Rodolfo Soriano-Núñez Miércoles, 03 de Mayo del 2023
La letra con abuso entra
Por Rodolfo Soriano-Núñez
Hace cuatro años, en 2019, el diario El Universal publicó un reporte sobre el abuso y/o acoso sexual en cinco universidades mexicanas. Hacían ver que “a pesar de que desde 2014 se observaba un incremento en los reportes generales, fue hasta 2016 que la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Politécnico Nacional, publicaron sus protocolos para actuar en estos casos”.
Los datos en los que El Universal basó sus estimados no eran representativos a escala nacional, pues los obtuvo a partir de las denuncias presentadas en cinco instituciones de la Ciudad de México, las tres ya referidas, además de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
A pesar de ello, el patrón que ese texto identificó, con un 38 por ciento de los casos con los profesores como los responsables de las agresiones, es muy similar a lo que se ha observado en otros ejercicios anteriores o posteriores.
En ese texto, el segundo grupo más numeroso de agresores eran otros estudiantes con el 24 por ciento, además de una proporción ligeramente menor, 23 por ciento, de agresiones hechas por trabajadores o empleados de las universidades. El material deja un muy abultado 15 por ciento de casos atribuidos a “otros”, que según un apunte de las autoras del texto incluye “personal externo, de apoyo y no identificado”.
Creo que es una categoría demasiado amplia, cuyo desglose merecería mayor atención y cuidado. Si es “personal externo”, es decir, ajeno a las universidades, ¿por qué se les incluye? ¿por el lugar en que ocurrieron los hechos? No creo que las universidades deban ser señaladas en un caso así como responsables por esos hechos.
Si es “personal de apoyo”, ¿de qué clase de apoyo se habla? ¿Son adjuntos designados como tales por los profesores? ¿Son adjuntos designados como tales por las propias universidades?
Sería útil saber de qué tipo de apoyo se habla y cómo es que “personal de apoyo” puede ejercer algún tipo de relación asimétrica de poder con estudiantes de una universidad.
En todo caso, el material es valioso, pues deja ver la manera en que lo académico en México es un campo fértil para la práctica del abuso sexual. Así lo confirma un reporte de 2021 publicado por el diario Excélsior.
Ese reporte da cuenta de cómo, en el estado de Oaxaca, al considerar 329 casos de abuso reportados de 2016 a 2020, los profesores son los principales agresores de las mujeres que han sido víctimas en espacios académicos. Y no son sólo las universitarias. Es una realidad que afecta incluso a niñas de cuatro años.
Y aunque podría asumirse que las cosas han mejorado en los últimos años, el 27 de abril de este año, el diario oaxaqueño El Imparcial daba cuenta del arresto de un profesor afiliado a la muy combativa (en otros contextos) sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que violó repetidamente a una menor de edad en el municipio costero de San Pedro Mixtepec.
A pesar de sus limitaciones, los textos de El Universal de 2019 y de Excélsior de 2021 son útiles para comprender las características del abuso en México, especialmente del que ocurre en contextos académicos.
Lo académico como pretexto
Confirma una suerte de secreto a voces del campo académico mexicano: los malos salarios, la pauperización, la dependencia excesiva en las figuras del profesor de asignatura y de los adjuntos, que a veces tienen ellos mismos otros adjuntos, hacen que la profesión académica sea un camuflaje útil para depredadores sexuales.
“Dar clases” les ofrece a los depredadores sexuales la oportunidad de entrar en contacto con víctimas potenciales. Dado el carácter pauperizado del ejercicio de esa profesión, sobre todo en el caso de los profesores de asignatura, los mecanismos de control y evaluación son pocos o nulos más allá de la vigilancia que algunas universidades ejercen para que se cumpla con el requisito de estar en el salón de clases. Ello hace casi imposible que la profesión cumpla con los fines para los que fue creada.
Eso se puede comprobar al considerar otros textos, tanto periodísticos como académicos, que dan cuenta de esa realidad. En el plano periodístico, por ejemplo, el diario español El País publicó en 2022 un reportaje muy bien documentado sobre la realidad del acoso sexual en algunas de las escuelas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (puede llegar a pedir registro y/o suscripción).
