Hazael Sayavedra Jueves, 12 de Febrero del 2026
En Sinaloa, el hallazgo de fosas clandestinas confirma que la violencia en el estado no ha disminuido, solo ha sido sepultada bajo tierra.
Por Hazael Sayavedra
Analista de inteligenciaImagina la inseguridad en México como una herida que el gobierno insiste en cubrir con una curita, mientras la infección se extiende por debajo. En febrero de 2026, mientras las autoridades federales celebran una supuesta reducción del 42% en homicidios dolosos desde septiembre de 2024, con enero registrando el nivel más bajo en una década, la realidad en las sierras de Sinaloa grita lo contrario con el hallazgo de fosas clandestinas que revelan un panorama macabro.
En el poblado de El Verde, municipio de Concordia, se han localizado al menos cinco fosas clandestinas en un predio rural, donde se exhumaron hasta 10 cuerpos en estado de descomposición. De estos, cinco han sido identificados como mineros secuestrados el 23 de enero mientras trabajaban para la empresa canadiense Vizsla Silver: José Antonio Jiménez, Antonio de la O Valdez, José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Manuel Castañeda Hernández.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que se trabaja en la identificación de los otros cinco cuerpos, posiblemente vinculados al mismo secuestro, y que estos serán trasladados a estados como Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero para su entrega a familiares.
Pero el horror no se detiene ahí. En un segundo sitio cercano, en la zona de la presa Los Tecolotes, se ubicaron otras cuatro fosas, de las cuales se recuperaron dos osamentas adicionales durante excavaciones que iniciaron el 9 de febrero. La fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, detalló que estos hallazgos provinieron de reportes ciudadanos y que, hasta ahora, solo dos fosas han dado resultados positivos con restos humanos, mientras las otras no han arrojado más hallazgos.
Colectivos de búsqueda como “Las Voces Sin Justicia”, “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos” de Mazatlán y “Buscando a Emilios” de Durango han arribado al lugar, uniéndose a familiares independientes que claman por información sobre sus desaparecidos.
Imágenes aéreas y testimonios locales sugieren que esta podría ser una zona de entierros clandestinos de mayor magnitud: estimaciones preliminares hablan de al menos 120 cuerpos en una fosa principal, con indicios de más sitios sin explorar. Esto eleva el conteo en Sinaloa, un estado que, junto con Sonora, Guanajuato, Colima y Chihuahua, concentra el mayor número de fosas clandestinas localizadas entre 2023 y 2024, superando las mil a nivel nacional en los últimos años del gobierno anterior.
El secuestro de los mineros se atribuye a una confusión con integrantes del grupo criminal Los Mayos, rivales de Los Chapitos, según el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, destacando cómo la violencia del narcotráfico transforma zonas mineras en campos de exterminio.
El gobierno presume logros: delitos de alto impacto reducidos en 31%, extorsión en 38%. Pero ¿de qué sirven las estadísticas si las fosas siguen multiplicándose y los cuerpos se acumulan? En Sinaloa, con 277 homicidios en la primera semana de febrero, la brecha entre las cifras oficiales y la realidad es abismal.
Hipótesis: Si no se intensifican las búsquedas y se desmantelan las redes criminales detrás de estos entierros masivos, Sinaloa podría revelar un cementerio clandestino aún mayor antes de mediados de 2026, con cientos de cuerpos más, exacerbando la crisis humanitaria y forzando una intervención federal masiva. La inseguridad no se resuelve con porcentajes; requiere excavar la verdad, o la herida se convertirá en gangrena.