Antonio Rosales Viernes, 13 de Marzo del 2026
Por Antonio Rosales
Este domingo 8 de marzo se cumplió el primer aniversario de la presunta muerte de la empresaria y supuesta activista María Isabel Miranda Torres, mejor conocida como Isabel Miranda de Wallace, quien desde 2005 emprendió una feroz cacería mediática y judicial contra ocho personas inocentes mediante la fabricación de pruebas, la falsificación de documentos y el uso de tortura psicológica, física y sexual, en el falso caso Wallace.
El uso de las palabras “presunta” y “supuesta” para referirse a su fallecimiento y a su activismo no responde simplemente a especulación ni a un sesgo en los juicios de valor. Busca, más bien, subrayar lo cuestionable de su labor como “activista”, así como lo conveniente y oportuno que resultó su fallecimiento para todos los involucrados —directa o indirectamente— en el caso: para ella misma y para quienes tenían interés en enterrar el expediente ante el ojo público y la memoria colectiva.
No sería ético, como periodistas, asegurar que la muerte de Isabel Miranda de Wallace es falsa o que fue planeada, sin una investigación periodística o judicial de por medio que lo sustente con pruebas científicas o documentales. Tampoco puede afirmarse que su fallecimiento, en caso de ser real, haya sido o esté siendo utilizado de manera deliberada para borrar del mapa la falta de justicia que persiste en este caso.
Sin embargo, sí existen aspectos que pueden inferirse, analizarse o deducirse a partir de la información pública disponible.
Es necesario desmontar las narrativas mediáticas y políticas que presentan a la fundadora de los anuncios espectaculares Showcase Publicidad como una especie de “villana todopoderosa”, que habría actuado “en solitario y por iniciativa propia”, motivada únicamente por una posible psicopatía o alguna patología mental similar, al estilo de muchas antagonistas de telenovela o de película policiaca.
Es cierto: hay algo —o mucho— de verdad en ese tipo de interpretaciones, que incluso periodistas como quien escribe estas líneas hemos llegado a sostener en algún momento.
Pero reducir un fenómeno de tal magnitud a una figura individual, en lugar de observar la estructura de la que fue parte y la instrumentalización que otros hicieron del personaje —y que ella misma hizo de ese sistema—, es dejar el cuadro incompleto.
María Isabel Miranda Torres no habría podido llegar tan lejos sin un sistema político, mediático y judicial que la creó, la respaldó, la justificó, la protegió y la fortaleció en todas sus acciones, tanto en las legales como en aquellas que cruzaron el umbral de la ilegalidad. Tampoco habría podido causar tanto daño a sus víctimas sin una red de contactos, complicidades y subordinados que participaron activamente en la fabricación del caso; sin una estructura familiar que apoyó —o, en el mejor de los casos, decidió mirar hacia otro lado— frente a los posibles delitos de Isabel Miranda y de su hijo Hugo Alberto; y sin la indiferencia de quienes optaron por ignorar deliberadamente las declaraciones y pruebas que evidenciaban la falsedad de todo ello.
No es posible entender la creación, gravedad y poder en el falso caso Wallace sin recordar el contexto que le dio origen. Contrario a los relatos que Isabel Miranda propagó en entrevistas de la época, desde antes del caso y su creación como activista ya era una empresaria con considerable poder económico y político. A inicios de la década de los noventa ya era dueña no sólo de las empresas de panorámicos Showcase Publicidad y Showposter, sino también de escuelas privadas como el Colegio Aztlán (que posteriormente llamaría City College), ubicado al sur de la Ciudad de México.
Las ganancias que concentra la estrecha industria de la publicidad exterior (compuesta, entre otros, por Vendor y Rentable) y la educación privada en México son cuantiosas, permitiendo relacionarse con el poder político. De acuerdo con diferentes testimonios confidenciales recopilados en los libros de Guadalupe Lizárraga, y a diferencia de lo que plantean otros personajes, la amistad y cercanía entre Felipe Calderón (el presidente que más favoreció a Isabel Miranda) y la empresaria, no comenzó tras la denuncia por supuesto secuestro en 2005, sino que eran cercanos al menos desde inicios o mediados de los años noventa.
Durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, posterior a la ola de secuestros e inseguridad que azotó la Ciudad de México (como los realizados por Daniel Arizmendi, “El Mochaorejas”, o los Caletri), surgió un grupo de personajes que, tras presuntamente haber sufrido o ser familiares de víctimas de la delincuencia organizada, eran incorporados al activismo: María Elena Morera Mitre, Eduardo Gallo y Tello, Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí, Javier Sicilia y la familia Lebarón. Rosy Orozco también formó parte del grupo, aunque esta última se volvió activista sin necesidad de ostentarse previamente como víctima de la criminalidad.
