Ignacio García Martes, 18 de Noviembre del 2025
Cuando AMLO impulsó la revocación de mandato, quería fortalecer su narrativa mediática como un presidente fuerte respaldado por la sociedad.
López Obrador propuso la revocación de mandato durante su tercera y última campaña electoral presidencial.
Foro Público
Claudia Sheinbaum dijo que está dispuesta a que el ejercicio de la revocación de mandato que se sometería en su cuarto año de gobierno se adelante a los comicios de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas del país, 30 congresos estatales, más de mil 700 alcaldías y la mitad de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La propuesta de Sheinbaum es engañosa. La mandataria federal afirmó que con ello se reduciría el costo del ejercicio de la revocación de mandato e incrementaría la participación ciudadana, después de que en 2022, sólo acudieron a este ejercicio el 17 por ciento de la lista nominal del país para determinar la continuidad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En aquella ocasión el ejercicio no fue vinculante, pues participó menos de una quinta parte del total de los electores del país, por lo cual Sheinbaum pretende aprovechar su alta popularidad para favorecer también a los demás aspirantes a cargos de elección popular del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Aunque la popularidad de la presidenta ha disminuido 15 puntos porcentuales desde que arribó al poder, se mantiene por encima de la percepción social de diferentes gobernadores morenistas, que han sido cuestionados por actos de corrupción o pésimos resultados en materia de seguridad.
Sheinbaum pretende aprovechar las elecciones concurrentes para aparecer en la boleta electoral y promover un ejercicio más legitimador, a diferencia del ejercicio efectuado hace tres años en contra de López Obrador. Sin embargo, ha crecido el nerviosismo sobre el nivel de popularidad de la presidenta en 2027.
Los recientes hechos que se han suscitado en el país han representado una serie de críticas en contra de la presidenta, que se había fortalecido por el manejo de su política exterior en las relaciones con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, ante las constantes amenazas arancelarias.
Una revocación partidista
López Obrador propuso la revocación de mandato durante su tercera y última campaña electoral presidencial. El expresidente afirmó que el sistema presidencialista mexicano había dotado de impunidad e inmunidad al jefe del Ejecutivo federal sin la posibilidad de finalizar su gobierno antes del cierre de su sexenio.
La propuesta pretendía construir un proceso democrático en cuanto a las facultades ciudadanas para lograr el derrocamiento de un presidente. No obstante, el primer ejercicio fue inerte, con una escasa participación ciudadana y un movimiento promovido por parte de los propios militantes de Morena que refrendaron su continuidad.
Pese a que las bases morenistas se movilizaron en esa ocasión, sólo el 17 por ciento de la lista nominal acudieron a refrendar la permanencia de López Obrador, por lo cual se trató de un ejercicio estéril que evidenció la escasa participación ciudadana en el país y la politización de un proceso que serviría como un arma social para deponer al poder.
Una revocación de mandato, en la cual un gobernante goza con altos niveles de popularidad, resulta innecesaria, pues el principal fin de ésta es que se promueva cuando existe un elevado descontento social sobre el ejercicio de poder de un presidente y con ello garantizar la reducción de su mandato.
Por ello, cuando López Obrador impulsó este ejercicio, quería fortalecer su narrativa mediática como un presidente fuerte que estaba respaldado por la sociedad y que debilitaba aún más a la irrisoria oposición partidista.
Ahora, Sheinbaum pretende emular estas acciones, pero ahora con un beneficio electoral directo, en el cual impulse al resto de las candidaturas morenistas, principalmente en aquellos estados donde está en duda que el partido en el poder mantenga las gubernaturas de esas entidades por el pésimo papel de sus gobernantes.
Las falencias de una democracia poco participativa
México es uno de los países con los niveles más bajos en cuanto a la cultura política y democrática en el planeta, de acuerdo con datos de Latinobarómetro, debido a que la población suele rechazar la actividad política y, principalmente, a los partidos políticos, que son considerados como entes corruptos.
Estas condiciones asociadas a la crisis de la partidocracia mexicana han causado que los ejercicios electorales tengan un bajo componente de movilización social, principalmente en aquellos procesos en donde no se definen cargos vinculados a la toma de decisiones como la presidencia de la República, gubernaturas o alcaldías.
En tanto, en aquellos procesos electorales en los cuales se eligen representantes parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y los Congresos estatales, la tendencia de participación ciudadana suele ser significativamente menor.
A esto se suma aquellos ejercicios que no tienen los suficientes incentivos para movilizar a la población como la elección judicial del pasado 1 de junio, la cual fue poco promocionada y generó una serie de resistencias por parte de académicos, abogados, periodistas y estudiantes que repudiaron la modificación constitucional que tuvo una participación de apenas el 13 por ciento de la lista nominal.
Las consultas populares organizadas por López Obrador en el sexenio pasado tampoco fueron vinculantes, debido a la escasa participación, dado que el propio ex presidente se encargó de confrontarse directamente con el Instituto Nacional Electoral (INE) y poner en duda la credibilidad del propio organismo electoral encargado de organizar los comicios a nivel nacional.
Por ello, la revocación de mandato debe modificarse en cuanto al nivel participación para que se trate de un ejercicio vinculante, aunado a que no debe ser organizado por la persona titular del Ejecutivo federal, pues así se convierte en un ejercicio casi de validación dentro del mandato en un sexenio, sin cumplir el fin de evaluación sobre la remoción de quien ejerce el poder presidencial.
Si la presidencia de la República sigue utilizando la revocación de mandato para fines políticos o electorales, su legitimidad será menor, y la ciudadanía no considerará que se tratará de un proceso de revisión de la gestión de la persona titular del Ejecutivo federal.
La propuesta fue aplazada hasta febrero, una vez que comiencen a determinarse las directrices de la reforma electoral que Sheinbaum propuso, pero también resulta una decisión vinculada con el análisis del costo político y electoral que tendría para la propia presidenta recortar el proceso de revisión ante una serie de crisis mediáticas que afectan su imagen como la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y las agresiones contra los protestantes de la Generación Z del fin de semana pasado.
Nota aparte: La propuesta de revocación de mandato también pretende legitimar la elección judicial en 2027. En esa ocasión el resto de los cargos judiciales se renovarán y para evitar un nuevo fiasco de participación los incluirán en el ejercicio electoral tradicional, por lo que en algunos casos los ciudadanos podrían recibir hasta seis boletas electorales para emitir su sufagio.