Guadalupe Lizárraga Lunes, 26 de Junio del 2023
CNDH intentó cerrar el caso de Ivonne Zetina López, víctima de tortura con violencia sexual.
La Primera Visitaduría de CNDH también lo intentó con el caso de César Freyre Morales.
Por Guadalupe Lizárraga
Ivone Zetina López tenía 21 años cuando fue detenida el 27 de noviembre de 2007 en Michoacán sin que supiera de qué se le acusaba. Sus aprehensores eran policías estatales de San Luis Potosí. La golpearon para someterla y la trasladaron por carretera, durante más de cinco horas para llegar al estado que supuestamente la requería. Durante 40 días la mantuvieron en arraigo en un cuarto de hotel donde abusaron sexualmente de ella y la siguieron torturando.
Los policías querían que firmara unos documentos sin que ella supiera de qué se trataban. La obligaron a estar desnuda y en posturas forzadas hasta que firmara. Después fue internada en el Centro de Readaptación Social (CERESO) La Pila, de San Luis Potosí, allí quedó en prisión preventiva.
El contenido de los documentos lo conoció hasta que recibió su sentencia como culpable cinco años después, en 2011, por el delito de secuestro de un hombre al que no conocía. La condena del juez fue de 36 años de prisión.
El abogado que la asiste, Edwin Alan Piñón González, del Grupo de Acción de Acción de los Derechos Humanos y Justicia Social, señaló en entrevista para Los Ángeles Press que la sentencia condenatoria de Ivonne Zetina se basa sólo en la declaración auto incriminatoria que le hicieron firmar en el arraigo.
La defensa pública de Ivonne no consideró la inexistencia de pruebas ni la serie de irregularidades jurídicas y vejaciones inflingidas por los policías y agentes del Ministerio Público. El juez le dio la sentencia condenatoria tampoco puso atención en el caso.
“Desde la primera vez que fue puesta a disposición ante un juez penal, ella denuncia que fue torturada y violada por sus aprehensores, pero las autoridades no hicieron nada, ni sus defensores públicos en ese momento”, explica el abogado Piñón González.
“La fiscalía fue la responsable de todas esas arbitrariedades y el juez las pasó por alto”.
En 2018, Ivonne decide presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, después de guardar silencio por más de diez años.
La respuesta de la Comisión estatal advertía que las autoridades de Michoacán también podían tener responsabilidad donde Ivonne fue aprehendida de manera arbitraria, además de las de San Luis Potosí, que la trasladaron y la torturaron con violencia sexual. Pero la instancia local de derechos humanos determinó que como su detención fue en Michoacán, no le competía el caso y declinó su atención.
Segunda Visitaduría busca cerrar su caso de tortura
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando tomó el caso de Ivonne Zetina López, no sabía que tenía un protocolo de Estambul positivo en tortura que le habían aplicado en 2018, de manera independiente por peritos profesionales.
A mediados de junio de 2022, cuando se enteró el visitador adjunto Gustavo Abner Fragoso Pérez, en franca intimidación le dijo a la víctima que no era válido, y que si no se lo aplicaba de nuevo con peritos de la CNDH iba a archivar su caso. Fue tanta la presión para la víctima que en ese momento entró en crisis y no permitió que le hicieran el protocolo.
El abogado Edwin Alan Piñón desmintió esa información proveída tendenciosamente a la víctima de tortura, y dijo que estas acciones la estaba realizando la Segunda Visitaduría a cargo de Omar Jair Pasarán Nieto.
Piñón también enfatizó que la tortura de la víctima aconteció entre momentos específicos, según el registro de su protocolo de Estambul: en su detención, en su traslado de Michoacán a San Luis Potosí y en el arraigo de 40 días en un cuarto de hotel bajo custodia de los policías estatales que abusaron sexualmente de ella.
El abogado concluyó que, “primero, CNDH intentaba desconocer las acciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí y el trabajo de los peritos expertos en protocolos de Estambul que se realizaron durante casi cuatro años para el caso de Ivonne Zetina”.
En segundo punto, enfatizó Piñón que “la CNDH iba encaminada a archivar el caso de Ivonne Zetina López, y tercero se hicieron las denuncias correspondientes contra los servidores públicos, y fueron ignoradas por la CNDH.
Lo cual considera una situación "muy grave", dice, porque el objetivo que buscan es cerrar casos de tortura para reducir el número de expedientes. Una simulación de eficiencia a costa de la salud psicológica y física de las víctimas, además de eternizar la impunidad de los torturadores.
Visitadurías encargadas de desaparecer casos de tortura
La Segunda Visitaduría, a cargo de Omar Jair Pasarán Nieto, no fue la primera visitaduría con la intención de desaparecer expedientes o cerrar casos. Los Ángeles Press registró una irregularidad similar orientada al mismo propósito: desaparecer o manipular un caso de tortura. Claudia Esperanza Franco Martínez, directora general de esta instancia, sin ser de su competencia, notificó el pasado mes de febrero a una de las víctimas del falso caso Wallace con más eventos de tortura, César Freyre Morales, que su protocolo positivo en tortura “no existía” y que el único protocolo válido era el que se le había aplicado en 2015, el cual concluía que no había sido torturado.
En 2015, Isabel Miranda Torres, la victimaria de Freyre ejercía tráfico de influencias y corrupción con la CNDH, para bloquear las quejas de derechos humanos que interponían sus víctimas acusadas del supuesto secuestro de su hijo tras las torturas. Fueron ocho personas torturadas por el falso secuestro de Hugo Alberto Wallace para simular una banda delictiva y que se auto incriminaran.
En el caso de César Freyre, incluso participó directamente isabel Miranda en uno de los eventos de tortura con la tolerancia de Renato Sales Heredia, ex Comisionado Nacional de Seguridad que permitió la entrada de Miranda al penal de Ciudad Juárez donde se mantenía a Freyre aislado y sin medicamentos para el síndrome de Renaud que ha padecido por las bajas temperaturas en prisión aislada, entre otras enfermedades.
El protocolo de Estambul concluido en agosto de 2022, un documento de 80 páginas, firmado por el perito médico psiquiatra Emmanuel Santos Nárvaez, entonces del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura afirmaba que Freyre presentaba el cuadro clínico y psicológico de una persona había estado sometido a trastornos y graves traumatismos que encuadraban con el patrón de tortura.
Sin embargo, la CNDH, y específicamente la funcionaria Claudia Esperanza Franco Martínez, intentaba ignorar deliberadamente las condiciones de sufrimiento por las que pasó la víctima en su detención y reclusión para cerrar otro caso de tortura.
Freyre fue sentenciado a 131 años de prisión, pese a los indicios de vida del hijo de Isabel Miranda Torres y sus torturadores siguen en impunidad.
Ninguno de los dos directores generales de las visistaduras de CNDH ha sido sancionados.