Las redadas migratorias del DHS basadas únicamente en perfil étnico o laboral quedaron prohibidas.
Por Diego Gastélum
Los Ángeles, California.– Una jueza federal ordenó suspender las redadas de inmigración en siete condados del sur de California, incluido Los Ángeles, tras determinar que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no pueden detener personas únicamente por su apariencia étnica, idioma o tipo de trabajo.
La resolución, emitida el 11 de julio por la jueza Maame E. Frimpong, del Distrito Central de California, prohíbe a los agentes fundamentar “sospecha razonable” exclusivamente en cuatro factores: la aparente raza o etnicidad; hablar español o inglés con acento; encontrarse en lugares donde suelen congregarse personas indocumentadas, como esquinas de jornaleros, paradas de autobús o car washes; y desempeñarse en oficios como construcción, jardinería o trabajo agrícola.
El Departamento de Justicia (DOJ) había defendido que, en un distrito donde uno de cada diez residentes estaría sin documentos migratorios y la mayoría proviene de México y Centroamérica, estos elementos podrían servir —por sí solos o combinados— para justificar detenciones breves. “Los agentes podrían basarse razonablemente en el hecho de que alguien hable exclusivamente español para sustentar una sospecha razonable”, sostuvo el gobierno en su escrito ante la Corte Suprema.
Organizaciones de defensa de inmigrantes y trabajadores denunciaron que estas prácticas derivaban en detenciones arbitrarias y discriminación racial, violando la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La jueza coincidió en que los factores citados por el
La orden judicial, de alcance distrital, también obliga a que las personas detenidas tengan acceso a un abogado, tras documentarse casos en que se les negó asistencia legal. La audiencia para decidir si la medida cautelar se convierte en un mandato permanente está prevista para el 24 de septiembre.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Secretaría de Justicia han solicitado a la Corte Suprema suspender la orden, alegando que limita indebidamente las facultades de los agentes y afecta de forma grave la capacidad de aplicar la ley migratoria en la región más poblada del país. La disputa legal se perfila como un nuevo capítulo en el pulso entre las autoridades federales y las jurisdicciones que buscan frenar lo que califican como “redadas discriminatorias” contra la comunidad migrante.