El coordinador de la Unidad de Daños y Lesiones de la Fiscalía de Chihuahua, respaldado por la red de corrupción política vinculada a Javier Corral.
Búho Penal*
La Fiscalía Zona Occidente en Chihuahua vive un conflicto de poder donde la integridad institucional se enfrenta con la ambición política y el abuso de poder. El protagonista es Víctor Rosario Sánchez Domínguez, actual coordinador de la Unidad Especializada en Daños y Lesiones, señalado de hostigamiento, humillaciones y violencia política de género hacia una de sus subordinadas: Dalia Iveth Reyez Zamarrón, Ministerio Público y excandidata a jueza.
Pero éste no es un caso más de acoso. Es el síntoma de un sistema donde el abuso no sólo es tolerado: es premiado. Víctor Rosario además de gritar, humillar y excluir a mujeres que no se someten a sus intereses es favorecido desde la Comisión de Justicia del Senado de la República. Su ingreso al Ministerio Público ocurrió bajo la administración de Javier Corral en 2017, donde se convirtió en uno de sus incondicionales en un contexto marcado de fabricación de culpables, tortura institucional y represión selectiva, prácticas que aún dejan huellas profundas tanto en las víctimas como en el aparato judicial de Chihuahua.
Dalia Iveth Reyez Zamarrón no solo es agente del Ministerio Público, también es madre, ciudadana y mujer con aspiraciones legítimas. En abril pasado, se postuló como candidata a jueza penal en el Distrito Judicial Benito Juárez. Lo que debió ser un ejercicio democrático se convirtió en un infierno laboral orquestado desde las entrañas de la Fiscalía General del Estado, Zona Occidente.
Desde que hizo pública su campaña, Dalia Iveth fue objeto de violencia institucional y ataques personales encabezados por su superior jerárquico, Víctor Rosario Sánchez Domínguez, en la Unidad Especializada en Daños y Lesiones. Con una mezcla de desprecio, burla y violencia simbólica, Víctor Rosario desplegó un patrón constante de acoso verbal contra la agente del Ministerio Público y entonces candidata a jueza penal: “Las mujeres como tú no tienen capacidad para ser juezas”, si yo fuera candidato, hasta camiones juntaría para que votaran por mí”, fue una de las agresiones verbales con las que inició el acoso. Y enfatizaba frente a sus otros subordinados: “si yo fuera candidato, yo sí ganaría porque a mí sí me conocen”.
Víctor Rosario fue constante en las agresiones para desacreditar públicamente la postulación de Dalia Iveth, minimizando su trayectoria profesional y restándole méritos frente a sus compañeros. El acoso incluyó imitaciones burlonas de su voz, humillaciones frente a usuarios y policías, así como advertencias para que no participara en foros ni debates, reforzando estereotipos de género que la ubicaban como incapaz de ejercer cargos de autoridad por el simple hecho de ser mujer.
Dalia Iveth calló durante meses. Tenía miedo. Como muchos. Pero el miedo no evitó la violencia: solo la volvió más impune. Cuando se postuló para jueza penal, su vida laboral se convirtió en una pesadilla. Víctor Rosario Sánchez comenzó a sabotear su jornada con cambios de horario, a burlarse frente a compañeros, a gritarle, a organizar reuniones donde la humillaban junto con la fiscal de zona. Como no se prestó a malas prácticas ni se subordinó a sus órdenes arbitrarias, fue tratada como “conflictiva” y “problemática”. Le retiraron funciones. La sentaron durante días sin darle carpetas de investigación ni tareas, como castigo. Tres veces fue reasignada de la unidad, hasta quebrarla emocionalmente. Finalmente, tuvo que solicitar licencia sin goce de sueldo. Aislada, desgastada, desprestigiada. Aun así, denunció. Y desde entonces, nada ha cambiado. Por el contrario, ahora sufre las represalias por denunciar el maltrato.
