En comunidades como Columbus, Nuevo México, la presencia militar se ha intensificado, despertando reacciones encontradas entre agricultores, cazadores, migrantes y autoridades locales.
Por Morgan Lee
COLUMBUS, N.M. (AP) — En el desierto de Nuevo México, señales naranjas de “prohibido el paso”, colocadas por el Ejército de Estados Unidos en inglés y español, marcan el paisaje donde el muro fronterizo atraviesa campos de cebolla y ranchos secos salpicados de matorrales y árboles de yuca.
El Ejército ha instalado miles de estas advertencias en Nuevo México y el oeste de Texas, declarando las zonas como “áreas restringidas por autoridad del comandante”. Se trata de un giro significativo en la estrategia fronteriza, que ha implicado al ejército en tareas de vigilancia en la frontera con México como nunca antes.
La medida pone amplios tramos de la frontera bajo la supervisión de bases militares cercanas, autorizando a las tropas a detener a personas que ingresen ilegalmente al país. Con ello, el gobierno sortea la legislación que prohíbe la participación militar en la aplicación de leyes civiles. Esta intervención se justifica bajo la emergencia nacional en la frontera, decretada por el expresidente Donald Trump el mismo día que asumió el cargo.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estas zonas restringidas son necesarias para cerrar vacíos en la seguridad fronteriza y reforzar la lucha contra las redes de tráfico humano y los cárteles del narcotráfico.
Sin embargo, esta creciente militarización ha sido impugnada en los tribunales y ha generado críticas de defensores de derechos civiles, organizaciones humanitarias y grupos ambientalistas, que denuncian la restricción del acceso a tierras públicas mientras las fuerzas armadas operan sin restricciones.
Abbey Carpenter, líder de un grupo de búsqueda y rescate de migrantes desaparecidos, denunció que se está restringiendo el acceso público a extensas y abrasadoras zonas del desierto, donde las muertes de migrantes han aumentado drásticamente.
“Tal vez haya más muertes, pero no lo sabemos”, advirtió.
Expansión militar
Dos zonas militarizadas forman actualmente una franja de contención a lo largo de 370 kilómetros (230 millas) de frontera, desde Fort Hancock, Texas, pasando por El Paso y extendiéndose hacia el oeste por los vastos terrenos ganaderos de Nuevo México.
El Departamento de Defensa sumó la semana pasada una zona adicional de 400 kilómetros (250 millas) en el Valle del Río Grande, en Texas, y tiene planes de establecer otra más cerca de Yuma, Arizona. En conjunto, estas zonas abarcarán casi un tercio de la frontera entre Estados Unidos y México.
El Ejército amplía su autoridad en la frontera
Las fuerzas armadas de Estados Unidos han anexado amplios tramos de la frontera a la jurisdicción de bases militares cercanas, otorgando a los soldados la autoridad para arrestar y detener a personas que ingresen ilegalmente al país.
- Amarillo: 21 de abril: Aproximadamente 170 millas (unos 275 kilómetros) a lo largo de la frontera de Nuevo México, funcionando como extensión de la base militar de Fort Huachuca.
- Rojo: 1 de mayo: Aproximadamente 63 millas (unos 100 kilómetros) entre El Paso y Fort Hancock, operando como extensión de Fort Bliss.
- Azul: Por definir: Cerca de 250 millas (unos 400 kilómetros) bajo administración de la base conjunta Joint Base San Antonio.
Las zonas militarizadas están patrulladas por al menos 7,600 miembros de las fuerzas armadas, ampliando de forma significativa la presencia del gobierno estadounidense en la frontera.
La reacción ante esta franja de seguridad militar ha sido mixta entre los residentes del rural condado de Luna, en Nuevo México, donde una arraigada cultura de libertad individual convive con el deseo de frenar las redes de tráfico de migrantes y contrabando a lo largo de la frontera.
“Como familia, siempre hemos apoyado la misión y también la seguridad fronteriza”, afirmó James Johnson, un agricultor de cuarta generación que supervisa a jornaleros mientras llenan enormes cajas de plástico con cebollas, por las que ganan 22 dólares cada una.
Johnson señaló que los despliegues militares bajo gobiernos anteriores proporcionaban “ojos y oídos” en la frontera. En cambio, esta nueva etapa busca “ponerle dientes” a la vigilancia.
Pero no todos comparten esa visión. Algunos cazadores y excursionistas temen que se les esté negando el acceso a un paisaje agreste y muy valorado.
“No quiero bajar con mi rifle de caza y que de repente aparezca alguien diciéndome que estoy en una zona militar”, expresó Ray Trejo, coordinador de la Federación de Vida Silvestre de Nuevo México y comisionado del condado de Luna. “No sé si estas personas han sido entrenadas para desescalar situaciones.”
Trejo, exprofesor de inglés como segundo idioma en una escuela pública, considera inhumano que se presenten cargos por allanamiento en zonas militares, especialmente en una economía que depende del trabajo agrícola inmigrante.
“Si el Ejército, la Patrulla Fronteriza o las fuerzas del orden en general están deteniendo personas por tráfico de personas, no tengo problema”, señaló. “Pero hay gente que viene a este país a trabajar, y de repente cruza sin saberlo a una zona militar. No tienen idea.”
