Ignacio García Jueves, 21 de Agosto del 2025
Foro Público
Este 1 de septiembre inician funciones los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El nuevo presidente del máximo organismo judicial, Hugo Aguilar Ortiz, no sólo se trata de un perfil afín a la autodenominada “cuarta transformación”, sino que es abogado con escasa preparación académica para desempeñar el puesto más importante del Poder Judicial.
El abogado oaxaqueño reconoció públicamente que no se ha titulado de la Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). La ausencia de posgrados no sólo es preocupante por su falta de conocimiento especializado certificado en la materia que atenderá, sino que degrada el nivel decisor de quien tendrá la máxima responsabilidad en el Poder Judicial de la Federación.
Mientras que en el país existen cientos de abogados destacados con grados de doctorados en prestigiadas universidades tanto públicas como privadas, el nuevo responsable de la SCJN únicamente cuenta con estudios finalizados de Licenciatura, y también carece de experiencia profesional como juzgador, ya que ha ejercido roles en diferentes ámbitos del Poder Ejecutivo.
Históricamente formar parte de la Corte representaba la máxima aspiración de los abogados en el país, que pretendían alcanzar la cúspide de su desarrollo profesional con un puesto en la Sala Superior, y para ello tenían que contar con una hoja de vida envidiable, con años de experiencia profesional probada, así como múltiples grados académicos y una buena reputación pública como jurista.
Esto fue desechado con la reforma al Poder Judicial, que optó por flexibilizar al extremo los requisitos para ocupar alguno de los cargos judiciales y por ello Hugo Aguilar sólo tuvo que ser cercano al régimen actual para que apareciera como la principal opción en los acordeones que el gobierno federal y los estatales—todos emanados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena)—distribuyeron a las personas que acudieron a las urnas a votar el pasado 1 de junio.
Pero el caso de Hugo Aguilar no es el único. Yasmín Esquivel, la aclamada ministra “plagiaria”, repetirá su encargo como togada, pese a que se evidenció públicamente que plagió su tesis de Licenciatura y que amagó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para evitar que difundiera el dictamen sobre el “robo” de información de un autor previo.
Apostando por su poder político, Yasmín Esquivel intentó evitar que la máxima casa de estudios del país difundiera el dictamen que dejaba en claro su plagio, y, además, continuó como ministra de la Corte hasta su reelección, respaldada por el régimen actual.
Esta misma situación ocurrió con la autonombrada “ministra del Pueblo”, Lenia Batres, quien dejó en claro que para la “4T” no era importante la experiencia profesional ni preparación académica, sino que lo importante era la sumisión hacia las decisiones que se tomaban en Palacio Nacional, pese a que en sus constantes intervenciones públicas fue cuestionada por abogados expertos por la carencia de sus argumentos judiciales para tomar decisiones en fallos y resoluciones.
También la “ministra militante”, Loretta Ortiz, quien orgullosa realizó campaña al reconocer que fue una de las fundadoras de Morena y por ello fue premiada por el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con un puesto como ministra de la Corte y que también es otra de las togadas que repetirá en su encargo.
Otra de las ministras “afines” a la 4T es María Estela Ríos, quien se desempeñó como consejera jurídica de la Presidencia de la República en la segunda mitad del sexenio de López Obrador, tras la renuncia de Julio Scherer Ibarra, y que ha sido una de las consentidas del régimen, por lo cual prácticamente votará a favor de todos los proyectos que envié la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Otro perfil cercano al actual régimen es Irving Espinosa Betanzo, quien fue asesor de la actual coordinadora jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, además de que colaboró en los Servicios Legales de la alcaldía de Iztapalapa en la gestión de Clara Brugada, y por ende también se apunta como otro voto favorable para los proyectos presidenciales.
El famoso ministro “chicharronero”, Aristides Rodrigo Guerrero García, que se volvió famoso en redes sociales al publicar un video en el que aseguraba que estaba “mejor preparado que un chicharrón”, y aunque directamente no tiene relación con el régimen, es señalado por la comunidad jurídica como un personaje que probablemente votará en los proyectos de la 4T.
La Sala Superior estará integrada por otros perfiles menos polémicos, como el caso de Giovanni Azael Figueroa, quien sí cuenta con una sólida formación académica con un doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel II, con experiencia académica y profesional como docente en diferentes universidades tanto en México como en otras naciones latinoamericanas.
Además, Sara Irene Herrerías Guerra también es un perfil preparado, que puede ser criticado por formar parte de la estructura orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) en la gestión de Alejandro Gertz Manero, pero que ha sido reconocida por la comunidad de abogados por su labor en materia de defensa de los derechos de la niñez.
Así, con nueve ministros—dos menos que la encabezada por Norma Piña—esta nueva Corte deberá revisar todos los proyectos que sean enviados por la Presidencia de la República, y que supuestamente tienen mayor legitimidad social que sus antecesores al haber sido votados en las urnas.
No obstante, como ya se ha expresado en este espacio, carecen de la legitimidad social que pregonan, ya que apenas el 13 por ciento del total de la lista nominal votaron en la jornada electoral y los candidatos ganadores consiguieron menos de la mitad del total de los sufragios emitidos, lo que evidencia que tienen escaso respaldo popular.
Así, se consuma el control del régimen al Poder Judicial, con elecciones inéditas y amañadas que certificaron la sucesión de la Corte, con perfiles afines, sumisos y poco preparados—en la mayoría de los casos—para aceptar todas las propuestas presidenciales, que fueron rechazadas cuando Norma Piña estuvo al frente de la SCJN.
El futuro de la impartición de justicia en México estará irremediablemente asociado con el control político, al vincular directamente al Poder Judicial con el ámbito electoral, para que quienes aspiren a ocupar un puesto judicial no dependerán de su preparación académica ni experiencia profesional, sino por la capacidad para hacerse conocidos o ser favorecidos por las estructuras de poder político para ser respaldados con el aparato institucional.
Es probable que se pretenda replicar este mecanismo de renovación de cargos en otras instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos consejeros electoral también enfadaron a la presidenta como previamente ocurrió lo mismo con los ministros salientes de la Corte con López Obrador y que tuvo el desenlace que se vive en la actualidad.
Nota aparte: En las escuelas si se identifica que un alumno utiliza un acordeón para contestar las preguntas de un examen es causa de anulación de la evaluación, pero aunque en las recientes elecciones se comprobó que hubo uso de estas herramientas, no sólo no fueron sancionados, sino que se aprobó en su totalidad la elección, un ejemplo más de la impunidad institucional mexicana.