Este grupo, señalado por Guadalupe Lizárraga en un artículo de Los Ángeles Press en 2020, tenía algunas características en común: pertenecían a un sector socioeconómico medio alto; ideológica y políticamente afines a la derecha o ultraderecha (en algunos casos, incluso militantes del PAN); y eran (o al menos se mostraban) como profundamente religiosos (mormones en el caso de los Lebarón, pentecostales en el caso de Orozco, católicos en los demás casos). En algunos casos nunca ocultaron su cercanía y simpatía por el gobierno calderonista, como Rosy Orozco, cuyos beneficios y privilegios que obtuvo durante el calderonato quedaron reportados en los libros de Rodolfo Montes (La cruzada de Calderón, 2012) y Olga Wornat (Felipe el Oscuro, 2020).
En los demás casos, ya fuera por estrategia personal o como parte de una política coordinada para simular apertura a un supuesto “contrapeso ciudadano”, estos personajes alternaron entre la crítica a ciertas políticas de seguridad y el respaldo —incluso el franco impulso— de reformas en la materia promovidas desde la Presidencia o desde el entorno de Genaro García Luna. Entre ellas figuraban las leyes antisecuestro, la Ley de Seguridad Interior y distintas medidas orientadas a profundizar la militarización.
En ocasiones, ese apoyo se transformaba en una defensa abierta del gobierno, visible en lugares privilegiados en eventos oficiales, en cargos públicos otorgados a familiares —como ocurrió con el hijo de María Elena Morera, el marido de Rosy Orozco y parientes de Wallace—, en donaciones millonarias para sus organizaciones (especialmente Unidos contra la Trata, de Orozco, y México Unido contra la Delincuencia, presidida por Morera), así como en abrazos, besos y declaraciones favorables. Un ejemplo fue la presión que la mayor parte de este bloque “activista” ejerció para impedir que Florence Cassez saliera de prisión, aun cuando ya se había revelado públicamente parte del montaje del caso.
Fue también la época del secuestro de las hermanas de la cantante Thalía, del secuestro del director técnico Rubén Omar Romano, de la muerte por paro cardíaco de Mariana Levy —hija de la conductora Talina Fernández— tras un asalto en la vía pública, y de las multitudinarias “Marchas de Blanco” de 2004, convocadas por organizaciones como las encabezadas por Morera.
En ese contexto surge una pregunta inevitable: ¿habría existido el falso secuestro Wallace y la construcción de Isabel Miranda como “activista” y líder de opinión sin la cercanía con la familia Calderón-Zavala, sin la presencia de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino en las instituciones de seguridad, y sin la coyuntura política que atravesaba el país? Posiblemente no.
Nadie preguntó por qué los Wallace Miranda comenzaron culpando a un grupo de personas y, de la noche a la mañana, cambiaron a César Freyre, Juana Hilda González Lomelí, Brenda Quevedo Cruz, los hermanos Castillo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Jael Antonio Malagón Uscanga y George Khoury Layón. Nadie preguntó por qué se le permitió a una civil hacer labores policiales e incluso, social y mediáticamente (similar a Eduardo Gallo), se le aplaudió por “estar haciendo lo que la autoridad no hacía”. Nadie cuestionó la violación a la presunción de inocencia, la fuerte campaña mediática del caso, la amistad con el empresario en tecnología de inteligencia y seguridad Eduardo Margolis Sobol, ni todo lo que había detrás de las “investigaciones” y detenciones arbitrarias (torturas, fabricación de pruebas, tráfico de influencias).
Nadie vio nada extraño en que Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, José Luis Santiago Vasconcelos, Marisela Morales, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez, Manuel Mondragón y Kalb, Raúl Cervantes y Eduardo Medina Mora marcharan al son que se les tocaba para sostener el caso.
Tuvieron que pasar años para que algunos periodistas —pocos, muy pocos en realidad— empezaran a cuestionarlo. Solo Guadalupe Lizárraga, a partir de 2014, insistió de manera incansable a través de cientos de textos sobre el tema y mediante el acompañamiento a las familias de las víctimas.
El cerco mediático para cuidar la imagen de Isabel Miranda y sostener la versión oficial del caso era innegable. Periodistas como Carlos Loret de Mola, Jorge Fernández Meléndez, Bibiana Belsasso, Mónica Garza, Ciro Gómez Leyva, Raymundo Rivapalacio, Carlos Jiménez, Carlos Marín, Martín Moreno, Yohalí Reséndiz, Manuel López San Martín, Joaquín López Dóriga, Carlos Alazraki, entre muchos más, apoyaron la narrativa oficial y se convirtieron en defensores de Wallace, literalmente, hasta su muerte y algunos, incluso, lo siguen siendo.
Fueron en vano los intentos de las familias por ser escuchados y visibilizados e innumerables veces se les negó el derecho de réplica en las televisoras, las estaciones de radio, los periódicos, las revistas y los portales informativos, incluso en medios como Aristegui Noticias. Igualmente, las denuncias ante las instancias de derechos humanos, los resultados de los protocolos de Estambul y otras valoraciones psicológicas con resultados positivos en tortura resultaban siempre insuficientes ante la maquinaria judicial y mediática a favor de Isabel Miranda de Wallace. El espionaje, la persecución y las amenazas eran una constante para las víctimas, sus familiares y cualquiera que se acercara al caso.
