Entre expedientes empolvados y procesos estancados, cientos de personas sobreviven a la corrupción del encierro y la tortura sin que se les haya comprobado delito alguno o sin que se les haya dado condena.
Por Guadalupe Parral
Ni siquiera han sido declarados culpables, pero ya purgan una condena en las frías celdas de una prisión. Y no sólo eso, viven su día a día entre golpizas y torturas; corrupción y violación a sus derechos humanos.
Acostumbrados a los golpes, de esos que rompen los huesos hasta provocar un desmayo de tanto dolor, podría decirse que estos hombres en promedio ya han dejado más de la mitad de su vida en prisiones federales de máxima seguridad o en los centros de reclusión estatales (Ceresos) distribuidos en toda la República. Y aún no han sido declarados culpables.
Al día de hoy, unos tienen dos o tres décadas en prisión preventiva, esperando por una resolución a su proceso legal para determinar su culpabilidad o inocencia y, en consecuencia, su libertad o la imposición de una pena.
Las horas de agonía e incertidumbre
Esas horas, días, meses y años de espera se denota en sus rostros cansados y frágiles cuerpos, donde son visibles las huellas de quien padece desnutrición, falta de atención médica, maltrato y tortura. Algunos ya son personas de la tercera edad y padecen enfermedades crónico-degenerativas.
La consigna parecería ser la misma para todos: delitos fabricados y corrupción judicial para tenerlos presos. Además, carecen de una justa atención jurídica y ni siquiera el Estado mexicano les garantiza su derecho a una defensa justa, mucho menos expedita.
El detenido de la tercera edad que está muy enfermo
Uno de los casos más emblemáticos y que es su tiempo causó polémica es el de Antonio Peña Lomelí, apodado El Güero. Tiene 64 años y este año cumplió 34 en prisión preventiva en el Cefereso #15 de Tapachula Chiapas con el número de expediente 54/1986-II.
Acusado de robo y homicidio, su caso está estancado en el Juzgado 1º de Distrito de Procesos Penales en el estado de Jalisco. Peña fue detenido en dos ocasiones, en 1987 y en 1993.
La historia actual de Peña Lomelí, no se asemeja en nada a la de aquel joven ladrón de joyas de los años ochenta y noventa, que puso en jaque a las corporaciones policiacas de varios estados de la República antes de ser finalmente atrapado.
De acuerdo con Alejandro López Ponce de León, activista y coordinador nacional de los Centros de Reclusión y Cárceles Federales de la organización no gubernamental Capellanía Armada Mundial de Paz México, Peña Lomelí está muy enfermo, deteriorado y ha perdido considerablemente la vista.
“Es mi amigo desde 1982. Lo conocí desde la calle. Un hermano de él, el más chico, fue mi hermano de la juventud y pues es una persona que prácticamente era como Alfredo Ríos Galeana, de Jalisco, asaltabancos y ese tipo de cuestiones. Tiene dos o tres fugas de las cárceles, pero pues pasaron los años y lo dejaron en el olvido”.
López Ponce de León destaca que, en el caso de Peña, “se ha solicitado el cambio de medida cautelar por enfermedades crónico-degenerativas y porque está perdiendo la vista y francamente las audiencias siempre eran aplazadas, que porque la Ministerio Público se había quedado en una ocasión sin gasolina y otra sin internet y puras tonterías más”, dice. Tras la negación de medida cautelar, el activista explica: “Ahora estamos en la revisión del amparo del cambio de medida cautelar, porque es una de las personas que más ha sufrido, lo tienen aislado en prisiones de máxima seguridad, sin atención médica”.
“Ya se le murió la mamá, no tiene hijos, el que le ayudaba era un hermano, y sí, las personas se van deteriorando y él es una de esas personas abandonadas por el Estado”, apunta.
De prisionero a activista
Alejandro López Ponce de León, de 55 años, se sabe de memoria ésta y otras historias porque, antes de ser activista, pasó 22 años privado de la libertad por delitos del fuero común y por posesión de arma de fuego. En su encierro, también vivió la tortura y el maltrato “en su máxima expresión”.
Sus traslados y vivencias al interior de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), conocidos como penales de máxima seguridad como el de Almoloya de Juárez, Estado de México, el de Puente Grande, Jalisco; y los Ceferesos de Guanajuato, Oaxaca y Michoacán, lo llevaron a conocer de primera línea la disputa de las pandillas y la serie de corrupciones y violaciones de derechos humanos de las autoridades al frente del sistema penitenciario.
En su caso, el hecho de instigar y motivar a sus compañeros a defender sus derechos le acarreó muchos problemas y enemigos que casi lo matan de un golpe en uno de sus testículos, un golpe que le provocó un desmayo de casi media hora.