Una de las revelaciones más notables de ese texto es que, como señala su autora, María Julia Castañeda “con más de 123 000 estudiantes, 50.1 por ciento de ellos mujeres, la UANL no cuenta con cifras públicas o indicadores publicados sobre los casos atendidos de acoso y abuso sexual.” Esa ausencia es, por sí misma reveladora, del alcance de la conspiración del silencio de la que se hablaba en el primer texto de esta serie que es el común denominador de la “respuesta” de las instituciones de educación superior del país a lo que, sin lugar a dudas es una crisis.
Uno de los centros de investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tomada de Wikipedia.
Otro elemento notable en el texto de El País es el de las dificultades que enfrentan quienes denuncian para probar o acreditar sus dichos ante las autoridades de las propias universidades, así como las dificultades que quienes denuncian enfrentan.
En primer término, no hay nada parecido a un mecanismo que proteja u ofrezca garantías a quienes denuncian. Más bien al contrario. Como ocurre en el Sistema de Universidades del Estado de Oaxaca, quienes denuncian se enfrentan a la ira institucional de los rectores que creen que callar es la mejor estrategia en estos casos, así como de los profesores denunciados o de los que—por alguna razón—ejercen alguna forma de solidaridad con los profesores denunciados.
Ello emerge como una realidad en uno texto académico dedicado al caso de la Universidad de Guadalajara, junto con la UANL, el IPN, la Universidad Autónoma Metropolitana y la UNAM, uno de los sistemas universitarios más robustos de México.
En ese sistema del occidente de México, el académico Francisco Javier Cortázar Rodríguez hace ver que “resultaron frecuentes los casos de hostigamiento sexual reportados a las autoridades donde no se hizo nada o el resultado fue inadecuado… Hay revictimización, pues con frecuencia se culpa a la víctima de haber incitado el hostigamiento. En otras ocasiones las autoridades le dicen a quién levanta una denuncia que hablarán con el presunto culpable para que no se repita… o no se hace nada y los profesores continúan en sus funciones como si nada hubiera ocurrido”.
La trivialización del abuso
De manera más precisa, Cortázar Rodríguez hace ver que hay “falta de claridad ante quién acudir (y) los procedimientos a seguir, (lo que) desalienta que haya más denuncias. La gran mayoría del alumnado subraya no tener garantías de apoyo por parte de la Universidad”, que es patente en los casos del SUNEO y de la UACM considerados en la primera entrega de esta serie.
Lo que emerge de esta realidad, según Cortázar Rodríguez es “la trivialización de la violencia de género cotidiana que (…) libera a la institución de responsabilidad pues se actúa como si fueran hechos anecdóticos y aislados. Al ser tratados como problemas atípicos se impide profundizar en sus causas estructurales”.
Algo similar plantean Brenda Medina-Medina y Yéssica Cienfuegos-Martínez, académicas de la Universidad de Guanajuato, en un texto de 2021 que analiza los protocolos universitarios contra el hostigamiento y el acoso sexual en México.
Ellas encontraron que “las denuncias de hostigamiento y acoso sexual en los espacios universitarios puede generar que estas instituciones” se resistan a reconocer “estos tipos de violencia, situación que vuelve más difícil su erradicación”.
En este punto es importante volver a tener presente el caso del SUNEO en Oaxaca, donde se despidió a la profesora Virginia Illescas por el crimen de lesa universitatis de denunciar a los depredadores sexuales.
Ello resulta más fácil en México, porque es difícil cumplir con la brutal carga de la prueba que el derecho mexicano impone sobre las víctimas o porque los depredadores sexuales forman parte de densas redes de favores mutuos y/o compadrazgos y/o cacicazgos político-académicos, que hacen prácticamente imposible proceder contra los depredadores.
Y, como se hacía ver en la entrega previa de esta serie, el que la universidad sea privada no garantiza, en modo alguno que los estudiantes, especialmente las mujeres, estén libres de algunas formas de abuso sexual. El texto ya citado previamente publicado por Excélsior en 2021 da cuenta de la manera en que en la muy privada y muy católica Universidad La Salle de Oaxaca, dos profesores montaron una suerte de campaña de acoso contra una estudiante de arquitectura de esa institución.