Hablar de la dueña de Showcase Publicidad, el Colegio Aztlán y fundadora de la asociación civil Alto al secuestro no solamente es hablar de las atrocidades y mentiras del caso Wallace. Isabel Miranda también intervino en el falso caso Cassez Vallarta, en el caso de la hija de Nelson Vargas, el caso Nino Colman, el caso Fernando Martí, el caso Martín del Campo Dodd, el caso Ayotzinapa y el caso de la ex lideresa de las policías comunitarias de Guerrero, Nestora Salgado. La manipulación de esta maraña de casos fue en compañía y con la asesoría de su abogado Samuel González Ruiz, quien es colaborador de Edgardo Buscaglia, cercano a Alejandro Gertz Manero y, quien hasta la fecha, frecuentemente aparece como analista en el noticiario radiofónico de Carmen Aristegui.
En 2018 la publicación del primer libro completamente dedicado a desenmascarar a Isabel Miranda y dar voz a sus víctimas (El falso caso Wallace, Editorial Casa Fuerte), así como el triunfo electoral del morenista Andrés Manuel López Obrador, que parecía romper con el bipartidismo (PRIAN) que había gobernado las últimas décadas, se convirtieron en faros de esperanza para las víctimas. Sin embargo, primero se invisibilizaron las investigaciones de Guadalupe Lizárraga para neutralizar su impacto y, después, se hicieron promesas de investigación y justicia que se hicieron humo para seguir alargando los procesos ad infinitum.
El cerco mediático comenzó a romperse, pero no por la búsqueda de justicia, sino porque se vio como una forma de “calmar las cosas” tras la exposición del caso en la mañanera del 29 de marzo de 2019 por Guadalupe Lizárraga (participación que fue censurada de la transmisión, con un extraño apagón y el silencio del hecho por los medios corporativos y youtubers), así como la conferencia de prensa que dieron el 29 de abril en el Senado de la República la entonces senadora Nestora Salgado, el verdadero padre biológico de Hugo Alberto Wallace (Carlos León Miranda) y la periodista, desmontando la única prueba científica que sostenía el caso: una gota de sangre.
Pese a los reiterados intentos de Guadalupe Lizárraga por contrarrestar la invisibilización de su trabajo —cuyo origen no está claro: si espontáneo, por consigna, por ignorancia del tema o por falta de ética—, distintos personajes, algunos presentados como defensores de las víctimas, operaron para fracturar su relación con las familias. En paralelo, se desplegaron campañas de difamación y ataques en redes sociales contra la periodista.
A un año de la presunta muerte de Isabel Miranda, y contrario a las narrativas que nos vendieron durante todo el sexenio obradorista los periodistas y youtubers afines a la 4T, no ha cambiado demasiado en este caso tan aterrador como infame.
Es cierto que, afortunadamente, Juana Hilda González Lomelí se encuentra en libertad desde junio de 2025. No obstante, a Brenda Quevedo Cruz solo se le modificó la medida cautelar en junio de 2024 y permanece en arresto domiciliario, sin que por ahora exista una posibilidad real de liberación total.
César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Jael Antonio Malagón Uscanga, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz y George Khoury Layón continúan en prisión, en condiciones terribles, con su salud —deteriorada por las secuelas de las torturas— y su economía completamente destrozadas.
Otras víctimas del “legado” de terror de Isabel Miranda de Wallace en distintos casos, como Nino Colman, también siguen encarceladas.
Mientras tanto, toda la red de funcionarios, políticos y operadores judiciales cómplices de Isabel Miranda —incluidos quienes participaron en actos de tortura— no solo permanece en la impunidad, sino que en algunos casos continúa en funciones. Tal es el caso de Osvaldo Jiménez Juárez, acusado por Brenda Quevedo y Jacobo Tagle de haberlos torturado y quien, de acuerdo con medios como E-Consulta de Puebla, se mantiene como Fiscal Metropolitano de Puebla, después de haber sido eliminado como aspirante en las elecciones al Poder Judicial.
No cabe duda de que la muerte de Isabel Miranda —real o ficticia— resultó muy útil y conveniente: para la impunidad, para el olvido, para que la mayoría de los periodistas regresaran a su indiferencia de siempre y para apaciguar, o incluso disipar, el enojo y la indignación de la sociedad mexicana ante el sadismo de este caso.
Muchos mexicanos creyeron que, tras la muerte de la villana de la historia —como en una telenovela—, la justicia llegaría en automático y que, con el perdón de quien pueda ofenderse, “muerto el perro, se había acabado la rabia”.
No es así. No fue así. No ha sido así.
Importante, necesario y urgente: no olvidarlo.