Guadalupe Lizárraga Martes, 15 de Julio del 2025
Antonio Barragán Carrasco es una víctima de una fabricación de culpables orquestada por Eduardo Gallo y Tello, respaldado por Genaro García Luna y las instituciones del Estado mexicano.
Por Guadalupe Lizárraga
El periodista Zózimo Camacho estuvo presente ayer en la conferencia de prensa de la presidente Claudia Sheinbaum, donde abordó dos temas serios pero que él unió en una misma alocución: la impunidad de la masacre de Aguas Blancas y el encarcelamiento injusto de Antonio Barragán Carrasco.
Quienes hemos estado al frente de la investigación sobre los casos de Antonio Barragán y Gilberto Aguirre Bahena, dos culpables fabricados por el mismo victimario con el apoyo del Estado mexicano, hemos dedicado años, recursos y esfuerzos para exponer su inocencia y señalar al verdadero agresor.
Politizar el caso de Antonio Barragán como una mera crítica al autoritarismo y las contradicciones del expresidente Ernesto Zedillo, sin mencionar a los victimarios directos de Antonio es repetir la estrategia de desviar la atención de los crímenes de Estado que ya se ha utilizado en gobiernos anteriores. Lo más grave de todo es que este enfoque perpetúa la impunidad de los agresores y sigue validando la práctica de fabricar culpables como parte de una política transexenal: una estrategia que comenzó con el gobierno de Vicente Fox, en el contexto de la supuesta alternancia democrática, y que ha continuado de manera sistemática y generalizada a lo largo de los gobiernos sucesivos, incluido el actual gobierno de Claudia Sheinbaum.
El siguiente video es la intervención del periodista Zózimo Camacho el 14 de julio:
Antonio Barragán: Víctima del Estado, no sobreviviente de Aguas Blancas
Antonio Barragán Carrasco no es un sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas ocurrida el 28 de junio de 1995. Él no estuvo presente en el ataque en el que 17 personas fueron asesinadas y muchas más resultaron heridas, un hecho documentado y denunciado en múltiples foros. Antonio Barragán ha reiterado esta situación en distintos espacios, incluido en Los Ángeles Press, donde hemos brindado cobertura detallada a su caso.
Lo que es necesario destacar es que Antonio Barragán no sólo fue un desplazado forzado de Guerrero, sino también un sobreviviente de tortura. Tras los hechos de Aguas Blancas y el posterior contexto de violencia, él y su familia se vieron obligados a abandonar su comunidad, al igual que muchas otras familias que, por temor a represalias o persecución por parte de autoridades y grupos armados, se vieron forzadas a huir de la región.
Sin embargo, cuando ya se encontraba a salvo en San Quintín, Baja California, trabajando como jornalero agrícola, Antonio Barragán fue víctima de una tortura brutal y de detención arbitraria. Su victimario, Eduardo Gallo y Tello, con el apoyo del entonces director de la AFI, Genaro García Luna, lo privó ilegalmente de su libertad y lo torturó con el acompañamiento del Policía de Investigación de Morelos, Rey David Gutiérrez Flores.
En esa detención del 22 de septiembre de 2001, Antonio fue golpeado frente a su hijo a quien también maltrataron y obligaron a hincarse con las manos tras la nuca mientras golpeaban a su padre, según consta en el protocolo de Estambul positivo en tortura aplicado en 2020. La siguiente golpiza después de San Quintín fue en el puerto de Ensenada, donde fue torturado con una bolsa de plástico en la cabeza y choques eléctricos. Querían que se incriminara del secuestro de Paola Gallo Delgado, hija de Eduardo Gallo y de la ejecución de sus secuestradores. De Ensenada, fue trasladado al aeropuerto de Tijuana, esposado en un vuelo comercial, hasta la Ciudad de México, y posteriormente trasladado al estado de Morelos para ser internado en el Cereso de Atlacholoaya.
Una vez en el penal de Atlacholoaya, Antonio Barragán fue sometido a nuevas torturas. El director del penal en ese entonces, Jesús Sebastián Inzunza Gutiérrez, fue el que permitió la entrada a discreción de Eduardo Gallo y Tello para golpear a Antonio. Sufrió al menos ocho eventos de tortura antes de que aceptara inculparse del secuestro y homicidio de Paola; pero Gallo, no conforme con ello, también quiso que firmara por el homicidio de los secuestradores de su hija a quienes él mismo ejecutó como venganza con el apoyo de un comando enviado por la AFI bajo la dirección de García Luna.
