismos títulos culpan inmediatamente al Sodalicio como la parte responsable de lo sucedido allí.
Un texto sin firma el sábado ya marcaba la pauta, ya que el título dice: “En Perú se celebra una misa por los campesinos víctimas del Sodalicio”, disponible aquí.
El domingo, un texto más detallado firmado por Salvatore Cernuzio, un colaborador principal de Vatican News como señal de lo relevante que es el tema para el Dicasterio de la Comunicación, ofreció más detalles sobre la misa, los mensajes de los concelebrantes, y sobre el papel del Sodalicio en lo que sucedió a partir de la primera década de este siglo en Catacaos y cómo eso llevó a la muerte de Zapata Sosa.
Cernuzio tituló su pieza: “Perú. Cardenales y obispos se arrodillan ante víctimas del Sodalicio: «Perdón»”, disponible aquí.
El texto de Cernuzio utiliza una imagen donde el cardenal Castillo y sus compañeros obispos peruanos, acompañados por Bertomeu, están de rodillas y ante los familiares de Zapata Sosa. Pero la misma imagen, disponible después de este párrafo, cuenta la otra cara de la moneda: el actual presidente, el primer y el segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana no aparecen por ninguna parte.
Por supuesto, el obispo de Lurín, Carlos Enrique García Camader, el actual presidente de la conferencia de obispos peruanos, se encuentra en medio de su propio escándalo derivado de la mala gestión de al menos un caso de abuso sexual en su diócesis, como relató hace unas semanas el texto vinculado después de este párrafo.
Sin embargo, ese no es el caso de Jorge Enrique Izaguirre Rafael, obispo de Chosica, y Luis Alberto Barrera Pacheco, obispo del Callao, primer y segundo vicepresidentes de ese organismo, respectivamente, y por razones que sólo ellos conocen, no estuvieron allí.
La homilía del cardenal Castillo Mattasoglio está disponible aquí en el sitio del arzobispado de Lima.
Porristas
Asimismo, ninguno de los principales defensores, impulsores y animadores en más de un sentido del Sodalicio durante su ascenso, estuvo allí. Ese es el caso del cardenal Juan Luis Cipriani y de José Antonio Eguren Anselmi, el arzobispo emérito de Piura y exmiembro del Sodalicio quienes, hasta donde es posible saber, no estuvieron en la parroquia de San Juan Bautista en Catacaos.
Ni Cipriani ni Eguren han reconocido haber actuado mal. En el caso de Cipriani, su renuencia a reconocer los errores es más notable porque desafió abiertamente un “castigo” del papa Francisco. Lejos de reconocer que abusó de un menor de edad varón que estaba bajo su cuidado mientras era una estrella en ascenso en el Opus Dei, Cipriani regresó a Lima en enero de 2025 para recibir una medalla otorgada por su compañero del Opus Dei Rafael López Aliaga.
Investigaciones
¿Qué hace que el Sodalicio merezca tanta atención?
Eguren Anselmi, como muchos otros miembros del Sodalicio, ha estado más que dispuesto a utilizar cualquier oportunidad que tenga para victimizarse y criticar la decisión del papa Francisco de expulsarlo del Sodalicio y, posteriormente, de suprimir esa organización similar a una orden. No ha sido tan vocal o pugnaz como Giuliana Caccia, quien estuvo a punto de ser excomulgada por el papa Francisco, pero las diferencias son de tono, no de sustancia.
En ese sentido, es realmente difícil creer que, a pesar de la voluntad del Vaticano de enfatizar cuán relevante es este tema para León XIV, exista un interés similar por parte de los obispos peruanos en este aspecto específico de los muchos abusos perpetrados por el Sodalicio.
¿Supresión condicionada?
Por ello, es imposible no preguntarse si el futuro de la supresión real está supeditado a si los restos del Sodalicio peruano, al igual que la Iglesia de la Luz del Mundo mexicana, llegan a acuerdos para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas para encontrar algún favor por parte del próximo gobierno peruano.
Lo que debe quedar claro es que, a pesar del deseo expreso tanto del papa Francisco como de León XIV, el Sodalicio peruano, al igual que cualquier organización religiosa depredadora en cualquier parte del mundo, tiene amigos en altos cargos, dispuestos a mover sus influencias por ellos.
Basta ver el conflicto en curso entre el Opus Dei y la diócesis de Barbastro-Monzón, España, por el control de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, el llamado Santuario de Torreciudad, para comprender cómo incluso las diócesis católicas y los propios obispos están en riesgo al intentar afirmar su autoridad sobre los edificios de la Iglesia Católica y las propiedades controladas por organizaciones con prácticas sectarias y depredadoras conocidas.