Por su parte, Nicole Wieman, vocera del comando del Ejército, afirmó que se están llevando a cabo negociaciones para permitir el acceso público con fines recreativos y de caza, y que se respetarán los derechos privados relacionados con el pastoreo y la minería.
Castigos más severos
Más de 1,400 migrantes han sido acusados de allanamiento en territorio militar, un delito que conlleva una posible condena de hasta 18 meses de prisión por una primera infracción. A eso se suma el cargo de entrada ilegal al país, que puede implicar hasta seis meses de detención. Posteriormente, la mayoría son entregados a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para su probable deportación. Hasta ahora, no se han reportado arrestos de ciudadanos estadounidenses.
En una corte federal de Las Cruces, Nuevo México, a orillas del alto Río Grande, migrantes vestidos con uniformes grises de la cárcel del condado y encadenados comparecieron recientemente ante un juez magistrado.
Una mujer guatemalteca de 29 años tuvo dificultades para entender las instrucciones, que le fueron traducidas por un intérprete de español, mientras se declaraba culpable de entrada ilegal. El juez desestimó los cargos por allanamiento en zona militar por falta de pruebas, pero la sentenció a dos semanas de cárcel antes de ser transferida para su probable deportación.
“Ella vende cerámica, es una mujer muy sencilla con educación hasta sexto grado”, explicó su abogada defensora al juez. “Me dijo que va a regresar [a Guatemala] y que se va a quedar allá.”
Cruces fronterizos
Las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera sur han caído este año a su nivel más bajo en seis décadas, incluyendo una disminución del 30 % en junio respecto al mes anterior, a medida que los intentos de cruce disminuyen. El 28 de junio, la Patrulla Fronteriza reportó solo 137 detenciones, una cifra que contrasta drásticamente con finales de 2023, cuando los arrestos superaban los 10,000 en los días de mayor actividad.
Las primeras zonas militarizadas, introducidas en abril y mayo, se extienden al oeste de El Paso, pasando por fábricas y corrales de ganado, hasta rodear parcialmente el pequeño poblado fronterizo de Columbus, Nuevo México, con apenas 1,450 habitantes. Fue en esta zona donde, en 1916, fuerzas revolucionarias lideradas por Pancho Villa incursionaron en territorio estadounidense en un ataque mortal.
Hoy en día, el puerto de entrada en Columbus es utilizado diariamente por cientos de niños ciudadanos estadounidenses que cruzan desde una comunidad dormitorio en México para abordar autobuses escolares y asistir a clases en el área.
El alcalde de Columbus, Philip Skinner, republicano, asegura que ha visto vehículos militares de forma ocasional, pero sin evidencia de alteraciones en una zona donde los cruces ilegales han sido poco frecuentes.
“No estamos tan sintonizados con toda esta política nacional”, comentó Skinner.
La supervisión de las zonas militarizadas está dividida entre los comandos del Ejército en Fort Bliss (Texas) y Fort Huachuca (Arizona). Estas zonas eluden la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe al Ejército participar en la aplicación de leyes civiles dentro del territorio estadounidense.
Russell Johnson, ranchero y exagente de la Patrulla Fronteriza, dice dar la bienvenida a la nueva zona militarizada que colinda con su rancho, ubicado en terrenos arrendados a la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés).
“Hemos visto prácticamente todo lo imaginable en la frontera, y la mayoría de esas cosas no son buenas”, relató, recordando persecuciones en vehículos todoterreno y cuerpos sin vida recuperados por la Patrulla Fronteriza.
A finales de abril, dijo, cinco vehículos militares blindados estuvieron varios días apostados en una brecha del muro fronterizo, donde la construcción se suspendió al inicio del gobierno de Biden. Sin embargo, señaló que la presencia militar ha sido limitada en las semanas recientes.
“Lo único que realmente ha cambiado son algunos letreros nuevos”, afirmó. “No estamos viendo la presencia militar que imaginábamos.”
Impugnaciones judiciales
Defensores públicos federales han cuestionado en los tribunales la nueva autoridad militar sobre tierras públicas en Nuevo México, tomando como caso de prueba el arresto de un ciudadano mexicano acusado de allanamiento al cruzar una zona remota.
Criticaron la designación de una nueva zona militar sin autorización del Congreso, “con el único propósito de permitir acción militar en suelo estadounidense”, calificándolo como un asunto de “trascendencia política asombrosa e inédita”. Un juez aún no se ha pronunciado al respecto.
Mientras tanto, los juicios por cargos de allanamiento en zonas militarizadas han tenido resultados mixtos, con algunas condenas y otras absoluciones.
Ryan Ellison, principal fiscal federal en Nuevo México, logró en junio la condena por allanamiento de dos migrantes que ingresaron nuevamente a una zona militarizada tras haber recibido una advertencia inicial. “No habrá dudas sobre si fueron o no advertidos”, dijo en una reciente conferencia de prensa.
Por su parte, la abogada Rebecca Sheff, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), advirtió que el gobierno federal está poniendo a prueba un enfoque más punitivo en la aplicación de leyes fronterizas, y teme que se expanda a toda la frontera.
“En la medida en que el gobierno federal tenga aspiraciones de establecer una presencia militar mucho más hostil a lo largo de la frontera, esta es la vía que están utilizando para intentarlo. … Y eso es muy preocupante”, afirmó.