Responsables de la fabricación de delitos y tortura de Antonio Barragán
Eduardo Joaquín Gallo y Tello: Empresario que trama la venganza por el secuestro y asesinato de su hija Paola Gallo Delgado en el año 2000, utilizando su poder económico y su influencia para manipular las autoridades y obtener una detención arbitraria de Barragán inculpándolo de las ejecuciones extrajudiciales de los secuestradores y homicidas de Paola. Su implicación fue directa en la tortura y en la fabricación del caso contra Barragán.
Rey David Gutiérrez Flores (jubilado): Policía de investigación del Estado de Morelos en 2001, quien participó activamente en la tortura de la detención y secuestro de Antonio Barragán en San Quintín y Ensenada Baja California.
Jesús Sebastián Insunza Gutiérrez (actual proveedor de servicios de Seguridad del estado de Morelos): En 2001, fue director del penal de Atlacholoaya, quien permitió que Eduardo Gallo accediera durante cinco días consecutivos al penal para torturar a Barragán bajo su supervisión. Actualmente es director de su empresa de seguridad SIESA y obtiene contratos de adjudicación directa para servicios de vigilancia y seguridad para el gobierno de Morelos. Uno de los más recientes es por los servicios de vigilancia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado, por un monto de 3 millones 908 mil 761 pesos.
José Luis Balbuena Bazaldúa (jubilado): Secretario técnico de la Subprocuraduría de Asuntos contra la Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos, quien solicitó al juez la orden de aprehensión contra Antonio Barragán Carrasco como responsable de los homicidios de los secuestradores de Paola Gallo sin ningún medio de prueba.
Carlos Alberto Flores García (en proceso de jubilación): Agente del Ministerio Público que ayudó a Eduardo Gallo y Tello a legitimar las declaraciones ilegales obtenidas bajo tortura y amenazas de muerte y violación a la familia de Antonio Barragán.
Precisión sobre las liberaciones de la OCSS
Otra precisión sobre la intervención del periodista Zózimo Camacho en la conferencia de prensa con Claudia Sheinbaum es respecto a la mención de tres personas de la OCSS que, según él, habrían sido liberadas bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través del "programa de preliberación y amnistía". Sin embargo, la omisión de los nombres de los liberados deja abierta la posibilidad de malinterpretar la referencia. Pero si se trata de Gilberto Aguirre Bahena, Orlando Ávila Mesino y Gerónimo Hernández Refugio, es necesario ser precisos.
Campaña por la liberación de los presos políticos de la OCSS, en septiembre de 2021.
Gilberto Aguirre Bahena fue otra de las víctimas de tortura a manos de Eduardo Gallo y Tello. Respaldado por Genaro García Luna, Gallo emprendió la detención arbitraria e ilegal de Aguire Bahena en 2002, en Mexicali, Baja California. Tras su detención ilegal, también fue torturado por Gallo.
Aguirre Bahena, al igual que Antonio Barragán, fue desplazado de Aguas Blancas debido a la represión estatal contra la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), a la que pertenecía. Su defensa jurídica fue asumida por AMAP Guerrero y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), y su liberación se concretó tras cumplir una condena que nunca debió haberse dictado.
En cuanto a Orlando Ávila Mesino, fue detenido en 2012 y liberado once años después, gracias a la lucha incansable de activistas y defensores de los derechos humanos que han acompañado a la OCSS. Lo mismo ocurrió con Gerónimo Hernández Refugio, quien, después de más de 20 años de lucha jurídica, obtuvo su libertad gracias a la gestión de la OCSS.
Omitir el nombre de Eduardo Gallo y Tello como victimario de Antonio Barragán y Gilberto Aguirre Bahena es, en sí mismo, complicidad. Tal omisión contribuye a perpetuar su impunidad, pero también la impunidad del Estado mexicano, representado por responsable de torturas, detenciones arbitrarias y fabricación de delitos para ocultar sus propios crímenes.
No podemos seguir ignorando ni encubriendo esta realidad. Las víctimas de delitos fabricados, desde la administración de Vicente Fox hasta el actual gobierno de Sheinbaum, no solo merecen justicia, sino también la verdad.
Expediente de derechos humanos de Antonio Barragán Carrasco elaborado por la LIMEDDH