En la red de corrupción judicial en la Fiscalía de la CDMX revelada por las víctimas, acusan a la abogada Ana Katiria Suárez Castro de operar la extorsión y fabricación de denuncias.
Agencia de Prensa Online / Los Ángeles Press
Madrid / Ciudad de México.- La abogada penalista Ana Katiria Suárez Castro, conocida por presentarse públicamente como defensora de víctimas de violencia de género, enfrenta acusaciones por liderar una red de extorsión y corrupción judicial dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a finales de 2024. Las denuncias formales la vinculan con la fabricación de denuncias falsas, manipulación de peritajes psicológicos, y colusión con funcionarios judiciales para obtener beneficios económicos y litigios a modo.
Según los testimonios recopilados en varias carpetas de investigación, la red operaba principalmente en procesos de divorcio, utilizando la figura de violencia familiar o abuso sexual como instrumento de presión para obtener pensiones alimenticias exorbitantes, que en algunos casos ascendían a 1.5 millones de pesos mensuales.
Las principales víctimas han sido padres separados, en su mayoría hombres, quienes aseguran que Suárez Castro utilizaba a menores como herramienta judicial, induciendo testimonios a través de psicólogos coludidos.
Entre las carpetas de investigación más relevantes figuran las CI-FIDCANNA/59/UI-3-C/D/00609/02, CI-FIDCANNA/59/UI-3-C/D/04559/11-2023, y CI-FIDCANNA/59/UI-3-C/D/00220/01-2024, en las cuales se documenta la participación de ministerios públicos, peritos forenses y jueces de lo familiar, entre ellos Alejandro Fernández Hernández, señalado por favorecer resoluciones basadas en dictámenes falsificados.
Dictámenes manipulados y el caso Guillermo Sesma
Uno de los casos más emblemáticos que expuso públicamente la forma de operar de Suárez Castro fue el proceso legal contra su primo, Guillermo Sesma, a quien acusó de abuso sexual. El juicio, sin embargo, fue desestimado en primera y segunda instancia, luego de que los tribunales determinaran que los dictámenes psicológicos presentados violaban protocolos internacionales de evaluación forense y carecían de sustento técnico. El caso sentó un precedente judicial al evidenciar la fabricación sistemática de pruebas para fines de extorsión.
Los testimonios también señalan que Suárez Castro coordinaba con un grupo de peritos que elaboraban informes psicológicos a la medida, los cuales eran presentados como elementos clave en las audiencias judiciales. En estos dictámenes, menores de edad aparecían señalando a sus propios padres como agresores, sin evidencia externa o entrevistas cruzadas, contraviniendo la norma internacional de derechos del niño.
De acuerdo con el sitio digital Soltera en el País de Machos, un espacio de denuncia que ha dado seguimiento a este caso, Ana Katiria Suárez Castro fue entrevistada por la periodista Sabina Berman en su programa de televisión Largo Aliento, transmitido el pasado mes de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. En dicha aparición, Suárez Castro intentó defenderse de las acusaciones en su contra; sin embargo, el sitio señala que recurrió a afirmaciones engañosas y contradicciones para influir tanto en la periodista como en la audiencia.
La abogada afirmó, durante su entrevista con Sabina Berman, que la carpeta de investigación iniciada contra Guillermo Sesma se encontraba detenida. Sin embargo, para ese momento ya existía una sentencia de primera instancia que declaraba la nulidad de los dictámenes periciales, al haberse presentado de forma irregular por parte de Suárez Castro. Dicha sentencia fue confirmada en segunda instancia el pasado 8 de abril.
Una red que opera con la fiscalía de la CDMX
Las investigaciones internas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, iniciadas en diciembre de 2024, identificaron una estructura operativa que involucra a servidores públicos en activo, despachos de abogados y peritos externos. La denuncia, puesta en noviembre de 2024, por Olivia Rubio, abogada penalista denunció que “las víctimas son judicializadas, endeudadas y estigmatizadas públicamente, mientras los verdaderos delincuentes están protegidos por el sistema” y que opera bajo la coordinación del juez 24 de lo familiar, Alejandro Fernández Hernández, además de la participación del abogado Víctor de Aquino.
"Esta red se dedica a acciones como la retención indebida de menores, obstaculizando el contacto y la convivencia de estos con alguno de sus padres; la manipulación de menores para obtener testimonios falsos en casos de guarda y custodia, y la imposición de pensiones alimenticias desproporcionadas que benefician económicamente a una de las partes, generalmente las madres": abogada Olivia Rubio.
Hasta el momento, al menos diez familias han interpuesto denuncias por daños emocionales, financieros y sociales derivados de este presunto esquema de corrupción. Varias de ellas acusan que fueron obligadas a firmar convenios injustos bajo amenaza de ser encarceladas o perder la patria potestad de sus hijos.
Suárez Castro en España; sin ficha de Interpol
Tras la apertura de las investigaciones, Ana Katiria Suárez Castro salió de México en diciembre de 2024 y actualmente se encuentra en España, desde donde ha dado declaraciones asegurando que es víctima de una campaña de desprestigio orquestada por “hombres poderosos” que han perdido casos en los que ella fue abogada defensora. “El 85 % de mi trabajo ha sido pro bono, y estas denuncias buscan silenciar mi labor como defensora de mujeres”, sostuvo en entrevista a medios españoles.
Pese a la acumulación de denuncias y pruebas documentales, la Fiscalía de la Ciudad de México no ha solicitado aún una ficha roja a Interpol para su localización y extradición. Las víctimas señalan una posible protección institucional derivada del tráfico de influencias y relaciones personales con altos funcionarios del sistema judicial capitalino.