Dos órdenes del Tribunal Federal imponen restricción a las detenciones ilegales por su raza, etnia aparente, acento lingüístico y en caso de detención justificada acceso a abogados.
Los Ángeles Press
LOS ÁNGELES – Un tribunal federal dictó hoy dos órdenes de restricción temporal (TRO) en respuesta a las recientes redadas migratorias en el sur de California, encontrando que el gobierno federal, y específicamente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), podría estar violando la Constitución al negar a los inmigrantes arrestados el acceso a asesoría legal. Estas órdenes prohíben al gobierno federal continuar con sus acciones ilegales en Los Ángeles y en los condados circundantes.
La primera TRO impide a los agentes de inmigración detener a individuos sin una sospecha razonable, y les prohíbe basar sus decisiones en factores como la raza o etnia aparente, el acento al hablar español o inglés, la presencia en ciertos lugares como paradas de autobús, lavaderos de autos o sitios agrícolas, o el tipo de trabajo que realiza la persona. La segunda TRO ordena al DHS garantizar acceso a abogados durante la semana, fines de semana y días festivos para las personas detenidas en el edificio federal B-18 en el centro de Los Ángeles.
Demandas y Reacciones ante las Violaciones de Derechos Humanos
A principios de mes, varios residentes, trabajadores y organizaciones de defensa en el sur de California demandaron al DHS por lo que consideran una violación de los derechos civiles. Denunciaron la práctica de secuestro y desaparición de miembros de la comunidad bajo arrestos y detenciones ilegales, y también señalaron las condiciones inhumanas en las que se mantienen a los detenidos, sin acceso a abogados ni condiciones básicas de higiene.
La Ciudad y el Condado de Los Ángeles, junto con nueve municipios más, intervinieron en el caso para defender a sus residentes, mientras que el estado de California presentó un escrito amicus curiae a favor de las restricciones sobre las paradas sin sospecha razonable.
Defensores de Derechos Humanos Celebran el Fallo como un Paso hacia la Justicia
Mohammad Tajsar, abogado principal de la ACLU Foundation del Sur de California, expresó: "No importa el color de su piel, el idioma que hablen o el trabajo que realicen, todos tienen derecho a estar protegidos de paradas ilegales. Este fallo es un paso hacia la rendición de cuentas del gobierno federal por sus prácticas flagrantes de ilegalidad que hemos estado presenciando en todo el sur de California".
Annie Lai, directora de la Clínica de Justicia Inmigrante y Racial de la UC Irvine School of Law, agregó: "Este fallo se logró gracias a las personas comunes que defienden la idea de que la Constitución sigue siendo la ley del país. Nuestras comunidades son fuertes por su diversidad, no a pesar de ella".
Mark Rosenbaum, abogado principal de Public Counsel, destacó: "El gobierno federal ya no puede apartar la Constitución de Los Ángeles y sus comunidades. El fallo deja claro que las prácticas abusivas del DHS de negar el acceso a abogados a los trabajadores de lavaderos de autos, niñeras y otros miembros de la comunidad deben cesar de inmediato".
Justicia para los trabajadores agrícolas: UFW
Teresa Romero, presidenta de United Farm Workers (UFW), subrayó: "Los trabajadores agrícolas se levantan antes del amanecer para alimentar al país. Nadie debería ser blanco de ataques simplemente por ser moreno y trabajar duro. Este fallo reconoce lo que está en juego: el derecho básico a vivir y trabajar sin miedo".
Armando Gudino, director ejecutivo de la Los Angeles Worker Center Network, declaró: "Los vecinos no deben temer por simplemente existir en espacios públicos. Este fallo demuestra que los agentes federales ahora deben ceñirse a la ley, no a perfiles raciales ni agendas políticas".
Respuesta en Defensa de los Derechos y la Constitución
Alvaro M. Huerta, director de litigios en Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), concluyó: "Este fallo manda un mensaje claro: el gobierno federal debe cesar sus violaciones a la ley. Todos tienen derecho a vivir y trabajar sin temor a las tácticas violentas de arresto del DHS".
Angelica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, reafirmó: "La decisión de hoy es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley. El presidente Trump y su aparato migratorio deben seguir la Constitución".
Representación Legal
Los demandantes en este caso están siendo representados por la ACLU Foundation del Sur de California, Public Counsel, Law Offices of Stacy Tolchin, UC Irvine School of Law Immigrant and Racial Justice Solidarity Clinic, National Day Laborer Organizing Network, ACLU Foundations of Northern California and San Diego & Imperial Counties, Hecker Fink LLP, Martinez Aguilasocho Law, Inc., CHIRLA y ImmDef.
Este fallo marca un momento crucial en la lucha por los derechos de los inmigrantes y pone un freno temporal a las prácticas abusivas de detención y arresto que se habían intensificado en los últimos meses en el sur de California.