Está claro que se necesita cierta voluntad por parte de la Iglesia católica para abordar los problemas. Solo hace falta ver lo que está por suceder en España hoy, con los alegatos de apertura en el juicio de Francisco Javier Cuenca Villalba.
Se le acusa de utilizar drogas para abusar sexualmente de al menos cuatro mujeres adultas que buscaron su ayuda y terminaron sometidas a una droga que él utilizaba para violarlas.
Su superior, el obispo de Málaga, José Antonio Satué Huerto, reconoció que, aunque el juez no estuviera dispuesto a pedir reparaciones, su diócesis las pagaría, como se le puede escuchar al obispo mismo decirlo en el vídeo que aparece después de este párrafo.
Por supuesto, existe la posibilidad de que el obispo exagere su postura y es difícil esperar una actitud similar de todos los obispos en España, pero el hecho es que un juicio está por suceder. En ese sentido, las autoridades hacen lo que las autoridades en América Latina siguen, en su mayor parte, abiertamente poco dispuestas a hacer, o intentan hacer sin ser honestos sobre su actuación.
Habrá tiempo para ver si el obispo realmente cumple su promesa, pero también para ver si la prescripción desempeña un papel en este caso. El abuso denunciado ocurrió originalmente entre 2014 y 2018, y las autoridades en España sólo arrestaron a Cuenca Villalba tan recientemente como en 2023, por lo que existe la posibilidad de que haya otras víctimas.
Algo similar podría decirse de Francia, donde los sobrevivientes de los horrores en la antigua escuela católica de Nuestra Señora de Bétharram han solicitado un encuentro con el papa León XIV durante su próxima visita a ese país europeo en septiembre de este año. No está claro si se producirá tal reunión, pero hasta ahora el papa Prevost se ha mostrado dispuesto a reunirse con otros sobrevivientes.
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Bétharram, un espejo para todas las naciones
¿Un premio?
En México, hay expectativa sobre lo que sucederá con la diócesis de Ciudad Juárez. José Guadalupe Torres Campos, quien había sido el obispo allí desde 2015, recibió un mensaje de Roma enviándolo a Ecatepec, cerca de la Ciudad de México. No está claro cómo interpretar ese cambio.
Su gestión en Juárez estuvo plagada de tropiezos, incluido el nombramiento de un sacerdote local que tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense, con abiertas simpatías por Donald Trump y el movimiento MAGA, como vocero de la diócesis.
Lo que resultó de eso fue la permanente contradicción entre la diócesis estadounidense de El Paso, con el obispo Mark Seitz como uno de los principales críticos de Trump allí, y la diócesis mexicana de Juárez, cuyo vocero estuvo más que dispuesto a rociar con agua bendita las políticas racistas de Trump.
Torres Campos nunca estuvo realmente dispuesto a cumplir con la orden del papa Francisco de crear una comisión para prevenir el abuso sexual del clero en la diócesis, y no hizo nada digno de mención para abordar los muchos casos pendientes de abuso sexual del clero allí, además de ayudar a los clérigos acusados en esos casos.
Es imposible ver su nombramiento en Ecatepec como una promoción, a menos que Roma envíe todos los mensajes equivocados con el inminente nombramiento de sucesores en las arquidiócesis de Tlalnepantla y de la Ciudad de México.
En Tlalnepantla, José Antonio Fernández Hurtado está a menos de dos años de enviar su carta de renuncia a Roma. En la Ciudad de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes lleva dos años de jugar en tiempo extra, por lo que en cualquier momento podría recibir noticias de Roma sobre un sucesor.
Es probable que haga todo lo posible para influir en Joseph Spiteri, el actual nuncio en México, así como en el arzobispo italiano Filippo Iannone, el actual prefecto del Dicasterio para los Obispos en Roma, sobre quién debería sucederlo en la capital del país.
Curiosamente, cuando la diócesis de Azcapotzalco, sufragánea de la Ciudad de México, fue declarada recientemente vacante, el nombramiento de un administrador apostólico allí recayó en Fernández Hurtado y no en Aguiar Retes. Quizás sea una señal silenciosa que le hace saber al cardenal que su racha como uno de los más efectivos “promotores” en el episcopado mexicano está por terminar.
En cualquier caso, la próxima semana esta serie entrará en más detalles sobre lo que sucedió antes de la salida sin pena ni gloria de Torres Campos de Ciudad Juárez hacia Ecatepec.
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Un resumen de este texto está disponible en audio después de este párrafo.
Nota de producción: El texto del resumen, como el principal, fueron escritos y editados sólo por el autor. La grabación de la lectura del audio se hizo con una herramienta de texto-a-habla (Microsoft Word vía Web). La IA se usó sólo para generar la voz y no para la creación del contenido.