Sin embrago, la resiliencia fue una de sus armas para no dejarse vencer en momentos más difíciles. Por ello, llegó a emprender esa campaña de quejas de derechos humanos, de la que no se ha querido desprender.
Inició una campaña desde 2002, con el envío de escritos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tras denunciar la falta de una alimentación adecuada, la falta de papel de baño y de calzoncillos, de medicamentos y por la tortura psicológica y física a la que eran sometidos él y sus compañeros de módulo.
Los Ángeles Press ha recibido copia de varias decenas de documentos dirigidos efectivamente a la CNDH, a Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, e incluso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la misma Organización de Estados Americanos (OEA). Un ejemplo de estos documentos pide la atención a las condiciones que imperan en el Cefereso 15 “CPS Chiapas”.
Se hace mención, por ejemplo, que los reclusos han sido víctimas de coacción, tortura psicológica, aislamiento, golpes y segregación por el hecho de solicitar atención médica generalizada y especializada; así mismo por solicitar la entrega de correspondencia, trabajo remunerado, autoempleo, alimentos, medicamentos, capacitación en oficios, entre otras demandas. Lo que es considerado desde la perspectiva del activista como “reinserción social”.
Otro escrito es de apoyo a los internos del Cefereso 17, “CPS Michoacán” donde se pide a la misma CNDH intervenir y ser observador de sus derechos humanos por considerar que esas personas privadas de la libertad han sido gravemente violentadas.
Una vez libre, Alejandro López Ponce de León, no quiso dejar a la suerte a sus compañeros que todavía claman justicia y un proceso jurídico justo. Según sus propias palabras, el total de amparos que promovió estando preso sumaron 1,863. “Y saqué a 44 personas libres y bajé 167 sentencias”, cuenta con orgullo.
Hoy sigue siendo la voz ante las autoridades de prisioneros de Chiapas, Guanajuato y Oaxaca que carecen de sentencia, o bien, que son culpables fabricados.
En ese recorrido por el sistema penitenciario mexicano, llegó a tocar las puertas del Senado de la República, a donde llevó más de 1,500 casos que siguen en espera de ser atendidos. Sin embargo, la senadora que los recibió en su oficina en 2023, Nestora Salgado, ahora es titular de la Tercera Visitaduría de la CNDH, y los expedientes quedaron en archivos del Senado.
“Desde que quedé libre en 2022, metí múltiples amparos de Oaxaca, Guanajuato y Chiapas, donde había amigos míos; esos amparos me los sellaron, tengo los acuses de las quejas que eran como de 700 personas”, sostiene.
Entre esos casos con más de 20 años sin sentencia se encuentran detenciones arbitrarias, torturas y prisiones preventivas prolongadas.
“El Dubi” y la satánica suerte de los 37 años en prisión preventiva
Otro caso que llama la atención por tener casi cuatro décadas en prisión preventiva es el de Álvaro Darío de León Valdés, “El Dubi” y quien en su momento fue señalado como integrante se un supuesto grupo delictivo conocido como “Los narcosatánicos”.
Su expediente que se encuentra registrado bajo la causa penal 110/1989 se halla estancado en el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales.
El motivo por el que supuestamente no se le ha podido dictar una sentencia durante 37 años, es debido a que, según las autoridades judiciales, el mismo De León Valdés ha provocado incidentes que han retrasado su proceso.
De acuerdo con López Ponce de León, “El Dubi” fue muy torturado en su detención, mayo de 1989, y el maltrato y tratos inhumanos continuaron durante las tres siguientes décadas.
Otro más es Alfredo González López, de Mexicali, Baja California. Su caso data de 2005; lleva 20 años sin sentencia.
“Él estuvo en la cárcel de Tijuana y después en el (Cereso) El Hongo, cuando las pandillas abusaban de la gente y prácticamente les quitaban todas sus cosas, les quitaban su comida. Nuevas pandillas traían otras prácticas que venían desde Estados Unidos, y él siguió un movimiento que se formó en ese país, llamado Poder Paisano 16”.
El activista continúa su narración diciendo que “Era un movimiento penitenciario que peleaba contra los abusos y las injusticias y él ahorita tiene el control de muchas cárceles federales, se manejan con respeto, con lealtad y no dejan crecer a los carteles como sucede en las estatales”, destaca. Pero también se enfrentan a la corrupción de las autoridades penitenciarias, acota.
El caso Posadas y los culpables sin sentencia
El asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara el 24 de mayo de 1993, y cuyas circunstancias siguen siendo motivo de controversia, ya que mandó a prisión preventiva a más de uno bajo tortura. Y a más de 30 años de ese suceso, para los detenidos, parece que el tiempo se estancó, no así su sufrimiento.