Lo que Dalia Iveth ha vivido en su ámbito laboral no es un hecho aislado. Es un patrón de conducta de Víctor Rosario, quien ostenta el poder político que lo sostiene desde el Senado. Desde que Dalia Iveth hizo pública su denuncia por violencia política en razón de género, presentada el 23 de mayo de 2025 ante el Instituto Estatal Electoral, comenzaron a salir más voces. Compañeras suyas han renunciado en su unidad. Al menos tres personas dejaron el cargo en una sola semana. Víctimas que se comunican con Dalia Iveth han pedido apoyo, pero temen declarar por represalias. Otras, también relataron agresiones verbales y degradación profesional por parte de Victor Rosario. Una persona incluso reveló que el funcionario golpeó a una víctima, sin que ello implicara investigación alguna. La impunidad es tan descarada como el respaldo político que lo blinda.
La protección de Sánchez Domínguez
Tras el ingreso en 2017 al Ministerio Público del estado, Víctor Rosario Sánchez formó parte de los agentes incondicionales del exgobernador Javier Corral Jurado. Este gobierno fue expuesto en el documental La Farsa por prácticas sistemáticas de fabricación de culpables, persecución política, tortura institucional y violaciones a los derechos humanos, conocidas como los "Expedientes X".
Reportajes en medios locales de Chihuahua expusieron también de manera reiterada cómo construyeron una red de operadores —entre ellos fiscales y agentes del Ministerio Público— que presionaban a detenidos con amenazas y extorsiones, aislamiento, privación de sueño, coacción y tortura psicológica para forzar declaraciones o fabricar testigos colaboradores. Incluso se documentó que la propia Casa de Gobierno fue usada como centro de interrogatorio clandestino, con supervisión y participación directa del entonces gobernador Corral y del fiscal César Peniche. Uno de los casos investigados por Los Ángeles Press en los que participó directamente el exgobernador Corral con tortura psicológica y coacción fue el de Hugo Amed Schultz Alcaraz, culpable fabricado en el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea en marzo de 2017.
Hoy, al menos 18 exfuncionarios de la administración de Corral Jurado están bajo investigación. Entre ellos, el exfiscal Francisco González Arredondo, imputado por el delito de tortura. Sin embargo, Víctor Rosario Sánchez Domínguez sigue activo y protegido, y ha sido ascendido a coordinador de unidad. La misma Fiscalía General del Estado de Chihuahua permanece en silencio, a pesar de las denuncias públicas y formales contra Sánchez Domínguez.
El acoso que Dalia Iveth ha sufrido sigue ocurriendo hasta el día de hoy, en tiempo real. Su caso forma parte de un mecanismo institucional que castiga a quien se atreve a decir “basta”. Si éste es el trato con funcionarias públicas que tienen años de experiencia, formación jurídica, denuncias documentadas y redes de apoyo, ¿qué pueden esperar los ciudadanos que enfrentan una acusación injusta, sin recursos, sin testigos y sin el respaldo de un abogado?
Desde Búho Penal, se exige de manera pública e inmediata que el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, y la Gobernadora María Eugenia Campos Galván tomen cartas en el asunto con urgencia y responsabilidad ante la grave denuncia presentada por Dalia Iveth Reyes Zamarrón. Además, se exige el cese inmediato de todos los agentes vinculados a Javier Corral Jurado con denuncias de tortura y corrupción que aún permanecen en la Fiscalía Zona Occidente, donde siguen perpetuando sus redes de poder, violencia institucional y encubrimiento.
La continuidad de servidores públicos como Víctor Rosario Sánchez Domínguez, señalado por ejercer violencia política con razón de género, hostigamiento y abuso de poder, no solo pone en peligro la integridad de los agentes del Ministerio Público, sino que desacredita cualquier esfuerzo por construir un sistema de justicia digno, confiable y libre de corrupción. El silencio institucional equivale a complicidad. Actuar ahora no es solo un imperativo moral, sino también una obligación jurídica.
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*Búho Penal es un colectivo de expertos jurídicos en México que ofrecen asesoría legal con enfoque de derechos humanos. Para información comunicarse a buhopenal@gmail.com