Hazael Sayavedra Domingo, 03 de Mayo del 2026
Un caso que coloca a Sinaloa en el centro del debate sobre crimen organizado, poder político y responsabilidades institucionales.
Por Hazael Sayavedra
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve altos funcionarios de trabajar directamente para Los Chapitos. Les pagaban sobornos mensuales que iban desde mil seiscientos hasta dieciséis mil dólares, a cambio de filtrar información de operativos, liberar detenidos, venderles munición y garantizarles impunidad total. Al final, toda esa protección a un cártel tan poderoso les salía ridículamente barata, con muy poquito dinero.
Todos enfrentan los mismos cargos principales: conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esas armas. Solo Juan Valenzuela Millán tiene cargos adicionales por secuestro y asesinato.
Cargos en el gobierno y acusaciones:
- Rubén Rocha Moya: gobernador de Sinaloa. Acusado de recibir apoyo electoral violento a cambio de protección institucional.
- Enrique Inzunza Cázares: senador, exsecretario general de Gobierno. Enlace político con el cártel.
- Enrique Díaz Vega: exsecretario de Administración y Finanzas. Coordinaba favores políticos.
- Dámaso Castro Zaavedra: vicefiscal de Sinaloa. Recibía unos 11 mil dólares mensuales por avisar de operativos.
- Marco Antonio Almanza Avilés: exjefe de la Policía de Investigación. Cobraba 16 mil dólares mensuales.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”: exjefe de la Policía de Investigación. Mismos cargos.
- Gerardo Mérida Sánchez: exsecretario de Seguridad Pública. Filtraba información de redadas.
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”: exsubdirector de la Policía Estatal. Vendía munición al cártel.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: alcalde actual de Culiacán. Recibía más de 10 mil dólares mensuales.
- Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”: excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Participó en secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y un familiar.
La presidente Claudia Sheinbaum respondió que México investigará, pero que no han recibido "pruebas contundentes" por parte de Estados Unidos y que no actuarán sin ellas.
Lo preocupante es que esto es solo Sinaloa. Tenemos 32 estados, y si en uno solo ya cayeron un gobernador y nueve altos funcionarios, uno se pregunta cuántos más tendrán acusaciones similares en el resto del país. Tarde o temprano, ese bombardeo constante va a terminar debilitando la coraza de la negación.