Rosario Martínez De la Vega Jueves, 01 de Agosto del 2024, 15:10
Uno de los primeros fallos en favor de la Consorcio Eco, del gobierno del Guanajuato, fue por más de un mil diecisiete millones de pesos.
Por Rosario Martínez De la Vega
José Luis Infante, empresario cercano al Partido Acción Nacional, se convirtió en el mayor contratista durante el sexenio del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Durante la actual administración, su empresa, Consorcio Eco del Bajío, ha recibido multimillonarios contratos por parte del Poder Ejecutivo Estatal, que superan los 2,500 millones de pesos.
Los contratos están firmados por José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez, encargado de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM), e incluyen la modernización de la carretera Purísima-Jalpa, la pavimentación del boulervard Perdigón y la construcción de una clínica de desintoxicación y rehabilitación en el municipio de León, entre otros.
El contrato más cuantioso fue otorgado a inicios de este año por un monto superior a 1,017 millones de pesos para el proyecto de construcción de los edificios de gobierno en el Parque Bicentenario. El financiamiento para esta construcción se extrajo del fondo de ahorro de los trabajadores del Instituto de Seguridad del Estado de Guanajuato (ISSEG).
El fallo de la adjudicación generó un escándalo, ya que la empresa había sido previamente descalificada. En la propuesta presentada en las licitaciones, no se contaba con un monto nominal y solo se presentó un contrato concluido en tiempo y forma. Tampoco se presentó el análisis completo de precios unitarios, y sobre los requisitos financieros, no se presentó el importe requerido para los dos primeros meses de ejecución de la obra. No obstante, se le otorgó el fallo por un monto 4 veces mayor, ascendiendo a 1,017,733,598.00 pesos. Se supone que esta decisión fue determinada por el monto de la obra; sin embargo, no se ofrecieron mayores explicaciones por parte de la autoridad. Solo se mencionó que Consorcio Constructor Eco del Bajío S.A. de C.V. fue la empresa que cumplió con los requisitos técnicos, económicos, legales y financieros para la construcción de la obra.
Por lo general, existe una restricción en las empresas de no recibir contratos por encima de su capital social fijo, siendo una práctica común para garantizar la estabilidad y evitar riesgos financieros. Según los registros públicos de comercio de la Secretaría de Economía, meses antes de que se le otorgara el fallo a la empresa para la construcción de los nuevos edificios del ISSEG, Consorcio Eco del Bajío sufrió una reducción de 600,000 pesos en su capital social fijo, el 21 de marzo de 2024, pasando de 2 millones 60 mil pesos a 1 millón 460 mil pesos.
¿Cómo es posible que una empresa con un capital social fijo de 1,460,000.00 pesos obtuviera un contrato por 1,017 millones 733 mil 598 pesos?
Se suman a las irregularidades la falta de transparencia en los procesos de contratación pública. La totalidad de los contratos no se encuentra registrada ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y en varios de los que sí están asentados, existe duplicidad en los registros y se aumentan las cantidades en las contrataciones.
Es el caso de la construcción del Boulevard Timoteo Lozano, tramo Tajo de Santa Ana a Boulevard Mayorazgo, en León, que, de estar registrado a un costo de 43 millones de pesos, subió a 69 millones de pesos. Además, en el apartado concerniente a la descarga de los documentos, los enlaces se encuentran rotos, lo que afecta la eficiencia y, en ocasiones, abre espacio para actos de corrupción.
