El problema para la postura de Sheinbaum es que en México el celular no es sólo entretenimiento. Ayuda a los padres y las madres a saber dónde están sus hijas o hijos.
Ravi Iyer, exdirectivo de Meta, apuntaló las críticas de Claudia Sheinbaum al uso del celular en las escuelas.
Los Ángeles Press
La actividad en Palacio Nacional este lunes 17 de agosto se centró en la defensa de lo que parece ser un ambicioso programa para restringir el uso de los celulares en las escuelas del país.
Que los celulares son la causa de algunos de los problemas que afectan el desempeño académico y social de los jóvenes no es difícil de comprender y aceptar. El problema está, más bien, en qué ofrece un país con muy débiles, opacas e irresponsables instituciones de seguridad pública a los padres y madres de familia que, objetivamente, usan los celulares que entregan a sus hijos para de alguna manera protegerles, estar al tanto de sus movimientos y, de ser necesario, tener un rastro digital sobre el que se pueda actuar.
Si México tuviera las tasas de secuestro que existen, por ejemplo, en la mayoría de los países de Europa o Canadá, sería relativamente fácil llegar incluso al extremo de prohibir que los niños o jóvenes llevaran los aparatos a la escuela, como ya ocurre en algunos países de Europa y se propone de manera cada vez más intensa en Canadá.
La realidad, sin embargo, es que no es así. Mientras que en Europa y Canadá la tasa de secuestro real por motivos económicos o de extorsión a civiles es marginal y los registros policiales capturan en su mayoría disputas de custodia o retenciones domésticas, en México el fenómeno está ligado al crimen organizado, al secuestro exprés y a otras dinámicas del crimen organizado como promotor activo de actos de terrorismo.
Que el gobierno de México es ineficaz frente a estos hechos no es algo nuevo o que se diga porque “no se quiera” al actual gobierno de Claudia Sheinbaum o a sus cabezas visibles, como ella misma suele decir para descalificar cualquier crítica que se hace a su gobierno.
La ineficacia institucional del gobierno de México tiene una historia que no distingue colores o ideologías partidistas, como lo demuestran los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, que inician durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, continuaron durante los de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como en el actual prácticamente sin cambio.
El dato más relevador ahí, no son los delitos que se reporten como tales, sino el hecho que existe una brutal cifra negra, es decir, los hechos que no se reportan a la autoridad porque no se confía en ellas que, para el caso del secuestro es de del orden de 95 por ciento con alguna variación de un año a otro.
El INEGI mismo define a la cifra negra como la tasa de “delitos no denunciados o donde no se inició carpeta de investigación” y esa institución reconoce que la causa tiene que ver o con la desconfianza en las autoridades, con la percepción de que sólo se pierde el tiempo al presentar la denuncia sin lograr nada de sustancia o por el miedo a las represalias de los grupos criminales cuyos vínculos con la élite de la política en México está más que documentada.
En México, sin importar qué tan dañino pueda ser el uso de los celulares, muchas familias recurren a ellos porque la desaparición de menores es una realidad que se puede documentar gracias a la existencia de los llamados “registros paralelos” como el del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), evidencia que miles de privaciones ilegales de la libertad quedan fuera de las estadísticas estándar de secuestro comercial, lo que incrementa la percepción justificada de vulnerabilidad en los hogares.
Salvo que una familia sea lo suficientemente rica para implantar a sus hijos chips similares a los que se usan también para mascotas de pedigrí, el celular opera como herramienta de geolocalización y protección familiar barata y de relativo fácil acceso.
El celular permite contar con un “rastro digital” familiar que permite que un padre o madre de familia sepa qué hizo o dónde estuvo su hija o hijo. Para un padre de familia en Suecia o Dinamarca, el trayecto de la escuela a casa no representa riesgo alguno.
Los menores suecos o daneses caminan a la escuela o viajan en transporte escolar seguro. En México, el celular, incluso uno viejo y obsoleto, que se entrega a un hijo o hija opera como mecanismo de contacto de emergencia, rastreo vía GPS y un mecanismo de defensa ante hechos de inseguridad en la vía pública o el transporte público.
Que esa es la razón por la que muchas madres o padres de familia entregan sus celulares viejos a sus hijos o hijas se puede confirmar en lo que otra encuesta del INEGI, la Encuesta Nacional de Seguridad en Zonas Urbanas reporta cada trimestre: los trayectos en transporte público y las zonas cercanas a los planteles educativos figuran sistemáticamente entre los espacios donde la ciudadanía percibe mayor riesgo de ser víctima de un delito.
En ese sentido, sin negar un gramo de razón a lo que dijo en Palacio Nacional Ravi Iver, un exdirectivo de Meta, la empresa controladora de Facebook, Instagram, Threads y Whatsapp entre otras, el problema en México no es sólo pedagógico, cultural o educativo.
Lo que explica la dependencia extrema de muchas familias mexicanas en los celulares es una realidad en materia de seguridad pública que no mereció reconocimiento alguno de parte de Sheinbaum, su secretario de Educación, Mario Delgado y el resto de los funcionarios presentes hoy para impulsar lo que, a todas luces busca ser la expulsión del celular de las aulas.
El problema es más complejo cuando se considera el empeño del gobierno de Sheinbaum con imponer un modelo de comunicación que le da más poder sobre los medios concesionados, que ya elabora listas de enemigos del régimen alegremente distribuidas por Luisa María Alcalde, de quien uno nunca sabe si habla como abogada de la Presidencia y, en ese sentido, como posible origen de una demanda judicial, o si lo hace como vocera oficiosa de la propia Presidencia de la República.
Fuera de México, The Wall Street Journal ya tomó nota del intento del gobierno de Sheinbaum de decir qué es cierto y qué no lo es y de identificar públicamente a sus enemigos como lo han hecho antes los gobiernos de Nicolás Maduro, Nayib Bukele o Daniel Ortega en Venezuela, El Salvador y Nicaragua, respectivamente, pero de manera muy similar a lo que hace Javier Milei cuando azuza el odio contra los que él llama “periodistas ensobrados” en Argentina sin ofrecer otra prueba que no sea el hecho que esos periodistas le critican en los espacios de radio, televisión, prensa escrita o internet desde los que ejercen su oficio.
Por lo pronto, la semana próxima tendrán lugar dos foros organizados por la Secretaría de Educación Pública para discutir el papel de los celulares. ¿Habrá representación de la Secretaría de Seguridad Pública? Y si la hay, ¿dirá algo que no sea repetir las promesas de que, “ahora sí” se resolverán de fondo los problemas de la seguridad pública?
