Hazael Sayavedra Miércoles, 11 de Febrero del 2026
El caso exhibe la penetración del crimen organizado en gobiernos locales y el costo político que enfrenta el partido Morena.
Por Hazael Sayavedra
Ciudad de México, 10 de febrero de 2026.– México se ahoga en impunidad. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025, de Transparencia Internacional, lo sentencia: 27 puntos, puesto 141 de 182 naciones. El peor registro dentro de la OCDE, donde el crimen organizado se cuela por cada rendija del poder y la justicia se desangra sin remedio. La debilidad institucional permite que el dinero sucio se convierta en votos, que el terror se vista de autoridad y que la gente, cansada, deje de creer.
En Tequila, Jalisco, la realidad duele hasta los huesos. Diego Rivera Navarro, alcalde morenista, fue sacado esposado el 5 de febrero bajo la Operación Enjambre. La Fiscalía lo acusa de extorsionar a José Cuervo, a Sauza, a Bacardí, a quien tuviera botella. Cobraba “derecho de piso” semanal: 2 millones de pesos, dice la carpeta. Ese dinero no se quedaba en el palacio; viajaba directo al Cártel Jalisco Nueva Generación. Rivera se reunía con sicarios en la misma sala donde firmaba decretos. Torturó a un precandidato de su partido que quiso denunciarlo. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, lo dijo sin pestañear: “No hay fuero ni lealtad que proteja a quien traicione al pueblo”. El mensaje fue claro: ni Morena ni nadie puede tapar al narco.
En Baja California, la herida sangra igual, pero más hondo. Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Morena, carga el peso de la investigación federal contra Carlos Torres Torres, su exesposo: lavado de millones, narcotráfico y tráfico de armas. Pero la red es vasta. La FGR indaga a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, señalado por recibir pagos recurrentes de sobornos de células criminales para “mantener la paz”.
Ismael Burgueño Ruiz, alcalde de Tijuana, aparece citado en la misma trama: se le acusa de proteger giros de droga disfrazados de construcción. Armando Ayala Robles, exalcalde de Ensenada y ahora senador morenista, bajo escrutinio por posibles nexos similares: dinero de obra pública que nunca existió. Y Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, como operador financiero que movía fondos entre cuentas fantasma en Panamá y California. Estas indagatorias, abiertas este año, no son rumor: son expedientes con transferencias bancarias, chats interceptados, testigos protegidos. El Estado ya no pregunta; el Estado ya sabe.
El impacto electoral es brutal. Mitofsky registra derrumbe: en Jalisco, Morena pierde 9 puntos de intención de voto desde enero; en Baja California, Ávila bajó del 68 al 52 % en 2 meses. La gente ya no aplaude la “transformación”, la ve como otra promesa rota. Las calles de Guadalajara y Tijuana murmuran lo mismo: “Es el mismo cáncer, solo cambió de color”. 2027 huele a castigo colectivo: el PAN prepara campaña con estos nombres; el PRI huele sangre; y los independientes, que nadie contaba, suben en las encuestas. Si Morena no limpia su casa, el pueblo limpiará la suya.