Rosario Martínez De la Vega Martes, 23 de Abril del 2024, 09:21
Los contratos de obra pública en Romita, Guanajuato, pone a luz el conflicto de intereses y favoritismo.
Por Rosario Martínez De la Vega
La Dirección de Obra Pública del Ayuntamiento de Romita, Guanajuato, otorgó tres contratos por adjudicación directa a dos empresas vinculadas a exservidores públicos municipales que salieron “por la puerta de atrás” de las administraciones de Silao y de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato (JAPAMI) debido a su gestión poco transparente. Dichas empresas son Farag Grupo Constructor y Sanort Ingeniería SA de C.V.
Farag Grupo Constructor
Esta empresa, con domicilio en una colonia popular de Romita, fue constituida en 2017 en el municipio de Silao, Guanajuato, con un capital inicial de 100 mil pesos, según consta en el Registro Público de Comercio. La fe notarial fue otorgada por Severiano Pérez Vázquez. Los accionistas declarados son Salvador Luis Rangel Bedia e Hilda Ximena Rangel Guadian.
El comisario designado en la documentación oficial de constitución de la empresa es el ex tesorero del municipio de Silao, Juan Carlos Gutiérrez Luna, quien no reveló esta participación en su declaración patrimonial como servidor público.
La empresa, vinculada al ex tesorero de la administración silahuense, obtuvo dos contratos: el MRO/DOP/AD/2022-20 para la construcción del sistema de agua entubada y un tanque elevado en la comunidad "El Escoplo", por 1 millón 640 mil 068 pesos, y el MRO/DOP/AD/2023-13 para la construcción de una plaza en la comunidad de San Vicente de Tuna Agria, por 2 millones 881 mil 216 pesos, respectivamente.
Juan Carlos Gutiérrez Luna fue destituido como tesorero de la administración de Silao el año pasado debido a su presunta implicación en un fraude relacionado con la Feria de las Fiestas Patrias del Bicentenario.
Sanort Ingeniería S.A. de C.V.
Constituida en 2022 en la ciudad de Irapuato con un capital de apenas 50 mil pesos, Sanort Ingeniería S.A de C.V. es propiedad de Isaac Sánchez Magdaleno, quien hasta 2022 se desempeñó como gerente comercial de JAPAMI. Esta empresa fue constituida a la salida de la paramunicipal junto con el actual director general de servicios públicos de Irapuato, Hugo Enrique Ortega Álvarez.
Dicha acción está prohibida expresamente por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública para el Estado y los municipios de Guanajuato, que establece que no se permite que funcionarios públicos obtengan contrataciones. Sin embargo, Sanort Ingeniería S.A. de C.V. recibió el contrato MRO/DOP/LS/2023-27 por un monto de 6 millones 877 mil 937 pesos para la modernización de la Glorieta Liceaga.
Isaac Sánchez Magdaleno dejó la paramunicipal en 2022 y ha sido objeto de múltiples auditorías por parte de la administración irapuatense.
En la actualidad, ninguna de estas empresas está registrada de manera vigente en el Padrón de Proveedores de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato.
Estos casos se suman a los de UrbeBioconstrucción, cuyo apoderado legal es el Supervisor de Contraloría y Obra Pública del municipio de Romita, Rafael Quintanar García, y Tocoypro, propiedad de la juez del Poder Judicial del Estado, Ana Lilia Delgado Vaca, que también recibieron contratos de Obra Pública por parte de la Administración de Oswaldo Ponce Granados, estando imposibilitadas para hacerlo.
La mano del gobierno del estado
En febrero de 2024, el Ayuntamiento de Romita anunció el aporte del gobierno del estado de Guanajuato para inversión en obra pública por 99 millones de pesos para el municipio y sus comunidades. De ese monto, 19 millones fueron asignados a UrbeBioconstrucción, 16 millones a Tocoypro y 11 millones a las empresas implicadas, todas ellas relacionadas con funcionarios públicos y exfuncionarios que quedaron manchados por la falta de transparencia en las cuentas de Romita.
