Alberto Farfán Lunes, 25 de Mayo del 2026
La alerta de la CIDH alcanza la elección judicial, la desaparición del INAI, la impunidad y los riesgos para periodistas y defensores.
Por Alberto Farfán
En su momento, no sólo la prensa tradicional y los periodistas independientes, así como la oposición partidista y parte de la sociedad civil se manifestaron en contra de ciertas políticas de Estado del régimen del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), debido a que se observaba acumulación del poder e ineptitud.
Basado en un documento emitido el 15 de septiembre del 2025 por parte del partido en el poder, ya como presidente la señora Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), que solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la elaboración de su informe anual relativo al año referido, esta comisión no sólo no refuta lo expresado por los mass media y demás detractores, sino que lo valida.
Pero destaquemos los flagelos que más repercuten en la ciudadanía. De entrada, para la CIDH las elecciones para miembros del Poder Judicial preocupan porque fue apresurada y hubo uso de guías de voto, o sea, los llamados “acordeones”, que instaban a votar por candidatos —agregaría yo— oficialistas. Además, porque la participación fue mínima, entre el 12.57% y el 13.32% del padrón electoral a nivel nacional.
Otro punto grave es la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sin embargo, el gobierno argumentaría en su favor que las funciones del INAI continuarían, sólo que ahora “pasarían a un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”. Esto, evidentemente, confirmaría un retroceso estructural y sobre todo una concentración desmesurada de las funciones en esta naturaleza en el Poder Ejecutivo. Como en los regímenes neoliberales del pasado.
“Respecto del acceso a la justicia e independencia judicial —leemos—, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2025, poco más del 90% de los delitos no se denuncian en México. Asimismo, de los 33.5 millones de delitos ocurridos en 2024, sólo el 0.8% tuvieron una resolución favorable en el Ministerio Público ya sea que se recuperó el bien afectado; se puso a la persona que cometió el delito a disposición de la autoridad judicial; hubo reparación del daño; o se otorgó el perdón”. ¿Del 15 de septiembre a la fecha habrá cambiado esto radicalmente? Lo dudo.
Persisten la desaparición de personas, los feminicidios y —tema que poco se aborda— “el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos organizados. Según información oficial, personas de edad a partir de los seis años fueron identificadas como captadas a través de redes sociales, videojuegos y vínculos familiares, para luego ser utilizadas en actividades criminales. Se estima que alrededor de 30,000 niñas y niños participan directamente en estos grupos, mientras que más de 200 mil estarían en situación de vulnerabilidad de ser reclutados”. En tanto que la delincuencia organizada se mantiene fortaleciéndose y la corrupción también.
¿Y qué sucede con la protección oficial para periodistas y defensores de derechos humanos? “En relación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas —leemos—, información de la sociedad civil advierte que, hasta marzo de 2025, se registraba un total de 2,011 personas beneficiarias. A su vez, se resalta la persistencia de desafíos en su funcionamiento, en especial respecto a las solicitudes de incorporación, coordinación interinstitucional e implementación de medidas. Señalan que entre enero de 2023 y julio de 2025, sólo se admitieron 116 de 361 solicitudes de personas defensoras en riesgo (67.9% de inadmisiones) y 136 de 246 solicitudes de periodistas (44.7% de inadmisiones)”.
A pesar de las fascinantes estadísticas que se exponen en las conferencias matutinas de CSP, repetidas una y otra vez, cual sortilegio, todas ellas favorables para Morena y supuestamente para el país. Todo lo cual restaría trascendencia al informe de la CIDH, al margen del tiempo considerado. Pero me temo que no es así, y menos aún si contemplamos las últimas noticias sobre Sinaloa y los 10 interfectos, así como lo ocurrido en Chihuahua con su inefable gobernadora y la funesta CIA. Además de las desapariciones de hombres y mujeres y los feminicidios, que parece que nunca terminarán.