La decisión de movilizar a los marines para custodiar instalaciones federales en medio de las protestas anti-ICE en Los Ángeles reaviva viejas tensiones entre seguridad nacional y libertades civiles.
Por Tara Copp y Lolita C. Baldor
WASHINGTON (AP) — El Pentágono trabajaba a toda prisa el lunes para establecer los lineamientos para los marines de Estados Unidos que podrían enfrentarse a la inusual y complicada posibilidad de usar la fuerza contra ciudadanos estadounidenses en suelo estadounidense, ahora que el gobierno del presidente Donald Trump ordenó el despliegue de soldados en activo para contener las protestas contra redadas de inmigración en Los Ángeles.
El Comando Norte de EEUU informó que está enviando a 700 infantes de marina al área de Los Ángeles para proteger propiedad y personal federal, incluidos agentes federales de inmigración. El Segundo Batallón del Séptimo Regimiento de Marines proviene de Twentynine Palms, California, y se sumará a unos 4,100 miembros de la Guardia Nacional que ya están en Los Ángeles o que están autorizados para ser desplegados allí en respuesta a las protestas.
Según el Comando Norte, las fuerzas han sido entrenadas en desescalada, control de multitudes y reglas de enfrentamiento para el uso de la fuerza.
Sin embargo, el uso de tropas en servicio activo aún plantea preguntas difíciles.
Los marines están altamente entrenados en combate y respuesta ante crisis, con experiencia en zonas de conflicto como Siria y Afganistán. Pero eso contrasta radicalmente con el papel que ahora enfrentarán: podrían recibir el impacto de manifestantes que lanzan botes de gas y tener que decidir rápidamente cómo responder, o tomar decisiones sobre cómo proteger a un agente de inmigración de entre las multitudes.
Según un funcionario estadounidense, las tropas estarán armadas con sus armas de servicio habituales, pero no llevarán gas lacrimógeno. También contarán con equipo de protección como cascos, escudos y máscaras antigás.
Cuando las tropas están desplegadas en el extranjero, su forma de responder a amenazas está determinada por las reglas de enfrentamiento. En territorio nacional, se guían por las reglas permanentes para el uso de la fuerza, las cuales deben ser establecidas y aprobadas por el Comando Norte, y luego cada infante de marina debe recibir una tarjeta que explique lo que puede y no puede hacer, según indicó otro funcionario estadounidense.
Por ejemplo, los disparos de advertencia estarían prohibidos, según los borradores de documentos sobre el uso de la fuerza revisados por The Associated Press. Los marines tienen la instrucción de desescalar la situación siempre que sea posible, pero también están autorizados a actuar en defensa propia, indican los documentos.
La AP revisó documentos y entrevistó a nueve funcionarios estadounidenses, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles que aún no son públicos, sobre la orientación que se está determinando para los marines.
El Pentágono también está trabajando en un memorando con lenguaje aclaratorio para los marines, que establecerá los pasos que pueden tomar para proteger al personal y la propiedad federal. Esas directrices también incluirán detalles sobre la posibilidad de que puedan detener temporalmente a civiles si las tropas están siendo atacadas o para prevenir daños, según indicó el primer funcionario estadounidense.
Estas medidas podrían implicar la detención de civiles hasta que puedan ser entregados a las autoridades policiales.
El despliegue de los marines para proteger edificios federales permite que se utilicen sin invocar la Ley de Insurrección, según un funcionario.
La Ley de Insurrección permite al presidente ordenar a las tropas federales que lleven a cabo funciones de aplicación de la ley en situaciones de emergencia nacional. Sin embargo, el uso de esta ley es extremadamente raro. Los funcionarios señalaron que hasta ahora no se ha invocado en este caso, y no está claro si se hará.
El presidente George H. W. Bush utilizó la Ley de Insurrección para responder a los disturbios en Los Ángeles en 1992, tras la absolución de los agentes de policía blancos que fueron grabados en video golpeando al automovilista afroamericano Rodney King.
Si el papel de los marines se amplía en caso de que la violencia escale, no está claro bajo qué autoridad legal podrían actuar, advirtió Elizabeth Goitein, directora sénior del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
“Si en realidad esos marines están poniendo las manos sobre civiles, realizando registros, entonces hay preocupaciones legales muy serias,” dijo Goitein. “Ninguna autoridad legal que Trump haya invocado hasta ahora permite eso.”
El secretario de Defensa Pete Hegseth publicó el sábado por la noche en X (antes Twitter) que estaba considerando desplegar a los marines para responder a los disturbios, después de recibir asesoría ese mismo día del general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, según uno de los funcionarios estadounidenses.
Sin embargo, el tuit —que fue publicado en la cuenta personal de Hegseth y no en su cuenta oficial del gobierno— sorprendió a muchos dentro del Pentágono. Hasta el lunes, las más altas instancias del mando militar seguían analizando las posibles implicaciones legales y operativas.
Pero el Cuerpo de Marines también se hacía preguntas más amplias: ¿Deben enviar personal más veterano y con experiencia para no poner en riesgo a tropas más nuevas y con menos preparación, que podrían verse obligadas a tomar decisiones difíciles sobre el uso de la fuerza contra civiles?
Lo que es legal en un despliegue dentro del territorio estadounidense —donde las tropas podrían terminar asumiendo funciones de orden público— está regulado por la Cuarta Enmienda de la Constitución de EEUU, que prohíbe la aprehensión de personas, incluyendo su detención temporal, a menos que pueda considerarse razonable bajo las circunstancias.
Además, las tropas bajo autoridad federal tienen prohibido en general realizar funciones de aplicación de la ley en suelo estadounidense, conforme a la Ley Posse Comitatus. Esta ley impide que las fuerzas armadas se involucren en tareas policiales internas, salvo que haya una excepción legal clara, como la invocación de la Ley de Insurrección, que en este caso aún no se ha utilizado.