El anuncio de Trump eleva la confrontación entre la Casa Blanca y autoridades estatales, que advierten riesgos legales y de derechos civiles.
Por Steve Karnowski, Hallie Golden and Aamer Madhani
MINNEAPOLIS (AP) — El presidente Donald Trump amenazó este jueves con invocar una ley de 1807 para desplegar tropas en Minneapolis con el objetivo de sofocar las protestas persistentes contra los agentes federales enviados a la ciudad como parte de la ofensiva migratoria masiva de su administración.
La amenaza se produjo un día después de que un agente de inmigración disparara e hiriera a un hombre que, según las autoridades, lo había atacado con una pala y el mango de una escoba. Ese tiroteo intensificó el miedo y la indignación que se han extendido por Minneapolis desde que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mató de un disparo en la cabeza a Renee Good a principios de mes.
Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con recurrir a la Ley de Insurrección, una norma federal poco utilizada que permite al presidente desplegar al Ejército estadounidense o federalizar a la Guardia Nacional para tareas de orden interno, incluso en contra de la voluntad de los gobernadores estatales. En 2020, Trump ya había planteado usarla para reprimir las protestas tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, y en meses recientes volvió a mencionarla en relación con manifestaciones contra la política migratoria.
“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que atacan a los patriotas del ICE, que solo están haciendo su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN”, escribió Trump en redes sociales, asegurando que pondría fin rápidamente a lo que calificó como una “farsa” en un estado “antes grande”.
La Ley de Insurrección ha sido invocada por presidentes estadounidenses en más de dos docenas de ocasiones, la más reciente en 1992, cuando el entonces presidente George H. W. Bush la utilizó —a petición de las autoridades locales— para poner fin a los disturbios en Los Ángeles.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, demócrata, pidió bajar el tono. “Hago un llamado directo al presidente: reduzcamos la temperatura. Detenga esta campaña de represalias. Esto no es lo que somos”, escribió en la red social X.
Por su parte, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, afirmó que impugnaría cualquier despliegue de ese tipo ante los tribunales. Su oficina ya ha presentado una demanda para frenar el aumento de operativos del Departamento de Seguridad Nacional, que asegura haber arrestado a más de 2.500 personas desde el 29 de noviembre en el marco de una operación migratoria en el área metropolitana conocida como Metro Surge. El operativo se amplió a principios de enero, cuando el ICE envió unos 2.000 agentes y oficiales adicionales a la región.
Protestas, gas lacrimógeno y otro tiroteo
Manifestantes se congregaron la noche del jueves frente al edificio federal que sirve como base del operativo migratorio, gritando “vergüenza” a los agentes que custodiaban la instalación. Las protestas se han vuelto habituales desde la muerte de Good el 7 de enero, aunque la de esa noche fue algo más contenida tras los llamados del gobernador y del alcalde a mantener la calma.
“Es una situación imposible en la que se está colocando a nuestra ciudad, y al mismo tiempo estamos tratando de encontrar una salida que mantenga a la gente a salvo”, dijo el miércoles el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Minnesota presentó una demanda colectiva en nombre de tres personas que aseguran haber sido interrogadas o detenidas en los últimos días. Dos son de origen somalí y una es hispana; las tres son ciudadanos estadounidenses. La demanda busca poner fin a lo que la ACLU describe como prácticas de perfilamiento racial y detenciones sin orden judicial. El gobierno federal no hizo comentarios de inmediato.
Demandas similares han sido presentadas en Los Ángeles y Chicago y, aunque algunas tuvieron éxito inicial, han tendido a estancarse en instancias de apelación. En Chicago, por ejemplo, el año pasado una jueza ordenó a un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza informar cada noche sobre las operaciones tras denuncias de uso excesivo de la fuerza durante protestas, pero un tribunal de apelaciones suspendió la medida tres días después.