Y es que hay sentencias previas que han sido anuladas, debido a deficiencias en los procesos y contradicciones en las pruebas. Y pese a haber detenidos y sujetos a prisión preventiva, la impunidad en cada caso parece ser una constante.
Entre los detenidos resaltan los nombres de Ulises Murillo Mariscal “El Lichi”; Rodrigo Villegas Bon “El Roque”; Edgar Eduardo Mariscal Rábago, “El Negro; y José Antonio Malcom Fararoni, “El Tiroloco”, quienes a su vez están repartidos en diversas prisiones estatales y federales, sobre todo en Jalisco y Oaxaca.
De acuerdo con López Ponce de León, hay casos como el de Malcom Fararoni, por ejemplo, donde aparentemente ya se le había sentenciado en dos ocasiones, pero esas sentencias se anularon y comenzó de nuevo el proceso. Y así le ha ido dando largas a cada uno de esos procesos, plagado de vicios procesales.
Algunos en su impaciencia y desesperación porque ya se les dictó una sentencia, pidieron una resolución definitiva por separado y que ya no se retarde su justo proceso debido a la falta de recursos o diligencias pendientes.
Jens Herrera, el acusado sin pruebas
Otro de los casos que López Ponce de León conoce de cerca y al que también da seguimiento es el del exmilitar Jens Herrera Guzmán, quien este 18 de octubre cumplirá 29 años sin recibir una sentencia.
A Jens se le acusa de participar en un secuestro, sin embargo, en las declaraciones de las supuestas víctimas y testigos, nadie lo reconoce, nadie lo menciona y no existe testimonio que lo relacione con ese delito. Lo más significativo de las irregularidades de su proceso es que está siendo enjuiciado con pruebas que fueron anuladas por el mismo juez que hoy está por sentenciarlo. Los Ángeles Press hado cobertura puntual a este caso y al de sus coprocesados como Tirzo Zúñiga, de 77 años, en silla de ruedas y con una enfermedad avanzada crónico-degenerativa, a quien recientemente se le sentenció culpable después de 28 años sin sentencia.
“Yo peleé mucho el caso de Jens, pero la verdad se quedó en dichos. En agosto me dijeron en Gobernación que me comunicara para darle seguimiento, pero cambiaron de personal, mandé un escrito nuevo y estamos en espera (de una respuesta)”.
Con penas compurgadas, Joel Martínez sigue en prisión
En el caso de Joel Martínez López / Joel Delgado López, quien es de Tepic, Nayarit, fue detenido en Tijuana, Baja California y lleva aproximadamente, más de 29 años con una causa sin sentencia. Su caso, como el de los demás, es ignorado y cuando se pretende abrir su expediente, todo parece retroceder nuevamente.
En el caso de Joel, su defensa ya promovió un amparo ante la Quinta Sala del Tribunal, bajo el expediente Toca Penal N-0146/2025, con el objetivo de que se le reconozca la compurgación de dos sentencias previamente dictadas. El recurso busca que se tome en cuenta el tiempo que el sentenciado ha permanecido en prisión, argumentando que ya ha cumplido con las penas impuestas por distintos procesos judiciales.
El caso de Joel Martínez fue también presentado en 2023 ante la Comisión de derechos humanos del Senado de la República, ante la presencia de funcionarios de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, así como de la CNDH. Sin embargo, no se ha avanzado en su caso.
Dar seguimiento a más de mil casos
Desde su liberación Alejandro López Ponce de León no para. Se sabe consciente de varios retos, el primordial, seguir la labor que emprendió al interior de los Ceresos y Ceferesos en los que compartió dolor, injusticia y la indiferencia del sistema penitenciario.
Sabe que están pendientes los más de mil casos que llevó hasta el Senado donde se crearon mesas de trabajo con personal de la Secretaría de Gobernación en 2023.
De esas reuniones, logró que el área encargada de preliberaciones se comprometiera a revisar casos con exceso de prisión preventiva y, si fuera el caso, otorgar beneficios de preliberación a personas privadas de libertad, como adultos mayores y enfermos crónicos.
Sin embargo, reconoce que el cambio de Gobierno en 2024 y la recién reforma al Poder Judicial, han retrasado todo.
“Me dicen primero que iban a haber muchos cambios, sobre todo en la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia en Gobernación, que también iban a ver a la gente que trabajaría con (la presidente) Claudia Sheinbaum y que, por ello, pues no podían ver nuestros casos”.
Otras de las bases que llevaron a López Ponce de León hasta el Senado fue el decreto de excarcelación de personas torturadas sin sentencia que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo en 2021 que firmaría. Y en ese punto, el activista tampoco piensa darse por vencido porque su interés es buscar justicia para los presos sin condena y para quienes llevan 30 años o más en prisión en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Los Ángeles Press ha elaborado una lista de estos casos dramáticos de violaciones de derechos humanos: